Las gestiones desplegadas por los presidentes de ambas ramas del Congreso con legisladores del oficialismo y la oposición dieron ayer en la tarde algunos frutos para que esta semana los proyectos sobre Reglas de Uso de la Fuerza, el nuevo Ministerio de Seguridad y la reforma a la Ley Antiterrorista puedan dar un paso importante en su tramitación legislativa.

Cerca del mediodía el jefe de los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, subió hasta las oficina de la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), ubicada en el tercer piso del antiguo Congreso Nacional en Santiago con el fin de encontrar un acercamiento que permitiera destrabar la agenda de seguridad.

A pesar del compromiso de todas las fuerzas políticas de suspender el receso legislativo de esta semana (“regional” en caso de los senadores y “distrital” para los diputados) con el fin de sacar adelante un conjunto de iniciativas contra la delincuencia, tras el asesinato de tres carabineros en Cañete, las conversaciones estaban en un punto muerto.

Hasta cerca del mediodía, el oficialismo y la oposición se encontraban enfrascados en un juego de bloqueos legislativos y maniobras dilatorias, que ponían en serio riesgo la idea de sesionar en la sala de la Cámara esta semana para evacuar algunos proyectos de la agenda de seguridad.

En el Senado, el panorama era igual de adverso. De hecho inicialmente solo dos horas iba a sesionar este martes en la mañana la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, entre 9.30 y 11.30, para discutir la reforma a la Ley Antiterrorista, lo que a todas luces era una tarea casi imposible en vista de la cantidad de indicaciones y artículos que se debían votar.

Sin embargo, para tratar de buscar una salida, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN) se apersonó en la comisión, que en esos instantes era presidida por el senador José Miguel Insulza (PS).

La presencia de García (RN), quien es uno de los autores y presentó un paquete de indicaciones para perfeccionar el texto original, tenía un objetivo claro: presionar para que al menos la reforma antiterrorista fuese discutida y votada por la comisión a modo de que la sala del Senado pudiese verla, el jueves.

En el caso de que esta reforma no hubiese estado completamente tramitada por Constitución, inevitablemente iba a fracasar la citación de sala.

“Este proyecto es muy trascendente. Hemos visto este fin de semana cómo la ministra Tohá y el subsecretario han tenido que dar explicaciones porque frente a un acto que reviste todas las características de terrorista no se puede aplicar la legislación (terrorista), porque eso haría mucho más difícil la persecución penal. Eso es un absurdo y tenemos la posibilidad de modernizar y adecuar nuestra legislación… Lo ideal sería que lo pudieran despachar hoy… lo tenemos en tabla”, dijo el titular de la Cámara Alta, tratando de persuadir a sus pares

El llamado de García, sin embargo, no surtió inicialmente efecto.

La primera en responder fue la senadora y jefa de bancada del PC, Claudia Pascual, quien coincidió con la necesidad de avanzar en una modernización de la Ley Antiterrorista, para dejar atrás el sesgo ideológico con el que fue creada en 1984 durante el régimen militar. “Quiero manifestar la voluntad de poder avanzar, pero también quiero decir que esté citada la sesión del día jueves, no puede ser una presión para legislar a matacaballo. Perdón que lo diga así. Se entiende la urgencia. Pero no quiero que quede una ley que tengamos que, al breve plazo, estarla modificando. Estamos con la mejor de las voluntades…, hay que avanzar lo más posible, pero no terminar a matacañón (sic)”.

“Comparto lo que dice la senadora Pascual. En esto no nos podemos equivocar”, comentó, a su turno, el senador Pedro Araya (PPD), quien coincidió en que no se podía legislar a “matacaballo”.

Por otra parte, la postura de García fue apoyada por los senadores Luz Ebensperger (jefa de bancada de la UDI) y Rodrigo Galilea (presidente de RN), quien emplazó al gobierno a aclarar si compartía las opiniones de los senadores oficialistas. “Tengo una duda en cuál es la intención del Ejecutivo”, expresó Galilea.

Sorpresivamente, el senador Insulza, quien está reemplazando a su par Alfonso de Urresti, mostró un matiz. “Se espera que al menos algún proyecto avance sustantivamente, desgraciadamente algunos proyectos difícilmente salgan esta semana… Vamos a hacerlo (sacar el proyecto) con prudencia y con calma, pero vamos a hacerlo. Estoy dispuesto a sesionar mañana, pero tratemos de dar una señal”, dijo Insulza, quien antes de expresar su posición conversó con la ministra del Interior, Carolina Tohá, que a esa hora se encontraba en los funerales de los carabineros asesinados.

