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Economia

marcel reitera que sistema previsional no debe considerar exclusivamente reparto ni tampoco solo capitalización individual

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El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió este miércoles a la reforma de pensiones, uno de los proyectos del gobierno y que actualmente se encuentra en proceso de diálogo social y podría iniciar su discusión legislativa en el tercer trimestre de este año.

Al respecto, en conversación con Radio Pauta, el titular de Hacienda se refirió al tema de la capitalización en las modalidades colectiva e individual, destacando que ambos pilares deben combinarse para construir un nuevo sistema de pensiones.

“Un sistema de pensiones que proporcione buenas pensiones en el futuro y sea sostenible en el tiempo, no puede funcionar exclusivamente sobre la base de la distribución, así como no puede funcionar exclusivamente sobre la base de la capitalización individual”, dijo Marcel.

En cuanto al proceso de reforma previsional, explicó que se debe partir de las definiciones básicas, de los principios que lo conforman, para luego continuar con el tema de las AFP. “Lamentablemente, nuestra discusión en los últimos años ha estado marcada en un sentido u otro por el tema de las AFP, o sea, comenzamos poniendo la carreta delante de los bueyes”.

En ese sentido, mencionó que el Gobierno destaca tres principios en cuanto a los objetivos del sistema de pensiones: prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, asegurar la continuidad de los ingresos y cubrir todas las contingencias de vida que tengan un impacto económico, como enfermedad, invalidez y vejez.

Además, debido a que el país atraviesa una transición demográfica en la que la población de adultos mayores está creciendo en relación con los activos, el titular de la cartera de Hacienda mencionó que se debe incluir un componente de capitalización en la distribución en su conjunto. “No hay posibilidad de que a través de la distribución se puedan sostener los beneficios en el tiempo”, dijo.

“Se requiere un componente de capitalización y luego un componente solidario que ayude a distribuir entre y dentro de una generación o entre generaciones de tal manera que se asegure que las contingencias se cubran adecuadamente”, dijo.

Canasta Básica y CAE

El ministro también se refirió al aporte complementario a la canasta familiar protegida -que forma parte del proyecto de ingresos mínimos y está a punto de ser votado hoy en la Cámara de Diputados-, como una medida para amortiguar la inflación en los hogares chilenos.

Señaló que de aprobarse el proyecto, el aporte a la canasta será hasta fin de año y luego se evaluará el estado de inflación para determinar si se reduce el beneficio.

En cuanto a la inflación del combustible, mencionó que es provocada por la guerra en Ucrania. “Esperamos que no dure para siempre, de alguna manera la situación evolucionará y esta presión sobre los precios de los combustibles disminuirá con el tiempo y mientras eso sucede, los mismos mecanismos que se están utilizando automáticamente se están reduciendo”.

Respecto a la condonación de la deuda del CAE, Marcel mencionó que la cifra corresponde al orden de los US$ 8 mil millones y que supera el espacio del presupuesto para 2023.

“No estamos tan lejos de dar forma a este proceso. Es un compromiso de gobierno, el compromiso se va a cumplir, pero hay que hacerlo de manera ordenada, sostenible, eso no se hace en detrimento de otras prioridades de política que son muy importantes”, señaló.

También anticipó que su discusión probablemente comenzará cuando se prepare el presupuesto del próximo año.

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Reforma al SEIA: no todo es lo que parece

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De buenas a primeras, este cambio no pareciera generar un conflicto jurídico, ya que se trataría de una adecuación del reglamento a la ley. Sin embargo, como ya nos ha acostumbrado el Gobierno, lo que se dice no es lo que se hace y no todo es lo que parece. En este caso, lo que pareciera ser una reforma que busca adecuar el reglamento a la ley, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución.

“Lo que pareciera ser un cambio que busca adecuar el reglamento a la ley marco sobre cambio climático, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución”.

¿Dónde se advierte esto?

Primero, en los contenidos exigidos para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Como es sabido, se exige Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos que generan impactos medioambientales (por ejemplo, que pongan en riesgo la salud de las personas), y por su parte, se exige DIA a aquellas actividades que no producen impactos ambientales significativos, por lo que el procedimiento de evaluación es simplificado y menos regulado. ¿Dónde se establece esto? En la Ley de Bases Generales de Medioambiente (Ley 19.300). Es la Ley, la norma que establece en qué casos se exigirá una DIA o un EIA y cuáles son las materias que deberá contener la respectiva declaración o estudio.

¿Qué hace la reforma al Reglamento del SEIA? Agregar el “plan de seguimiento de variables ambientales” como contenido mínimo a las DIA que, por ley, hoy sólo se exige a los EIA. ¿Cuál es la motivación de esta modificación? Queda en evidencia que el Gobierno pretende enmendar la Ley 19.300 vía administrativa, eludiendo el proceso legislativo, lo que no sólo vulnera la Carta Fundamental, sino que además amplía la competencia del SEA, complejizando aún más la gestión y aprobación de los proyectos.  Es importante tener en cuenta que los proyectos o actividades evaluados mediante EIA corresponden al 5% de los ingresos, mientras que el 95% a las DIA.

Segundo, al agregar a las DIA la exigencia de tener un plan de seguimiento ambiental, se busca ampliar la aplicación de la figura de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a casos donde la ley no lo ha considerado. Esto también contiene un vicio de inconstitucionalidad, ya que dicha ampliación debe necesariamente realizarse por ley.

Tan evidente son estos vicios que el propio proyecto de ley, conocido como “Evaluación Ambiental 2.0” ingresado por este Gobierno, justamente pretende modificar aquello que es incorporado inconstitucionalmente vía administrativa. Es decir, el Ejecutivo reconoce, en virtud de sus propios actos, que las modificaciones reglamentarias aludidas, son, en efecto, materias de ley.

En un contexto de aumento desempleo, de parálisis de la economía y de una burocracia sin precedentes parece inconcebible este tipo de “medidas”, que no sólo demuestran la indolencia de las autoridades, sino que, peor aún, transgreden las reglas constitucionales.

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A3D busca que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, declare en caso de demanda por competencia desleal

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El verano trajo más turistas extranjeros al país, pero aún son menos que antes de la pandemia

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