Saudi Telecom Group, conocida por sus siglas STC, es la compañía saudí que está sonando en la región. Esto luego de que el año pasado se convirtiera en uno de los accionistas mayoritarios de la española Telefónica.
A finales de 2023 hizo noticia porque en septiembre STC Group anunció la compra del 9,9% de Telefónica por unos US$ 2.253 millones, convirtiéndose así en el principal accionista de la firma española.
Dicha operación se materializó a través de la adquisición de acciones que representaban el 4,9% del capital social de Telefónica y otro 5% que finalmente renunció a convertir en acciones con derecho a voto y ahora atesora en derivados. Esto ante la alarma que levantó la autoridad española dado el carácter estratégico de la compañía para el país.
Después de todo la firma saudí quedó como el tercer accionista de Telefónica con un 4,9%, por debajo de la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI) que tiene un 5,03% y Criteria Caixa SA.
A la cabeza de esta operación estuvo Olayan Alwetaid, quien en ese momento aseguró que esa inversión buscaba fortalecer la cooperación entre las dos compañías para que se beneficien de todas las oportunidades disponibles en el futuro.
La entrada en Telefónica no es su primera incursión en el sector en Europa. La más reciente es la adquisición de la empresa de torres de United en Bulgaria, Croacia y Eslovenia. También, durante esta semana se anunció que el grupo prevé participar en la puja por las 4.500 torres de telefonía austriacas de Cellnex Telecom.
Según dio a conocer el medio el Economista, STC pretende crecer en el negocio europeo de equipamiento para telecomunicaciones de la mano del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudi (PIF), consorcio que ya controla el 64% de la compañía. De concretarse la operación las torres austriacas de Cellnex aportarían un impulso decisivo para las dos empresas árabes.
Pero eso no es todo, también ya se habla que mira nuevos mercados.
Juan Pablo Araujo, gerente de Inversiones Itaú
Su trayectoria
Alwetaid es director ejecutivo de STC Group desde marzo de 2021. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector.
Antes de su puesto actual, Olayan asumió el cargo de vicepresidente senior de STC Group para la unidad de negocios de consumo. En ese puesto encabezó un programa de recuperación comercial centrado en preservar el liderazgo móvil, volver a potenciar el negocio residencial de fibra, duplicar los servicios digitales no básicos y liderar en experiencia del cliente.
Además, fue presidente del Consejo de Telecomunicaciones de SAMENA, miembro de la junta directiva de GSMA – organización global que une al ecosistema móvil– y también de la junta directiva de la Ciudad Rey Abdulaziz para la Ciencia y la Tecnología (KACST).
La compañía ha hecho público recientemente unos resultados históricos: con 18.179 millones de riyales saudís de ingresos en el primer semestre del año y disparando su utilidad un 2,24%.
Olyan Alwetaid, explicó que buena parte de ese aumento en su resultado se debe al lanzamiento de su Fondo de Inversión Corporativa (CIF) que tiene como objetivo “invertir en empresas emergentes en etapas iniciales en diversos dominios, incluidos fintech, ciberseguridad, inteligencia artificial, Internet de las cosas y otras áreas prometedoras”.
La compañía
Fundada en 1998 en Riad, tiene presencia en 11 países y una base de clientes de 170 millones repartidos en Arabia Saudita, Oriente Medio y Norte de África. STC Group tiene una cuota de mercado de 75% y gestiona 90% de los datos e internet de Arabia Saudita.
La firma pertenece en un 64% al fondo soberano saudí, presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Es la mayor compañía de telecomunicaciones de Medio Oriente y cuenta con una capitalización bursátil de unos US$ 51.000 millones, casi el doble de los US$ 25.600 millones de Telefónica.
El grupo estuvo entre los primeros de la región en lanzar redes 5G y es considerado uno de los más rápidos a nivel mundial en implementar estas redes, con el despliegue de más de 6.500 torres 5G, según da cuenta el Foro Económico Mundial.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.