En menos de 24 horas tras el anuncio sobre las intenciones de Bicecorp y Grupo Security de fusionarse, el presidente de esta última compañía, Renato Peñafiel, expuso en la mañana del jueves a los inversionistas del holding.
En la cita -que se realizó de manera telemática- Peñafiel detalló cómo serán los próximos pasos para cerrar el acuerdo de integración y la posición en la que quedará la futura entidad en los distintos negocios que llevan a cabo.
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El cofundador de Grupo Security, resaltó que la fusión surge como “una visión de compartir el futuro en oportunidades conjuntas”.
Adelantó que esperan finalizar la firma de los acuerdos legales a más tardar el 30 de marzo. Este plazo se puede extender de haber un común acuerdo entre ambas partes. Luego, habrá un período de 60 días de due diligence recíproco de carácter confirmatorio.
De cara a este proceso, Peñafiel reconoció que es “altamente probable de que haya un cruce importante de clientes, particularmente de crédito y decisiones de inversión similares. Por eso mismo, nuestra precaución es mantener la independencia en todo el proceso, es vital”. Complementó que “ningún cliente nuestro tendrá alguna consecuencia operativa crediticia”.
Tras ello, se presentarán las autorizaciones regulatorias a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esperan poder materializar la fusión durante el segundo semestre de 2024.
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La consolidación
El ejecutivo declaró que proyectan iniciar la etapa de consolidación de las filiales de ambas compañías en los primeros meses de 2025. “Esta consolidación nos da una oportunidad muy profunda, de un amplio desarrollo comercial. Nos da una posición fuerte y competitiva para participar en nuestros segmentos, dado que son muy complementarios”.
Una de las consultas que realizaron los inversionistas fue con qué marca corporativa quedará la futura compañía. El gerente general de Grupo Security, Fernando Salinas, contestó que “eso es parte de los procesos que se van a hacer en la integración y son cosas que se van ir definiendo”. Salinas reveló que preliminarmente han sostenido conversaciones en que han definido que esto será un “proceso racional. Tenemos que ver qué presencia tienen ambas marcas, qué conviene por nicho y segmento. Esas definiciones las va a tomar, obviamente, el nuevo proyecto”.
Haciendo un llamado a los accionistas minoritarios que tienen el 30% de la propiedad de Grupo Security, Peñafiel dijo que “esta fusión considera de alguna manera una oportunidad de tener un mejor y una mayor participación en el acceso al mercado de capitales”.
En cuanto a los accionistas que no concurran a la OPA dado el acuerdo comercial que selló el pacto controlador de Grupo Security, explicó que “existe una amplia libertad de los futuros accionistas respecto de la propiedad en términos de compra y/o venta de acciones a los mercados. Por eso, mi perspectiva es que debiera aumentar la profundidad y el foco en el mercado, una vez realizada esta transacción”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.