La apertura de Insulza fue decisiva, aunque también ayudó el gesto del senador García, quien decidió retirar gran parte de sus indicaciones para facilitar y no dilatar la discusión.

De hecho, al final de la sesión de esta mañana los miembros de la comisión acordaron volver a reunirse a las 17 horas para votar hasta total despacho el proyecto de la Ley Antiterrorista. Con ello, la iniciativa estaría en condiciones de votarse y aprobarse por la sala del Senado.

Desde el punto de vista del gobierno, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), y la coordinadora legislativa de Interior, la exministra Ana Lya Uriarte (PS), no dieron muchas luces en la comisión de si eran partidarios de frenar o apurar la iniciativa para no contradecir a los propios senadores oficialistas.

Sin embargo, en la reunión de comité político, este lunes en La Moneda, fue la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, la que sinceró que particularmente la Ley Antiterrorista era una de iniciativas que tenía luz verde para avanzar.

De hecho, el proyecto ya se había discutido en la Comisión de Seguridad del Senado, donde se logró un consenso técnico entre el gobierno y la oposición. Ese aspecto fue recordado por Elizalde esta semana.

Por lo tanto, que se logre despachar esta reforma no era un problema para el Ejecutivo.

Sin embargo, en la discusión que paralelamente se estaba dando en la Cámara para sacar adelante el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza, la posición del Ejecutivo no fue del todo clara.

El lunes y el martes, la diputada Maite Orsini (RD), con el apoyo de otros legisladores oficialistas, no dio la unanimidad para que esta iniciativa se discutiera hasta total despacho en las comisiones unidas de Seguridad y Constitución.

Hasta ayer en la mañana, aparentemente la postura de la legisladora frenteamplista parecía ser respaldada por La Moneda.

“Hay que sacarlos (los proyectos) con sentido de urgencia, pero eso no significa legislar en caliente y a matacaballos, porque el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad”, dijo, por ejemplo, en T13 Radio, la ministra vocera Camila Vallejo (PC).

Sin embargo, en las comisiones unidas, el ministro Elizalde dio una señal aparentemente en sentido contrario, al ser emplazado si compartía la medida dilatoria de Orsini. “Yo haría el esfuerzo por legislar, porque llevamos no sé cuánto tiempo perdido entre ayer y hoy haciendo puntos políticos que son inconducentes respecto del proyecto de ley”, dijo.

Uno de los factores que habría incidido en el vaivén del gobierno era la negativa del presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado Andrés Longton (RN), para citar a la instancia y votar la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad. Aparentemente, el Ejecutivo estaba presionando para que pudiese destrabarse esa otra iniciativa.

Ante el riesgo de que ese juego de bloqueos se transformara en un fracaso legislativo de la Cámara, Coloma le ofreció a Cariola interceder para que el Ministerio de Seguridad se pudiese despachar esta semana, a cambio de que la presidenta de la Cámara interviniera para destrabar el proyecto sobre reglas de uso de la fuerza.

En las conversaciones, se involucró también la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, quien valoró el papel que jugó Cariola. “Ayudó muchísimo”, dijo Ossandón.

Las conversaciones de la presidenta de la Cámara con todos los jefes de comités culminaron con un acuerdo de la corporación.

En concreto, se acordó avanzar el jueves hasta total despacho en el proyecto de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana.

Por su parte, la oposición se comprometió a avanzar en la tramitación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Para este fin, se citará a las comisiones de Seguridad y Hacienda, el viernes en la mañana.

Finalmente, el acuerdo contempla una sesión especial de sala el viernes, de 16.00 a 19.00 horas, para despachar las dos iniciativas.

El segundo vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), dijo tras el acuerdo: “Queremos agradecer la actitud positiva que han tenido los distintos comités para enfrentar estos proyectos de seguridad que le harán bien al país y que reforzarán la lucha en contra del crimen organizado y de toda la violencia que se ha extendido hoy día en el país”.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI), en tanto, señaló: “Para nosotros es fundamental despachar esta semana las Reglas de Uso de la Fuerza y el Ministerio de Seguridad para dar señales concretas en defensa y apoyo a nuestros carabineros. Valoramos que, pese a la oposición de algunos parlamentarios del Frente Amplio, hayamos logrado acordar que el proyecto sea despachado de comisión y votado en sala”.