Todos los días, Javiera Martínez es una de las primeras personas en llegar a la Dirección de Presupuesto (Dipres) -en muchas ocasiones antes de las 8 de la mañana- y una de las últimas en salir, alrededor de las 10 de la noche.
“Es una de esas personalidades que cierra las puertas y apaga las luces cuando no hay nadie en el ministerio”, comentan allegados al director de Presupuesto.
Este estilo está en consonancia con lo frenético que ha sido el proceso de instalación del nuevo gobierno y que le conviene a la ingeniera de la Universidad Católica y magíster en ciencias políticas de la Universidad de Nueva York, quien en su gestión de casi dos meses se ha encargado conocer en profundidad todos los temas relacionados con la distribución, como los sectores presupuestarios, la evaluación de programas y, en especial, la elaboración del Presupuesto 2023.
Precisamente, el mes que acaba de comenzar será clave para el diseño de la tesorería del próximo año, el primero que construirá la administración bórica y que estará marcado por la ralentización de la economía -con perspectivas incluso de caída de la actividad-, la discusión de las reformas tributaria y previsional, y el plebiscito de salida para una eventual nueva Constitución.
En las próximas semanas, el director enviará a los ministerios y servicios el marco de recursos y prioridades para el año siguiente. Y aunque se desconoce el contenido de dicho oficio, Martínez y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya han dado algunas señales.
Por ejemplo, han enviado circulares e instructivos marcando campo a las entidades públicas sobre la necesidad de ser más eficientes en el gasto y establecer mecanismos de coordinación interna a la hora de solicitar recursos, en un marco de arcas fiscales estrechas.
De hecho, la titular de la Dipres ha dedicado una parte importante de sus días a explicar a los demás ministerios y servicios las restricciones presupuestarias que vive el país y la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en el gasto.
prioridades internas
Martínez ha impulsado esfuerzos para mejorar la ejecución mensual del gasto, en línea con la directriz entregada por el presidente de la República, Gabriel Boric, tras el consejo de gabinete de la semana pasada y considerando que el gasto público jugará un papel clave para levantar un sector privado en el proceso de ajuste tras el crecimiento histórico de 2021.
Otra de las señas de identidad que busca impulsar la ingeniería es la evaluación de programas. De hecho, el pasado viernes se inició oficialmente el proceso de evaluación ex-ante de programas nuevos y reformulados (por mala evaluación o modificaciones realizadas por los servicios), trabajo realizado en conjunto con la Subsecretaría de Evaluación Social.
Quienes han conversado con la directora de la Dipres señalan que ella busca continuar con la modernización del método de evaluación de programas, para que cada peso “rinda” y así evitar la fragmentación en la oferta programática.
Esto significa que cada departamento público toma conocimiento de los programas que ejecuta, cómo estos interactúan con programas similares entregados por otras entidades, y así evitar la duplicidad que hace menos eficiente el uso de los recursos.
“Es decir, el sector público debe hacer este análisis antes de solicitar fondos para crear nuevas iniciativas”, comentaron, citando como ejemplo el Plan Chile Apoyo, en el que se pretendía recalibrar las ofertas programáticas existentes -como el IFE Laboral, el FEPP y Fogape, por mencionar algunos- en lugar de crear otros nuevos.
Otro de los temas que busca destacar en su gestión son las finanzas verdes, con foco en cómo el sector público -a través del gasto y sus acciones- puede mitigar el impacto del cambio climático.
En este sentido, una de las novedades de los Presupuestos 2023 será la incorporación explícita del ahorro energético como directriz del sector público. En las instrucciones presidenciales enviadas a principios de abril, este era el primer punto, ya que se pedía al Estado tomar medidas para ahorrar agua y energía eléctrica.
Una IFP dura
En lo inmediato, la agenda de Martínez incluye mañana un día clave, ya que junto al ministro Marcel y la subsecretaria Claudia Sanhueza presentarán el primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la nueva administración.
Las principales novedades del documento serán una revisión de las brechas del sector público para los próximos cuatro años, donde se encuentran los US$ 30.000 millones que proyectó el anterior equipo de cartera, encabezado por Rodrigo Cerda, y que fueron objeto de debate en el bilateral de febrero. reuniones
Asimismo, se presentará el compromiso de balance estructural del gobierno para los próximos cuatro años y se realizará un ejercicio de proyección sobre el impacto de la reforma tributaria -en proceso de elaboración- sobre los ingresos del sector público.
