La ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco estaba en su casa -en la comuna de Las Condes- cuando el lunes 9 de septiembre, pasadas las 14.00, sonó el timbre. La magistrada estaba con permiso para no ir al máximo tribunal: días antes había solicitado un par de jornadas para quedarse con su familia y acompañar a su hija, quien daba su examen de grado de Derecho el jueves de esta semana.

La magistrada contestó y cuando supo quién era entendió lo que se venía.

Afuera de su casa estaba el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, quien venía desde el Palacio de Tribunales. Sáez traía bajo el brazo una polémica resolución del pleno, cuya única destinataria era la influyente jueza de la Tercera Sala. El funcionario pidió hablar directamente con la ministra. El encargo consistía en notificar una de las decisiones más fuertes que pueden tomar los jueces en contra de uno de sus pares: suspenderla cautelarmente de todas sus funciones y abrir un cuaderno para removerla del Poder Judicial.

La magistrada recibió la notificación, pero la resolución no fue sorpresa. Pasadas las 11 de la mañana, viendo redes sociales, se enteró de la decisión que habían tomado sus pares. Incluso, tuvo que ver por la prensa cómo el presidente de la Suprema, el ministro Ricardo Blanco, convocaba a un escueta vocería para informar al país de la resolución del pleno. Ahí se enteró, además, de que estaba suspendida. Blanco hizo su vocería pese a que sabía que la afectada aún no había sido notificada. Poco le importó. El magistrado estaba convencido de que la gravedad de la situación hacía urgente que el tribunal que preside diera un golpe de efecto rápido. Blanco sabía que lo que estaba en juego era la legitimidad de todo el Poder Judicial y, como le ha transmitido a su entorno, “las bases del Estado de Derecho”.

Cuando Vivanco vio a Blanco leer la resolución ante los medios, supo que su destino ya estaba sellado. Ese mismo lunes partió la cuenta regresiva para que la ministra de la sala constitucional sea removida de la judicatura a la cual ingresó hace tan solo seis años. Y si bien lo que vendría sería un proceso lleno de formalidades, en realidad ese domingo sus compañeros de la Suprema, tácitamente, decidieron expulsarla.

El terremoto que dejó a Vivanco con un pie fuera de la magistratura partió el sábado en la noche. Un reportaje de Ciper reveló sus chats con el abogado Luis Hermosilla, el penalista que está en prisión preventiva en Capitán Yáber por el caso Audio. Las conversaciones entre los dos abogados daban cuenta no solo de las gestiones para asegurar sus votos en el Senado cuando fue nominada por el expresidente Sebastián Piñera en 2018, sino también de los intercambios que tuvieron cuando Vivanco ya era una funcionaria judicial. Uno de los antecedentes, quizá de los más graves, apuntaba a posibles maniobras para interferir en algunas sentencias. “¿Alguna posibilidad de que integres la Sala Penal mañana?”, se leía en uno de los mensajes que le envió el exasesor del Ministerio del Interior durante el mandato del exministro Andrés Chadwick.

Esa misma noche el reportaje ya circulaba en los WhatsApp de los otros 17 supremos. El impacto fue total. El texto fue leído con indignación por algunos y tristeza por otros. El golpe fue rotundo, sobre todo por el daño reputacional que se le estaba infligiendo a la imagen de la Corte Suprema y los costos que tendría para el principio de imparcialidad del Poder Judicial, uno de los pilares fundamentales de la institución encargada de administrar justicia.

A las 11 de la mañana del domingo, Blanco tomó su primera decisión. En un acto alejado de las tradiciones de la Corte Suprema -ya que este tipo de citaciones suelen notificarse internamente- informó públicamente que estaba muy preocupado por la situación y que el hecho sería tratado con la “máxima prioridad” en un pleno extraordinario a primera hora del lunes. Blanco actuó rápido y sin vacilaciones.

Luego de que supiera que algunos ministros, en privado, han criticado su falta de liderazgo, el magistrado ha tomado resguardos. Para eso reforzó su articulación con algunos supremos clave -como la ministra Gloria Ana Chevesich– y está convencido de que su mandato deberá caracterizarse por impulsar un plan para “ordenar y limpiar la casa”. Esto incluso se lo han comentado externos a la judicatura. Conocedores de la trastienda de su rol para intentar contener la peor crisis del Poder Judicial desde el retorno a la democracia cuentan que ha sido el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien desde hace varias semanas le ha reiterado personalmente que la Suprema necesita de un liderazgo fuerte, que tiene que tomar el control y “limpiar” la Suprema.

