Aunque Calificaciones de Fitch no espera hacer ajustes a la calificación de Chile en el corto plazo -hoy en ‘A-‘ con perspectiva estable-, sí Advierte que el proceso de elaboración de una nueva Constitución ha incrementado la incertidumbre política y económica, “desincentivando los planes de crecimiento de las empresas en el país”.

El organismo afirma que las reformas contempladas en el proyecto que votarán los ciudadanos el próximo 4 de septiembre “han incrementado los riesgos de largo plazo”, ya que, dice, podrían aumentar los requisitos para desarrollar proyectos en el país. Esto, debido a factores como la obtención de aprobaciones de iniciativas, un posible debilitamiento de los derechos de propiedad, o una posible reducción en la disponibilidad de financiamiento local por los cambios que se prevén en el sistema de pensiones.

“De aprobarse la nueva Constitución Política, su aplicación requerirá de una legislación de respaldo que llevará tiempo, lo que extendería el período de incertidumbre”, es una de las advertencias que hace la firma.

Un análisis difundido este martes detalla que las empresas chilenas han moderado sus estrategias de crecimiento para reflejar estas incertidumbres. La calificadora anticipa que estos recortes de inversión de capital se harán más evidentes en el largo plazo, debido a los rezagos en la planificación y ejecución de los proyectos. “Esto afectará el crecimiento económico y el empleo, presionando a muchas empresas”, advierte Fitch, y agrega que “muchas empresas buscarán más oportunidades de crecimiento en el exterior”.

Minería y silvicultura

El informe también señala que “la nueva Constitución Política transformará un entorno favorable a los negocios en uno más social”. Estos cambios, según el organismo, podrían afectar a las empresas -especialmente mineras y forestales-, “disuadiéndolas de realizar grandes inversiones a largo plazo”.

Según el informe, “Las preocupaciones potenciales incluyen un papel cada vez más importante para los grupos indígenas en la aprobación de nuevos proyectos, cambios en los derechos de propiedad, con términos de compensación poco claros si se expropia un activo, y cambios en el estado del agua, que eliminan la capacidad de comercializar derechos de agua, e introducir la necesidad de obtener autorizaciones temporales de una nueva agencia gubernamental para el uso de dicho recurso”.

En el punto específico de la regulación del agua, la calificadora advierte que los cambios propuestos podrían afectar sectores como la agroindustria, la acuicultura, la minería y la electricidad. Y añade que “la revalorización del patrimonio de las empresas como consecuencia de los cambios podría afectar a sus salvaguardas financieras”. Pero a pesar de su advertencia, Fitch considera que el uso prioritario de agua para consumo humano “garantizará el suministro y la continuidad del negocio de las empresas sanitarias”.

En cuanto a la minería, la firma dice que las grandes empresas probablemente seguirán invirtiendo en plantas desalinizadoras y agua reciclada para reducir el uso de agua dulce, con el fin de reducir la incertidumbre sobre el futuro acceso al agua.

A pesar de que las encuestas apuntan a que el rechazo ha ido ganando terreno en las últimas semanas, según Fitch “El escenario en el que se mantiene la actual Constitución es improbable dado el abrumador apoyo obtenido en el referéndum de 2020 para redactar una nueva Constitución Política”.