Desde pequeño que está familiarizado con los números. Miguel Alarcón (42 años) es hijo de una profesora de Economía y pasó parte de su infancia en los salones de la Universidad Católica de Valparaíso. El interés se acentuó con el tiempo, llevándolo a estudiar ingeniería comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahí se fue mudando de la economía hacia las finanzas, ya que a diferencia de su madre “buscaba un campo laboral más práctico”.
Tras egresar del magister de Finanzas trabajó como operador de mesa de dinero en CorpBanca. Desde ahí miraba con interés como sus clientes elaboraban estrategias a largo plazo. Comenta que atender a AES Gener le despertó el interés por estar del otro lado del teléfono y poder trabajar para una energética.
Casi 20 años después, Alarcón es CFO de una compañía con 25 centrales de generación, de las cuales una está en Perú. Hoy es quien dirige la estrategia de inversión que le permitirá duplicar su capacidad en energías renovables, diversificar su matriz en Perú e incluso abrirse en nuevos mercados extranjeros.
A Colbún llegó en 2005, y un MBA en Duke lo alejó por solo dos años. Durante sus primeros años le tocó enfrentar la crisis tras el corte de importación del gas argentino. En ese entonces, como analista financiero, se enfrentó a un costo de generación tres veces mayor al de venta, a lo que se sumó el vencimiento de toda la deuda estructurada. “Un año estuvimos al borde de darnos vuelta. Tuvimos que convencer a los bancos, hicimos un plan de reestructuración y la compañía pudo salir a flote entre el 2009 y 2010”.
Hoy la compañía es reconocida en el mercado por sus sanos índices de liquidez, deuda y Ebitda. Sin embargo, el CFO detalla que la holgura a la que están acostumbrados terminará y que los US$ 5 mil millones en inversión en los próximos cinco años gatillarán un período desafiante y de estrés financiero.
Son entre US$ 2 mil millones y US$ 3 mil millones que deberá salir a buscar al mercado para financiar tal inversión. Cifras que impactarán en los flujos de caja, y que eventualmente podrían significar una rebajar su calificación crediticia internacional, pasando de BBB a BBB-.
Un escenario que llevará al CFO a establecer conversaciones con las agencias de rating para explicarles la evolución de apalancamiento y desapalancamiento proyectadas. Sin embargo, Alarcón es claro en explicar que la clasificación de investment grade (BBB- hacia arriba) es un compromiso con los accionistas que no está en riesgo.
Alarcón detalla las razones financieras de la masiva migración de clientes regulados a clientes abiertos, quienes hoy representan menos del 10% del total y que 2026 se convertirá en cero al vencerse las concesiones con ese segmento.
– El perfil crediticio de Colbún es uno de los más sólidos, ¿cómo leen eso?
– Nuestro rating internacional, que es BBB, te permite estar en torno a tres veces apalancado. Tenemos mucho espacio para tomar deuda y justamente estamos así de líquidos y desapalancados para poder enfrentar responsablemente este plan de crecimiento.
– ¿Emitirá nueva deuda este año?
– Puede que hagamos algo hacia finales de año, pero depende de algunas oportunidades de M&A, de un proyecto de renovable que deberíamos poner en aprobación durante el segundo trimestre, más la finalización del proyecto Horizonte. Es un período súper desafiante, de mucho estrés financiero, ya que esta compañía está acostumbrada a vivir los últimos años en la holgura.
– ¿Y cuáles son las oportunidades de M&A que están monitoreando?
– Básicamente renovables en Chile, en Perú y en un par de otros países que no es prudente adelantar hoy.
– ¿Cuál es el monto total de inversión proyectado?
– Agregando las oportunidades que estamos viendo fuera de Chile, son en torno a US$ 5 mil millones que tenemos que financiar en los próximos cinco años. Si a eso le descontamos la generación de caja, quedan entre US$ 2 mil millones y US$ 3 mil millones que debo salir a buscar. No creo que se pueda hacer todo al mismo tiempo, pero ciertamente este va a ser un período en que vamos a tener que tomar más deuda, hablar con clasificadoras de riesgo, bajar los niveles de caja y eventualmente perder un punto de clasificación de riesgo en caso de tener muchas buenas inversiones al mismo tiempo.
