Economia
Proyecto antievasión y elusión supera una nueva valla: Senado aprueba idea de legislar luego del acuerdo entre Gobierno y oposición
Un nuevo hito legislativo cumplió el proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, que la semana pasada fue objeto de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición para destrabar una serie de puntos en su discusión.
La noche de este martes, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar de la iniciativa, con lo que se autoriza su regreso a la comisión de Hacienda para iniciar su debate en particular.
Eso sí, la aprobación no fue unánime. Contó con 33 votos a favor, cero abstenciones y cuatro votos en contra (Juan Enrique Castro, Rojo Edwards, Carlos Kuschel y Alejandro Kusanovic, todos de la oposición).
De todas formas, los senadores no lograron acordar un período para el ingreso de indicaciones a la iniciativa. Se propuso originalmente que se recibieran enmiendas hasta el lunes 12 de agosto, pero el senador Edwards solicitó que se ampliara el plazo hasta fines de agosto. El tema será votado mañana en la Sala de la Cámara Alta.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presente en la sesión de Sala junto a la subsecretaria Heidi Berner, destacó los contenidos del proyecto: “El apoyo a la economía, la justicia en términos de lo que implica el cumplimiento de la obligación tributaria, la capacidad de generación de recursos para responder a las necesidades de la ciudadanía y los instrumentos que están aquí contemplados, todo ello permite que, en la medida que avancemos en la discusión -partiendo por la votación en general aquí en esta sala-, podamos dar un paso muy importante en el conjunto de objetivos que estaban asociados al pacto fiscal”.
En su intervención, Marcel relevó la importancia de avanzar con esta legislación dado que “la evasión y la elusión de impuestos existe en Chile, es importante, y además evoluciona en el tiempo. Esto no es una cuestión estática. La experiencia que uno va acumulando a través de los años es que, a medida que pasa el tiempo, los contribuyentes van encontrando nuevas formas de evadir impuestos, nuevas figuras a través de las cuales se aprovecha de resquicios en la legislación para pagar menos impuestos y por lo tanto la normativa tiene que ser capaz de ir evolucionando también”.
“Si no lo hacemos, lo que va a ocurrir es que el rendimiento del sistema tributario se va a ir deteriorando en el tiempo, por eso es importante hacer esto y hacerlo de manera de la manera más consistente y comprensiva posible”, continuó la autoridad.
El protocolo
El documento firmado entre las partes la semana pasada establece cuatro ejes.
El primero se relaciona con principios del nuevo sistema tributario. El segundo, con materias donde existe acuerdo “básico” entre las partes. Tercero, materias donde se requiere un análisis en “mayor profundidad”. Y por último, implicancias para las finanzas públicas.
En el segundo tópico, lo principal es el consenso respecto a cambios en la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), estableciendo una serie de ajustes que le restarán facultades al titular del organismo. Aquí, son siete los puntos de consenso.
El primero es fortalecer su carácter de organismo “técnico, con estructuras y procesos que fortalezcan su independencia del gobierno de turno y de los intereses particulares”, tanto en su dirección como subdirecciones.
El segundo es el establecimiento de plazos máximos de permanencia en los cargos de decisión. El uso “efectivo” de los convenios de desempeño como instrumento para fijar metas de gestión a las autoridades y evaluar su cumplimiento es el tercer foco.
Un punto clave es el cuarto acuerdo, que se relaciona con establecer una entidad colegiada externa que emita opinión sobre las estrategias de fiscalización del SII, evalúe su implementación y revise, con carácter vinculante, la juridicidad de las circulares de aplicación general que prepare el servicio en el ejercicio de sus facultades interpretativas. “El nombramiento de los integrantes de dicha entidad deberá garantizar su capacidad técnica e independencia”, dice el documento.
Este era uno de los principales puntos de discusión, ya que los senadores de oposición han planteado la necesidad de dotar de mayor autonomía al director del SII, con lo que estarían dispuestos a viabilizar darle mayores facultades de fiscalización en temas como el secreto bancario y la Norma General Antielusión (NGA). El director (s) del SII, Javier Etcheberry, se mostró contrario a que le resten potestades al servicio si tiene como contraparte mantener las actuales limitaciones para aplicar la NGA o levantar el secreto bancario.
