Quedan exactamente 48 días para el 1 de octubre y llegue el plazo fijado en la ley corta de isapres para que el Ministerio de Salud envíe los proyectos de ley que tienen como objetivo reformar el sistema de salud chileno. Eso sí, quienes forman parte de la discusión prelegislativa han dado cuenta de que se han enfrentado a un problema: la falta de luces por parte del Ejecutivo sobre el detalle de las iniciativas.
Y como dicen que no han tenido una bajada formal de información, en ciertos sectores del oficialismo se encendieron las alarmas luego de que comenzara a trascender que en la cartera sanitaria están evaluando una propuesta del segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Con eso como contexto, durante los últimos días han circulado entre personeros del oficialismo minutas que van en la línea opuesta y que recalcan la necesidad de implementar la reestructuración prometida en el programa de gobierno de Gabriel Boric: un sistema universal de salud, un financiamiento unificado con especial énfasis en un Fondo Universal de Salud (FUS), y donde las isapres se transformarían en seguros complementarios.
“Nuestro sistema de salud mantiene problemas históricos y estructurales de segmentación y desigualdad, con un sistema de isapres por un lado, que ha priorizado la rentabilidad por sobre la equidad y la solidaridad, y por otro lado un subsistema público subfinanciado”, comienza la minuta más actual, realizada por la Fundación Nodo XXI, organismo ligado al Frente Amplio.
En el documento se recalca la necesidad de una reforma y critica el modelo de las aseguradoras privadas, pues se describe que prioriza la rentabilidad sobre la equidad, y plantea que el sistema debe evolucionar hacia el FUS. El texto también critica las propuestas que buscan mantener el modelo actual, argumentando que perpetúan la desigualdad y no abordan los problemas fundamentales del sistema.
En ese contexto, la minuta destaca que el llamado “es a dar un giro en la discusión, y aprovechar la oportunidad que tenemos como sociedad de avanzar sin más demora hacia una reforma estructural de nuestro sistema sanitario, consolidando un Sistema Universal de Salud, sustentado en un Fondo Universal de Salud para gestionar los recursos de manera eficiente y equitativa”.
Las minutas trascienden luego de que la semana pasada se realizara una hermética reunión en La Moneda, donde una comitiva de la cartera sanitaria -liderada por el encargado de la reforma del Minsal, Bernardo Martorell- presentó una propuesta ante representantes de Presidencia y de diversos ministerios, principalmente de Hacienda, de la Dirección de Presupuestos y de la Secretaría General de la Presidencia, donde se dio a conocer lo que se analiza hasta aquí: implementar un fondo de compensación de riesgo entre las isapres, idea que viene del segundo gobierno de Piñera.
En palabras simples, el fondo funciona recolectando el dinero de los planes y redistribuyéndolo, de manera que aquellas aseguradoras que atiendan a pacientes más enfermos (y por lo tanto más costosos) reciban un apoyo financiero. Esto reduce el incentivo de las isapres para seleccionar solo a personas saludables.
El problema sobre esto que han visto en sectores del oficialismo es que la implementación de este mecanismo no sería compatible con el FUS. La minuta de Nodo XXI también se hace cargo de ese debate: “Vemos con preocupación que muchas posiciones actualmente sostienen que sería inevitable la necesidad de este fondo de compensación para darle sostenibilidad al sistema de isapres ante la eliminación de las preexistencias y de la selección por riesgo en el aseguramiento privado. En la práctica, este fondo de compensación perpetúa la segmentación en dos subsistemas de financiamiento, reduciendo la discriminación por riesgo (aunque no eliminándola), pero manteniendo la segmentación por ingresos inherente a nuestro modelo actual de salud”.
Raúl Méndez, investigador de Nodo XXI y coordinador de la bancada del FA, explica que “para implementar el FUS hay argumentos técnicos y de contexto: ya hay una demostración empírica de la incapacidad de las isapres de subsistir bajo el modelo de negocio que han mantenido. Además, la implementación de la Modalidad de Cobertura Complementaria puede ser el primer paso para que Fonasa pueda jugar este rol de aseguramiento universal”.
Otra minuta que reflotó durante estos días fue la que emitió la Comisión Nacional de Salud del Partido Comunista el pasado 23 de mayo, cuando se terminaba de tramitar la ley corta de isapres. Y es que en el documento plasmaban que la crisis de la industria podría ser también una oportunidad para el sistema.
