Meta pagó 149 millones de libras para poner fin a su contrato de arrendamiento en un gran edificio londinense cerca de Regent’s Park.
La noticia es la última señal de la decisión de las grandes tecnológicas de reducir costos mediante la disminución del espacio de oficinas, a medida que aumenta el número de empleados que trabajan desde casa.
“Es una cantidad asombrosa de dinero. En mis 20 años de experiencia, no se me ocurre ningún inquilino que haya pagado tanto por devolver un espacio que no ocupa“, afirmó Matthew Saperia, analista de Peel Hunt.
British Land, propietaria del edificio situado en 1 Triton Square, anunció este martes que la salida de Meta reduciría sus beneficios por acción en 0,6 peniques en los seis meses hasta el próximo mes de marzo, pero mantuvo sus expectativas de beneficios para todo el año 2024, gracias a un cobro mejor de lo esperado de los arriendos atrasados por la pandemia.
La contracción ha afectado principalmente a ciudades como San Francisco, que dependen en gran medida de las empresas tecnológicas. Sin embargo, las oficinas en mercados europeos, como Dublín y Londres, tampoco se han librado.
Colm Lauder, analista inmobiliario de Goodbody, calcula que Meta se propone subarrendar o ceder cerca de un millón de pies cuadrados de espacio de oficinas en Europa, principalmente en Londres y Dublín.
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Cláusula de salida
Según los analistas de BNP Paribas Exane, a Meta le quedaban otros 18 años de arrendamiento y pagó el equivalente a unos siete años de alquiler para librarse de la obligación, lo que podría permitir a British Land realquilar la propiedad a un precio más alto.
El movimiento del propietario de Facebook supone una inyección de liquidez para British Land. El director ejecutivo, Simon Carter, dijo que “nos permite acelerar nuestros planes para reposicionar” el complejo de oficinas cerca de Regent’s Park como un lugar para las empresas de ciencias de la vida.
Meta nunca se instaló en 1 Triton Square, pero alquiló el espacio en 2021 tras una importante reforma. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de la empresa, ha emprendido drásticos recortes de plantilla y se ha comprometido a reducir el espacio de oficinas.
Reducción de costos
La empresa de Silicon Valley declaró recientemente a las autoridades estadounidenses que había registrado US$ 3.350 millones en gastos de reestructuración relacionados con la consolidación de instalaciones tras iniciar el programa de reducción de costos el año pasado. Las cancelaciones anticipadas de contratos de arrendamiento y otros costos relacionados con las oficinas constituyen el componente más importante de un plan que hasta la fecha ha supuesto un total de US$ 5.410 millones en gastos de reestructuración.
En diciembre del año pasado, Meta anunció que no ocuparía Triton Square, sino que subarrendaría el espacio. La empresa sigue teniendo cerca un segundo edificio de oficinas de British Land, en el número 10 de Brock Street, y recientemente ha ocupado las 10 plantas.
El año pasado, Meta rescindió sus contratos de arrendamiento en Nueva York y suspendió un plan de expansión en Austin (Texas). Meta declaró al Financial Times que estaba evaluando “toda su huella inmobiliaria global”, ya que “los últimos años han traído nuevas posibilidades en torno al papel de la oficina, y estamos dando prioridad a la realización de inversiones centradas y equilibradas para apoyar nuestras prioridades más estratégicas a largo plazo”.
British Land declaró haber alquilado 262.000 pies cuadrados en su parque de oficinas de Londres en los cinco meses transcurridos hasta finales de agosto, con alquileres 8% superiores a las estimaciones de los tasadores. La empresa informó este mes de unos resultados mejores de lo esperado en sus parques comerciales fuera de la ciudad.
Las acciones de la empresa subieron 3% el martes por la tarde.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.