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Paz Fuica y el convenio firmado por Democracia Viva

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A las 11.23 horas de este lunes el Juzgado de Garantía de Antofagasta dio inicio a la audiencia de revisión de medidas cautelares de la concejala Paz Fuica, imputada al igual que Carlos Contreras y Daniel Andrade en el marco del caso Democracia Viva, donde el Ministerio Público indaga delitos reiterados de fraude al Fisco.

Y es que desde el 12 de enero la suspendida militante de Revolución Democrática se encontraba en prisión preventiva, pero dados los nuevos documentos que se han ido incorporando a la carpeta investigativa, apostó por obtener una medida de protección menos gravosa, a lo cual el tribunal accedió.

Tras una audiencia que se extendió hasta pasadas las 16.30 horas, el juez Juan Pablo Torres determinó revocar la prisión preventiva -considerando que se trataba de una medida “desproporcionada”- y fijó arresto domiciliario total a su respecto.

Entre los nuevos antecedentes, como expuso su abogado, se encontraba la declaración que Fuica prestó el pasado miércoles 28 de febrero por casi cinco horas, donde detalló cuál fue su rol al interior de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y cómo fue que Democracia Viva terminó adjudicándose más de los convenios que inicialmente se había previsto.

Como se lee en la transcripción de su testimonio -al cual tuvo acceso íntegro La Tercera-, el tercer convenio de la ONG comandada por Daniel Andrade suscribe con la Seremi estaba planificado ejecutarlo en un comienzo con Fundación Fibra, y luego, como ésta desistió, con Creo Antofagasta.

Esta última, sin embargo, también declinó firmarlo. “Llegamos a Creo Antofagasta, ya que tienen basta experiencia en el área, ellos me solicitaron el detalle de los campamentos donde trabajar y desistieron de igual forma, ya que no se enfocaba en el área que ellos trabajaban (…) Al no tener asignado dicho convenio, en una de las reuniones con el seremi (Carlos Contreras) me pregunta si es posible dividir el convenio, ya que eran muchos los campamentos en los cuales trabajar; le señalé que no tenía conocimiento, por lo que le consultó a Yasna Contreras y ella a nivel central Minvu e indicó que sí era posible la división del convenio”, relató.

Así, como precisó, fue que se llegó a Democracia Viva para que, junto con Tomarte, ejecutaran el convenio relativo a Diagnósticos de Campamentos.

Paz Fuica habría jugado un rol clave en los contratos otorgados a la Fundación Democracia Viva.

Se tomó la opción de dividir el convenio, y en nuestras planillas las fundaciones con menos carga laboral y presupuestaria eran la fundación Tomarte y Democracia Viva. Tomé contacto con Paulina Cabrera, quien era la jefa del área de Proyectos de Democracia Viva y le comenté que existía la posibilidad de asignarles un nuevo convenio. Se comentó mucho sobre un whatsapp que le envié donde le señalo que yo ya había conversado con Daniel Andrade, el cual me derivó con ella, y le digo que me “siga la corriente”, esto ya que se encontraban viendo la viabilidad de trabajar el convenio. Y en la fundación Tomarte tomé contacto con Kelly Betancourt, informándole lo mismo”, rememoró.

De acuerdo con los antecedentes aportados por Fuica, trabajó en la Seremi de Vivienda de Antofagasta desde 16 de agosto del 2022, hasta fines del mes de febrero del año 2023, desempeñándose como analista social. Eso sí, el contrato de prestación de servicios lo suscribió en octubre de 2022.

“Mis funciones dentro del contrato de prestación de servicios consistía en asistir a las actividades de terreno, realizar informes, contacto con dirigentes, apoyo a las actividades de la fundación y el cumplimiento de las actividades del convenio asignadas a la fundación. No obstante, dentro de la Seremi también cumplí labores ajenas al contrato de prestación de servicios, como la gestión administrativa de los convenios, apoyo y acompañamiento a mesas técnicas del equipo de Serviu, asistir a las actividades de todas las fundaciones en terreno, elaboración de minutas a solicitud del seremi Carlos Contreras, apoyar en todo lo que requiriera la jefa regional de Asentamientos Precarios, Yasna Contreras, haciendo el nexo con el Programa Campamentos y Planes y Programas de la Seremi, a cargo de Alfonso Legunda, ya que no existía buena relación entre ambos”, contó.

Descartó, en ese sentido, haber formado parte de las decisiones más relevantes. “Respecto a las decisiones que se tomaban por parte de la Seremi, yo por mi experiencia en el programa, ya que me encontraba trabajando en terreno, le daba mi opinión a Carlos Contreras; sin embargo, las decisiones las tomaba él en conjunto con su círculo de confianza y las respectivas jefaturas de las áreas correspondientes”, sostuvo.

Desde un inicio se le indicó que su remuneración se pagaría con cargo a los convenios con fundaciones, a lo que no se opuso dado que había antecedentes de que se trabajaba bajo dicha fórmula. Solo pidió, como indicó, que esto no se hiciera con cargo a Techo o Campamentos de Ideas, dado que había trabajado con ellas previamente.

