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La presión de los alcaldes y las otras razones de Boric para endurecer el tono en seguridad

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Ayer en la tarde, apenas llegó de Chiloé, el Presidente Gabriel Boric regresó a La Moneda. Ahí, pasadas las 18.00, encabezó una reunión de carácter urgente en la que también participaron la ministra del Interior, Carolina Tohá; el ministro subrogante de Defensa, Ricardo Montero; los subsecretarios Manuel Monsalve (Interior), Eduardo Vergara (Prevención del Delito); Galo Eidelstein (Defensa); y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

En el encuentro -que estuvo coordinado con la Secretaría de Comunicaciones (Secom)- prepararon una serie de anuncios que entregaría Boric a primera hora de este jueves, entre los que estaban la creación de un gabinete para la seguridad; y el fortalecimiento del Plan Calles sin Violencia en la Región Metropolitana, con 50 puntos de control móvil en las comunas con mayor tasa de homicidios.

Sin embargo, hubo otra medida más inesperada y que significó un nuevo giro del Jefe de Estado: convocar para el próximo lunes 5 de febrero al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), instancia en la que participan las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y los presidentes de ambas cámaras del Congreso.

El Ejecutivo solo hace tres semanas se había opuesto a esta medida, lo que marcó un claro contraste del endurecimiento del tono en materia de seguridad. Esto, en medio de semanas complejas en materia de delincuencia. Sin ir más lejos, el foco se ha puesto en el barrio de Santiago en donde vive el Presidente Boric.

Allí, ocurrió un violento asalto al interior del convento de la Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia. Pero no todo pasó en la Región Metropolitana, en O’Higgins fueron asesinados dos agricultores, lo que obligó a que el subsecretario Monsalve sostuviera encuentros de emergencia con los representantes de dicho gremio.

“El próximo lunes, y así se lo comuniqué a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro (Álvaro) Elizalde, a la contralora y a los presidentes de las Cámaras del Congreso, he decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, para el próximo lunes, a primera hora, para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que nos permitirá contar con dotación militar donde haya que reforzar la acción de las policías”, dijo el Mandatario.

El nuevo vuelco de Boric no pasó desapercibido entre las filas oficialistas, ya que él mismo había sido un férreo opositor a utilizar esa herramienta. “En vez de convocar al Cosena, el Presidente Piñera debiera convocar al plebiscito”, escribió Boric, en 2019, en su cuenta de Twitter cuando el expresidente de derecha convocó al Cosena durante el estallido social.

Pero no solo ese año hubo reparos a la medida. Recién el 2 de enero pasado, la titular de la Segegob, Camila Vallejo, manifestó: “El Cosena no da resultado más que elaborar una opinión, un diagnóstico. Nosotros necesitamos acuerdos, acciones o decisiones, que impliquen resultados, no píldoras o alicientes”.

Pero esta vez, en La Moneda dicen que la posición del Mandatario nunca fue tan dura como la que expresó la vocera y que, en las reuniones del comité político, siempre estuvo abierto a la posibilidad de convocar a la instancia. Más aún, luego de los diálogos que sostuvieron durante enero distintos alcaldes y autoridades locales oficialistas -y también de oposición- quienes presionaron por la presencia de Fuerzas Armadas y la posibilidad de convocar al Consejo.

Uno de ellos fue el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (cercano al Frente Amplio), quien le solicitó formalmente la medida a la delegada Martínez y al subsecretario Monsalve.

En el gobierno dicen que Boric ha estado en conversaciones con presidentes de partidos del oficialismo y autoridades locales, sobre todo aquellas en comunas más críticas, y que, a partir de esas reflexiones, se convenció de la medida junto a la ministra Tohá, quien también estuvo al tanto de todo el proceso.

Pero, además, el plan de la Secretaría de Comunicaciones -en conjunto con el equipo del Presidente- era presentar una batería de medidas concretas para poder responder a las urgencias, como prometió el Jefe de Estado.

Entre las soluciones estaba el Cosena, la intervención territorial y también insistir en el proyecto de ley de infraestructura crítica -para la presencia de Fuerzas Armadas en el resguardo de zonas complejas como el Terminal de Buses-. Esta última iniciativa, de hecho, ha sido solicitada por el gobernador Claudio Orrego, entre otras autoridades.

Por ello, durante la tarde de este jueves, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, hará un llamado a la comisión de Defensa del Senado -donde se encuentra el proyecto de infraestructura crítica- para que los asesores técnicos lleguen a un acuerdo y pueda avanzar.

Es más, el presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), dijo estar disponible para sesionar en febrero y pausar las vacaciones de los parlamentarios.

De todas formas, en el oficialismo también hubo críticos al anuncio del Cosena. “Las Fuerzas Armadas no son deliberantes y utilizar espacios creados bajo el amparo de una constitución dictatorial no legitima su convocatoria”, cuestionó el diputado Matías Ramírez (PC).

Junto al diputado, también se sumaron otros comunistas a los cuestionamientos. De esta forma, una vez más el partido encabezado por Lautaro Carmona tiene reparos con la agenda de seguridad del Ejecutivo.

Mientras que Consuelo Contreras, directora del INDH, también planteó sus reparos. “Vamos a mirar con atención cómo se va a resolver y qué es lo que se va a plantear en el Cosena, cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, porque siempre nos preocupa que por mayor seguridad haya restricción de derechos y de libertades”, aseguró.

El anuncio de La Moneda no ocurre en cualquier momento, sino que justo en un año electoral, donde los partidos se está jugando la reelección de sus alcaldes y gobernadores. En esa disputa en el oficialismo hay consciencia de que la agenda de seguridad será una vara de medición de la ciudadanía.

“Es una buena noticia que el Presidente de la República haya convocado al Consejo de Seguridad Nacional. Estas decisiones tienen que tomarse lo antes posible. No esperar la presión comunicacional o política, porque tener reunidas las máximas autoridades en materia de seguridad nos va a permitir no solamente tener un diagnóstico claro, sino que tomar medidas contundentes y coordinadas frente a esta ola de criminalidad que está azotando al país”, dijo el diputado Andrés Longton (RN), de la comisión de Seguridad.

“Convocar al Cosena, bien. Hacerlo en pleno verano y no poner las urgencias legislativas, mal. Necesitamos medidas urgentes, que las intenciones se transformen en acciones. La Región Metropolitana necesita urgentemente #EstadoDeExcepción. Aunque sea acotado”, escribió la senadora María José Gatica (RN) en sus redes sociales.

Mientras que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) -quien participará del Cosena- valoró la iniciativa del Presidente.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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Realizan manifestación contra Eduardo y Javier Macaya frente a tribunales

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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.

Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.

Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.

Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.

Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.

Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.

Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.

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Tras audiencia de revisión de cautelares: tribunal decreta prisión preventiva para Eduardo Macaya

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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli, padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.

En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.

La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.

Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.

Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.

Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.

El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.

Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, más la resolución del Tribunal Constitucional.Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.

El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.

Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.

Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.

En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.

Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.

Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.

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