Se trata de una de las promesas más emblemáticas del gobierno plasmadas en el programa original de Apruebo Dignidad. Sin embargo, la apuesta no sólo ha causado el enfrentamiento interno entre el Socialismo Democrático y los sectores del ala izquierda de la coalición por la viabilidad financiera, el diseño y los beneficiarios de la medida, sino también ha obligado a una cuidadosa estrategia para bajar las expectativas en torno al proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval de Estado (CAE) y crear un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior.

Luego de casi un año de que el Ministerio de Hacienda y de Educación comenzaran a estructurar la ingeniería financiera del proyecto, una de las debilidades del sistema actual creado durante el gobierno de Ricardo Lagos, el gobierno se comprometió este año a enviar la iniciativa luego de las Fiestas Patrias y antes de que el Presupuesto de La Nación ingrese el 30 de septiembre a tramitación legislativa.

Tanto en el gobierno como en la oposición existe coincidencia en que el sistema actual, que ha significado bajo riesgo y alta rentabilidad para el sistema bancario involucrado, y una pesada carga financiera para el Estado, debe modernizarse.

En medio de una espiral de deuda que se acumula año a año, el total de pasivos al cierre de 2023 llega a más de US$ 11.000 millones. El programa de gobierno de Apruebo Dignidad se comprometía a condonar universalmente la deuda del CAE, pero el proyecto que dará a conocer el gobierno estará lejos de concretar este anhelo.

El propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha puesto los bordes financieros para la propuesta y ha intentado bajar las expectativas. “La ayuda tendrá que ser a la escala de las posibilidades financieras del país y si hay que hacer un esfuerzo adicional, tiene que ser autocontenido, es decir, con recursos que se generen para ese propósito en particular”, ha dicho el secretario de Estado, quien fue el primero en poner el cerrojo a una condonación universal del CAE.

“No va a ser un gasto adicional para el Estado y no siendo un gasto adicional, tampoco les va a quitar espacio a otras prioridades”, añadió Marcel esta semana en El Mercurio, en lo que es una señal política a las presiones de la oposición, que ha pedido privilegiar otras demandas sociales.

Sin embargo, los bordes puestos por Hacienda también han friccionado la intención de parte de la coalición de dar una señal de universalidad en los beneficios del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y de condonación a los actuales morosos.

“Le vamos a ofrecer alternativas a todo el universo de personas que hoy día son deudores de crédito universitario y al mismo tiempo vamos a construir un sistema de financiamiento (…) tenemos la necesidad de equilibrar en nuestra propuesta tanto aquello que va a ayudar de manera muy concreta y precisa a quienes más lo necesitan, como también aquellos que han tenido trayectorias y comportamientos de pago correctos en el tiempo”, dijo la semana pasada el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC).

Pese al hermetismo con que Educación y Hacienda han trabajado en el proyecto, ya existen líneas gruesas que serán incorporadas en el proyecto, como es sacar a la banca del financiamiento del nuevo sistema, y adoptar varios de los ejes contenidos en el proyecto de fin del CAE que envió el expresidente Sebastián Piñera y que hoy está en la Comisión de Educación del Congreso.

“Dicha iniciativa saca a la banca y radica en el Estado la administración del crédito, fija la tasa de interés en un 2%, establece una cuota máxima mensual de un 10% de la remuneración y la condonación luego de 15 años. Lo más probable es que la iniciativa del gobierno contendrá varios de estos aspectos, ofreciendo además alternativas para que los actuales deudores regularicen su situación. Tengo la convicción de que es necesaria una nueva modalidad de crédito, más conveniente para las familias y también para el Estado”, afirma el presidente del Senado e integrante de la Comisión de Educación del Senado, José García Ruminot.

Según diversos conocedores de la propuesta que hará el gobierno, el proyecto establecería incentivos a la repactación por parte de los morosos y, por consiguiente, condonaciones parciales del CAE centradas en los deudores de menores ingresos y a quienes han pagado regularmente. También una modernización del sistema de financiamiento a la educación superior que saca a la banca privada del negocio y que en régimen no involucrará mayores recursos para el Fisco de los que ya destina. Adicionalmente, establecería una suerte de impuesto contingente a los ingresos del deudor y un mecanismo de cobro mucho más eficiente y directo del que hoy existe.

