Chile no cuenta con tribunales especializados en materia de construcción, como es el caso de Reino Unido o Estados Unidos, por lo que corresponde a los tribunales civiles resolver cuestiones complejas que caracterizan este tipo de disputas, como impacto en la ruta crítica, pérdida de productividad, reajuste de polinomios, obras extraordinarias, stand-by de recursos, entre otros. Por la naturaleza de su actividad, los juzgados civiles carecen de especialización y no cuentan con el tiempo necesario para atender las cuestiones técnicas con la dedicación requerida.
“De aprobarse lo propuesto por la Convención, ya no será posible legislar sobre el uso del arbitraje en los contratos de construcción que celebre el Estado”.
Aunado a lo anterior, según estudios, las tasas de éxito de Hacienda en la justicia ordinaria son abrumadoras y fluctúan entre el 70% y el 90%. Por otro lado, un análisis realizado por la industria respecto a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la última década, pronunciadas contra Hacienda y los Municipios, reveló que en el 51% de los casos la pretensión del contratista fue rechazada en su totalidad. De los casos restantes, el 29% obtuvo menos de la mitad de sus reclamos y el 30% restante obtuvo más de la mitad de lo reclamado.
Así, para los contratistas del sector público, la justicia ordinaria no es un foro favorable, por la falta de pericia y la dedicación no exclusiva de los jueces. De ahí que el anhelo permanente de la industria ha sido la incorporación del arbitraje y el sistema temprano de solución de controversias, similar al que existe en el campo de las concesiones de obras públicas.
Aprobado por el Pleno de la Convención Constituyente, el artículo 15 de la sección “Tribunales del Sistema Nacional de Justicia” introduce la figura de los Tribunales Administrativos encargados de “los actos dirigidos contra la Administración del Estado o promovidos por ésta y de las demás materias que establezca la ley”. ”, y agregó que “los asuntos de la competencia de estos tribunales no podrán ser sometidos a arbitraje”. Por su parte, el Segundo Informe de la respectiva Comisión incluye la aclaración de uno de los convencionales: “Refiriéndose a los arbitrajes, el fin es evitar el menoscabo del patrimonio del erario”.
De aprobarse esta norma, ya no será posible legislar sobre el uso del arbitraje en los contratos de construcción celebrados por el Estado, y la industria deberá abandonar las esperanzas que albergaba en esta materia. Asimismo, todo indica que, de acuerdo con esa norma, también se debe poner fin al arbitraje en las concesiones de obras públicas, una de las características fundamentales de ese sistema.
Cabe preguntarse, entonces, si el derecho a acudir al arbitraje puede salvaguardarse mediante normas transitorias o una exclusión legislativa, al menos en lo que se refiere a las concesiones en curso. O, si en el futuro modelo constitucional, las concesiones perderán su “tratamiento privilegiado”, debiendo remitir las controversias a la justicia ordinaria, careciendo de especialización y dedicación exclusiva, con los resultados antes señalados.
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Los jefes de Defensa de China y Estados Unidos se acusaron mutuamente de las tensiones entre las dos superpotencias durante un foro de seguridad que concluyó este domingo en Singapur sin diálogo directo entre las dos partes, mientras barcos de los dos países casi chocan en el Estrecho de Taiwán. .
Según informa EFE, el Shangri-La Dialogue -el foro anual de seguridad más importante de Asia- finalizó hoy sin que el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, presentes en la conferencia, se sentaran a dialogar. , como había ocurrido entre representantes de ambos partidos en ediciones anteriores.
Beijing había negado la solicitud de Washington de que los dos se reunieran en Singapur el lunes, y culpó de la decisión a Estados Unidos, que sancionó a Li en 2018 tras acusarlo de comprar armas a la empresa estatal rusa Rosoboronexport.
Entonces, Li y Austin no intercambiaron más que un breve saludo y un apretón de manos en público en la cena de apertura del viernes.cuando compartieron mesa, además de escuchar las recriminaciones que ambos se dedicaron cuando subieron al podio a pronunciar discursos por separado, el estadounidense el sábado y el chino este domingo.
En su discurso, Li dijo el jueves que su país está “abierto” a la comunicación con la parte estadounidense, pero subrayó que “si no hay respeto mutuo, el diálogo no es productivo“, un día después de que Austin instó a su homólogo chino a hablar para “evitar errores de cálculo que conduzcan a un conflicto”.
Incidente en el Estrecho de Taiwán
Unos comentarios que coincidieron con un nuevo episodio de tensión en el Estrecho de Taiwán, donde un buque militar chino maniobró el sábado a escasos 137 metros del destructor estadounidense USS Chung-Hoon, mientras realizaba maniobras conjuntas con la Armada canadiense, evitando una colisión in extremis. .
EE.UU. y Canadá dicen que estaban en aguas internacionales, mientras que Pekín insiste en que esas son sus aguas territoriales, y en un comunicado, el portavoz del Comando Oriental del Ejército chino, Shi Yi, defendió que las fuerzas chinas actuaron dentro de la legalidad. .
Preguntado por el incidente, Li denunció hoy que “No se trata de viajes inocentes, sino de provocaciones“y reiteró la posición de China sobre Taiwán, una isla autónoma que Beijing ha considerado una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se retiraron allí en 1949 después de perder la guerra civil.
