Con la elección de su directiva, el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo (INAC) dio un nuevo paso la semana pasada. Así, la instancia -un compromiso programático del Gobierno y cuya creación había sido oficializada en marzo a través del Diario Oficial- será liderada por Cristóbal Navarro como director ejecutivo.
Como se trata de un organismo de carácter público-privado, la presidencia y vicepresidencia recayeron en los representantes gremiales Rodrigo Silva, presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas, y Horacio Azócar, presidente de la Confederación General de Cooperativas de Chile (Confecoop).
Navarro, quien hasta la fecha se desempeñaba como jefe de la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía, afirma que esta nueva institución es un desafío de décadas, por lo cual es clave que tenga injerencia del sector privado.
“Es importante echar a andar con fuerza el instituto, pero es muy importante que permanezca en el tiempo y lo que le da continuidad en el tiempo, además de la generación de institucionalidad, es tener un sector que va a ser el principal beneficiario de todos los servicios que va a brindar este instituto, que esté compenetrado con objetivos comunes”, dijo.
A marzo de este año, las cooperativas sumaban 1.880 en el país, lo que implica un aumento de 11% respecto al mismo periodo del año anterior; y 2.156.010 de socios.
La agenda en marcha
La misión del INAC es impulsar el cooperativismo a través de la articulación de 50 organismos públicos, entre estos ministerios, servicios, municipios, gobiernos regionales- que tienen oferta especial para las cooperativas. También podrá firmar convenios con organismos nacionales e internacionales, públicos y privados para aportes de recursos.
Además, podrá dar asistencia técnica a organismos del sector público para el diseño, implementación y evaluación de planes, programas y herramientas de promoción y fomento.
Cristóbal Navarro, primer director del Instituto Nacional de Asociatividad y Coopertivismo (INAC).
“Esa articulación es muy importante, porque eso es lo que permite el efecto multiplicativo de la política pública, de pasar de tener una ventanilla que se abre y se cierra, que entrega tantos millones de tal plazo a tal plazo, a tener una política pública”, señaló Navarro.
Con este objetivo, el director indicó que de aquí al término de 2024 la idea es contar con oficina, equipo en funcionamiento, presupuesto ejecutado y definición de las líneas de intervención que vayan a hacer.
Adicionalmente, expresó su expectativa de un plazo de seis meses cuenten con los borradores de convenios avanzados con organismos internacionales, como la CAF, el BID, Cepal y Banco Mundial.
Contar con dos o tres líneas de este tipo hacia fines de año, explicó Navarro, les permitiría contar con 10 institutos auxiliares más, destinadas a proporcionar servicios de asesoría, de auditoria y administrativos, por ejemplo, para que 10 municipios puedan armar sus dispositivos de incubación para las cooperativas de los vecinos.
Otro eje es que hacia fines del periodo de Gobierno algunos proyectos ya estén en marcha. “Deberíamos tener, por ejemplo, 30 municipios del país con su incubadora andando, que cada región del país tenga su instituto auxiliar, cosa que cualquier persona que quiera hacer una cooperativa o cualquier cooperativa que tenga una duda no tenga que venir a esta división a preguntarnos”, señaló.
Como del total de cooperativas que se contabilizan a nivel nacional, el 78% está en regiones, Navarro sostuvo que el enfoque también estará puesto en distintas partes del territorio a través del traspaso de capacidades a figuras como Indap, Corfo, Sercotec y las Seremis.
Lo anterior se sumará a la idea de fortalecer a las federaciones y grupos de cooperativas que están en una misma zona.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.