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Las polvareda que levantó Cordero ante caso de general Yáñez

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“Yo esperaría que el general director (de Carabineros) evaluara su renuncia antes de ser formalizado”.

Esa fue la sugerencia que hizo -este fin de semana- el ministro de Justicia, Luis Cordero, al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, antes de ser formalizado por la justicia, en torno a su presunta responsabilidad de mando por eventuales violaciones a los derechos humanos en el estallido social de 2019. La citación está fijada para el próximo 7 de mayo, a las 9.00 horas.

El llamado de Cordero a Yáñez surgió luego de que se conociera la renuncia del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, a quien la Fiscalía le formulará cargos por presuntos delitos de revelación de información reservada. Con ello, las dos máximas autoridades de las policías del país quedarán en calidad de imputados ante la justicia.

La postura del titular de Justicia respecto a Yáñez, sin embargo, no es la que venía sosteniendo públicamente el gobierno. De hecho, en enero -cuando se supo de la formalización- La Moneda optó por la cautela y no removió al jefe de Carabineros, a pesar de que el uniformado enfrentaba una imputación en un tema tan sensible para el gobierno del Presidente Gabriel Boric como lo son los derechos humanos.

Desde la oposición salieron a criticar los dichos de Cordero, tras respaldarlo desde que se conoció su formalización. Uno de los primeros fue el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, quien el domingo -a través de su cuenta de X- interpretó que el ministro de Justicia le pidió “la renuncia al director general de Carabineros por televisión” y acusó que el gobierno juega irresponsablemente con la institución que tiene a su cargo el mayor problema de Chile, la seguridad”.

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN), lamentó las palabras del secretario de Estado y cuestionó que “usted no puede decir: ‘hay que cuidar las instituciones, hay que cuidar las formas’ y a reglón seguido enviarle un mensaje a través de un programa de televisión para tratar de sacarse una responsabilidad del Presidente”. Ello, según sostuvo en diálogo con Radio Universo, es “absolutamente inconsistente, absolutamente incoherente”.

Diego Schalper (RN) y Javier Macaya (UDI).

En tanto, el exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, señaló en Radio Pauta que le “llama la atención que un tema de tal trascendencia sea comunicado o al menos expresado públicamente, por un ministro que no tiene a su cargo la coordinación policial”.

“El ministro de Justicia debió haber evaluado que va a poner al presidente de la República en una situación muy incómoda, porque hoy va a compartir el escenario y el micrófono con el general director”, agregó, aludiendo al acto en Maipú donde coincidieron ambas autoridades.

Asimismo, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, afirmó que Cordero “se equivocó” al llamar a Yáñez a evaluar su renuncia a través de la prensa. “A mí me parece que una persona que está formalizada, más allá del mérito de la formalización, puede ser complejo porque va a estar preocupado de la defensa y puede comprometer con ello a la institución”, planteó.

El criterio que tomó el Ejecutivo en este tema -de no remover a Yáñez y esperar el actuar del Ministerio Público- abrió un flanco interno con sus sectores más de izquierda, generando críticas abiertas por parte del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio, quienes hasta el día de hoy sostienen que el gobierno debió haber removido al general.

Desde ese sector argumentan que las máximas autoridades policías no pueden estar preocupadas de enfrentar casos penales y que, al estar involucrados en casos judiciales, podrían afectar la imagen de las instituciones y del propio gobierno. La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se sumó a esta postura durante esta mañana, solicitándole al Presidente Boric que analice una eventual petición de salida del cargo a la máxima autoridad de la policía uniformada.

“¿Cuánto daño le hace a Carabineros que hoy día que el general Yánez este próximo a ser formalizado?”, cuestionó la senadora en conversación con Radio Universo. Eso sí, ante las presiones oficialistas para que renuncie el uniformado, Vodanovic pidió distinguir la situación de Yáñez con la del recientemente renunciado director de la PDI, ya que en este último caso -a su juicio- “claramente hay una participación directa en eventuales delitos”.

El 3 de enero, cuando trascendía que ese día se anunciaría la formalización del general Yáñez -con quien la ministra del Interior, Carolina Tohá, e incluso el Presidente tienen una buena relación-, la vocera Camila Vallejo sostuvo: “Hay una solicitud de formalización, nosotros esperamos obviamente la audiencia de formalización para tomar cualquier decisión como gobierno”.

“Las presiones y las opiniones pueden ser diversas y no solamente en bloque, hemos tenido incluso a algunos de derecha diciendo que debería renunciar, pero nosotros no podemos ceder a las presiones en este caso. Respetamos obviamente el actuar de la justicia y los tiempos que tiene la justicia, entonces nosotros no podemos adelantarnos. Nos interesa es mantener la institución funcionando y eso va a suceder”, reiteraba Vallejo solo dos días después en diálogo con Radio Cooperativa. Más tarde, siguió la línea de defender la labor de Carabineros y llamar a “separar las aguas por el bien de nuestra democracia”.

De izquierda a derecha: los ministros Luis Cordero (Justicia), Carolina Tohá (Interior) y Camila Vallejo (Segegob). Foto: Dedvi Missene.

En el mismo sentido Tohá, señaló el 9 de enero que “el gobierno de Chile no solo apoya y valora el rol de Carabineros, lo considera fundamental, pero también considera fundamental la labor de la justicia y la respetamos y (también) su autonomía. Son ellos los que investigan, no nosotros, son ellos los que establecen responsabilidades”.

“Si llegáramos a la conclusión de que la situación de este proceso que se está llevando adelante y las diligencias que se han decretado son una dificultad para ese trabajo, habría que tomar decisiones”, añadió en esa oportunidad.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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