La magnate inmobiliaria vietnamita Truong My Lan fue condenada a muerte por un tribunal de la ciudad de Ho Chi Minh por malversar más de US$ 12.000 millones en el fraude financiero más grande del país, informaron los medios estatales.
Lan, de 67 años, había cometido delitos con graves consecuencias y sin posibilidad de recuperar los fondos perdidos, según el veredicto judicial del jueves citado por los medios estatales. Sus acciones también habían erosionado la confianza del público en el liderazgo del gobernante Partido Comunista y en el Estado, agregaron.
Lan, presidenta del grupo inmobiliario Van Thinh Phat Group, fue declarada culpable de soborno, malversación de fondos y abuso de poder tras un juicio que comenzó el mes pasado.
Lan había negado los cargos en su contra. Su abogado no respondió a una solicitud de comentarios sobre la sentencia.
Lan fue acusada de malversar 304 billones de dong (US$ 12.000 millones) del Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) de Vietnam al controlar ilegalmente el banco a través de representantes, utilizar empresas “fantasma” para obtener préstamos y dar sobornos por valor de millones de dólares a funcionarios gubernamentales que descubrió el fraude.
Además de Lan, otras 85 personas también han sido acusadas en el caso, incluidos funcionarios del banco central.
Las autoridades dicen que SCB también otorgó préstamos por valor de más de US$ 44 mil millones a Van Thinh Phat y otras empresas controladas por Lan entre 2012 y 2022, lo que representa el 93% del total de préstamos desembolsados por el banco, que quedó bajo control del banco central después del arresto de Lan.
Corrupción
Los cargos de corrupción contra Lan son parte de una lucha más amplia contra la corrupción por parte del Partido Comunista que ha ralentizado la aprobación gubernamental de proyectos y ha planteado dudas sobre la estabilidad política en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo.
Vo Van Thuong renunció como presidente de Vietnam en marzo después de sólo un año en el cargo debido a “violaciones” y “deficiencias” no especificadas. El predecesor de Thuong como presidente, Nguyen Xuan Phuc, dimitió en enero de 2023 en medio de una reforma de los altos cargos del gobierno que también supuso la salida de dos viceprimeros ministros.
El expresidente Vo Van Thuong. (Foto: Reuters)
Cientos de funcionarios gubernamentales de alto rango han sido arrestados durante el combate a la corrupción.
La ampliación del escrutinio al sector privado ha aumentado la incertidumbre. El arresto de Lan en 2022 provocó una desaceleración del mercado inmobiliario y de la actividad de los bonos corporativos. La magnate proviene de una de las familias más ricas de Vietnam y fue la empresaria más destacada que enfrentó acusaciones de corrupción desde que comenzó el ataque sobre estos delitos.
Vietnam ha sido una de las principales opciones para los fabricantes internacionales que diversifican sus operaciones fuera de China en medio de crecientes tensiones entre Beijing y Washington. El país del sudeste asiático ha experimentado flujos récord de inversión extranjera, y la IED alcanzó un máximo histórico de US$ 36.600 millones el año pasado.
Sin embargo, la lucha contra la corrupción ha afectado parte de su atractivo. Los funcionarios del gobierno se muestran reacios a aprobar licencias y proyectos por temor a verse atrapados en investigaciones de corrupción, lo que resulta en lo que los analistas han descrito como una “parálisis burocrática”.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.
La startup tecnológica de conducción autónoma WeRide presentó su solicitud para lo que podría ser la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de una empresa china en Estados Unidos desde la desastrosa cotización de la empresa de viajes compartidos Didi Global, en 2021.
WeRide dijo en una presentación este viernes que puede enfrentar “varios riesgos e incertidumbres legales y operativos asociados con tener nuestra sede o nuestras operaciones principalmente en China continental”. La compañía no revelará el número ni el rango de precios propuesto para sus Acciones Depositarias Estadounidenses (ADR, sigla en inglés) hasta que esté lista para comenzar a comercializarlas.
WeRide, constituida en las Islas Caimán, solicitó de forma confidencial una OPI con un plan para recaudar hasta US$ 500 millones, informó Bloomberg News el año pasado. Después de que la OPI de Didi por valor US$ 4.440 millones provocara una ofensiva por parte de Beijing contra las empresas con datos confidenciales que vendían acciones en el extranjero, los listamientos en Estados Unidos de empresas con sede en China se habían estancado.
En su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en de EEUU), WeRide dijo que tuvo una pérdida de US$ 268 millones de sobre ingresos de US$ 55 millones el año pasado.
Fundada en 2017, WeRide desarrolla tecnología de conducción autónoma y la está probando o implementando comercialmente en 30 ciudades en siete países, dijo en el documento. WeRide produce vehículos que incluyen robotaxis, minibuses, furgonetas y barredoras de calles, además de sus soluciones de software y hardware para conducción autónoma.
Según el documento, el actual inversor Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance acordó comprar acciones en la OPI en una colocación privada.
La oferta está dirigida por Morgan Stanley, JPMorgan Chase y China International Capital. La compañía planea que sus ADR coticen en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo WRD.