En las últimas tres semanas, la tensionada relación entre el gobierno y los empresarios registró un nuevo capítulo. Sin embargo, Susana Jiménez, la vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), intenta poner “paños fríos” al áspero debate entre los privados y el oficialismo, aunque desliza su preocupación por el crispado escenario que se ha generado durante las ultimas semanas.

¿Estamos mejor como país que hace dos años, como lo ha dicho el ministro de Hacienda, Mario Marcel?

Es una discusión un poco estéril, porque estamos con un crecimiento plano. No hay mucho que celebrar. Desde el punto de vista de PIB per cápita, estamos muy estancados. Venimos saliendo de inflaciones altas y es bueno que eso se haya logrado controlar. Tenemos una situación de desempleo que es compleja y la ocupación no ha logrado recuperarse. También tenemos 2,5 millones de personas que trabajan en la informalidad. Entonces, más que hacer comparaciones, hay que mirar para adelante y decir cómo salimos de este estancamiento. Ahí es donde tanto la autoridad, el mundo gremial y el sector privado tenemos que poner las fichas. Eso es lo que el país necesita y no estas discusiones.

¿Cómo califica la gestión del gobierno en este primer tiempo?

Ellos presentaron un programa de gobierno que adelantaba una visión de por dónde debía ir el desarrollo económico, que se reflejó posteriormente tanto en su postura frente al primer borrador constitucional como en las reformas presentadas. Por lo tanto, está dentro de lo que uno se esperaba, dado el programa que tenía el gobierno al iniciarse.

¿Cree que fue un exceso del gobierno haber celebrado el crecimiento de 0,2% en 2023?

No veo que haya una causa por la cual celebrar. Es un país que está estancado económicamente, con una inversión que cayó el año pasado y caerá este año de nuevo, con perspectivas de crecimiento de PIB tendencial que no superan el 2%. Es un país que no es el mismo del que fue en décadas atrás. Más que andar celebrando cifras que son muy magras, lo que hay que hacer es una agenda de verdad para que el país sea lo que todos esperamos: un país que crece, que se desarrolla, que crea nuevos empleos, en que hay más emprendimientos formales… eso al final se traduce en calidad de vida para la gente.

¿Cree que el ministro Mario Marcel no ha hecho lo suficiente?

El ministro Marcel ha empujado una agenda basada principalmente en una necesidad de mayor recaudación, que apunta a recaudar a través de alzas de impuestos en un entorno económico que lo hace muy complejo. En un país en que las empresas pagan impuestos más altos que en la OCDE y en que hay muchos espacios de eficiencia del gasto público que hay que aprovechar mejor, hay que ir a buscar esos recursos donde no se están pagando, como en la evasión, como en la informalidad, y no seguir cargando en la mano a aquellos que hoy día ya pagan. Hay un diagnóstico de cómo resolver esa necesidad de recursos que no se condice con la situación económica y social del país.

¿Es decir, el gobierno tiene un diagnóstico equivocado de la realidad?

El gobierno tiene una agenda que amerita revisión, dado el resultado que ha tenido en estos dos años, con bajo crecimiento, de alto desempleo… Amerita que su programa y agenda sean revisadas a la luz de la realidad.

El empresariado presentó una serie de reformas para combatir la informalidad. ¿No resolver este tema puede ser una bomba de tiempo para las finanzas públicas, para el sistema de pensiones…?

La preocupación nuestra respecto a la informalidad, situación que vive uno de cada tres trabajadores, dice relación con las personas, porque los trabajos informales son normalmente mucho más inestables, más precarios, que no tienen ninguna cobertura de riesgo ante ninguna de las situaciones que a todos nos ocurren: accidentes, enfermedades, desempleo… tampoco ahorran para la pensión y estadísticamente tienen ingresos mucho más bajos que las personas que tienen empleos formales. Esto es algo que no es bueno para la ciudadanía, para los trabajadores y trabajadoras.

También desde el punto de vista económico hay un impacto en todos aquellos negocios y emprendimientos que sí son formales y que se les compite deslealmente. Las empresas informales no pagan impuestos, no cotizan en la seguridad social de sus trabajadores, etcétera. Entonces, hay un impacto en la economía, en el crecimiento económico, en la productividad y también eso impacta las arcas fiscales. Se recauda menos y se gasta más, porque igual es gente que tiene que acceder a todas las prestaciones y garantías de beneficios sociales porque no acreditan ingresos.

