La sequía y el calentamiento global, entre otros fenómenos, han generado un mayor interés entre las personas por la salud del medio ambiente. Y ante este panorama, que ha derivado en una demanda de mayor información sobre lo que ocurre en determinadas zonas y territorios, se instaló el tema en la Convención Constitucional.
De hecho, uno de los asuntos que ha atravesado el debate sobre la nueva Carta Magna está relacionado con los derechos de la naturaleza y su protección, aspecto valorado por los abogados reunidos este lunes en la Ciudad de México, quienes -no obstante- advierten que hay asuntos eso hay que especificarlo.
Marisol Peña, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad Del Desarrollo; Tomás Jordán, profesor de derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y coordinador del Observatorio Nueva Constitución; Claudia Sarmiento, profesora de derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado; y José Francisco García, profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica, ahondaron en el alcance de seis temas ya presentes en el texto en construcción. El ejercicio buscó responder parte de las dudas que con mayor frecuencia repiten hoy los ciudadanos.
“Cuando preguntas y le dices a la gente dónde te vas a instalar y tienes esa participación, la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos a largo plazo está más garantizada”. claudia sarmiento
“El reconocimiento de los derechos de la naturaleza cambia nuestra comprensión convencional sobre los derechos fundamentales (…) ahora se amplía a nuevas categorías, incluyendo personas naturales, personas jurídicas, colectivos, naturaleza”. José Francisco García
Algunas interrogantes, por ejemplo respecto al funcionamiento y grado de incidencia de la opinión de los actores, se generan a partir del reconocimiento que ya está en el proyecto de Constitución del derecho a la participación informada en materia ambiental.
Para Claudia Sarmiento, al analizar este tema, se debe tener en cuenta que el desembarco específico se resolverá a través de la legislación. Aun así, para ella este tema plantea la relevancia de que las comunidades sean partícipes de los proyectos, lo que tiene aspectos positivos y negativos.
En el lado crítico advierte que los tiempos de tramitación obviamente serán diferentes, pero en el lado positivo destaca que la participación de las comunidades hará más viables y sostenibles los proyectos a largo plazo.
Marisol Peña considera natural que la ausencia de mecanismos de participación genere interrogantes. Sin embargo, para ella, la clave está en decidir cuánto impacto tendrá este proceso en materia ambiental a la hora de decidir el futuro de una iniciativa.
“¿Las decisiones guiarán la política o serán vinculantes para la política? Hay una gran diferencia entre una alternativa y la otra”, dice.
Sus preguntas son compartidas por los demás abogados convocados.
La decisión del pleno de que la naturaleza sea la titular de los derechos es otro aspecto que genera preocupación, ya que se cruza con otras dimensiones y entidades.
“Es un derecho nuclear”, dice Tomás Jordán, y agrega que a su juicio es un tema que reordena la relación constitucional entre Estado, pueblo y mercado. “Este es un reequilibrio que hay que reescribir a partir de la entrada en vigor de la Constitución”, advierte.
Para Peña, esto representa un cambio en la tradición que se venía observando en el constitucionalismo chileno, que desde su punto de vista era “antropocéntrico”, centrado exclusivamente en la persona. Sin embargo, el experto destaca que en la práctica esto significará que lo representen ONG o personas con intereses relacionados con la protección de la naturaleza.
Para José Francisco García, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza cambia la comprensión convencional sobre los derechos fundamentales, sobre su titularidad, que -desde su perspectiva- “ahora se amplía a nuevas categorías, incluyendo personas físicas, jurídicas, colectivas, de naturaleza.
A esto se suma, dice, la cuestión del diseño institucional: quién tiene derecho a intervenir en la protección de la naturaleza.
De hecho, esta semana el pleno de la Convención aprobó la creación de una Defensoría de la Naturaleza, propuesta por la Comisión de Sistemas de Justicia, que “tiene entre sus funciones institucionales proteger los derechos de la naturaleza y el medio ambiente”, detalla la académica de la UC. Ley sobre las funciones del futuro órgano.