También, en el protocolo se propone “despersonalizar” las decisiones de mayor relevancia institucional; la implementación de nuevas normas de probidad y transparencia; y la incorporación de mayores estándares de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Comisión técnica
También, hay una serie de materias que serán definidas por una comisión técnica en la que participará Hacienda y los asesores de los senadores, como la flexibilización del levantamiento del secreto bancario (con foco en hacer más expedito el procedimiento judicial vigente), la aplicación administrativa de la NGA y la creación de la figura del denunciante anónimo. Se propone que el secreto bancario y el denunciante anónimo se puedan aplicar en el marco exclusivo de investigaciones tributarias y de crimen organizado.
Dicha instancia funcionará por un plazo de dos semanas.
“Este trabajo permitirá distinguir entre: (a) propuestas que se eliminarán del proyecto; (b) propuestas que se trasladarán a otro proyecto; (c) propuestas que se reformularán en base al trabajo de la mesa técnica, y (d) propuestas que se resuelven en votación en la discusión en particular. Las recomendaciones de la mesa técnica serán entregadas a la comisión para completar la discusión en particular del proyecto, a fin de que éste pueda ser despachado dentro de los plazos acordados con la Mesa del Senado para los proyectos del pacto fiscal”, plantea el protocolo.
En cuanto a la NGA, se señala que existen “diferencias respecto de la propuesta actual”, las cuales también serán discutidas en la mesa técnica, teniendo en consideración los cambios que se acuerden en la revisión de la orgánica del SII. Entre los temas que se revisarán en esta instancia se encuentran la fórmula en que se computa la prescripción de las acciones de fiscalización del SII, y la prevalencia de las normas especiales anti-elusión en relación a la Norma General Antielusión, dice el acuerdo.
Los principios
El protocolo parte señalando los ocho principios acordados para un nuevo sistema tributario.
El primero es establecer un marco jurídico con reglas “claras, simples y justas” para todos los contribuyentes, que promueva el cumplimiento tributario en el marco de los principios de juridicidad y legalidad.
El segundo, garantizar que las obligaciones tributarias, determinadas claramente por la ley, sean percibidas como “justas y proporcionadas” por la ciudadanía, en el marco de un sistema tributario que sea “simple, fácil de comprender y con instituciones sólidas” que la administren.
Combatir “decididamente” la evasión, incentivando la formalización de quienes operan al margen de la normativa vigente y fortaleciendo las normas que permiten la investigación y persecución de delitos tributarios, es el tercer principio del sistema. En este sentido, existe acuerdo en contemplar figuras penales “modernas” en materia tributaria, que permitan combatir de manera efectiva la evasión tributaria, con mecanismos “disuasivos y eficientes, eliminado espacios y brechas donde la evasión pueda producirse”.
El cuarto eje es enfrentar la elusión como una forma “particular de distorsiones en la equidad horizontal y vertical del sistema tributario”. Los mecanismos para luchar contra la elusión deben resguardar las garantías de juridicidad, legalidad, debido proceso, objetividad, entre otras, lo que deberá verse garantizado por la estructura orgánica del SII, que es parte sustantiva de las presentes bases de acuerdo, dice el protocolo.
Un quinto punto es que los órganos de recaudación y fiscalización tributaria deben operar sobre estructuras y procesos “objetivos, independientes, despolitizados, eficientes y de alta excelencia”, con herramientas tecnológicas que ayuden a un mejor cumplimiento tributario, adaptándose a las necesidades y posibilidades de los contribuyentes. “Los organismos fiscalizadores deben además contar con dispositivos institucionales que resguarden y promuevan la probidad, transparencia y rendición de cuentas, así como con herramientas que permitan la atracción y retención de talento”, se lee en el texto.
Como sexto principio, se define que la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) debe contar con las facultades y recursos que le permitan cumplir “efectivamente” el propósito para el cual fue creada, incluyendo la educación en materia de cumplimiento tributario y derechos de los contribuyentes.
Asegurar el cumplimiento “irrestricto” de las reglas del debido proceso en el ámbito tributario, tanto en los procesos en sede administrativa como judicial; y mejorar “sustantivamente y asegurar reciprocidad” en la eficiencia del gasto público, procurando que las ganancias de eficiencias sean permanentes, son otros de los principios acordados.
“La mayor recaudación tributaria debe acompañarse de un mejor gasto público e incentivos correctos a la inversión, el ahorro y el crecimiento económico”, destaca el protocolo.
Medidas antielusivas
Además de los temas relacionados a la gobernanza del SII, el protocolo incluye acuerdos para avanzar en la normativa antielusión al margen de la NGA, que incluye el combate a la informalidad y fortalecimiento y modernización del catálogo de delitos tributarios.