“En nuestra opinión, se genera un momento en que el gobierno, la ciudadanía y las organizaciones del sector salud debieran avanzar decisivamente en los aspectos centrales de la reforma estructural tanto tiempo postergada y que ponga en el centro la salud como un derecho”, inicia el documento.
Y también insiste en avanzar con las propuestas de gobierno: “Queremos dejar muy claro que por ningún motivo vamos a avalar los cantos de sirena que nos llaman a perpetuar a las isapres o a avanzar en un sistema de multiseguros. Por un Fondo Único Solidario de Salud, por el fortalecimiento de la salud pública basado en la atención primaria y mejores condiciones laborales para las y los trabajadores de la salud”.
Pero hay una tercera minuta circulando estos días. Una sin firma, que critica que se esté estudiando implementar un fondo de compensación de riesgo entre las isapres al mismo tiempo que se eliminan las preexistencias.
El documento propone que en lugar de eliminar simplemente las discriminaciones, lo que se haría si es que prospera la idea que estudia el Minsal sería reforzar el rol de la industria, perpetuando la segmentación del sistema de salud. Además, dice que se debilitaría la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) -creada en la ley corta- y que expondría al gobierno a riesgos políticos, ya que podría ser percibido como un “segundo salvataje” a las aseguradoras.
Por otro lado, el senador Juan Ignacio Latorre afirmó a La Tercera que “sobre el proyecto que tiene que presentar el Ejecutivo en octubre para eliminar las declaraciones de salud, las preexistencias, espero que también se generen incentivos para que las isapres transiten a seguros complementarios de segundo piso y así vayamos generando las condiciones para avanzar hacia un fondo único de salud universal, solidario, sin discriminación”.
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Por estos días Claudio Orrego e Irací Hassler se preparan para compartir un pie de cueca en el inicio de las fondas del Parque O’Higgins, tal como lo hicieron el año pasado. El gobernador de la Región Metropolitana y la alcaldesa de Santiago no solo comparten escenario, sino que coinciden en un punto: la cárcel de alta seguridad que planea construir el gobierno del Presidente Gabriel Boric debe concretarse fuera del núcleo urbano.
Ayer, el Ministerio de Vivienda, encabezado por Carlos Montes, recibió un oficio del gobernador en que expuso que “las instalaciones penitenciarias deben ubicarse fuera del área urbana, específicamente en las zonas clasificadas como Zonas de Interés Silvoagropecuario Mixto 1″. Así, Orrego reforzó el fuerte rechazo que ha planteado la alcaldesa Hassler sobre construir la cárcel en Pedro Montt, en la comuna que ella administra.
Foto: Andres Perez
Previamente, desde el municipio de Santiago compartieron con la gobernación -y también con los consejeros regionales- su informe, en el que detallaban sus razones para oponerse al nuevo centro penitenciario.
Aunque el oficio de la gobernación -que no es vinculante, destacan cercanos a Orrego- sorprendió a La Moneda, lo cierto es que desde los inicios de esta discusión la autoridad regional hizo ver que, si bien él es partidario de construir una cárcel de alta seguridad en la Región Metropolitana, no ve con buenos ojos que se haga en el núcleo urbano.
El 27 de julio, luego de que la cárcel fuera confirmada, la máxima autoridad regional dijo que “a mí me hubiera gustado que la cárcel estuviera en otro lado, en las afueras de Santiago”. Y agregó que “me llama la atención que estemos debatiendo solamente el lugar y no lo importante que es esta cárcel”.
Días antes, en conversación con Radio Infinita, Orrego fue enfático en señalar que “yo apoyo la medida sin ningún tipo de condicionante”. Pese a que esta semana formalmente puso un matiz sobre la mesa, desde el entorno del gobernador descartan que se trate de un cambio de opinión, pues aseguran que él mantiene su postura sobre que apoyarán la medida de todas formas, aunque se construya en Pedro Montt. Pero insisten en que preferiría que fuera en otra zona.
Por lo mismo, cercanos a Orrego niegan que el oficio que enviaron se trate netamente de un respaldo a Hassler.
De todas formas, de cara a la reelección que ambos buscan, se han entregado apoyos mutuos. De hecho, la alcaldesa Hassler asistió al hito de inscripción de candidatura -como independiente- que organizó Orrego a comienzos de julio. El gesto fue significativo para el gobernador, en consideración de que, por ese entonces, el Partido Comunista -en que la jefa comunal milita- aún no resolvía si presentarían o no una candidatura propia para disputar la gobernación.