Las tasas de informalidad están en el 27%…

Es un nivel muy alto comparado con los países de la OCDE, y es alto comparado con países con ingresos similares al de Chile. Nos preocupa desde ese punto de vista. Cuando se proponen reformas en todos los ámbitos, a veces ha faltado tener a la vista esta realidad. Lo digo porque cuando se piensa subir impuestos a las personas, de alguna manera se está afectando la decisión de esa persona informal de ser formal. Cuando se busca elevar las cotizaciones para las pensiones, medida con la que estoy de acuerdo, también tiene un impacto en la informalidad.

La pregunta es cómo compensamos con otras políticas públicas el hacer atractiva la formalidad. La informalidad muchas veces es una opción que está provocada porque hay malos incentivos. En ese sentido, una de las varias propuestas que nosotros hicimos esta semana tiene que ver con las pensiones y los atractivos a la formalidad.

La propia ministra del Trabajo, Jeannette Jara, atribuyó los mayores grados de informalidad en la economía a que se paga poco en la formalidad…

Las estadísticas dicen lo contrario. En los empleos formales se tienen ingresos más altos y, además, se tiene toda esta protección frente al desempleo, frente a los accidentes, a los accesos a capacitación y a los servicios bancarios… y, además, se ahorra para la pensión.

“Más Narbona, menos Craig”, dijo el Presidente la semana pasada al ejemplificar en los empresarios Jean Paul Luksic Fontbona y Andrónico Luksic Craig la diferencia de estilos que hay en la discusión pública. ¿Le parece correcto que el Presidente haga ese tipo de alusiones? ¿Fue un exceso?

(Se toma una pausa antes de responder) No es conveniente nada que tienda a tensionar más el ambiente en un país que tiene suficientes problemas como para quedarnos en estos dimes y diretes. No es sano. El mundo empresarial contribuye día a día con su actividad, generando puestos de trabajo, generando valor, bienes y servicios. Los empresarios también están en posición, desde su experiencia, de dar opiniones en el debate público. Personalizar estos debates no es conducente porque tenemos problemas más importantes de los cuales hacernos cargo.

¿Contribuyen este tipo de declaraciones a la hora de buscar acuerdos con los empresarios?

Puedo hablar desde este gremio y sus ramas. Hemos tenido una buena relación con todos los ministros. Hemos sido recibidos a dialogar y hemos planteado nuestras legítimas diferencias, siempre respetuosamente. Por lo tanto, esperamos que las conversaciones sigan en esa línea.

Cualquier otra intencionalidad habría que preguntársela al gobierno. Desde nuestra parte, la posición no ha variado. Seguimos con convicción opinando legítimamente en los temas de política pública. Es importante escuchar la voz del mundo empresarial.

Sin embargo, las declaraciones de lado y lado en las últimas tres semanas, incluido el capítulo “paguen mejor” de la ministra Jara, revelan una álgida tensión entre el gobierno y los empresarios. ¿A qué atribuye esta tensión?

Es difícil decir qué está detrás de una secuencia de afirmaciones. Eso es una realidad y eso nos preocupa. Dicho eso, nuestra postura no ha cambiado. Nosotros estamos interesados en ser escuchados y en poder contribuir al debate público. Tensiones más, tensiones menos, éstas derivan de una visión de desarrollo que a veces no es compartida. Por ejemplo, el programa de gobierno en ninguna parte mencionaba el término “crecimiento económico”, cuando nosotros creemos que la evidencia ha sido clara en demostrar que el crecimiento económico es el que genera calidad de vida para las personas, es el que genera el 80% de la mayor recaudación del Fisco, no así las reformas tributarias. Tenemos la convicción de que el crecimiento económico es importante, que hay que incentivar la inversión y que el rol de las empresas es fundamental, un motor para el desarrollo socioeconómico del país.