El desafío no es menor. El Poder Judicial lleva un año inmerso en una crisis que, a medida que pasa el tiempo, en vez de mejorar, solo se profundiza.

Partió en febrero con la fallida compra de autos Lexus. Ese episodio derivó en un escándalo y en un sumario a cargo de la ministra María Soledad Melo. Esa investigación disciplinaria lleva siete meses y tiene descabezada la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). El director, Ricardo Guzmán, quiso renunciar, pero el pleno no lo aceptó. Desde el 23 de febrero está suspendido de su cargo, al igual que el subdirector Zvonimir Koporcic. Durante casi todo el año, el órgano más relevante para el gobierno de la judicatura está en manos de dos suplentes: la directora (S) Andreína Olmo y el subdirector (S) Álex Saravia. Además, tiene paralizados los cuatro cupos vacantes desde que hace casi 700 días jubilara el exsupremo Guillermo Silva.

A eso se suma la activación de oficio -por parte de Blanco- de la cuestionada Comisión de Ética. La instancia abrió cinco cuadernos reservados. Uno para Vivanco debido a la publicación del pantallazo de WhatsApp en el que quedaba registrada una conversación entre Gonzalo Migueles -su pareja- con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Otro cuaderno es para la ministra María Teresa Letelier, por las influencias que se ejercieron para su nombramiento; otro para el magistrado Mario Carroza, por su interferencia en designaciones de notarios, y otro para el ministro Jean Pierre Matus por sus chats con Hermosilla. El último es para el poderoso ministro Sergio Muñoz por el caso Fundamenta, el que involucra la posible violación de secreto en una causa que debía resolver y afectaba los intereses patrimoniales de su hija, la jueza Graciel Muñoz.

A las 8.30 del lunes, el pleno de la Suprema se reunió en el segundo piso del Palacio de Tribunales. A la cita solo llegaron 12 de los 18 ministros titulares: Blanco, Muñoz, Juan Eduardo Fuentes, Chevesich, Andrea Muñoz, Arturo Prado, Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales, Carroza, Letelier, María Cristina Gajardo y Diego Simpértigue. A ellos se sumaron otros cuatro magistrados suplentes: Jorge Zepeda, Eliana Quezada, Dobra Lusic y Carolina Catepillán. Vivanco -como se sabe- se ausentó.

Según al menos tres fuentes judiciales consultadas para este reportaje, el primero en tomar la palabra fue Blanco. El ministro dio paso para que la Comisión de Ética que indagaba a Vivanco -integrada por él, Chevesich y Andrea Muñoz- diera la cuenta de los antecedentes recopilados.

En la exposición se leyó casi por completo el reportaje de Ciper con los chats entre Vivanco y Hermosilla. Luego se leyó otra nota periodística. Esta vez fue una publicación de El Mostrador, en que se narraban eventuales irregularidades en la tramitación de un recurso de protección presentado por un consorcio chileno-bielorruso en contra de Codelco cuando Vivanco presidió la Tercera Sala.

Luego se abrió la palabra. Los detalles del debate del pleno están guardados bajo siete llaves. En medio de un contexto de filtración de antecedentes del caso Audio, los ministros reforzaron la guardia y han optado por no comentar, ni siquiera en privado, las intervenciones de sus pares. Pese al fuerte hermetismo judicial, según pudo reconstruir La Tercera, una de las ministras más severas fue Chevesich.

Conocida por su implacable estándar ético y la dureza que forjó luego de ser la jueza de hierro tras el caso MOP-Gate, Chevesich habría deslizado que el pleno debía actuar rápido y que, por la magnitud de los hechos, correspondía dar curso a una remoción exprés. Sus palabras no fueron una sorpresa, ya que en la Suprema está extendido que la ministra siempre miró con desconfianza a Vivanco.

La lejanía entre ambas también era compartida por otras magistradas. Sobre todo por el estilo disruptivo que, dicen fuentes judiciales, tiene Vivanco. La ministra, al ser de los cupos externos al Poder Judicial, no tiene carrera en la magistratura. Eso, en el mundo judicial, se nota. Vivanco hacía gala de una vida social poco común para un juez tradicional. Sus formas, comentan quienes no eran cercanos a ella, rompían un ecosistema marcado por la sobriedad de personas que han dedicado toda su vida a la judicatura y que partieron como funcionarios en los tribunales inferiores del sistema.

