La semana pasada el Presidente Gabriel Boric dijo que esperaba que la reforma previsional se votara en general en mayo, sin embargo, todo parece indicar que eso ya no va a ocurrir.
Este miércoles los senadores de la Comisión de Trabajo del Senado acordaron la metodología de trabajo para tramitar el proyecto, lo cual surgió fruto de un acuerdo entre el gobierno y los parlamentarios que componen dicha instancia, los que tras varias reuniones definieron separar el proyecto en seis temas a debatir y ver si es posible lograr consensos.
De todas maneras, allí no se definió la fecha en que se va a votar la idea de legislar, y Chile Vamos insistió en que no es posible hacerlo mayo, porque en caso de ocurrir así advirtieron que lo rechazarán. En cambio, plantearon realizarlo una vez que se hayan analizado esos seis temas.
El cronograma contempla abordar en una o dos sesiones cada tema, es decir, un tópico por semana, lo que se traduce en unas seis semanas de trabajo legislativo. Allí asistirán expertos a presentar sobre cada materia. Pero también en paralelo se formó una comisión de expertos, la que está compuesta por un representante de cada senador que integra la comisión, además de representantes del gobierno, para debatir las seis materias.
Adicionalmente, el gobierno propuso poder presentar propuestas en la segunda sesión de cada tema, para hacer mejoras que permitan llegar a consensos.
De cumplirse esta metodología de trabajo, la primera semana de julio deberían terminar de verse todos los temas acordados, considerando que el próximo lunes harán la primera sesión, y que serán semanas distritales entre el 20 y 26 de mayo, y entre el 24 y 30 de junio.
El presidente de la Comisión de Trabajo, Iván Moreira (UDI), afirmó que “para nosotros como oposición, es un imposible que esto se vote en el mes de mayo, es un imposible”.
Moreira también aclaró que no se ha llegado a acuerdo con el gobierno, y que tampoco hay un protocolo firmado, sino que solamente se pactó el modo de llevar adelante la discusión. “La idea es que cuando terminemos de discutir estos seis puntos, el gobierno tiene la posibilidad de indicarnos a qué esta dispuesto en indicaciones, las que no se pueden presentar hasta que hayamos votado la idea de legislar”, comentó.
Moreira insistió en que “nosotros les hemos indicado, como oposición, que no estamos de acuerdo en fijar una fecha. Aquí no se trata tampoco de esperar un año, nadie está pensando en eso, pero nosotros a lo menos necesitamos que cada uno de estos temas que estamos analizando, se requieran una o dos sesiones, y en ese sentido, que escuchemos a las personas que vengan”.
En todo caso, el senador UDI también dijo que “el gobierno está en todo su derecho de darle urgencia o discusión inmediata a este proyecto, pero nosotros le hemos señalado que a la luz de los antecedentes que tenemos, la oposición obviamente va a votar en contra. Nosotros tenemos voluntad de avanzar, yo creo que es malo para el país si nosotros no avanzamos”.
La Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoraron el acuerdo transversal que adoptó la Comisión de Trabajo.
“Esto, como señalaba el senador Moreira, no necesariamente constituye un acuerdo, sí fija una ruta y un camino cierto en el cual todos los sectores ponen su voluntad a fin de ojalá concluir en la tan anhelada reforma”, sostuvo Jara en un punto de prensa posterior.
Por su parte, Marcel comentó que “para avanzar en la discusión de pensiones, yo creo que es un paso muy importante justamente el que se dio hoy día: acordar una metodología de trabajo que nos permite ir avanzando sobre grupos de temas autocontenidos. Esto es muy distinto de lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde tuvo que pasar un año cuatro meses antes de que se pudiera votar una norma en particular, así que creo que por lo menos en términos de metodología de trabajo vamos en la dirección correcta”.
No obstante, Marcel también señaló: “Por supuesto, todavía está pendiente resolver cuándo hacer la votación en general del proyecto, tenemos que acordarnos que acá en el Senado la forma en que se articula la votación en general y en particular es distinta que en la Cámara de Diputados, porque aquí primero se vota en general en la comision, en la Sala, y después se hacen las indicaciones y la votación en particular. Así que eso es algo que todavía tiene que terminar de resolver la comisión, pero por lo menos al darse una mecánica de trabajo, por lo menos se despeja de que vamos a tener un escenario bien distinto del que tuvimos en la Cámara de Diputados”.
Las seis áreas de discusión que acordaron los senadores con el gobierno van desde la letra A a la F. En cada tema, “se va a convocar a audiencias específicas, y se identificarán metas posibles de alcanzar, enmarcando con ello la discusión en particular de las propuestas del Ejecutivo, las provenientes de parlamentarios, expertos e instituciones”, explicó Moreira.
El tema A contempla el mecanismo de aumento de volumen de ahorros y densidad de cotizaciones en el pilar de contribución definida, incluyendo aportes a la cuenta individual de cargo del empleador, aumento del límite de renta imponible, reducción de lagunas de cotización, cotización de trabajadores independientes, entre otros.
El tema B abarca los mecanismos para elevar el retorno de los recursos aportados por los trabajadores o en su nombre, incluyendo organización y competencia en la industria de administración de fondos, esquema de cotización, comisiones, licitación de afiliados, regulación de inversiones, entre otros.
El tema C versa sobre la Pensión Garantizada Universal, incluyendo cobertura de beneficiarios, valor del beneficio, fuente de financiamiento, ajuste y gobernanza intertemporal.
El tema D es sobre el aseguramiento frente a riesgos sobrevivientes o inherentes, asegurando suficiencia de los beneficios, requisitos y reglas para acceder a ellos, financiamiento de largo plazo y neutralidad desde el punto de vista de las decisiones de trabajo, ahorro y retiro.
El tema E abarca modalidades adicionales de aseguramiento y obtención de potenciales beneficios para los actuales pensionados, incluyendo solidaridad intergeneracional, seguros de longevidad y modalidades alternativas de retiro, entre otros.
El tema F es sobre los arreglos institucionales, estándares de información, exigencias de transparencia y participación, instancias de educación y participación que eleven la confiabilidad y legitimidad del sistema de pensiones.
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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.
Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.
A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).
En ese contexto, añaden que la acción“son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.
Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.
Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.
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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.
Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.
Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.
Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.
“Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.
Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.
Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.
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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli,padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.
En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.
La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.
Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.
Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.
Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.
El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.
Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, másla resolución del Tribunal Constitucional.“Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.
La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.
El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.
Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.
Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.
En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.
Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.
Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.
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