Si bien el 6% de cotización ha concentrado prácticamente todas las miradas de la reforma previsional y, en parte también lo ha hecho la idea de separar la industria, hay un tema que genera debate entre los técnicos y al interior del mercado de capitales: los tiempos que establece el proyecto de ley para la transición entre el cambio de un sistema a otro.
Hasta ahora, por ejemplo, la iniciativa fija en dos años la transición del cambio del actual sistema de AFP al que propone el Gobierno en el caso que fuera aprobado. En concreto, las disposiciones transitorias generales establecen que “las normas de la presente ley entrarán en vigencia el primer día del vigésimo quinto mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial”.
Sin perjuicio de que la reforma contempla transitorios especiales para algunas modificaciones, se establecen dos años para pasar al nuevo sistema, en el que como plantea el Ejecutivo, coexistirían Inversores de Pensiones -los que sustituirían a las AFP en materia de gestión de inversiones- y un Administrador Previsional licitado para la administración de cuentas.
“Hay riesgos operacionales importantes dependiendo de cómo se haga esta transición. Hoy día el sistema funciona razonablemente bien integrado”, advirtió el exSuperintendente de Pensiones, Alejandro Ferreiro.
Fuentes conocedoras de las tratativas señalan que las alertas que levanta entre los técnicos por el efecto sobre los afiliados y el mercado de capitales sería uno de los puntos que el Gobierno buscaría negociar con los parlamentarios.
En todo caso, las mismas fuentes aseguraron a DF que habría disposición de parte del Ejecutivo a alargar los plazos en la discusión sobre la reorganización de la industria.
Las alarmas
El economista y exsuperintendente de Pensiones Guillermo Larraín fue uno de los que puso sobre la mesa su preocupación. En enero expuso en la Cámara de Diputados y señaló que dada la trayectoria de 40 años que tiene el sistema chileno, no es sencillo realizar un cambio profundo y en tan corto plazo. “Lo que hay que hacer es pensar en una transición realmente pausada”, recomendó.
Junto a eso enfatizó que “en pensiones no podemos hablar de transiciones de dos años” y apuntó a pensar en una década como mínimo.
A esa mirada se suma la gerenta de estudios de Aurea Group, Natalia Aranguiz. “Estos 25 meses que propone el Gobierno no solamente es poco para desarticular una industria que funciona, sino que también para ellos prepararse para, recibir una industria que maneja hoy en día US$ 180 mil millones”, dijo a DF.
La economista coincidió con Larraín:“Creo que el tiempo debiese ser 10 años”.
Por su parte, el líder de Wealth de Mercer Chile, Joaquín Ramírez, apuntó al impacto sobre los usuarios. Para él, la separación de la industria “va a tener un montón de efectos sobre el servicio que reciben las personas, sobre todo los actuales pensionados”.
Junto a esto, sostuvo: “Estamos muy preocupados” por el impacto que puede tener en las pensiones.
La visión de un exregulador
El abogado y exsuperintendente de Pensiones Alejandro Ferreiro, señaló que la pregunta es si habrá reorganización o no, cómo se va a establecer y si se va a licitar o no a un operador privado eventualmente la administración de la cuenta. “Creo que hay riesgos operacionales importantes dependiendo de cómo se haga esta transición. Hoy día el sistema funciona razonablemente bien integrado”, sostuvo.
Para el exregulador, si se busca reducir los costos -que es uno de los argumentos que ha manifestado el Gobierno para reorganizar-, “es más eficiente intentar profundizar la licitación de cartera más que entrar en el peligroso camino de reorganizar la industria y dividir por dos lo que hoy día funciona bien integrado”.
El abogado advirtió que, “en consecuencia, esa transición va a depender de la magnitud del cambio”. Por ejemplo, apuntó a que “si se hace una licitación al estilo de lo que podría ser la administración por la AFC, este cambio podría realizarse relativamente fluido o sin mayores dificultades operacional o costo”.
Con todo, Ferreiro sostuvo que “esta no es una reforma que me haga mucho sentido. Creo más que obedece a una cuestión ideológica, que hay poca ganancia en eficiencia a partir de esto y sí un alto riesgo de que comience a funcionar mal lo que hoy día funcionaba bien”.
Cambios “acompasados”
“Los cambios en seguridad social, especialmente en el régimen de pensiones, deben ser graduales o acompasados, dado los efectos directos e indirectos que ellos generan”, sostuvo el experto en seguridad social Hugo Cifuentes, quien integró la comisión Bravo.
El abogado enfatizó en que “hay que conjugar cómo se adaptan los costos que involucra la nueva cotización con la necesidad que se quiere atender. Lo mismo ocurre con la implementación de la nueva institucionalidad que se proyecta, de ser acogida”.
La reforma está en segundo trámite constitucional en el Senado, donde aún no se abordan las transiciones. Cifuentes mencionó que “el Congreso y el Ejecutivo acordado lo principal del proyecto, entrará en el debate de la transición que respondiendo, a los criterios señalados permitan la implantación de una reforma del todo necesaria”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.