Hasta el Ministerio de Hacienda llegaron este jueves diversos representantes de partidos políticos para iniciar el trabajo prelegislativo de la propuesta de cambios al impuesto a la renta, que el Gobierno espera presentar en marzo para recaudar 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y que forma parte del pacto fiscal.
Algunos de los asistentes fueron la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt; el timonel de Comunes, Marco Velarde; y su par de Revolución Democrática, Diego Vela, quienes fueron recibidos por los coordinadores tributarios del ministerio Diego Riquelme y Nicolás Bohme.
En el encuentro, el Ejecutivo explicó que se compromete a ocho ejes en el proyecto de renta.
El primero es incluir medidas tributarias de incentivos a la inversión y la productividad; el segundo se refiere a ajustes para implementar la nueva ruta del emprendimiento para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme); una tercera idea es incorporar medidas de apoyo a la clase media, como modificar los créditos por gastos en educación, así como nuevos beneficios para desembolsos en arriendos y cuidados; un cuarto compromiso es concentrar las modificaciones en los impuestos corporativos y a la renta, no insistiendo en el impuesto al patrimonio ni a las utilidades retenidas, pero incluyendo otras medidas que puedan aumentar la progresividad y ayuden a mejorar la distribución del ingreso.
Un quinto compromiso es reducir la tasa general del impuesto de Primera Categoría, acortando la brecha con la mediana de los países de la OCDE, mientras que la tasa marginal máxima combinada de tributación al capital también se reduciría respecto de la actual, cuyas rebajas serían compensadas con tributación de rentas personales sobre ingresos del capital y de las rentas más altas.
Un sexto compromiso es focalizar los aumentos de impuestos a las rentas personales provenientes del capital, así como en los contribuyentes de mayores ingresos. Eliminar algunas exenciones tributarias del impuesto a la renta es la séptima propuesta; mientras que como octava medida se incluyó una instancia intermedia de evaluación al cabo de cinco años.
Reacciones
Hutt sostuvo que “no es necesario subir impuestos, pero compartimos algunos de los puntos que se mencionaron, como una agenda de reactivación económica que creemos indispensable, con incentivo a las pymes, inversión y desarrollo, y beneficios tributarios para los que definan emprender”.
Vela dijo que el 0,6% del PIB que se espera recaudar debe “considerar un impuesto a la renta, pero con un foco fuerte en políticas pro PYME y emprendimiento y asegurar que empresas de menor tamaño puedan superar lo que se llama el valle de la muerte si no pueden proyectarse por más de cinco años y generar empleo”.
La senadora Yasna Provoste (DC), que también integra el grupo de trabajo, agregó que un proyecto que incentive la inversión, genere créditos tributarios para proyectos intensivos en empleos y “que ajuste la tasa corporativa al promedio de economías OCDE y que ello sea compensado por mayores impuestos personales en la gente de mayores ingresos, es una señal correcta”.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, comentó que varios temas han generado consenso, relacionados con incentivos a la inversión en I+D y la ruta del emprendimiento con incentivos para la formalización de las empresas.
El diputado de Republicanos, Agustín Romero, señaló que no van a participar en la mesa debido a que “no han sido buenos los procesos prelegislativos a los que ha invitado el Gobierno”.
El cronograma establece seis sesiones, la próxima se desarrollará el 26 de febrero y la final se realizará el jueves 14 de marzo.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.