El sábado 1 de junio, después de cuatro meses se acabó el plazo de vigencia del Estado de Excepción de Catástrofe decretado por el Presidente Gabriel Boric para permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas en Viña del Mar y Quilpué, comunas afectadas por los megaincendios de febrero que consumieron 10 mil hectáreas y dejaron 135 muertos y 21.229 personas afectadas.
Apenas se cumplió el plazo la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), y los parlamentarios del Frente Amplio iniciaron gestiones públicas y privadas para disuadir el gobierno y en particular al Presidente Boric para que mantenga la medida en Viña del Mar, que en la práctica permite contar con personal del Ejército para labores de resguardo y seguir fortaleciendo las acciones y presencia del Estado en la zona cero.
Este ha sido uno de los pocos puntos en que Ripamonti ha mostrado un matiz con su par de Quilpué, Valeria Melipillán (CS), que está conforme con el fin de la medida, y ha dicho que “ya están las condiciones para que las instituciones que normalmente velan por el sistema de seguridad dentro de nuestra comuna puedan seguir funcionando normalmente”.
En el gobierno, representado por la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González (PC), se han mostrado contrarios a la idea de mantener la medida de excepción.
Sin embargo, Ripamonti ha insistido en el punto y, como dicen en su entorno, ha hecho llegar el mensaje “directo a Santiago”. Y en ese asunto le juega a favor que tiene línea directa con el Presidente, Gabriel Boric, quien ha estado particularmente encima de esta en esta emergencia e instruyó excepcionalmente la entrega de viviendas de emergencia en terrenos no regulados.
La alcaldesa de Viña del Mar ha defendido públicamente su aspiración de que el personal de las fuerzas armadas siga colaborando en la emergencia. Al respecto dijo: “Los vecinos me han pedido encarecidamente en cada reunión que el Estado de Excepción continúe. Sus preocupaciones no pueden sumar ahora al temor de ser víctimas, por ejemplo, de delitos en las viviendas que han logrado levantar con sus propias manos. Es imperativo que el gobierno escuche a nuestros vecinos y que brinde así seguridad y tranquilidad”.
Desde la catástrofe, la edil ha sido una de las voces más críticas al Gobierno por el avance de la reconstrucción y el manejo de la emergencia. Así lo expresó, ejemplo, durante la entrega de útiles escolares en la Villa Independencia, uno de los sectores más afectados por las llamas donde – frente al mandatario y al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, lamentó que los enseres llegarían “a guardarse en una carpa, porque todavía no podemos llegar con las viviendas de emergencia necesarias”. “Nuestros vecinos, que son de mi responsabilidad, se sienten en el abandono”, espetó.
Esta semana el Gobierno Central desestimó el requerimiento expresado por Ripamonti y no renovó el decreto de estado de excepción. En el gobierno explican que las labores de seguridad normalmente las debe realizar Carabineros de Chile, tal como lo ha señalado la máxima autoridad edilicia de Quilpué. La insistencia de edil viñamarina apuntan a robustecer las medidas de seguridad con el despliegue militar y así no enfocar todo el contingente policial en lo sectores afectados.
En el oficialismo hay quienes respaldan la postura de la alcaldesa. Pero también varios leen su presión pública en este tema en el marco del periodo de campaña electoral donde ha reforzado su despliegue territorial. Y en el que también se ha erigido como una de las autoridades mas críticas con el avance de la recontrucción. Un llamado que el Presidente recogió en la cuenta pública.
Valparaiso, 01 de junio de 2024
Andres Pina/Aton Chile
“No estoy conforme con la velocidad de los avances de reconstrucción. Hay demasiadas familias que aún tienen incertidumbre y que después de haberlo perdido todo no les estamos entregando la solución que merecen. Por eso, he instruido a los equipos a cargo redoblar los esfuerzos para atender las necesidades de quienes han sido afectados por esta tragedia”, dijo el mandatario.
La gestión de la alcaldesa en el desastre, sin embargo, no ha estado exenta de críticas. La oposición la ha emplazo porque la Municipalidad de Viña del Mar no tenía vigente el Plan de Emergencia Comunal ni un Plan de Evacuación ante incendios y no se descarta que sea citada en el marco de la investigación judicial.
Frente a la presión por mantener a las fuerzas armadas en su zona, la alcaldesa ha recibido el apoyo de los diputados de su partido y de la oposición para volver a renovar la medida por 30 días más.
Uno de ellos es el diputado, Jorge Brito (RD), quien asegura el respaldo “a la comunidad y a la alcaldesa Ripamonti” en el marco de la solicitudes para restablecer el estado de excepción. Sobre el punto dijo que “hay muchas familias que aún no vuelven al barrio, está muy lejos de las condiciones necesarias para poder habitarse y es por eso que es importante que el Estado mantenga la presencia protagónica y a pesar de la colaboración de las policías, insistimos en la importancia de que la Armada pueda también hacerse presente y con eso resguardar los terrenos de las familias afectadas, esperando que llegue pronto la vivienda definitiva. Mientras tanto hay que acompañar a esas comunidades y no esperar a que ocurra una tragedia o un hecho de violencia para reponer el estado de excepción”.
Asimismo, el senador, Francisco Chahuán (RN), planteó que “todavía existe la necesidad de proteger a las familias damnificadas, no solo de sus pertenencias o lo poco y nada que pudieron salvar de las llamas, sino que también para resguardar las donaciones, materiales y herramientas con las cuales han iniciado el proceso de auto reconstrucción”. Insistió en que “no razón ni justificación para levantar el estado de excepción aún”.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.
Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.
A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).
En ese contexto, añaden que la acción“son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.
Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.
Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.
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