– ¿Qué pasará entonces con el Capex de US$ 500 millones para este año?
– Esa cifra es el Capex comprometido. Esto es bien importante porque si aparece una oportunidad de inversión habría un Capex adicional. Y en detalle, del total comprometido US$ 100 millones son para estudios de potenciales oportunidades de inversión, US$ 300 millones para el proyecto Horizonte y otros US$ 100 millones para mantenimiento.
– Con su nota crediticia de BBB, ¿cuál es el costo de deuda que estiman?
– Deberíamos financiarnos a un Tesoro de 10 años más 160-175 puntos básicos. Hoy te endeudas arriba del 6% y nuestro costo promedio de deuda hoy es 3,9%, entonces es bien doloroso, pero la realidad cambió. De todas formas, ese costo lo traspasas a un mayor precio de energía y se traduce en un retorno equivalente.
Independencia del cliente regulado
– ¿Qué porcentaje de la demanda representan los clientes regulados?
– Hace 10 años el 70% eran clientes regulados y hoy es menos del 10%. Hay una migración súper fuerte porque nos hemos enfocado en el cliente libre. Pero, en la medida en que la regulación se vaya acomodando, no descartamos ese segmento para el día de mañana.
– ¿Cuándo vencen los contratos con ese 10%?
– Son contratos históricos que van a vencer el 2026 y no vienen contratos nuevos porque las licitaciones con clientes regulados se deben concretar con cinco años de anticipación. Por ende, ese mismo año el 100% de los clientes serán libres.
– ¿Qué beneficio financiero tiene esa estrategia?
– El perfil del cliente regulado es menos eficiente que el perfil del cliente libre, ya que te contrata lo que necesitas bajo un perfil de consumo súper parejo las 24 horas del día. Por el contrario el cliente regulado consume fuertemente en la mañana y en la noche, lo que hace que los costos de energía aumenten porque probablemente tienes que ir al gas y al carbón.
Por otro lado, la intervención regulatoria en un contrato regulado no es una posibilidad, mientras que en un contrato libre estás fuera de eso y quedas protegido. Además son contratos de largo plazo con buenas contrapartes y con eso puedes construir plantas. Y lo tercero es que nuestra matriz se está moviendo hacia energía renovable y es lo que buscan los clientes industriales, especialmente los mineros.
– La mitad de la generación eléctrica de Colbún proviene de plantas hidroeléctricas. ¿Cuál es la estrategia para disminuir la exposición al riesgo hídrico?
– Nuestra política comercial busca contratar solo nuestra energía disponible, es decir, comprometo lo que puedo producir. Para ese efecto nosotros nos colocamos en un escenario hidrológico del 10% más seco, una estimación negativa. En definitiva, la estrategia es un escenario seco como base, compras de gas flexible para acomodar especialmente la demora en la hidrología y después, en la medida en que la lluvia va entrando, vas usando el embalse y postergando la generación con gas.
– ¿Cómo se ven afectados por los precios de los commodities?
– Miramos la curva forward, es decir, a cuánto efectivamente puedes comprar petróleo a futuro para cierto periodo de tiempo. Con esa estimación y una vez cerrado el proyecto tomamos opciones o forwards de commodities.
Por otro lado, los contratos de venta de energía también tienen indexadores, algunos a inflación americana, otros a combustibles fósiles, y eso hace que cuando el costo sube producto del incremento del petróleo tienes un mayor ingreso.
– ¿Cómo ven la capitalización bursátil?
– Los analistas de acciones no pueden incorporar los proyectos hasta que no están aprobados. Entonces, en la medida que vamos aprobando los proyectos, uno debería esperar esos mayores flujos de caja y naturalmente un impacto en la acción al alza.
