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Los caminos para que CAP y el gobierno reviertan el cierre de Siderúrgica Huachipato

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“Lo que está pasando con CAP, en Talcahuano, es una preocupación firme del gobierno. El ministro Grau está encargado”. Con esta frase, el Presidente Gabriel Boric abordó la inquietud que ronda en el Ejecutivo, tras la decisión del directorio de cerrar en forma indefinida las operaciones de Siderúrgica Huachipato.

Las palabras del mandatario se dieron en el marco de la inauguración de la planta desaladora que permitirá a Minera Los Pelambres –el mayor plantel productivo de cobre de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic– dejar de usar aguas continentales a partir de 2027, y aumentar la capacidad de molienda para la producción de cobre. Una industria cuya estructura de costos contempla gastos en insumos críticos, como las bolas de molienda. Un producto que en Chile se elabora, principalmente, gracias a las barras de acero que fabrica la histórica acerera ubicada en Talcahuano.

“Desde el gobierno estamos poniendo todo el énfasis y generando un diálogo con la empresa para poder evitar justamente el cierre de la misma”, enfatizó Boric, acompañado en la actividad por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que remarcó tanto en el cuidado por los puestos de trabajo, como en la relación con la propia industria minera de la filial del grupo CAP.

Desde la noche del martes, cuando el Ministerio de Economía decidió hacer pública la recomendación entregada por la Comisión Antidistorsiones de establecer sobretasas arancelarias a las importaciones de bolas y barras de acero para bolas de molienda convencionales, el tema está instalado en el corazón mismo de La Moneda. Ese día, Hacienda recibió el oficio del fiscal nacional económico, quien preside la instancia asesora presidencial, formalizando el acta de la sesión celebrada del 28 d febrero, que ya había terminado de ser revisada por todas las partes intervinientes dos semanas antes.

Desde entonces, el oficio está en el escritorio del Presidente Boric, quien debe resolver sobre la medida propuesta y formalizar su aplicación mediante un decreto del Ministerio de Hacienda, publicándolo en el Diario Oficial. Ello aún no ocurre, pero podría concretarse durante la próxima semana.

En el intertanto, Grau ha asumido el protagonismo, otorgando múltiples entrevistas, donde se encargó de explicar detalladamente cómo la Comisión Antidistorsiones acordó su recomendación. Así, recordó que la instancia analizó dos solicitudes: una de Molycop, en el mercado de las bolas de acero convencionales, y la otra de CAP, por las barras que se usan para fabricar dichas bolas.

“En bolas de acero, que es la solicitud que hizo Molycop, la solicitud era en torno a 16% y el promedio (de la sobretasa) en el caso de bolas fue de 15%”, explicó a radio Cooperativa el secretario de Estado, marcando que la diferencia con el caso de la solicitud de Huachipato fue que “lo que recomendó la comisión es bastante cercano a lo que solicitaba la empresa Molycop”.

En múltiples ocasiones enfatizó en la definición respondía a antecedentes técnicos, y que la comisión “una vez que define que hay dumping, hay que definir cuál es el nivel del dumping; en términos simples, cuál es la distancia que hay entre los precios y los costos”. Según explicó, había algunos datos de los cuales Huachipato carecía.

“Es algo que se puede ver en Aduanas, y esa información hizo que, tomando la misma metodología de Huachipato, tomando los mismos costos que presentó Huachipato, y simplemente con la diferencia de un dato que es verificable, se llegó a una conclusión de aranceles en el caso de barras que es donde hay una distancia mayor entre la solicitud y lo que se está proponiendo”, dijo Grau en su entrevista radial.

Agregó que, a su juicio, lo que viene ahora para CAP, así como para el resto de las empresas intervinientes, es la posibilidad de aportar nueva información a la Comisión Antidistorsiones. Punto que abogados que conocen de cerca los procedimientos de la entidad, sostienen, puede ocurrir en cualquier momento, y sólo depende de cada compañía. Es decir, no se requiere de solicitudes.

Consultado por Pulso, el presidente del directorio de Huachipato, Julio Bertrand, confirmó que estudiarán realizar una nueva presentación de antecedentes ante la Comisión Antidistorsiones, pero alertó que tras la decisión de cerrar la planta, “el tiempo está corriendo”.

“Yo veo que la única posibilidad es que, si nos van a pedir más antecedentes, que lo hagan luego, y si lo hacen, que resuelvan luego, porque como digo, nosotros ya partimos desde el día de hoy reduciendo la carga del Alto Horno, y en tres meses, calculo -y me puedo equivocar porque todavía estamos haciendo los estudios- esta cosa va a estar parada. Y cuando ya está parada, no hay ni una posibilidad de volver atrás”, dijo.

