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Economia

Mayor consolidación fiscal y el Presupuesto 2023: las cartas del gobierno para contener la inflación, según el mercado

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Si bien la contención de la inflación es un mandato del Banco Central -que tiene la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 8,25% tras el ajuste de 125 puntos base la semana pasada- el gobierno ha desplegado una serie de herramientas para ayudar a las familias a hacer frente al mayor costo de vida.

El mercado se muestra favorable a las medidas que ha tomado el gobierno hasta el momento, como la ampliación del límite operativo del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) y el aporte a los hogares más vulnerables para compensar el incremento en el valor de los Alimentos Básicos. Cesta. Pero Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa, advierte que el Ejecutivo tiene un espacio “muy limitado” para contener la inflación actual.

Josefina Henríquez, analista de Clapes UC, recuerda que para contener la inflación, el rol principal del Estado es acompañar la política monetaria con una política fiscal “que sea consecuente con ella y desarrolle políticas basadas en los mismos objetivos”. A su juicio, lo que se espera es que en sus proyectos y reformas el gobierno considere un menor crecimiento y una mayor inflación, y que luego proponga un Presupuesto para el próximo año “en línea con el ciclo económico actual y también en línea con la política monetaria”. . En su opinión, “La mejor medida de Hacienda sería no sumar más gasto fiscal”.

como fondo, En el último Informe de Finanzas Públicas se actualizó la proyección del gasto total: este año la disminución sería de 25,2%, menor a la contracción de 30% que se contemplaba en febrero, como consecuencia del plan Apoyos Chile y la Pensión Universal Garantizada ( UGP).

Pincheira añade que el Ejecutivo podría, eventualmente, ayudar a anclar las expectativas apostando por la senda de la consolidación fiscal para los próximos años, algo en lo que coincide Alejandro Vicondoa, académico del Instituto de Economía UC.

Dice que hay que tener en cuenta que los efectos de las medidas tomadas recientemente pueden tardar unos meses en sentirse al máximo en la inflación, y argumenta que, dado que la economía está por encima de su nivel potencial sostenible a largo plazo, el gobierno podría contener la inflación con acciones que contribuyan a la consolidación fiscal, como reducir el déficit fiscal con respecto al año anterior. Esto, explica, reduciría la demanda agregada e implicaría menores presiones inflacionarias, pero también tomaría tiempo ver sus efectos.

El académico señala que el ministro Mario Marcel ya ha dado señales en ese sentido, y agrega que es importante que los programas generalizados -como el IFE- sean reemplazados por medidas focalizadas. Algo en lo que coincide Martina Ogaz, analista de Euroamerica, que afirma que, si se ponen en marcha nuevas medidas de confinamiento, deben estar “muy enfocadas” a las personas con menos recursos.

Vicondoa comenta que otra alternativa es mitigar los efectos del escenario internacional sobre los precios de la energía y ciertos servicios “centrales en la formación de otros precios” con mecanismos de subsidio, pero destaca que estas políticas podrían demandar importantes recursos fiscales, afectando la “anunciada y necesaria consolidación fiscal, que -a su vez- podría compensar los efectos de los menores precios de estos bienes.

Pincheira agrega que el Ejecutivo tiene un papel en las negociaciones con el sector público y los sindicatos en los reajustes salariales, y recuerda que en los años 90 este, junto al Banco Central, “fue clave para reducir paulatinamente la inflación”.

caso por caso

Gran parte del mundo se ha visto afectado por la crisis sanitaria, los problemas de abastecimiento y la invasión de Rusia a Ucrania. Aunque los bancos centrales están jugando un papel clave, estos factores han afectado a las economías de manera diferente, por lo que la forma de mitigar la inflación varía de un caso a otro.

Pero hay ciertos elementos comunes. México, por ejemplo, presentó el Paquete Contra la Inflación y la Escasez (PACIC), que incluye 16 medidas para mantener los precios estables en los próximos seis meses. Este propone incrementar la producción de granos como maíz, frijol y arroz, y también otras medidas como estabilizar el precio de la gasolina, diésel, gas LP y electricidad; cero aranceles de importación; o la reducción de costes y tiempos de despacho aduanero.