– ¿El proceso de inversión presenta riesgos para los accionistas?
– La gente que compra la acción de Colbún es gente que la compra a largo plazo, que es una acción bien estable, apostando que el día de mañana va a ganar por precio o por dividendo. Este año vamos a haber repartido US$ 196 millones como dividendos, y es uno de los años que menos repartimos.
– ¿Qué métricas le gustaría alcanzar como CFO de Colbún?
– Me gustaría que esta expansión de la compañía la podamos hacer de manera financieramente sana y no poner en riesgo la situación de la compañía, además de no poner en riesgo el grado de inversión, que para mí es una cosa súper importante. Lo segundo es que desde el punto de vista del financiamiento, alcancemos retornos al accionista consistentes con lo que ellos esperan.
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Indicadores que sigue y desafíos que enfrentó
Qué indicadores de afuera sigue y que son claves para su trabajo Fundamentalmente, miramos en Estados Unidos la inflación, el Tesoro a 10 años y el empleo, ya que todas esas cosas impactan el tipo de cambio y esta compañía está totalmente dolarizada. Además, monitoreamos las tasas de interés, que a su vez impacta en nuestro retorno, los costos de endeudamiento y también en los precios de los commodities.
Crisis que ha enfrentado Entre 2005 y 2010 hubo una gran crisis. El 2004 empezaron los cortes de gas argentino y de un día para otro quedamos sin gas. Eso se juntó con un par de sequías y los precios de venta relativamente bajos. Comenzamos a producir a pérdida, pero no podíamos dejar de vender porque había compromisos. Además, en 2008 nos empezó a vencer toda la deuda que estaba estructurada. Tuvimos que trabajar largas jornadas, hicimos un plan de reestructuración donde se hizo un aporte de capital de los accionistas, se postergó el pago de deuda y así la compañía pudo salir a flote. Diría que un año estuvimos al borde de darnos vuelta.
Aprendizaje tras la crisis Hay hartas cosas, pero lo primero tiene que ver con el valor de la liquidez. La compañía es bastante más resiliente y más estable que lo que era hace 15 años. Hoy en día el primer vencimiento que tenemos es el 2027 y ya estamos preocupados de ver cómo lo vamos a hacer para financiarlo. Antes se hacía con seis meses de anticipación, era una locura, pero era otra forma de hacer finanzas.
Los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMDG) están en el ojo de todos. Nacieron a mediados de la década pasada como una apuesta para diversificar la matriz energética e impulsar pequeños proyectos de ERNC (de hasta 9 MW), y así eliminar las barreras de entrada, fomentando el ingreso de nuevos actores al sector eléctrico.
Con el tiempo, estos proyectos han ido pasando a manos de grandes inversionistas; fondos internacionales y globales de inversión, situación que los tiene en la mira del Coordinador Eléctrico Nacional.
De hecho, el 23 de enero de este año, la Unidad de Monitoreo de la Competencia del organismo, ofició a todas las empresas con el objetivo de conocer sus respectivas estructuras societarias. Hoy tras siete meses, el ente ya tiene el listado, y está trabajando en el proceso de consolidación, con la finalidad de tener una radiografía clara de quienes son y a qué inversionista o grupo controlador pertenecen.
La razón que hay tras esta inquietud, es que a la fecha existen 828 unidades de PMGD en operación en Chile, de las cuales 77,2% son solar fotovoltaico, con una capacidad instalada de 3.252 MW, que se ubican mayoritariamente en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío. A ellos se sumaría otros 2.336 MW que se encuentran en construcción, siendo el 96% solar fotovoltaico.
El punto de mira, es que lo que partió como una apuesta para que pequeños proyectos abrieran las puertas a las renovables, hoy se han convertido en un actor relevante y con ciertas ventajas al contar con un precio garantizado.
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El factor precio
Para los críticos, el precio estabilizado implicaría un subsidio irregular del cual gozan estos desarrollos, lo cual distorsiona el proceso competitivo al aumentarle el costo a un subconjunto de generadores, incluso renovables, que deben pagar a los PMGD.