Lo que propone la nueva Constitución
De los derechos de la Naturaleza. La naturaleza tiene derecho a respetar y proteger su existencia, regeneración, mantenimiento y restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que incluyen los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad.
democracia ambiental. Se reconoce el derecho a la participación informada en materia ambiental. Los mecanismos de participación serán determinados por la ley.
La naturaleza será titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que le sean aplicables.
Loreto Pelegrí ha seguido de cerca los diferentes debates tributarios que se están dando en el país.
El abogado y MBA, por ejemplo, fue participante activo de los diálogos sociales convocados en abril por el Ministerio de Hacienda tras el rechazo a la idea de legislar el proyecto, así como la discusión de la nueva regalía minera.
El socio Tax & Legal de PwC Chile es una de las voces técnicas más escuchadas a nivel empresarial. Prueba de ello es su activa participación en el comité fiscal de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y su asunción hoy miércoles como nueva consejera de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en el marco de la renovación de 30 plazas para la período 2023-2027.
– ¿Cuál espera que sea su principal aporte al consejo de la Sofofa?
Estamos ante un escenario de gran incertidumbre económica y regulatoria, y el proyecto de reforma fiscal recientemente rechazado es uno de los cinco proyectos fiscales que el Gobierno espera aprobar, y que fueron anunciados en el programa presidencial.
En ese sentido, mi aporte como consejero será impulsar un sistema tributario que fomente el crecimiento económico, la inversión y el ahorro, que sea competitivo y que combata la informalidad, de tal manera que, en caso de que se reactive nuevamente el proyecto rechazado, se Será lograr un pacto fiscal que permita a Chile recuperar su camino hacia el desarrollo.
Además, como directora de Fundación Chile Mujeres, quiero seguir impulsando la participación laboral femenina. En este punto, por ejemplo, me preocupa el proyecto que pretende modificar el Código de Trabajo en cuanto a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, ya que el teletrabajo no puede ser una decisión unilateral del trabajador. La ley actual ya permite acuerdos de teletrabajo para todas las personas y con diferentes realidades, y esto podría afectar la igualdad ante la ley porque podría verse como un beneficio solo para un grupo de trabajadores. ChileMujeres está por un derecho a solicitar el teletrabajo, no privativo de nadie, que favorezca los convenios híbridos de trabajo.
– ¿Cómo ve el papel de las empresas en la discusión de las reformas en el país?
En Chile vivimos un momento muy determinante a nivel político e institucional, que representa un punto de inflexión para poder avanzar o permanecer estancados e incluso retroceder en nuestro nivel de desarrollo. En este escenario todos debemos unirnos y trabajar juntos para tener un mejor país. Las empresas deben participar activamente en todas las instancias de diálogo sobre políticas públicas, promoviendo especialmente aquellas que sean pro inversión y crecimiento.
Asimismo, las empresas deben reivindicar su rol en el sentido de generar bienestar para la sociedad, promover la sustentabilidad y sustentabilidad incluyendo a las regiones, promover la descentralización y en general el bien común. La única manera de avanzar es todos juntos y con acuerdos lo más transversales posibles.
– La regalía minera ya fue aprobada, luego de intensas negociaciones entre el gobierno y los senadores. ¿Lo aprobado afecta la competitividad de la minería chilena? ¿Podría haber sido más perjudicial si se hubiera mantenido la propuesta original?
Estamos 2% o 3% por delante de nuestros principales competidores, como Perú, Australia y Canadá, pero claramente el proyecto mejoró sustancialmente durante su tramitación como resultado de las discusiones que se dieron con los expertos y con la industria minera. El primer proyecto que presentó el Gobierno, a través de una indicación sustitutiva en julio del año pasado, era totalmente diferente: tenía un componente ad valorem ligado al precio con escala y un componente variable, basado también en el precio del cobre, y se aplicó a EBITDA. Es decir, el gasto de depreciación o los gastos de organización y puesta en marcha no fueron aceptados para el cálculo de la renta imponible operacional minera.