Combinando el tono firme con la reafirmación de que China busca la reunificación “pacífica”, el ministro subrayó que su país “no promete ceder la fuerza” para apoderarse de Taiwán si surgen provocaciones, reiterando que “depende de China decidir cómo resolver ” el asunto.
Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, que abastece de armamento a la isla y en principio la defendería en caso de ataque, había afirmado el sábado que su país “cContinuará oponiéndose categóricamente a un cambio del statu quo (de Taiwán) por cualquiera de las partes.“.
“No buscamos el conflicto o la confrontación, pero no flaquearemos ante la coerción o el abuso”, agregó, haciéndose eco de Li.
La titular del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió a las declaraciones de la presidenta (S) de la Sala Tercera y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien dijo que hay que devolver los excedentes de las isapres solo “a las personas que demandaron”: “Esto es una novedad (…) Lo que se debe hacer, a través de la Superintendencia (de Salud), es pedir aclaraciones sobre el alcance de estas declaraciones”.
Las declaraciones fueron realizadas a través de una entrevista, por lo que corresponde solicitar un recurso de aclaración formal, dijo. Agregó que el Gobierno ha pedido previamente aclaraciones, pero no sobre este asunto en particular, porque “no parecía haber duda”.
Eso sí, aclaró que esto “no altera el rumbo del proyecto presentado por el Ejecutivo”, porque “no habla de montos, sino de mecanismos que se utilizarán para el pago de los montos correspondientes”.
En este sentido, la ministra aseguró que “estamos dispuestos a conversar, pero sí hay que tener en cuenta algunos principios como que cualquier modalidad que busquemos para que lo que ordena el juzgado se pague no se basa en impedir que se pague”. pagado o haciendo una especie de ‘lo siento'”.
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Y apuntó: “Buscamos que sea de pago, pero sin que el sistema sea inviable”, porque “no queremos que las personas afiliadas al sistema queden desprotegidas”.
En medio del debate por la situación financiera de las isapres, luego de que se emitiera un fallo que obliga a las aseguradoras a devolver US$ 1.400 millones a sus afiliados y el gobierno propusiera un proyecto de ley abreviado para cumplirlo, el presidente (S) de la Sala Tercera y portavoz del Tribunal Supremo, Ángela Vivanco, explicó los alcances del dictamen.
El ministro afirmó en entrevista con La Tercera que élLos excedentes deben devolverse solo a quienes demandaron. “ASi nunca ha demandado, no tiene nada que cobrar. Los excedentes que tienen que devolver las isapres son para las personas que demandaron”. Eso sí, aclaró que “el resto de los afiliados, a partir de esta sentencia, pueden exigir que se ajusten sus planes en adelante”.
El ministro explicó que desconocían el impacto económico que tendría ni a cuántas personas beneficiaría. “A nosotros Cuando dimos la extensión del plazo, fuimos claros en decir que estos estudios nunca nos habían sido presentados, cuál era el universo sobre el que se calculaban y cómo se calculaba.Eso nunca se nos presentó. Tampoco nos ha hecho ninguna pregunta ningún titular de estos procesos, es decir, ni la Superintendencia, ni las isapres”.
Sobre los cálculos de que el fallo favorecería a 700.000 afiliados, dijo que “es un número similar a los que han demandado, pero ese es un cálculo que solo te puedo decir en base a lo que hemos recibido a través de los medios”.
El ministro enfatizó que no estaban al tanto del costo de la resolución, porque “Son los titulares quienes deben hacernos conscientes de los costos que esto significa y en qué medida esos costos concuerdan o no con nuestra decisión. No podemos ir de oficio a investigar cómo se están haciendo los cálculos, no depende de nosotros”.
Vivanco también defendió la labor de los jueces y prestó atención al tono de las críticas que han recibido. “No es bueno para el país que se insulte a los jueces o que se les llame a no cumplir sentencias judiciales cuando molestan. parece muy serio Y digo esto tanto si es necesario cumplir con una sentencia judicial sobre la detención de una persona, como si es necesario cumplir con una sentencia judicial sobre una industria que paga excedentes o si se respetan las normas ambientales”.
El magistrado afirmó que respetan el cumplimiento de la Constitución, “y La Constitución contempla a la fecha la prestación mixta de servicios, y esto se da en educación, seguridad social, salud, etc.No tenemos animosidad ni tenemos especial simpatía por ninguna industria. eso quiere decir que vamos a fallar a su favor o en contra y lo único que hemos hecho es analizar los antecedentes jurídicos que se nos exponen, hacernos cargo de una situación de extrema judicialización”.
Asimismo, dijo que no son los verdugos de las industrias. “SSi las isapres o cualquier industria, no importa, consideran que una forma de cumplimiento les puede generar un problema grave, tienen todo el derecho de expresarlo así. y la autoridad sectorial tendrá que considerarlo así, porque esta sentencia nunca ha pretendido que la salud privada deje de existir. Si deja de existir la sanidad privada, no será por mandato ni por orden de los tribunales, sino por otras modificaciones que se hagan legales o constitucionales”.