Lo acontecido en Egaña Comunidad Sostenible invita inevitablemente a interrogarnos sobre el conflicto, la participación y el diálogo. La situación en la que se encuentra actualmente el proyecto no es beneficiosa para ninguno de los actores: la empresa, la comunidad de vecinos, la autoridad cuestionada, ni la sociedad en su conjunto, que sufre el daño social de la pérdida de empleo, y un barrio que está medio manera de consolidar.

Está claro que el estándar no es suficiente. El proyecto cumplió con el plan regulador, contó con Resolución de Calificación Ambiental Favorable y el Informe de Evaluación Ambiental Consolidado recomendó aprobación. Sin embargo, no es posible ignorar el contexto: otros dos proyectos en el mismo sector, ambos con alturas superiores a las permitidas por el plan regulador vigente, y donde los tres juntos suman aproximadamente 3.500 viviendas nuevas.

“En este caso, como en muchos otros proyectos y desarrollos urbanísticos, ha habido una falta de integración de los intereses contrapuestos de los distintos actores presentes en el territorio”.

Tanto en este caso, como en muchos otros proyectos y desarrollos, se ha producido una falta de integración de los intereses contrapuestos de los distintos actores presentes en el territorio. Hoy el Servicio de Evaluación Ambiental cuenta con mecanismos que promueven la participación -lo que podría ayudar a acercar posiciones-, sin embargo, se hace exclusivamente desde una perspectiva ambiental y con limitaciones considerables de recursos y tiempo. Es evidente que no se generan espacios de diálogo que permitan acercar posiciones, y tampoco se logrará con el reciente proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados que amplía de 10 a 30 días los procesos de participación ciudadana en las Manifestaciones de Impacto Ambiental. .

Aunque tener más días puede ser favorable, el tiempo no es el único factor a la hora de resolver los conflictos. Es necesaria una conversación diferente, que se enmarque en un diálogo social donde estén presentes todos los actores: mundo privado, comunitario y público. Un espacio que permita exponer de manera explícita los intereses de cada una de las partes y encontrar formas de acercar esos intereses. Una conversación donde hay que ceder poder, que se da en el marco institucional, y que a la vez es capaz de generar soluciones consensuadas. Desde esta perspectiva, la institucionalidad chilena no da la amplitud.

El actor más adecuado para tomar esta posición son los gobiernos locales, los municipios. Teniendo en cuenta su responsabilidad en la planificación comunal, la aprobación de proyectos y la participación en el progreso económico, social y cultural de sus comunas, éstos podrán ser quienes, con el liderazgo y el bien común en vista, medien estos procesos.

Los ciudadanos quieren influir en la visión de desarrollo de los lugares donde viven, y la pregunta por la calidad de vida en la ciudad está cada vez más presente. En este escenario, urge que busquemos alternativas para resolver la controversia a través de acuerdos, donde las instituciones tengan un rol activo, temprano y con recursos, las comunidades confíen y sean corresponsables y el sector privado esté disponible para mejorar sus proyectos. . La clave es que el diálogo nos permitirá encontrarnos y entender los intereses de los demás, pero solo dará sus frutos si todos los actores están, en parte, dispuestos a ceder.