El auge del consumo vivido en Chile en 2021, producto de los retiros parciales de las AFP, fue uno de los incentivos para que la empresa Multitiendas Corona cerrara su proceso de saneamiento judicial que inició en agosto de 2020.

La empresa -de la familia Schupper- pagó íntegramente todos los créditos que tenía vigentes con sus acreedores, con lo que dejó de estar en proceso de concurso, según informó el abogado Nelson Contador, quien fue contratado por la tienda por departamentos. para llevar adelante el proceso.

Los créditos bancarios objeto del convenio que fueron suficientes para ser pagados ascendieron a más de $41.601 millones, siendo los principales acreedores Santander, Security, Penta Vida, Scotiabank y Consorcio.

“La empresa logró ahorrar recursos suficientes para amortizar extraordinariamente alrededor del 50% de dichos créditos sujetos al convenio de concurso judicial, constituidos por acreedores financieros garantizados y garantes”, detalló Contador.

Asimismo, dijo que surgió la posibilidad de que la empresa obtenga el financiamiento necesario para amortizar el saldo restante entre el porcentaje mencionado anteriormente, y lo ya pagado hasta el momento, por un préstamo sindicado por $21 mil millones.

La empresa contó con el apoyo del comité de acreedores, encabezado por el interventor concursal, Nicolás Mena, con el que logró saldar en su totalidad la deuda en un año y seis meses, cuyo pago se esperaba en siete años, según lo pactado. en el acuerdo de reorganización aprobado en octubre de 2020.

Dos meses antes, la empresa había presentado su solicitud de reorganización para evitar la quiebra. Señaló los graves efectos generados por la crisis social y la pandemia.

En esa ocasión, la empresa informó que los pasivos consolidados del grupo ascendían a US$ 90 millones, de los cuales el 64% eran compromisos financieros, el 24% deudas con proveedores y el 12% cuentas por pagar con entidades relacionadas, como arrendamientos de locales propiedad de los Schupper.

En su escrito presentado ante el tribunal, la empresa solicitó poder pactar con sus acreedores “términos razonables” para el pago de sus obligaciones. Explicó que intentó en varias ocasiones realizar una reprogramación de sus deudas, así como la prórroga de cuotas vencidas y a vencer en 2020 (marzo, junio y septiembre) en los dos créditos sindicados que se mantienen vigentes, por unos $4.500 millón.

La firma -que apunta al grupo socioeconómico C3D- tiene más de 60 años en el mercado nacional: empezó en regiones y luego se extendió por todo el país. Hoy opera 53 tiendas desde Arica hasta Punta Arenas.

Desde 2014, la firma comenzó a ajustar su modelo de negocio multitienda a uno orientado a una especialización en las líneas de Vestuario, Calzado y Teléfono, al que denominó VCT. En su solicitud de liquidación dijo que logró resultados positivos hasta 2017 cuando alcanzó el mejor Ebitda de su historia. La empresa dijo al tribunal que, a fines de ese año, una serie de factores que comenzaron a afectar la economía nacional provocaron una importante desaceleración que afectó a todo el comercio minorista.

Así, apuntó a los efectos que tuvo el estallido social en el negocio. Detalló que en gran parte del cuarto trimestre de 2019, la empresa sufrió un importante número de ataques, robos y vandalismo en sus tiendas.

La firma dijo que 2020 inició con resultados mejores a los esperados, producto de la disminución de acciones violentas, pero que la recuperación fue interrumpida en marzo por la pandemia. Estimó que, desde el inicio de esta crisis, su operación se ha limitado a menos del 50% de todas las tiendas, con restricciones aún mayores en algunos períodos.

La compañía estimó que el efecto negativo de la menor recaudación durante 2020 -por la caída de las ventas minoristas y un aumento de la morosidad en el negocio financiero- estaría cerca de los $50.000 millones.