Sin embargo, a fines de enero de 2023 se encendieron alarmas respecto de eventuales irregularidades en su contratación. “Tomó contacto conmigo vía WhatsApp Daniela Mateluna, quien me indica que me quiere comentar una situación grave respecto de mi contratación, por lo que me llamó telefónicamente y me dice que chequearon la información que yo les di la vez que nos reunimos en Santiago respecto a mi manera de contratación y me indicó que chequearon dicha información con su jefatura y me sugería que cesara mis funciones, ya que estaba asumiendo responsabilidades que no corresponderían acorde a mi contrato de prestación servicios”, manifestó.

Paz Fuica junto a Carlos Contreras. Foto: Instagram.

Por lo mismo, dijo, tomó contacto con el entonces seremi, quien le aseguró que solicitaría una auditoria al proceso de contrataciones tanto del programa asentamientos precarios como con la Seremi.

“Luego de conversar con Carlos y las acciones que él tomó, siguió existiendo preocupación en mí dado que existían diversos reclamos y aprensiones en el Serviu, debido a los roles de cada equipo y además la manera de contratar y diversos cuestionamientos a dicha gestión, por lo que decidí presentar mi renuncia, ya que no quería tener problemas debido a mi rol público. Le señalé a Carlos Contreras que iba a cesar mis funciones a mediados del mes de febrero del año 2023, lo cual se materializó a fines de febrero del año 2023″, aseveró.

Si bien reconoció que siguió en contacto con Contreras, detalló que esto fue en su rol de concejala. Hizo presente, asimismo, que “nunca firmé ningún tipo de documentación formal, ya sean memos, oficios, autorizaciones de pago, ni tampoco fui parte de alguna decisión importante respecto a los convenios, ya que ese tipo de decisiones finalmente las tomaba la jefa Yasna Contreras en conjunto con el seremi Carlos Contreras y los jefes de área pertinentes, tales como Jurídica, Finanzas, Planes y Programas, en conjunto con Serviu. La documentación que emana de la Seremi pasó siempre por Felipe Gordillo (jefe de gabinete del seremi) o Gabriela Muñoz, que eran parte del equipo de confianza del seremi”.

Aclaró, en ese sentido, que cuando envió el mail donde señala que ya se habían cerrado los convenios con determinadas fundaciones, eso fue previa revisión de las jefaturas y los organismos encargados.

¿Cómo llegó Fuica a esa posición? Según indicó, nunca mantuvo relación de amistad con ninguno de los implicados en el caso. Sí, reconoció, tenía cercanía con Catalina Pérez y Carlos Contreras, aunque siempre por la militancia común que mantenían y el trabajo que habían realizado, lo que le favoreció encontrar nuevos trabajos.

Así, cuando llegó a la Seremi, como se desprende de su declaración, fue porque Contreras la llama tras haber sido parte del equipo de la mencionada diputada, pero para comentarle sobre un puesto en Desarrollo Social.

“Encontré una oferta laboral acorde a mis aptitudes en la Seremi de Desarrollo Social, esto en el mes de julio del año 2022, esto me lo comentó Carlos Contreras (…) Al comentarme dicha opción laboral, nos reunimos a almorzar para conversar la posibilidad de obtener un puesto dentro de mis capacidades dentro de la Seremi de Desarrollo Social; sin embargo, me encontraba buscando opciones, Carlos de igual forma me comentó que se iba a ampliar el espectro respecto del trabajo en campamentos y que posiblemente se abrirían otras opciones de trabajo”, relató.

Audiencia de formalización de la concejala Paz Fuica en dependencias del Juzgado de Garantía de Antofagasta.
Audiencia de formalización de la concejala Paz Fuica en dependencias del Juzgado de Garantía de Antofagasta. Foto: Camilo Alfaro/ Agencia Uno.

Luego de eso, continuó con su relató, tomó vacaciones aunque recibió una “oferta” de Daniel Andrade, quien le envía el ya público mensaje donde se leía: “Te tengo un proyecto que involucra lucas”. Como aclaró, en ese mensaje se precisa lo del dinero dado que ella anteriormente había desempeñado labores sin recibir remuneraciones.

“(Andrade) Me comenta que había tomado contacto con Carlos Contreras y que le había comentado, tal como me había dicho a mí, que se iba a ampliar el tema de las fundaciones, por lo que Daniel me ofreció un cargo dentro de la fundación Democracia Viva, sin detallarme un perfil determinado. Le digo que lo voy a pensar, ya que me encontraba analizando ofertas, y de regreso de mis vacaciones me junto nuevamente a conversar con Carlos Contreras, y ante todas las opciones tomé la decisión de trabajar dentro del Minvu”, comentó.

Evidenció, asimismo, que siempre mantuvo una buena opinión del trabajo de Contreras, aunque lo tildó de “temerario”. Aquello, como detalló, porque no siempre seguía recomendaciones y mantenía información bajo reserva.

“Carlos Contreras siempre manifestó un gran compromiso con su trabajo, pero tenía un actuar temerario en el sentido que siempre manifestó que contaba con las aprobaciones y vistos buenos de su jefatura directa, pero no siempre hizo caso a las recomendaciones que se realizaron a nivel regional por parte de la jefa del Programa y el equipo del cual formaba parte. En ese sentido, si bien tenía una cercanía al trabajo de campamentos, no siempre me aportó toda la información que él tenía de nivel central, como son conversaciones con gente de las fundaciones o contrataciones que realizó para la Seremi. Yo me enteraba cuando las personas ya llegaban a prestar servicios”, sinceró.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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