En este punto, se incluyen como materias de acuerdo la implementación de normas de cooperación eficaz de parte de contribuyentes acusados de delitos fiscales; la modernización de los tipos penales tributarios (una materia a ser revisada por penalistas expertos); las medidas contra la informalidad; y perfeccionar algunas reglas del IVA destinadas a combatir la evasión e informalidad.
También, se conviene trabajar en el fortalecimiento del rol central que deben cumplir el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República, a través de las materias de revisión inmediata que contempla este proyecto de ley, tomando nota de otras que deben ser analizadas con mayor profundidad y con más tiempo.
Cambios en recaudación
El protocolo establece actualizar la estimación de la mayor recaudación que se alcanzará en régimen y en la transición intermedia.
También, se precisa el destino prioritario de los recursos, incluyendo el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), y la inversión en seguridad ciudadana, incluyendo el apoyo socio-emocional a la niños, niñas y adolescentes con foco en la prevención del delito a través de iniciativas en los establecimientos educacionales.
Asimismo, Hacienda se comprometió a una meta “más desafiante” de ahorro anual de recursos fiscales que la estimada en el informe de la OCDE, la que será de 0,2% del PIB (versus el rango entre 0,11% y 0,13% del PIB de ese reporte), señalando los dispositivos institucionales para lograrlo y un mecanismo de información pública.
“Se constata que, dado los incrementos estimados en los ingresos no tributarios, las metas de ahorro de gasto y los proyectos de ley en estudio sobre sala cuna y subsidio eléctrico, la mayor recaudación proyectada en este proyecto de ley permitiría cubrir las necesidades de financiamiento de las medidas sociales establecidas en el pacto fiscal, sin requerir que otros proyectos tributarios contengan un incremento neto de recaudación“, es otro de los compromisos del Ejecutivo.
Por último, existe un acuerdo en que la ley contemple una evaluación externa de la aplicación de esta iniciativa, incluyendo el efecto sobre la recaudación, su impacto económico y el cumplimiento de los compromisos en materia de gastos, que se encargará a un organismo técnico externo al cabo de tres años de su entrada en vigor.
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Economia
¿Por qué los CEO del mercado están usando LinkedIn para dar cuenta del estado de los negocios?
El creciente uso de las redes sociales ha transformado la forma en que los CEOs comunican la estrategia y los resultados de sus empresas, permitiéndoles interactuar directa y ágilmente con su audiencia.
En este contexto, LinkedIn se consolida como la plataforma preferida de los ejecutivos, quienes comparten mensajes sobre los planes de sus empresas, además de informar sobre diversos aspectos de una firma.
Uno de los ejecutivos que adoptó este canal de comunicación es el country head del Banco Santander Chile, Román Blanco, quien asumió en agosto de 2022 y desde esa fecha nunca ha concedido una entrevista a un medio de comunicación tradicional, optando por LinkedIn para dar cuenta de los avances. del negocio.
Agencias de comunicación cobran entre $3 millones y $8 millones por gestionar contenidos para la plataforma de ejecutivos de firmas chilenas.
También es común ver al gerente general del Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, comentando en esta red, aunque con un perfil más orientado a resaltar las iniciativas sociales de la entidad.
Efecto pandemia
Para el director de contenidos de reputación digital de la agencia Alta Comunicación, Miguel Ortiz, esta tendencia se aceleró después de la pandemia, cuando los directores generales de las empresas se dieron cuenta de que este espacio era fundamental para comunicar aspectos clave del funcionamiento de sus negocios.
“LinkedIn se ha convertido en el nuevo ‘boca a boca’ corporativo, bajo la premisa de que cuando se habla con la gente, la cercanía y la credibilidad es mucho mayor que cuando lo hacen las empresas”, afirmó Ortiz.
Expertos consultados por DF coinciden en que la plataforma ha evolucionado de ser exclusivamente un sitio de negocios o búsqueda de empleo a un canal para crear y compartir contenido de valor.
Según el CEO de Ubik y director de Comsulting, Andrés Azócar, “actualmente las empresas tienen un storytelling mucho más atractivo que mostrar, y es importante que los CEO sean parte de esa narrativa”.
Ortiz añadió que “la gente está en LinkedIn primero para buscar trabajo, pero segundo, para aprender. La gente sigue a los líderes de la industria para aprender de sus experiencias, éxitos y fracasos”.
Una de las características que diferencia a LinkedIn de otras redes sociales, según el CEO de Jelly, Manu Chatlani, es la ausencia de descalificaciones y mensajes de odio, ya que hay un prestigio profesional que proteger mostrando la identidad real.
Chatlani también señaló que otro factor clave en la proliferación de directores ejecutivos en la plataforma “es que no sólo ayuda a comunicar mensajes, sino que también mantiene la reputación de la empresa y construye una marca”.