En Colombia se comprometió a reducir los costos de producción en el sector agropecuario, a través de la liquidez en créditos subsidiados al sector, y mediante la reducción de aranceles a la importación. En Brasil, el gobierno eliminó aranceles para importar etanol y seis alimentos -café, margarina, queso, pasta, azúcar y aceite de soja- hasta fin de año. Y en Argentinaque históricamente ha tenido problemas de inflación, se otorgarán subsidios a los ingenios que procesan trigo para la producción de harina, entre otras medidas.

Ogaz explica que en Europa el principal foco inflacionario ha venido por el lado de los precios de la energía, lo que ha llevado a varios países de la Unión Europea a tomar medidas para contrarrestar las subidas de estos productos.

En Francia han anunciado descuentos en combustibles, y en Irlanda y Polonia se están enfocando en bajar los impuestos al combustible. Portugal apunta al mismo problema, ofreciendo un subsidio de 0,4 euros por litro en un tanque de 50 litros. Además, el aumento del impuesto al carbono se suspendió al menos hasta finales de julio. Incluso en Japón se definió tener un paquete de ayudas para combatir los precios, que incluye una extensión de un subsidio a la gasolina para las distribuidoras.

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Reforma al SEIA: no todo es lo que parece

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De buenas a primeras, este cambio no pareciera generar un conflicto jurídico, ya que se trataría de una adecuación del reglamento a la ley. Sin embargo, como ya nos ha acostumbrado el Gobierno, lo que se dice no es lo que se hace y no todo es lo que parece. En este caso, lo que pareciera ser una reforma que busca adecuar el reglamento a la ley, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución.

“Lo que pareciera ser un cambio que busca adecuar el reglamento a la ley marco sobre cambio climático, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución”.

¿Dónde se advierte esto?

Primero, en los contenidos exigidos para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Como es sabido, se exige Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos que generan impactos medioambientales (por ejemplo, que pongan en riesgo la salud de las personas), y por su parte, se exige DIA a aquellas actividades que no producen impactos ambientales significativos, por lo que el procedimiento de evaluación es simplificado y menos regulado. ¿Dónde se establece esto? En la Ley de Bases Generales de Medioambiente (Ley 19.300). Es la Ley, la norma que establece en qué casos se exigirá una DIA o un EIA y cuáles son las materias que deberá contener la respectiva declaración o estudio.

¿Qué hace la reforma al Reglamento del SEIA? Agregar el “plan de seguimiento de variables ambientales” como contenido mínimo a las DIA que, por ley, hoy sólo se exige a los EIA. ¿Cuál es la motivación de esta modificación? Queda en evidencia que el Gobierno pretende enmendar la Ley 19.300 vía administrativa, eludiendo el proceso legislativo, lo que no sólo vulnera la Carta Fundamental, sino que además amplía la competencia del SEA, complejizando aún más la gestión y aprobación de los proyectos.  Es importante tener en cuenta que los proyectos o actividades evaluados mediante EIA corresponden al 5% de los ingresos, mientras que el 95% a las DIA.

Segundo, al agregar a las DIA la exigencia de tener un plan de seguimiento ambiental, se busca ampliar la aplicación de la figura de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a casos donde la ley no lo ha considerado. Esto también contiene un vicio de inconstitucionalidad, ya que dicha ampliación debe necesariamente realizarse por ley.

Tan evidente son estos vicios que el propio proyecto de ley, conocido como “Evaluación Ambiental 2.0” ingresado por este Gobierno, justamente pretende modificar aquello que es incorporado inconstitucionalmente vía administrativa. Es decir, el Ejecutivo reconoce, en virtud de sus propios actos, que las modificaciones reglamentarias aludidas, son, en efecto, materias de ley.

En un contexto de aumento desempleo, de parálisis de la economía y de una burocracia sin precedentes parece inconcebible este tipo de “medidas”, que no sólo demuestran la indolencia de las autoridades, sino que, peor aún, transgreden las reglas constitucionales.

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A3D busca que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, declare en caso de demanda por competencia desleal

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El verano trajo más turistas extranjeros al país, pero aún son menos que antes de la pandemia

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