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JPMorgan Chase incorporará los bonos soberanos de India a su índice de referencia para los mercados emergentes, un acontecimiento muy esperado que podría generar miles de millones de dólares en entradas de capital extranjero para el mercado de deuda del país.
El proveedor de índices añadirá los títulos al índice JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets a partir del 28 de junio de 2024. El país del sur de Asia tendrá una ponderación máxima del 10% en el índice, según un comunicado emitido este jueves.
La inclusión en el índice se produce tras “la introducción por parte del Gobierno indio del programa FAR en 2020 y las reformas sustanciales del mercado para ayudar a las inversiones de cartera extranjeras”, dijo en un comunicado el equipo dirigido por la jefa global de investigación de índices de la firma, Gloria Kim. Casi tres cuartas partes de los inversores encuestados estaban a favor de la inclusión de India en el índice.
La incorporación de India a uno de los principales índices mundiales dará a los inversionistas un mayor acceso a la gran economía de más rápido crecimiento del mundo, que ofrece algunos de los rendimientos más altos de la región. Según HSBC Holdings, la inclusión también puede provocar flujos de hasta US$ 30 mil millones.
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La quiebra de la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV), ocurrida a fines de 2022, suma nuevas acciones judiciales.
La AGF de Vantrust Capital, administradora del Fondo de Inversión Privado (FIP) Vantrust CVV II, que a su vez es el principal acreedor de la constructora, se querelló en contra de un grupo de aportantes ligados a los dueños de la empresa.
La acción legal de Vantrust está dirigida en contra de la sociedad Inversiones El Bosque Dos (mediante la cual los hermanos Claro Vial son accionistas de CVV), Margarita Bezanilla (esposa de Pablo Claro Vial) y María Catalina Lyon (casada con Luis Alberto Claro Vial).
La firma sostuvo que los querellados formaban parte de una serie subordinada que, en caso de pérdidas en la cartera, pagaría la rentabilidad mínima esperada y el capital aportado por los inversionistas preferentes.
La gestora acusa a esta sociedad y al grupo de personas de ejercer administración desleal de patrimonio ajeno, luego que los querellados no acudieron a un aumento de capital solicitado para el fondo. Esta decisión habría impactado en $ 404 millones al patrimonio del fondo.
De acuerdo a la querella, el reglamento interno del fondo establecía que los aportantes querellados formaban parte de una serie subordinada, cuyo capital invertido se ocuparía en caso de pérdidas para pagar una rentabilidad mínima a los inversionistas preferentes.
Al no suscribir el aumento de capital, el valor de la cartera no fue suficiente para cubrir los aportes de capital y el retorno de la serie preferente.
La estructuración del FIP
El fondo privado inició sus operaciones en marzo de 2021 e invirtió en la constructora a través de 50% en capital de trabajo y 50% en operaciones de confirming, con un plazo total de 18 meses.
Para entrar al fondo, existían dos series de cuotas: la primera, subordinada y reservada para personas relacionadas a la constructora; y la segunda o preferente, compuesta por clientes de Vantrust, con un retorno esperado de 0,7% nominal mensual.
Esta última rentabilidad dependía de los aportes de los accionistas de la constructora. En tanto, la subordinada recibirá cualquier exceso al retorno esperado de la preferente, sin límite a los montos que pudieran alcanzar.
“Gozará de los beneficios y soportará las eventuales pérdidas que puedan originarse con ocasión de la inversión del fondo”, señala el reglamento interno del FIP sobre la categoría reservada para personas relacionadas a CVV.
Vantrust estableció en el reglamento que el fondo debería cumplir un ratio mínimo para la serie subordinada, la que debía representar siempre el 25% del patrimonio del vehículo.
En caso de disminuir ese porcentaje, los aportantes de esta serie debían enterar nuevos aportes para reestablecer los mínimos exigidos.
El aumento de capital
La decisión de llamar a un aumento de capital para la serie subordinada se tomó el 25 de noviembre de 2022 en una asamblea de aportantes del FIP, casi un mes después de que CVV se declarara en quiebra.
Según se relata en la acción judicial, a la fecha de la liquidación voluntaria de la constructora, el fondo mantenía en su cartera pagarés, operaciones de confirming e intereses por $ 6.551 millones.
