Radiografía a la inflación de los últimos cuatro años: la papa es el producto que más subió y división de comunicaciones es la única con variación negativa
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló entre 2020 y 2023 un aumento de 29,4%, según cálculos del Observatorio Económico Social de la Universidad de la Frontera (OES-UFRO), incorporados en el informe “Zoom a la Inflación en Chile 2020-2023”.
Cabe destacar que este es un periodo que estuvo marcado por la pandemia y las ayudas económicas entregadas por el Gobierno y los retiros de fondos de pensiones, que llevaron a un peak inflacionario de 14,1% en agosto de 2022. En detalle, 2020 cerró con una variación anual del IPC de 3%, 2021 con un 7,2%, 2022 con 12,8% y el 2023 bajó la cortina con una inflación de 3,9%.
Con todo, la UFRO explica que los últimos dos años fueron los que más aportaron a la inflación del cuatrienio 2020-2023. A su vez, el IPC sin considerar a los volátiles, como alimentos y combustibles, registró un alza de 26,7% en los últimos cuatro años.
A nivel de divisiones, los alimentos lideran el alza de precios con un aumento de 49% en los últimos cuatro años. En segundo lugar se ubicó la división de restaurantes y hoteles, que registró un alza acumulada en el periodo de 40,8%. Le sigue transportes, al marcar un aumento de 36,3% en sus valores para los cuatro años de estudio.
Por otro lado, vestuario y calzado fue la división que anotó la menor variación positiva de precios entre 2020 y 2023 con un alza de 4,4%. En la otra vereda, comunicaciones anota una caída de 7,8% en el periodo 2020-2023, siendo así la única división con variación negativa en el lapso analizado.
Si se realiza un zoom a cada año, tanto en 2020 como en 2022, alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que presentó los más altos aumentos en sus precios (7,6% y 24,7%, respectivamente). A su vez, en 2021 la mayor alza provino de la división de transportes con un 18,9%. Y en 2023, educación lideró las subidas de precios con un 11%, detalla la UFRO.
Análisis por productos
Otro de los análisis que hacen desde la casa de estudios es sobre las variaciones de los productos que formaron parte de la canasta IPC en el periodo mencionado. En 2020, la mayor alza anual la mostró el pimentón y pimiento con un 57,7%. En 2021, en tanto, con un 82,5% el paquete turístico lidera la lista.
Ya en 2022, el primer lugar de aumento de precio se lo lleva la parafina (79%), y en 2023 lo hace la papa con un 73,8%.
En el cuatrienio en su conjunto, el producto que más sube su valor es la papa con una variación acumulada de 146,9%. Completan el listado: servicio de fotocopiado (93,8%), azúcar (93,8%), pimentón y pimiento (93,6%), servicio de transporte aéreo (90,9%), frutas en conserva (88,8%), huevos (87,6%), zapallo (83,3%), entrada a espectáculos (81,5%), y harina (81%).
En la otra vereda, los bienes y servicios que más bajaron sus precios en los últimos cuatro años fueron: ropa deportiva y de baño para mujer (-51,5%); camisa, blusa y polera infantil (-47,3%); equipo de telefonía móvil (-43%); pantalón, falda y vestido para mujer (-35,6%); ropa de abrigo para mujer (-32,8%); vestuario para lactante (-29%); ropa de abrigo infantil (-25%); zapato infantil (-24,6%); calzado de estación para mujer (-22,8%); y unidad de almacenamiento digital (-20,5%).
En detalle, ocho de los diez productos que más han bajado de precio en los últimos cuatro años corresponden a la división de vestuario y calzado, especialmente productos de vestuario y calzado para mujer.
Y por año, en 2020 y 2023 es la parafina el producto que más disminuye su valor con bajas de 23,3% y 22,7%, respectivamente. En 2021, lidera las contracciones el zapallo (-21,2%) y en 2022 lo hace el producto camisa, blusa y polera infantil (-23,3%).
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.