Desde el entorno de Orrego descartan que él y Hassler hayan tenido instancias para compartir en privado en los últimos días y hablar sobre la construcción de la cárcel, más allá de los ensayos de cueca. Eso sí, ambas autoridades compartieron ayer unos minutos, en la presentación del “Destacamento seguro” del eje Alameda.
De todas formas, al interior de la alianza de gobierno sostienen que el oficio que envió Orrego al Ministerio de Vivienda responde a un factor electoral. Lo plantean debido a que dentro del pacto Contigo Chile Mejor, que reúne a todos los partidos del oficialismo y a la DC, es compartida la idea de que el rechazo a la cárcel fortaleció la candidatura de Hassler. Esto incluso es aceptado por parte de la oposición, que promueve al exministro Mario Desbordes (Renovación Nacional) en Santiago.
En el gobierno se declararon sorprendidos e incómodos con la determinación del gobernador, pues contaban con que el informe de la gobernación sería favorable al proyecto anunciado por el propio Presidente Gabriel Boric en julio, en el marco de la crisis de seguridad. Al interior del oficialismo, sostienen que la determinación responde a una estrategia que busca asegurar que Orrego sea electo en primera vuelta.
Para conseguir ese objetivo en las últimas semanas Orrego ha reforzado su equipo de campaña, ha buscado apoyos transversales y se ha acercado a parlamentarios del Socialismo Democrático que también lo ven como una eventual carta presidencial si es que logra un triunfo amplio en primera vuelta. Un escenario que choca con las aspiraciones del PPD, que cuenta con que la carta indiscutida del sector sea la actual ministra del Interior, Carolina Tohá.
La negativa de Orrego a la construcción de una nueva cárcel en Santiago no es su primer roce con La Moneda.
Ad portas de afrontar los comicios, en donde apuesta por reelegirse en primera vuelta, el gobernador también lanzó dardos contra el gobierno de Boric por sentirse excluido de las reuniones que organizó el Ejecutivo para afrontar la crisis de seguridad que se agudizó a mediados de julio con 17 asesinatos en menos de una semana dentro de la RM.
Esto fue recriminado por Orrego el pasado 22 de julio, en una reunión en la que participó en Palacio junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con quien mantiene una buena relación. En ese contexto, Orrego insistió en la necesidad de incorporar a todos los actores del Estado en el combate contra la crisis de seguridad.
La semana anterior, el gobernador de la RM había publicado una queja similar en sus redes sociales, que replicó nuevamente con Monsalve, esta vez por llamada telefónica.
Durante la jornada del martes 27 de agosto, la hoy suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco solicitó permiso para ausentarse de sus funciones los días 9 y 13 de septiembre, obteniendo el visto bueno de su superior, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco.
En ese entonces, la jueza no imaginaba que justamente para esa fecha estaría enfrentando uno de los momentos más complejos de su carrera como abogada. Y es que luego de la publicación de Ciper que expuso la serie de conversaciones que sostuvo entre 2018 y 2023 con el abogado Luis Hermosilla -en prisión preventiva por delitos de corrupción- se le suspendió de sus labores y se le abrió cuaderno de remoción.
Todo ocurrió en el pleno extraordinario celebrado la mañana del lunes 9, pues sus pares estimaron que los hechos que se desprendían de los intercambios que mantuvo con el penalista eran no sólo graves sino que también afectaban “los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial”.
Entre abogados litigantes circula un “meme” de los Simpson, en que se pregunta “¿Alguien puede pensar en los abogados?, en alusión a que hay incertidumbre de qué pasará con los fallos que quedaron pendientes en la Tercera Sala, en paralelo a la crisis que se vive por la marginación de la jueza Vivanco.
De esta forma, Vivanco no ha podido regresar al Palacio del Tribunales y de inmediato su trabajo en la Tercera Sala se vio interrumpido. De hecho, los fallos en que participó, que dejó en acuerdo pero que se han publicado a partir de ayer martes 10 de septiembre, indican que ella participó del pronunciamiento, pero que debido a su situación “no firma”.
“Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sr. Mario Carroza E., Y los Abogados Integrantes Sra. María Angélica Benavides C. y Sr. José Valdivia O. No firma la Ministra Sra. Vivanco, no obstante haber concurrido al acuerdo del fallo, por estar con suspensión de funciones”, se lee, por ejemplo, en un fallo emitido ayer por la Sala Civil.