Dada la gran cantidad de oferta de pequeños generadores que existe en el horario diurno, el costo marginal se está yendo a US$ 0, lo que es una clara señal de mercado que muestra que existe exceso de energía en dicho horario.
Es así como los fotovoltaicos, que representan más del 90% de la capacidad instalada PMGD, acumulan traspasos –por parte de otros generadores- que superan US$ 500 millones anuales.
La alerta para los actores del sistema, que promueven una revisión o adecuación reglamentaria de los Decretos Supremos N88 y N125 (que regulan a estos proyectos) es que, para 2025, existirán casi 5.000 MW de solar fotovoltaico de capacidad instalada en el país, para una demanda máxima a nivel nacional de aproximadamente 10.000 MW durante las horas diurnas. Por lo tanto, en 2025 sobre el 40% de la demanda nacional durante el día se podría abastecer solo con PMGD.
Otra consecuencia, tiene que ver con el aumento del vertimiento de energía en el sistema y el consecuente aumento de los costos marginales nulos en horario diurno, ya que mientras los pequeños tienen un alto precio por su energía, el resto de los generadores debe botar la propia y vender el resto a precio nulo, debiendo asumir además el costo de pagar por la energía PMGD, costo que es traspasado a los clientes.
Al respecto, Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor) asegura que “el cargo por precio estabilizado había sido fluctuante, hoy ha estado subiendo permanentemente y con valores que van desde los 4 a los 7 US$/MWh en el corto plazo y que incluso pueden llegar a cerca de US$ 10 en el mediano plazo, si siguen entrando proyectos con régimen de precio de nudo. En términos comparativos, lo que pagan los clientes (tanto libres como regulados) por precio estabilizado ha sido en algunos meses más de lo que se paga por toda la transmisión nacional. Es urgente que hagamos algo con este tema. Hoy, el cargo por precios estabilizado es uno de los principales cargos sistémicos”.
Carmenmaría Poblete, directora legal de Aediles, explica que esta es una industria atomizada con una variedad de participantes. “Hay empresas internacionales y locales, desarrolladores, PYME y fondos de inversión, de impacto y de pensiones. Esto es un éxito del propósito legislativo de la ley corta que justamente buscaba, con la regulación de PMGD fomentar la entrada de nuevos actores a la industria. Los pequeños generadores por su condición de distribuidos, contribuyen a mejorar y fortalecer la red de distribución existente y constituyen un aporte fundamental a la descarbonización de la matriz”.
El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar, Acesol, Darío Morales, defiende estas iniciativas, señalando que se han invertido más de US$ 3.000 millones en centrales de generación ubicadas estratégicamente cerca de los centros de consumo, además de aproximadamente US$ 100 millones en refuerzos a las redes de distribución. Agrega que es necesario mejorar la regulación en este contexto, “tener generación próxima a los centros de consumo no solo reduce las pérdidas de transporte de energía, sino que también permite a estas unidades ofrecer servicios que mejoran la continuidad y la calidad del suministro para los clientes conectados a las redes de distribución”, explica.
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La otra discusión
En forma paralela, los PMGD también están siendo objeto de discusión ante los cambios que se quieren hacer en el decreto que los regula y que contempla un régimen transitorio que permite continuar vendiendo a un precio estabilizado. A través de una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Energía, se está estudiando la situación de estos proyectos, lo que podría implicar una revisión del precio estabilizado y su formulación. Esto tiene en alerta a los inversionistas de proyectos que han visto en el mercado chileno una opción de inversión relevante, toda vez que existe un precio estabilizado (y para algunos asegurado) de US$ 70 MWh. En paralelo, la CNE anunció cambios en la norma técnica de conexión.
