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Economia

Otra advertencia de Fitch: nueva Constitución requeriría legislación adicional que “ampliaría el período de incertidumbre”

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Aunque Calificaciones de Fitch no espera hacer ajustes a la calificación de Chile en el corto plazo -hoy en ‘A-‘ con perspectiva estable-, sí Advierte que el proceso de elaboración de una nueva Constitución ha incrementado la incertidumbre política y económica, “desincentivando los planes de crecimiento de las empresas en el país”.

El organismo afirma que las reformas contempladas en el proyecto que votarán los ciudadanos el próximo 4 de septiembre “han incrementado los riesgos de largo plazo”, ya que, dice, podrían aumentar los requisitos para desarrollar proyectos en el país. Esto, debido a factores como la obtención de aprobaciones de iniciativas, un posible debilitamiento de los derechos de propiedad, o una posible reducción en la disponibilidad de financiamiento local por los cambios que se prevén en el sistema de pensiones.

“De aprobarse la nueva Constitución Política, su aplicación requerirá de una legislación de respaldo que llevará tiempo, lo que extendería el período de incertidumbre”, es una de las advertencias que hace la firma.

Un análisis difundido este martes detalla que las empresas chilenas han moderado sus estrategias de crecimiento para reflejar estas incertidumbres. La calificadora anticipa que estos recortes de inversión de capital se harán más evidentes en el largo plazo, debido a los rezagos en la planificación y ejecución de los proyectos. “Esto afectará el crecimiento económico y el empleo, presionando a muchas empresas”, advierte Fitch, y agrega que “muchas empresas buscarán más oportunidades de crecimiento en el exterior”.

Minería y silvicultura

El informe también señala que “la nueva Constitución Política transformará un entorno favorable a los negocios en uno más social”. Estos cambios, según el organismo, podrían afectar a las empresas -especialmente mineras y forestales-, “disuadiéndolas de realizar grandes inversiones a largo plazo”.

Según el informe, “Las preocupaciones potenciales incluyen un papel cada vez más importante para los grupos indígenas en la aprobación de nuevos proyectos, cambios en los derechos de propiedad, con términos de compensación poco claros si se expropia un activo, y cambios en el estado del agua, que eliminan la capacidad de comercializar derechos de agua, e introducir la necesidad de obtener autorizaciones temporales de una nueva agencia gubernamental para el uso de dicho recurso”.

En el punto específico de la regulación del agua, la calificadora advierte que los cambios propuestos podrían afectar sectores como la agroindustria, la acuicultura, la minería y la electricidad. Y añade que “la revalorización del patrimonio de las empresas como consecuencia de los cambios podría afectar a sus salvaguardas financieras”. Pero a pesar de su advertencia, Fitch considera que el uso prioritario de agua para consumo humano “garantizará el suministro y la continuidad del negocio de las empresas sanitarias”.

En cuanto a la minería, la firma dice que las grandes empresas probablemente seguirán invirtiendo en plantas desalinizadoras y agua reciclada para reducir el uso de agua dulce, con el fin de reducir la incertidumbre sobre el futuro acceso al agua.

A pesar de que las encuestas apuntan a que el rechazo ha ido ganando terreno en las últimas semanas, según Fitch “El escenario en el que se mantiene la actual Constitución es improbable dado el abrumador apoyo obtenido en el referéndum de 2020 para redactar una nueva Constitución Política”.

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Economia

Reforma al SEIA: no todo es lo que parece

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De buenas a primeras, este cambio no pareciera generar un conflicto jurídico, ya que se trataría de una adecuación del reglamento a la ley. Sin embargo, como ya nos ha acostumbrado el Gobierno, lo que se dice no es lo que se hace y no todo es lo que parece. En este caso, lo que pareciera ser una reforma que busca adecuar el reglamento a la ley, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución.

“Lo que pareciera ser un cambio que busca adecuar el reglamento a la ley marco sobre cambio climático, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución”.

¿Dónde se advierte esto?

Primero, en los contenidos exigidos para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Como es sabido, se exige Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos que generan impactos medioambientales (por ejemplo, que pongan en riesgo la salud de las personas), y por su parte, se exige DIA a aquellas actividades que no producen impactos ambientales significativos, por lo que el procedimiento de evaluación es simplificado y menos regulado. ¿Dónde se establece esto? En la Ley de Bases Generales de Medioambiente (Ley 19.300). Es la Ley, la norma que establece en qué casos se exigirá una DIA o un EIA y cuáles son las materias que deberá contener la respectiva declaración o estudio.

¿Qué hace la reforma al Reglamento del SEIA? Agregar el “plan de seguimiento de variables ambientales” como contenido mínimo a las DIA que, por ley, hoy sólo se exige a los EIA. ¿Cuál es la motivación de esta modificación? Queda en evidencia que el Gobierno pretende enmendar la Ley 19.300 vía administrativa, eludiendo el proceso legislativo, lo que no sólo vulnera la Carta Fundamental, sino que además amplía la competencia del SEA, complejizando aún más la gestión y aprobación de los proyectos.  Es importante tener en cuenta que los proyectos o actividades evaluados mediante EIA corresponden al 5% de los ingresos, mientras que el 95% a las DIA.

Segundo, al agregar a las DIA la exigencia de tener un plan de seguimiento ambiental, se busca ampliar la aplicación de la figura de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a casos donde la ley no lo ha considerado. Esto también contiene un vicio de inconstitucionalidad, ya que dicha ampliación debe necesariamente realizarse por ley.

Tan evidente son estos vicios que el propio proyecto de ley, conocido como “Evaluación Ambiental 2.0” ingresado por este Gobierno, justamente pretende modificar aquello que es incorporado inconstitucionalmente vía administrativa. Es decir, el Ejecutivo reconoce, en virtud de sus propios actos, que las modificaciones reglamentarias aludidas, son, en efecto, materias de ley.

En un contexto de aumento desempleo, de parálisis de la economía y de una burocracia sin precedentes parece inconcebible este tipo de “medidas”, que no sólo demuestran la indolencia de las autoridades, sino que, peor aún, transgreden las reglas constitucionales.

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A3D busca que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, declare en caso de demanda por competencia desleal

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El verano trajo más turistas extranjeros al país, pero aún son menos que antes de la pandemia

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