El proyecto aprobado, por su parte, contempla una tasa del 1% ad valorem independiente del precio del cobre; un componente variable, que se determinará con base en rangos de margen operativo minero en lugar del precio del cobre; una reducción o eliminación del componente ad valorem para empresas que podrían enfrentar pérdidas operativas; para el cálculo del margen operativo minero se considera la depreciación normal y una parte de los gastos de organización y puesta en marcha. Además, se contempla una tasa impositiva potencial máxima de 45,5% y 46,5%, dependiendo del volumen de producción.
– ¿Cómo anticipa la nueva discusión fiscal que se avecina en junio?
Una discusión sobre reformas tributarias debe ser integral y no aislada, como ha sido hasta ahora.
No podemos seguir con diferentes reformas discutidas por separado, como la fiscal, la regalía, las 40 horas, el salario mínimo, los impuestos correctivos, la renta regional y la reforma de las pensiones. Al final, lo importante es el cargo total que pagan las empresas, lo que se traduce en una mayor carga fiscal.
No debemos olvidar que por el principio de incidencia fiscal, son las personas las que finalmente pagan la mayor carga fiscal a través del precio de los productos y servicios que consumen. Por eso hay que considerar que las subidas de impuestos en su conjunto (IRPF, IRPF, reforma previsional, impuestos correctivos, impuestos medioambientales) acabarán repercutiendo en las personas.
Está claro que la situación económica actual no es de las mejores: crecimiento cercano a cero, inflación y tasas de interés aún altas, desempleo que no cede, el sector comercio que registra una nueva caída en las ventas, y ahora el Banco Central anunciando que ha activado el requerimiento de capital para los bancos debido a la incertidumbre financiera global. Por lo tanto, cualquier reforma debe tener en cuenta cómo reactivar el crecimiento económico. No debemos olvidar que el crecimiento económico es responsable del 80% de la recaudación de impuestos en los últimos 30 años, y explica el 90% de la reducción de la pobreza, según datos del propio Ministerio de Desarrollo Social. Pensar en cómo reactivamos la economía, por tanto, es clave.
En este sentido, las medidas pro-inversión y crecimiento deben ser efectivas y consistentes. En el ámbito de las pymes, más que incentivos a la I+D, hay que pensar en cómo recuperamos el empleo, en cómo incentivamos fiscalmente más potente la formación. Si queremos proporcionar incentivos a la inversión, como la depreciación instantánea, no podemos, por otro lado, limitar el uso de las pérdidas. En otras palabras, hay que mirar las medidas en su conjunto, teniendo como prioridad favorecer la inversión y promover la actividad, pensando, por ejemplo, en dar estabilidad a la inversión extranjera con invariabilidad fiscal. En el proyecto de regalías aprobado, por ejemplo, no hay nada en ese sentido y era muy importante que se hubiera incorporado algún tipo de estabilidad fiscal, considerando que las inversiones son de muy largo plazo.
– ¿A qué temas de la reforma original cree que debería renunciar el gobierno?
– Con el escenario que tenemos hoy, lo principal que debemos hacer es cuidar el ahorro, el crecimiento y la inversión. Por ello, además de tener una visión integral de todas las reformas, dentro de las medidas tributarias el Gobierno debería dejar fuera el impuesto a la riqueza y las utilidades retenidas, ya que afectan el corazón del ahorro y la inversión y, por ende, la generación de empleo. La misma OCDE señala que si los países contemplan el impuesto a la herencia no deberían tener impuesto al patrimonio.
– ¿Qué cambios debe incorporar el gobierno?
– La tasa de desarrollo contemplada en el proyecto original es algo que utilizarían muy pocas empresas, por lo que yo no me esforzaría pero sí que me esforzaría en créditos de I+D, sobre todo para que puedan acceder el mayor número de empresas. , incluidas las pymes.