Sobre la base de un modelo de deterioro, se calculó que la pérdida estimada de la cartera del fondo, -tras la quiebra de CVV- podría alcanzar los $ 3.590 millones. De esta manera, la nueva valorización se ubicaría en $ 2.950 millones.
“El valor calculado de la cartera del fondo no alcanzaría siquiera a pagar el retorno esperado correspondiente a la serie preferente, ya que aún destinando el 100% del nuevo valor de la cartera ($2.954.901.033) al pago del retorno esperado y el capital aportado por los aportantes de la serie preferente, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento interno del fondo, existe un saldo que no alcanza a ser cubierto”, sostiene la querella.
El 28 de noviembre de 2022, Vantrust concretó un llamado de capital por casi $ 1.000 millones para la serie subordinada del vehículo para cubrir el saldo. El plazo máximo para suscribir el aumento de capital fueron cinco días hábiles.
Sin embargo, transcurrido el plazo, los accionistas de CVV no suscribieron la operación, incurriendo, según la AGF, en el delito de administración desleal del patrimonio del resto de los aportantes del fondo.
“Esta notificación fue realizada a todos los querellados, los que válidamente emplazados a cumplir con su obligación, no realizaron los aportes a los que están obligados por ley y por reglamento, generando consecuencialmente un perjuicio total estimado en $ 404.518.358”, acusó Vantrust en la querella.
La acción penal sostuvo que Inversiones El Bosque Dos habría ocasionado un perjuicio estimado de $ 157 millones, Bezanilla $ 82 millones y Lyon $ 164 millones.
La plataforma de ChileCompra, Mercado Público, se ha ido restableciendo en forma paulatina desde la noche del 19 de septiembre, luego de un ataque cibernético que afectó a su proveedor de infraestructura IFX Networks.
La directora de ChileCompra, Verónica Valle, informó en la tarde de este jueves que los servicios todavía no se encuentran disponibles en su totalidad, y agregó que en esta plataforma se transan más de US$ 15.000 millones al año.
“Por ahora restablecimos las ocho funcionalidades principales y estamos ampliando la infraestructura del sistema de contingencia para tener la capacidad de procesamiento suficiente para soportar todas las funcionalidades de la plataforma”, señaló la directiva.
El detalle de los avances
Valle agregó que en las últimas 24 horas, las entidades han emitido 1.780 nuevas órdenes de compra a proveedores del Estado por montos sobre los US$ 11,3 millones, pero agregó que aún no se alcanzan las cifras habituales de transacciones en la plataforma.
La directora enfatizó que las necesidades de los compradores y proveedores del Estado son la prioridad ahora, por lo que están atendiendo todas las consultas a través de diferentes canales, además de tener contacto directo con sectores relevantes del Estado.
Este ataque de ciberseguridad es considerado como uno de los mayores de Latinoamérica de los últimos años, y la principal tarea del servicio fue resguardar la seguridad de la base de datos “y esto se logró con el apoyo mancomunado de varias entidades del Estado pertenecientes al Ministerio de Hacienda, Interior y Segpres” señaló Valle.
Además, agregó que “lo más complejo en este periodo fue que IFX Networks no tuvo una comunicación oportuna y clara, y tampoco nos dieron -por cerca de 1 semana- tiempos de solución respecto a lo ocurrido”, detalló la titular del servicio.
Organismos retoman sus procesos
Desde ChileCompra indicaron que todas las licitaciones de publicidad y aún abiertas a las 23:59:59 horas del 11 de septiembre (día del ataque) quedaron suspendidas. Este estado permitió que, a partir del restablecimiento de Mercado Público, los mismos organismos públicos determinen la ampliación de plazos.
Agregan que a las 14:00 horas de hoy jueves se ha verificado que de las 5.260 licitaciones suspendidas, las entidades públicas ya cambiaron el estado en 1.995con el siguiente detalle:
– Se mantienen publicadas 1.842 licitaciones – Fueron cerradas 89 licitaciones – Las entidades declararon desiertas 39 licitaciones – Y fueron revocadas 17 licitaciones
El servicio señaló que sigue monitoreando minuto a minuto la plataforma para ir detectando los problemas que puedan surgir y trabajar en restablecer la data histórica de las compras públicas.