En medio de los anuncios de condonación del CAE, más de 540 mil personas dejaron de pagarlo en 2023, con lo que la morosidad entre los egresados (con tres o más cuotas impagas) pasó en los últimos siete años del 29% al 54%, con el respectivo aumento de las garantías ejecutadas y una mayor “mochila” para el Fisco.

Para el diputado PS e integrante de la Comisión de Educación, Juan Santana, el proyecto debe ser una respuesta al problema que ha significado el CAE como carga económica para las familias y también debe proponer un nuevo método de financiamiento.

Santana repara que el problema del CAE no es, a su juicio, una política para privilegiados, como se ha querido instalar. “El 50% de quienes han optado por el CAE proviene de los dos primeros quintiles y, de quienes se encuentran en etapa de pago, un 26%, casi 230 mil personas, no alcanza más de $250 mil en sus ingresos. Siendo esta la realidad, lo que sigue es de toda lógica: el proyecto debe priorizar a los sectores más vulnerables que llevan esta pesada mochila en sus espaldas. Para dichos sectores debiese existir condonación, sin matices ni titubeos”, reclama el parlamentario, quien cree que esto también debe beneficiar a quienes ya han cumplido con su obligación y pago del crédito.

“Así, que el sistema considere su propia subsistencia, sin recurrir a recursos de privados que cobren intereses, por ejemplo, pero que al mismo tiempo les dé a los estudiantes un trato justo, que no se les obligue a pagar de más y que considere contingencias como la falta de empleabilidad o los ingresos recibidos al egresar, es algo que podríamos esperar de un sistema educativo distinto”, concluye el diputado.

Fuentes parlamentarias que conocen los ejes del proyecto confidencian que la idea es contactar a todos los deudores del CAE y ofrecerles una reprogramación de sus pasivos con la promesa de condonar intereses de la deuda, por ejemplo. “Si el deudor hoy paga, por ejemplo, $50 mil y no ha sido capaz de pagar regularmente, el Fisco le propondrá a la persona una cifra menor que sea viable de pagar. Le dirá: ‘Pague lo que usted pueda, pero pague’. Es ahí donde está la esperanza de obtener una recaudación que hoy no se está obteniendo. Se puede lograr el círculo virtuoso de que los que comienzan nuevamente a pagar su crédito terminen financiando el crédito de los nuevos estudiantes que ingresen a la educación superior”, explica la misma fuente, quien reconoce que hay conciencia en el gobierno de que hay una parte del actual stock de deuda que es casi incobrable.

Un parlamentario, que pidió el anonimato, también estima que el proyecto también debería proponer una fijación o regulación de aranceles de las instituciones educación superior, tal como hoy se hace con el sistema de gratuidad, aunque su implementación genera cuestionamientos por parte de las mismas universidades.

“Es difícil aplicar aranceles que sean parejos por carrera, porque las instituciones de educación superior tienen distintos énfasis y, por lo tanto, distintos costos. No es fácil resolver el tema. Sé que están pensando también disminuir el tiempo la duración de las carreras, porque eso también generaría un ahorro”, dice un parlamentario de oposición. Sin embargo, otros congresistas estiman como “improbable” que el gobierno incluya una disminución de las carreras en este proyecto, dada su complejidad de aplicación.

Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, cree que el proyecto debe considerar una condonación con “un componente universal, en el sentido de beneficiar al universo completo de quienes hoy tienen deudas por estudiar” y estima como importante que la solución propuesta sea un alivio para quienes tienen bajos ingresos.

“Es importante que el proyecto ponga fin al CAE para nuevos estudiantes. Así, esperamos que se eliminen a los bancos privados del sistema de financiamiento de la educación superior”, complementa.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, piensa que el proyecto debería ser “neutro” desde el punto de vista fiscal y afirma que el diagnóstico para aplicar las medidas es crucial. “Lo clave no es la condición socioeconómica de la persona al momento de tomar el crédito, sino la que tiene al momento de comenzar a pagar. Tengo la impresión de que una parte importante de los que egresaron tienen una situación económica mejor que la que tenían al entrar a estudiar”, concluye el economista.