Según Ortiz, en Chile sólo el 11% de la población es usuaria de LinkedIn, pero este grupo es un target muy relevante para ejecutivos y empresas, ya que son tomadores de decisiones.
“Existen personas clave para ellos: las autoridades, sus pares y otras figuras influyentes que ven su contenido”, añadió Chatlani.
Según datos de la consultora Accenture, el 65% de los consumidores de una empresa afirma que el CEO influyó en su decisión de compra.
“Es lógico que estén ahí para contar de forma íntima lo que están haciendo las marcas para captar nuevos leads, generar negocio, captar clientes y talentos, y presentar de forma atractiva, entretenida y en primera persona las novedades y buenas noticias de sus marcas”, dijo Ortiz.
Directores ejecutivos referentes
En Chile, cada vez más ejecutivos optan por comunicarse a través de LinkedIn. Según Chatlani, el pionero de esta tendencia fue Andrónico Luksic, quien cuando era presidente de Quiñenco utilizaba X (antes Twitter) e Instagram para difundir contenidos de la empresa.
“Ese fue uno de los impulsores para que la clase ejecutiva considerara ingresar a las redes sociales y construir una marca”, agregó.
A nivel internacional destacan el CEO de BlackRock, Larry Fink; su homólogo de Tesla, Elon Musk; Jane Fraser de Citi; y el propio director general de LinkedIn, Jeff Weiner.
El papel de las agencias
Con el creciente interés de empresas y CEOs por estos servicios, las agencias de comunicación y/o expertos en comunicación digital han capitalizado esta demanda.
Fuentes del sector precisaron que por este servicio estos actores pueden cobrar entre $3 millones y $8 millones mensuales.
Los expertos destacan que el principal desafío es lograr una comunicación diferenciada del resto de los ejecutivos, y para ello es fundamental que el CEO se involucre en la generación de contenido orgánico.
“El trabajo de las agencias es ayudar a encontrar el tono y el estilo propios de la persona”, afirmó Chatlani. Además, gestionan la red de contactos y ayudan a conectar con las audiencias.
Según Ortiz, las cuentas de ejecutivos tienen un 10% más de seguidores que las de empresas, lo que refuerza el valor empresarial de gestionar estas redes.
Economia
Google deja en pausa construcción de data center en Cerrillos tras cuatro años de conflictos por el uso del agua
Google “no continuará con el proceso de solicitud de permiso” construir un nuevo data center en la comuna de Cerrillos, en Santiago, como se presentó originalmente.
El gigante tecnológico decidió retirarse ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) su propuesta para construir la infraestructura -que contemplaba un inversión de US$ 200 millones– después de unos cuatro años de obstáculos y conflictos que llegaron incluso al Tribunal Supremo.
La decisión se formalizó el 1 de julio de este año cuando Inversiones y Servicios Dataluna, empresa que representa a Google en el país, solicitó ante el SEA la renuncia a la Resolución Exenta N° 127, que calificó la Declaración de Impacto como “ambientalmente favorable”. Ambiental (DIA).
Con esto, la firma detiene su intención de construir la infraestructurapero aseguró, ante la pregunta del DF, que “en su momento se iniciará un proceso”. nuevo proceso que empezará desde ceropara un proyecto que utilizará tecnología de refrigeración por aire en este mismo lugar”.
“Google reafirma su compromiso con Chile y América Latina. Esperamos trabajar con nuestros socios locales para identificar un plan para el futuro, que esté alineado con nuestra ambición de operar con energía libre de carbono, 24 horas al día, 7 días a la semana, así como con el compromiso de enfriar nuestros centros de datos en un entorno consciente del clima. manera. ”, anotó por escrito.
Años de obstáculos
Los planes de Google eran construir un edificio similar al que ya posee en Quilicura, pero ahora en un terreno de más de 20 hectáreas que le permitiría tener mayor capacidad para abastecer el aumento de la demanda de datos.
Las primeras denuncias de vecinos de la zona llegaron en 2019, pero nada se resolvió judicialmente hasta un año después, a pesar de que el SEA dio su visto bueno.
Los llamados de atención de la comunidad señalaron la uso de agua para equipos de refrigeración y su impacto en el medio ambiente.
Según describe la misma empresa, el centro de datos requirió el uso de 169 litros por segundo, que movilizó a 14 vecinosquienes presentaron un primer recurso en abril de 2020. El segundo llegó desde el municipio días después.
