Muy activo está el grupo Urbana, considerado como uno de los mayores operadores institucionales de bienes raíces del país, ligado a los hermanos Diego y Andrés Durruty, y que el año pasado sumó como socia a una firma de inversiones estadounidense.
Ahora, la empresa negocia la adquisición de un emblemático terreno en la comuna de Las Condes para llevar adelante un nuevo desarrollo inmobiliario.
Se trata de un paño con una superficie bruta de 7.083 metros cuadrados en la esquina norponiente de las avenidas Manquehue con Apoquindo, en la comuna de Las Condes, donde por años funcionó un supermercado Lider.
El terreno es propiedad de la inmobiliaria Indesa, de Felipe Ibáñez Scott (exsocio de la mencionada cadena), quien le compró el 50% de la firma a su hermano Nicolás el año pasado.
El 10 de noviembre de 2021, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes otorgó un permiso de edificación a Indesa que permite la construcción de un millonario proyecto en dicho terreno: con una inversión estimada de US$ 170 millones, la autorización permite dos edificios de más de 20 pisos (para 225 departamentos y 72 oficinas) y una placa comercial con 42 locales. Todo suma una superficie edificada de poco más de 83.800 metros cuadrados.
De concretarse la compraventa del terreno, el grupo Urbana podría mantener el proyecto ya visado por la autoridad comunal o presentar uno nuevo.
Según la normativa, un permiso caduca automáticamente a los tres años de concedido si no se hubieren iniciado las obras correspondientes o si éstas hubieren permanecido paralizadas durante el mismo lapso.
Consultado por Diario Financiero, desde el grupo Urbana evitaron realizar comentarios por temas de confidencialidad y, pese a los intentos de este medio, no hubo respuesta desde Indesa.
Según estimaciones de expertos del mercado inmobiliario nacional, el valor del terreno rondaría los US$ 40 millones. Ésta fue una de las primeras propiedades que adquirió el empresario Manuel Ibáñez Ojeda en los años ’50 para su cadena Almac, que fue el origen de la empresa D&S (dueña de los supermercados Lider), adquirida por la estadounidense Walmart en 2009.
Tras la compra de D&S por parte de la gigante supermercadista, los Ibáñez arrendaron la propiedad a la norteamericana por varios años, hasta que el supermercado fue cerrado en febrero de 2021 tras 60 años de funcionamiento.
El plan del clan era desarrollar el mencionado proyecto a través de Indesa.
En 2022, cuando era socio de la inmobiliaria, Nicolás Ibáñez dijo sobre este proyecto: “No sabemos si (esta obra) la vamos a poder materializar, la realidad es esa. Nos gustaría, efectivamente, impulsar este tipo de iniciativas y otras que tenemos en carpeta, y así colaborar al desarrollo del país, pero, en este minuto, sin ser pesimista -porque el rol del empresario es abordar los riesgos y tomar posiciones aunque sean de alto riesgo, y enfrentar los vaivenes políticos, económicos y en este momento también desde el punto de vista de la salud pública- hay incertidumbre”.
Los otros proyectos
A pocas cuadras de Manquehue por la misma Avenida Apoquindo, el grupo Urbana desarrolla uno de sus proyectos más emblemáticos, donde funcionó el colegio Adventista en Las Condes. Se trata de un complejo de uso mixto, con edificios para viviendas y oficinas, además de comercio, todo con una inversión de US$ 220 millones.
La firma inmobiliaria compró el terreno de unos 7 mil metros cuadrados a la Corporación Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día en 2017, por el que pagó unos US$ 50 millones.
Denominado Urbana Center Apoquindo, abriría sus puertas durante este año. En los 93 mil metros cuadrados construidos que tendrá el espacio habrá un supermercado Jumbo, un piso de servicios, un Bike Station con 1.500 espacios para bicicletas, dos edificios de oficinas y cowork de 19 y 13 pisos, un edificio renta residencial con 104 unidades, un boulevard gastronómico con una oferta de ocho restaurantes y cafeterías, un gimnasio y minibodegas.
En carpeta tienen otro desarrollo de uso mixto, específicamente en la calle Tajamar, entre los números 223 y 245; y por la calle Encomenderos 236, una iniciativa frente al Costanera Center. En un paño de 4.313 metros cuadros de superficie bruta, el grupo evalúa levantar dos edificios para oficinas y viviendas, además de locales comerciales, a un costo de US$ 84 millones.
Los hermanos Durruty -Diego, arquitecto, y Andrés, ingeniero comercial- partieron en el negocio de los bienes raíces a mediados de los 90 con la administración de edificios y pequeñas propiedades. Actualmente, la sociedad controla activos inmobiliarios valorados en unos US$ 2.500 millones.
El año pasado, la empresa sumó como socio a la firma global de gestión de inversiones inmobiliarias con sede en Estados Unidos, Jaguar Growth Partners.
El monto de la operación no fue revelado, pero desde Urbana detallaron que la empresa fundada por Gary Garrabrant y Thomas McDonald adquirió el 10% de las acciones de la firma chilena.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.