“Desde que decidimos suspender indefinidamente las operaciones, el reloj está corriendo. nosotros ya en dos meses más, aunque nos den todo el arancel, ya Huachipato se apagó, y esto no es como se apaga el fuego de un asado”, enfatizó, detallando que “la planta tiene una inercia térmica que es muy difícil volver a encenderla”.

Bertrand subrayó que, desde el lado del Ejecutivo, “lo único que pueden hacer es reconsiderar el caso, y dictaminar aportando más antecedentes o con los que tienen, que son suficientes”. El exgerente general de CAP afirmó que “aportamos todos los estudios que el reglamento Antidistorsiones exige, y por lo mismo sugerimos, a partir de cálculos objetivos, una tasa de 25% y dijimos que, para las bolas de molienda, cosa que no nos compete porque no las producimos, era de 32,9%”.

Consultado, Bertrand detalló que la reunión entre la empresa y el ministro Grau se concretó durante la tarde de este jueves, participando el gerente general de CAP, Nicolás Burr, en representación de la compañía. Desde Economía se limitaron a confirmar el encuentro entre ambas partes y señalaron que “seguirán las conversaciones”.

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Realizan manifestación contra Eduardo y Javier Macaya frente a tribunales

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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.

Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.

Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.

Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.

Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.

Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.

Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.

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Tras audiencia de revisión de cautelares: tribunal decreta prisión preventiva para Eduardo Macaya

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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli, padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.

En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.

La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.

Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.

Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.

Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.

El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.

Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, más la resolución del Tribunal Constitucional.Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.

El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.

Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.

Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.

En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.

Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.

Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.

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Rubilar confirma candidatura a la alcaldía de Puente Alto

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Mediante una declaración en video, Karla Rubilar (Ind.-RN) confirmó su candidatura a la alcaldía de Puente Alto.

“Como el alcalde Germán Codina bien sabe, he vivido semanas de una situación familiar de salud muy dura que me ha mantenido alejada de la comuna y ha ocupado gran parte de mi tiempo, además de generarme una reflexión sobre mi futuro político”, dice en el registro.

De acuerdo a la ex ministra vocera de gobierno de la segunda administración de Sebastián Piñera, durante estas semanas recibió además “el ofrecimiento formal para ser candidata a la Gobernación Metropolitana, porque existen encuestas que dicen que yo ganaría esa elección”.

Y luego agregó: “Y si bien ser intendenta de la Región Metropolitana ha sido uno de los cargos más hermosos que he tenido a lo largo de mi vida y agradezco enormemente a todos quienes creen que yo podría ser una gran gobernadora, lo cierto es que después de conversar con mi familia, con mis amigos e incluso yo que soy creyente de pedirle ayuda a Dios, he llegado al convencimiento de que mi lugar está en la comuna de Puente Alto”.

“Yo quiero ser alcaldesa de la comuna. Voy a vivir en Puente Alto para vivir sus sueños y sus dolores y para compartir con ellos este sueño de tener un Puente Alto mucho mejor para todos”, expresó.

Para finalizar, apuntó que es por eso que agradece enormemente a todos quienes la han acompañado y han comprendido el proceso que ha vivido. “Quiero pedirle a ellos también que me ayuden a tener la fuerza para enfrentar este desafío y para lograr convertirme el 27 de octubre en la primera mujer alcaldesa de Puente Alto. Estoy segura que juntos lo vamos a lograr”.

La declaración de Rubilar se da luego de un quiebre con el actual jefe comunal puentealtino, Germán Codina (RN), que había puesto en duda la candidatura de la ex secretaria de Estado.

Es que según detalló La Tercera, el distanciamiento entre ambas figuras se originó hace cerca de un mes a propósito de una petición que hizo Rubilar a Codina: incorporar personas de su confianza al municipio, lo que implicaría despedir a actuales trabajadores, situación a la que el alcalde RN se negó. Es por eso que Codina ya no estaría dispuesto a seguir respaldándola para llegar a la alcaldía.

No solo eso. Desde la misma coalición de derecha transmitieron que la situación escaló a tal punto, que Rubilar amenazó en un momento con dejar de ser candidata, y por ello, personeros del bloque habrían hablado con la exministra para convencerla de que no desista de competir.

Ahora, el escenario eleccionario vuelve a tener a la exministra como una de las postulantes fuertes para los comicios de octubre de este año. Solo resta saber si lo hará con el apoyo de Codina o sin éste.

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