A medida que pasa el tiempo, todos -excepto un vecino- se dieron por vencidosla empresa declaró públicamente una vez que no utilizaría agua para enfriar los servidores.
La compañía dijo en ese momento que había cambiado su diseño original para utilizar refrigeración por aire y que “continuaría cooperando con los requisitos de las autoridades locales”.
La idea era sustituir las torres de enfriamiento y, con ello, la posibilidad de consumir agua subterránea de los pozos de Santiago Central.
Sin embargo, el tribunal mantuvo su análisis y concluyó que no se puede descartar el impacto medioambiental.
De esta forma, Google abandona -por el momento- uno de sus ambiciosos proyectos, con el que pretendía “proveer servicios y aplicaciones de Internet a diversos clientes en América Latina”.
Cambios en el proyecto en Uruguay
Sin agua, con refrigeración por aire y un edificio en lugar de dos. Ese fue el giro que le dio Google a su centro de datos en el país austral, ante las preocupaciones medioambientales.
Chile no es el único país de la región en el que Google ha enfrentado problemas para instalar sus centros de datos; Sin embargo, es la primera en la que decide pausar la construcción.
En noviembre de 2023, el gigante tecnológico tuvo que reformular su proyecto de centro de datos en Uruguay, para dar cabida a la construcción de un solo edificio en lugar de dos, reduciendo en un tercio la capacidad de almacenamiento respecto al plan original, pero basándose en un aire. sistema de refrigeración y no agua, como estaba previsto inicialmente.
Las negociaciones para la instalación de esta sede habían comenzado en 2019, durante el Gobierno de Tabaré Vásquez. Luego, en 2021 y durante la gestión de Luis Lacalle Pou, la empresa adquirió el terreno de 30 hectáreas en el Parque Científico de Canelones, donde planeaba construir dos edificios que contarían con un sistema de enfriamiento de los equipos mediante tuberías con circulación. de agua potable.
Sin embargo, tuvo que ser reformulado ya que se esperaba utilizar 7.600 metros cúbicos de agua potable por día, en medio de una fuerte sequía que azotaba al país.
Ante las preocupaciones, la empresa modificó el proyecto para mitigar el impacto ambiental y recibió la aprobación en julio de este año.
El sistema actual incluye 32 enfriadoras enfriadas por aire con circuito cerrado de agua y dispuestas en modo 7+1 para cada módulo del centro de datos.
Además, se espera que el consumo de agua de la nueva propuesta sea de 48 metros cúbicos diarios, con los que se abastecerán los servicios básicos de cocina y baños del edificio.
Economia
Tupperware se prepara a declarar la quiebra tras años de fallidos esfuerzo por reactivar su negocio
Tupperware Brands se está preparando para declararse en quiebra esta semanasegún personas con conocimiento de los planes, después de un esfuerzo de años para reactivar el negocio en medio de una demanda menguante.
La marca de artículos para el hogar, que durante casi un siglo ha definido el almacenamiento de alimentos, planea buscar protección judicial después de que incumplió los términos de su deuda y reclutó asesores legales y financierosdijeron las personas, que solicitaron el anonimato para discutir información confidencial.
Las acciones de la empresa cayeron más del 50%. a las 3:53 de la tarde en Nueva York por la noticia.
Continúan los preparativos para la quiebra Prolongadas negociaciones entre Tupperware y sus financiadores sobre cómo gestionar más de 700 millones de dólares en deuda. Los prestamistas acordaron este año dar un respiro a las condiciones de préstamo no cumplidas, pero la situación siguió deteriorándose.
Los planes no son definitivos y podrían cambiar. Un representante de Tupperware declinó hacer comentarios.
Tupperware ha advertido durante años sobre las dudas sobre su capacidad para permanecer en el negocio. En junio hizo planes para cerrar su única fábrica en Estados Unidos y despedir a casi 150 empleados. El año pasado, reemplazó al director ejecutivo Miguel Fernández y a varios miembros de la junta directiva como parte de un esfuerzo por cambiar el negocio, nombrando a Laurie Ann Goldman como nueva directora ejecutiva.
80 años de historia
En 1946, Tupperware presentó sus productos de plástico al público después de que su fundador Earl Tupper inventó su sello hermético flexible. La marca irrumpió en los hogares estadounidenses en gran medida a través de fiestas de ventas organizadas por mujeres de los suburbios.
A lo largo de sus casi 80 años de funcionamiento, la empresa ha seguido dependiendo en gran medida de las ventas directas de un ejército de proveedores aficionados, contando en las presentaciones reglamentarias con más de 300.000 vendedores independientes a partir de 2022.
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