Esa visión no estaba plasmada en el programa, tampoco está contenida en las reformas más refundacionales de este gobierno, pero estimo que la realidad se termina por imponer. Cuando se tiene un país golpeado por un bajo crecimiento, por un alto desempleo, por una caída de la inversión, lo que se necesita es incorporar esa visión, dialogar y redirigir algunas reformas, porque si no vamos a terminar en una situación de estancamiento, de parálisis, y no va a salir ninguna reforma cuando hay varias en que se requiere avanzar. En pensiones necesitamos hacernos cargo de que haya un mayor ahorro. Hagámonos cargo de eso y no de agendas que a veces son más ideológicas.

¿Cómo podría calificar la sensación que queda en el empresariado tras este capítulo, o de “secuencia de declaraciones”, como usted lo calificó? ¿Hay un sabor amargo, hay hastío, perplejidad?

Es una combinación de estar un poco perplejos, porque no reflejan las conversaciones que mantenemos en las reuniones, y también preocupados, porque esperamos que eso no sea un cambio de postura del gobierno y sigamos intentando buscar mínimos comunes que le permitan al país desarrollarse.

¿Teme que esta crispación, que incluye al mundo político, vaya creciendo a medida que se acerquen las elecciones?

Los períodos electorales son complejos en ese sentido y, vuelvo a reiterar, con mayor razón no hay que tensionar más el ambiente, hay que buscar cómo avanzamos. Eso significa dialogar más, ser respetuosos en las posiciones y constructivos. Me preocupa que el tema electoral pueda generar más polarizaciones y que eso derive en que no haya ningún avance. Mientras no hay avance, en realidad uno retrocede.

Hay empresarios que en privado y en público han dicho que los gremios empresariales deben tener un tono mucho más duro en el segundo tiempo del gobierno. ¿Cuál es el tono que debe adoptar el empresariado en este segundo tiempo?

Lo cortés no quita lo valiente. Hemos sido muy claros, muy transparentes en privado y en público con nuestras posiciones. Lo fuimos con la versión anterior de la reforma tributaria en que dijimos claro y fuerte que no estaban dadas las condiciones para seguir elevando la carga tributaria a quienes hoy pagan, que hay que buscar recursos para mayores beneficios sociales, pero sí haciendo más eficiente el gasto y también enfocándose en esos espacios donde no se están pagando los debidos impuestos, como es la evasión y la informalidad.

Eso lo hemos dicho en todos los tonos y lo vamos a seguir diciendo. Por lo tanto, es muy importante las formas, el respeto. Con eso se respetan no solo a las personas, sino también a las instituciones. Estas merecen ese respeto. Sin embargo, eso no quita que podamos decir fuerte y claro qué es lo que creemos que es bueno o malo para el país.

El ministro Marcel acaba de proponer que el alza de impuestos a las rentas personales afecte a los ingresos sobre $ 4,5 millones y no a los sobre $ 3,2 millones originales. ¿Siguen pensando que no debe haber alza de impuestos en el pacto fiscal?

Efectivamente, lo seguimos pensando así. La modificación que hizo ahora el ministro lo acerca a lo que era la propuesta original que fue rechazada en el Congreso, pero sigue insistiendo en subirles el impuesto a los profesionales, a los ejecutivos, a los trabajadores, que tienen ingresos y que hoy pagan sus impuestos. No es el camino adecuado. Hay que hacer un esfuerzo mucho mayor en hacer más eficiente el gasto. Hay que poner más fichas en el crecimiento, en la eficiencia del gasto, en la lucha contra la evasión, y no subir los impuestos que ya están siendo bastante agobiantes para todos los trabajadores y empresas formales.

¿Cree que habrá reforma de pensiones en este gobierno?

Puede haber una reforma en la medida que aspiremos a aprobar aquello en que hay consenso. Donde hay consenso es en los diagnósticos que se hicieron en las respectivas comisiones de pensiones: que hay que subir la tasa de cotización, que hay que aumentar la capitalización individual para que haya más ahorro, que hay que abordar las lagunas y la informalidad también es clave. Aunque sea complejo políticamente, también es bueno decir que le hacemos un flaco favor a las mujeres jubilándolas antes que a los hombres, porque tienen pensiones más bajas.

Metamos más competencia, quizás se requieren cambios regulatorios para asegurar mayores retornos de esos ahorros; avancemos en eso. Pero no hacer nada porque se decidió ir con una reforma mucho más profunda y refundacional, es un error; vamos a volver a perder cuatro años.