La intervención de Chevesich fue secundada por la ministra Andrea Muñoz, quien es aliada de Chevesich en el máximo tribunal. Esta magistrada, también de cupo externo a la judicatura, representa un estilo totalmente opuesto a Vivanco. De hecho, en un pleno pasado, fue la primera en proponer la apertura de una investigación disciplinaria en su contra.

Lo que vino después fue una serie de intercambios para discutir qué camino seguir. Algunos dijeron que antes de invocar el cuaderno de remoción -facultad constitucional de responsabilidad ministerial que opera por ausencia de buen comportamiento- el pleno debía optar por la vía disciplinaria y abrir un sumario.

Uno de los presentes puso como antecedente lo que hizo la Suprema para el escándalo de los tres ministros de la Corte de Apelaciones en Rancagua. El episodio, denominado el “desastre de Rancagua”, involucró a tres ministros de corte indagados por tráfico de influencias, pagos indebidos e interferencias en las integraciones de sala y en la redacción de fallos.

En 2019 el máximo tribunal abrió un sumario, designó a la exministra Rosa María Maggi como instructora, suspendió a los tres magistrados y culminada la indagatoria sancionó con la pena más alta. Solo cuando culminó ese proceso procedió a abrir el cuaderno de remoción y expulsó a dos magistrados, debido a que uno de ellos en plena indagatoria se suicidó. Quienes bregaban por esta opción defendían que el pleno debía respetar el debido proceso y que el cuaderno de remoción no permite realizar una indagatoria.

La alternativa tuvo la oposición de varios. Sabían que si se optaba por esto, el proceso se iba a alargar y, en realidad, no había mucho que investigar. Además, otro ministro dijo que el pleno no podía perder la oportunidad y -ante los diputados que impulsan tres acusaciones contra Muñoz, Vivanco, Matus y eventualmente Carroza- el máximo tribunal debía actuar antes que el Poder Legislativo y mostrar que es capaz de tomar control de la crisis. “La expulsión tiene que venir del pleno, de la misma corte, no de otro poder del Estado”, dijo el juez.

Otro supremo presente puso un nuevo factor sobre la mesa. El magistrado les hizo ver a sus pares que estaban decidiendo solo en base a publicaciones de prensa y eso podría ser riesgoso. “¿Ante cada nuevo reportaje tendremos que abrir un cuaderno de remoción?”, habría planteado según quienes supieron del pleno.

Todos los presentes hablaron, algunos más que otros. En esas intervenciones hubo elementos que se repitieron, en especial aquellos que compartían la necesidad de cuidar la imagen del Poder Judicial, en un contexto de especial vulnerabilidad institucional. En los discursos, cuentan las mismas fuentes consultadas, no hubo una sola palabra de apoyo para la ministra, a pesar de que adentro había dos magistrados cercanos: Simpértigue y Ravanales. Ese silencio se entendió unívocamente: Vivanco estaba sola contra todo el pleno de la Corte Suprema.

La gravedad de lo que estaba pasando tuvo una primera señal. El pleno se extendió más de la cuenta y, a pesar de que no estaba pronosticado, la Suprema tuvo que suspender el trabajo de salas de ese lunes.

En la memoria de varios supremos rondaba el único antecedente que existe de una remoción en el máximo tribunal. En 2001 los supremos votaron, por unanimidad, expulsar al exsupremo Luis Correa Bulo. Ese episodio refleja que cuando la Suprema quiere expulsar a uno de sus miembros, despliega todo su poder y lo hace sin control. Esa vez el pleno notificó su decisión en una resolución de una sola carilla que se entregó a su hijo. Ese hecho le recordó al pleno lo relevante de que una decisión así fuera unánime.

Al momento de deliberar el acuerdo, ningún ministro votó en contra ni tampoco manifestó alguna prevención, algo muy habitual cuando en los plenos hay que tomar este tipo de determinaciones. La demostración de fuerza, que previamente había sido sondeaba por Blanco para no mostrar debilidad en el máximo tribunal, se plasmó en una resolución de dos páginas. En el texto, sus compañeros levantaron seis cargos contra Vivanco y los calificaron de hechos “serios y graves, pues afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia”. Los supremos le dieron 20 días corridos para responder y con ese informe en mano votarán para expulsarla.

Luego del acuerdo, el pleno -marcado por su hermetismo- contó con la voz de una sola ministra. Chevesich, exvocera del máximo tribunal, al salir del salón, terminó por cerrar el golpe supremo en contra de Vivanco, y con solo siete palabras sentenció el dictamen de los jueces: “La decisión fue clara, precisa y unánime”.