El inminente ingreso del proyecto de Ley de Presupuestos 2024 al Congreso tiene a los parlamentarios enfocados esencialmente en este tema que, para el Gobierno, será más complejo que otros años, debido a que estará irremediablemente cruzado por los actos de corrupción que se investigan en la justicia, en el marco del caso convenios.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel sostuvo este martes una reunión con los presidentes de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y de las subcomisiones mixtas, con el fin de coordinar la tramitación de la iniciativa. En la cita, que se realizó en dependencias del Senado, participó también la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez.
El presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, senador Ricardo Lagos Weber (PPD), detalló que la finalidad de la reunión fue “comenzar a definir el cronograma” de la tramitación y que dado que, en principio, la iniciativa se presenta el viernes 29, el martes 3 de octubre se realizarán las dos sesiones previas a la discusión parlamentaria: la del Estado de la Hacienda Pública y el Informe de Finanzas Públicas.
Ello, con el fin de “conocer los supuestos con los cuales se elaboró este Presupuesto, que como se ha señalado tendrá un fuerte componente en seguridad y reactivación, como así también esperamos que tenga un buen compromiso en materia medioambiental y con las regiones”. Además, el senador coincide en que se deben “incorporar normas sobre la transferencia de fondos a privados”, para lo que será importante el trabajo que realizó la Comisión Asesora Ministerial.
Mientras que el diputado Jaime Sáez (RD) complementó que la reunión “estaba orientada a conocer las propuestas en torno al articulado de la Ley de Presupuestos”. En este sentido, Sáez detalló que la idea era “hacer un énfasis en atenuar o disminuir lo más posible las excepciones, regular bien el tema de las glosas y poner harta atención al tema de los Gobiernos Regionales”.
Oposición acuerda frente común
Mientras Marcel encabezaba esta reunión, los jefes de las bancadas de diputados de la oposición sostenían su propio encuentro de coordinación. Chile Vamos y el Partido Republicano optaron por enfrentar unidos el debate de la Ley de Presupuestos con el foco puesto en probidad. Sobre la esta cita, uno de sus organizadores, el jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN) Frank Sauerbaum, explicó que la idea es proponer modificaciones a las glosas no sólo para asegurar la probidad en el uso de los recursos, sino también la transparencia de los mismos.
De hecho, Sauerbaum enfatizó que esperan también “una reducción importante del gasto”, porque “el Gobierno tiene que demostrar que está haciendo un esfuerzo fiscal importante”. En la misma línea, el representante del Partido Republicano, Agustín Romero, complementó enfatizando que en el sector estiman que “es fundamental que pongamos el ojo en todo aquel gasto que pretenda pedir el Gobierno y que se destine a las personas y a las urgencias sociales”.
Por su parte, el jefe de bancada de los diputados de Evópoli, Francisco Undurraga, añadió que el objetivo de trabajar en conjunto es el de “maximizar los efectos fiscalizadores”, elaborando indicaciones que prevengan cosas como el caso convenios. Para ello, Evópoli se coordinará con Horizontal para “ver que los cálculos estén bien hechos, que efectivamente el crecimiento en una partidas y el decrecimiento en otras, corresponda a la realidad”.
Mientras que el diputado de la UDI Guillermo Ramírez, quien participó en ambos encuentros, instó al Gobierno a darle relevancia en el Presupuesto a “la demanda ciudadana de orden público, la reactivación económica y a las listas de espera”, que son necesidades sociales urgentes, dijo.
Dipres identifica más de 160 glosas que regulan transferencias a privados y que serán revisadas en el erario del próximo año
La directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, acudió la tarde de este martes a la comisión de Hacienda del Senado, con el objetivo de entregar antecedentes respecto a la ejecución presupuestaria en lo que va del año. En su presentación, la ingeniera abordó algunas de las medidas de mayor control que contemplará el erario del próximo año, en el marco precisamente de la agenda de probidad y transparencia luego del caso convenios. Por ejemplo, Martínez expuso que actualmente en el Presupuesto fiscal se identificó la existencia de 163 glosas presupuestarias que norman las transferencias de recursos públicos hacia entidades privadas. De esta cantidad, la mayoría (34) se radica en el Ministerio de Educación, seguido de la cartera de Interior y Seguridad Pública (26) y Desarrollo Social (22). Vivienda y Urbanismo, que fue la cartera donde estalló el escándalo, registra cinco glosas. En el otro extremo, la Segegob y la cartera de Deportes solo registran una glosa cada una. Martínez explicó ante los senadores que el Presupuesto 2024 contemplará una revisión completa del marco de glosas que regulan dichas transferencias, con la idea de acotarlas y aumentar su control y rendición de cuentas.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.