Asimismo, no modificaría la legislación y tratamiento fiscal vigente de los fondos públicos de inversión, los cuales han demostrado ser una importante fuente de inversión extranjera en diferentes actividades. Lo anterior, reconociendo además que muchos países otorgan un trato fiscal preferencial, ya que generalmente representan fondos soberanos, vehículos de inversión colectiva como fondos de pensiones extranjeros y administración de activos, en la medida en que cumplan con la característica de inversionista institucional.
También creo que se deben mejorar las reglas de negocios y de reorganización internacional sin confundirlas con las reglas de precios de transferencia, como era el caso en el borrador original.
Finalmente, creo que se deben revisar las facultades otorgadas al SII, ya que las contenidas en el proyecto original me parecen excesivas, por ejemplo en materia de prescripción; y la tipificación de la Norma Antielusiva debe quedar en los tribunales tal como está hoy, ya que la norma se está aplicando tal como está y hoy en día hay varios requerimientos ante los tribunales con la actual administración.
– ¿Cree que el país debería aumentar su carga tributaria?
– Bueno, con la aprobación de la regalía ya se está aumentando la carga tributaria en un 0,45% del PBI, y antes de seguir aumentando la carga tributaria hay que aclarar y transparentar las necesidades de gasto, además de considerar una visión integral de todos los reformas
Cuando participé en los diálogos tributarios, y hablando con todos los actores que fueron invitados, un punto relevante a considerar es que no solo podemos mirar la recaudación de impuestos para un verdadero pacto fiscal, sino que también es obligatorio mirar el gasto público y su eficacia, su calidad y justificación. En ese sentido, fue importante en los diálogos preguntarnos por qué recolectamos, cuáles son las prioridades.
– Eres candidato a consejero del Colegio de Abogados. ¿Qué papel ha jugado y jugará la universidad en la discusión fiscal?
– El Colegio de Abogados participó en los diálogos tributarios convocados por el Gobierno y por supuesto lo seguirá haciendo. Por eso, si soy elegido, espero integrar la comisión tributaria y aportar mi visión de que todo pacto fiscal requiere de certidumbre y estabilidad por varios años para el desarrollo del país, así como otorgar la confianza necesaria que deben tener los contribuyentes que sus derechos serán respetados.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los Índices de Ventas de Servicios (IVS) del mes de abril, donde las ocho categorías que lo componen presentaron incrementos.
La mayor fue en las ventas de actividades de hospedaje y servicios de alimentación, con un avance de 16% respecto a igual mes del año anterior.
Este sector está compuesto por tres servicios, y todos presentaron incrementos. Las actividades más influyentes fueron los restaurantes y los servicios móviles de alimentos.Ellos siguieron el actividades de servicios administrativos y de apoyocon un 11,5%, donde todas sus categorías contribuyeron al alza.
El Actividades inmobiliarias, por su parte, creció 10,4% en el período. Las realizadas con bienes propios o arrendados contribuyeron con casi diez puntos porcentuales.
El resto de las categorías creció por debajo de los dos dígitos. Otras actividades de servicios aumentó un 9,3%.
Actividades profesionales, científicas y técnicas subieron un 7,8% en un año. La mayor incidencia positiva se da en arquitectura e ingeniería. Por otro lado, las actividades de las oficinas principales; actividades de consultoría de gestión; y actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, consultoría fiscal.
Mientras, Transporte y almacenamiento aumentó 5,8% en el período. El INE asegura que ocho de las diez actividades que componen este índice presentaron incrementos anuales. La principal influencia positiva fue gracias al transporte aéreo.
Información y comunicaciones subió un 4,7%, con aportación de todas sus categorías, pero especialmente de las telecomunicaciones, informa el INE.
Y finalmente, la que menos creció fue la categoría de actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas con un incremento interanual del 0,5%. Aumentan los juegos de azar y apuestas, y las actividades deportivas y de ocio.
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