“No firma la ministra señora Vivanco”: ¿Qué pasa con todos los fallos de la Tercera Sala en que la suspendida magistrada participó? (Juan Eduardo Lopez/Aton Chile)
De acuerdo con el detalle del trabajo de la Corte Suprema al 31 de agosto, actualmente hay 949 fallos en acuerdo que se encuentran pendientes de publicación. De ellos, como pudo revisar este medio, 568 están radicados en la Tercera Sala, la cual era integrada por la ministra Vivanco.
La magistrada, conforme a los antecedentes disponible, estaba a cargo de la redacción de 73 de las 568 sentencias que la Sala mantiene pendientes.
¿Qué pasa en esos casos? Según explican fuentes del Poder Judicial, ante cada una de las causas la Sala tendrá que decidir qué integrante de la instancia que participó de la vista ejercerá como redactor.
Como es habitual, dicen conocedores en la materia, “se distribuirán las causas según el número o la complejidad de las mismas”.
En caso que la ministra haya enviado borradores de los fallos en que ejercía como redactora, como indican las mismas fuentes, sus pares podrían utilizar los insumos como base.
El tráfico aéreo de pasajeros en Latam Airlines, la mayor aerolínea local, sigue al alza. En agosto, la aerolínea logró transportar más de 7 millones de pasajeros, un 6% más que el mismo mes de 2023, cuando sumó 6,7 millones de viajeros que se movilizaron en sus frecuencias. Frente al tráfico aéreo de agosto de 2019, el año previo a la pandemia, el incremento es de 10%.
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De los 7 millones de pasajeros de agosto 2,6 millones corresponden a tráfico doméstico en cuatro mercados -Chile, Colombia, Ecuador y Chile- el que subió un 5,5% en relación a agosto del año pasado. El tráfico internacional, por su parte, sumó 1,4 millones de pasajeros, con un fuerte salto en doce meses. Además, logró alcanzar los registros de agosto del 2019.
“El tráfico de agosto -y el crecimiento observado frente al mismo mes de 2023- se explica, principalmente, por un aumento del 22,7% en la cantidad de pasajeros transportados a nivel internacional. Esta es una tendencia clara que hemos observado durante 2024″, apreció la aerolínea.
Un poco menos de tres millones del total corresponden al tráfico doméstico de Brasil, que disminuyo levemente, al contraerse apenas un 0,1%.
Con ello, en el acumulado de los primeros ocho meses del 2024 Latam suma 53,7 millones de pasajeros transportados, lo que equivale aun incremento de 13% frente a los 44,6 millones del 2023. En relación al periodo prepandemia, de 2019, el transporte de pasajeros subió casi 12%.
Javier Salvo/Aton Chile
Entre enero y agosto tanto el tráfico doméstico como el internacional tuvieron un fuerte impulso. El transporte de pasajeros sus mercados domésticos, excluido Brasil, subió un 15% hasta los 20,4 millones versus los 17,8 millones del 2023. El doméstico en Brasil subió un 5,8% hasta los 22,8 millones.
Pero el mayor impulso ocurre en el tráfico internacional, el que se expande un 27,9% en el año, hasta los 10,4 millones de pasajeros. Y aún tiene espacio para crecer y recuperar las cifras prepandemia: entre enero y agosto de 2023 transportó 11,2 millones de pasajeros internacionales.
Medido por pasajeros por kilómetro, las operaciones de Latam en el año suben 19%, otra vez impulsadas por un robusto 27,4% a nivel internacional. en agosto lo hizo en un 14,1%.
En el periodo Latam aumentó su oferta consolidada: los asientos por kilómetros disponibles subieron un 16,5% a agosto.
Con esto, su factor de ocupación subió 1,7 puntos porcentuales hasta un 83,8%.
“Es importante destacar nuestra oferta de 148 destinos a julio, y que recientemente ha tenido interesantes adiciones, como la ruta Santiago-Orlando y Santiago-Brasilia. Durante el cuarto trimestre del año, habrá varias novedades, con el estreno de rutas directas desde Santiago a Sídney, Punta del Este, Bariloche y Fortaleza. Desde Lima a Curitiba, Jamaica y Rosario. Además del aumento de frecuencias desde Sao Paulo hasta Johannesburgo, Milán, Roma y Lisboa”, destacó Latam.
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