Pero la industria también está en alerta por otro punto no menor. En el marco de la estabilización tarifaria, surgió la idea de que los PMGD le vendan energía a las empresas distribuidoras, es decir, a clientes regulados. El problema que levantan con esta propuesta, es que hace ya varios años que las generadoras no logran vender toda la energía que está comprometida en sus contratos con regulados, por lo cual, abrirle espacio a los PMGD no tiene a nadie contento; ni a los incumbentes, ni a las renovables que tienen de esos contratos, por tanto, desde todos los sectores anticipan que se vienen tiempos de nuevas discusiones y batallas en el sector eléctrico.
EL MAPA DE LOS PMGD, QUIÉNES ESTÁN TRAS LOS PROYECTOS
Más allá de la discusión, el desarrollo de los PMGD ha implicado el ingreso de nuevos actores al mercado eléctrico, lo que ha ido cambiando el mapa y diversificando las empresas e inversionistas. Partieron como proyectos de pequeños inversionistas, pero con el tiempo, su atractivo precio estabilizado, comenzó a llamar la atención de los grandes. Estos son:
Carbon Free: firma canadiense, que en Chile cuenta con alrededor de 361 MW en 50 proyectos.
Aediles: La canadiense gestiona la cartera de 47 proyectos PMGD de BlackRock en Chile, que suman 297 MW.
CVE Group (Cap Vert Énergie o Changing Visions of Energy): de origen francés, cuenta con una cartera de proyectos PMGD por 255,8 MW en operación y construcción.
oEnergy: fundada en 2013 por los ingenieros chilenos Ricardo Sylvester y Yuri Andrade para el desarrollo, construcción y operación de plantas fotovoltaicas en el segmento PMGD. Cuenta en la actualidad con 49 proyectos y 173 MW en operación y construcción.
Matrix Renewables: empresa española cuenta en Chile con una cartera de PMGD de aproximadamente 430 MW en 79 proyectos de energías renovables en operación, desarrollo y construcción. Respaldada por el Grupo TPG, plataforma global de inversión de impacto que gestiona en el mundo activos por unos US$ 18.000 millones a través de The Rise Funds, TPG Rise Climate y Evercare Health Fund y cuyos fundadores son el cantante de U2 Bono y Jeff Skoll, exfundador de eBay, y cuenta entre sus accionistas a Jim Coulter, Richard Branson (Virgin Group) y Paul Polman (exChairman de Unilever).
Solek: es una empresa de origen checo que explota y tiene en construcción cerca de 40 centrales fotovoltaicas en Chile con una capacidad de 250 MW.
Grenergy: empresa española que en Chile cuenta con 80 plantas y unos 146 MW en operación y construcción. Hace unos meses inauguró el proyecto a Gran Teno de 240 MW (la planta con baterías más grande de Chile) y Oasis Atacama el proyecto de almacenamiento que tiene una capacidad de más de 4,1GWh, y cerca de 1GW solares, actualmente en construcción.
Reden: cuenta con 180 MW. Sus dueños son el consorcio formado por los grupos financieros administradores de fondos: Macquarie Asset Management, British Columbia Investment Management Corporation (BCI) y Munich Ergo Asset Management GmbH (MEAG).
Sonnedix: de propiedad del fondo de inversión estadounidense JPMorgan Asset Management -en Chile su presidente es el exsubsecretario de Energía y presidente de Acera, Sergio del Campo-, cuenta con 125 MW en Chile.
Toesca Asset Management: fundada en 2016 por Alejandro Reyes, Carlos Saieh, Maximiliano Vial y Alejandro Montero, ex Celfin Capital, ha incursionado en los PMGD contando con alrededor de 109 MW.
Otros actores son: Inter Energy asociado al fondo de inversión Brookfield (45 MW), S-Energy de capitales coreanos (65,7 MW), Prime Energía de EnfraGen (126 MW), Chile Solar (27 MW),Inversiones Consorcio Energético Nacional (45 MW), Sun Grow Power (31 MW), Langa (27 MW), Next Energy (27 MW), Solar Pack (27 MW), Enel Green Power (24,5 MW).
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.