Desde 1999, el sistema de información comercial sobre deudas, es decir, datos personales y patrimoniales negativos que dan cuenta de la morosidad e insolvencia, cuenta con una regulación especial para su comunicación a terceros de forma pública.
Junto con detallar los casos concretos que permiten tal tratamiento, se establece que si el deudor paga el crédito o han transcurrido más de cinco años desde la mora o la insolvencia, no pueden seguir comunicándose. El beneficio para los acreedores ha sido evidente, y se dejaron de lado las acciones ejecutivas de cobranza, porque la necesidad de que un deudor dejara de figurar en el sistema se traducía en una causa imperativa para pagar la deuda.
“Permitir que el acreedor que carece de vínculo comercial con su antiguo deudor lleve registros históricos y perfilados de la deuda -sin ningún tipo de control, inspección o auditoría- vulnera el Derecho Fundamental a la Protección de Datos Personales”.
Hay distorsiones puntuales, refiriéndose al plazo de comunicación u olvidándose de modificar el requisito de que el deudor que paga el crédito también debe pagar el costo de la aclaración en los burós. Pero existen importantes distorsiones relacionadas con el mal uso de la información por parte de los acreedores sobre deudas pagadas, extinguidas o prescritas, a espaldas de los deudores, sin fundamento legal, sin consentimiento previo, para construir perfiles y sin límite de tiempo.
La idea de corregir este desequilibrio se planteó hace años, pero nunca tuvo la sensibilidad necesaria en los legisladores. Permitir que el acreedor que carece de vínculo comercial con su antiguo deudor -por haberse extinguido o prescrito extintamente la deuda- lleve registros históricos y perfilados de las deudas, sin ningún tipo de control, inspección o auditoría, vulnera también desde 2018 el Derecho Fundamental a la Protección de Datos Personales. .
Tal política pública financiera sólo repara un desequilibrio injusto, y de ninguna manera desalienta el cumplimiento de las obligaciones comerciales, porque si una deuda está siempre vigente, un acreedor puede exigir el cumplimiento legalmente forzado. Tal política pública sólo impide la circulación no consentida en el mercado de perfiles financieros de datos personales y patrimoniales vencidos, ya sea porque se pagó una deuda o porque está prescrita.
Agregan los acreedores afectados que el tema no debe ser regulado y resuelto por ley, ya que en el futuro existirá un registro consolidado de deudas y/o datos personales patrimoniales, lo que lo hace innecesario. Visto así implica desinformar y tergiversar infundadamente una política pública robusta, porque lo que se tendrá que consolidar a través de informes a la CMF serán registros iniciales limitados a un período de cinco años y sobre obligaciones vigentes, exigibles o vencidas, pero su consulta o La comunicación al otorgamiento de nuevos créditos será fuertemente restrictiva.
La gran diferencia es que si bien es cierto que la consolidación de deudas corrientes será obligatoria, se restringirá el acceso al registro consolidado de deudas, solo a deudores concretos, solo con el consentimiento previo, expreso e inequívoco del deudor, solo sobre obligaciones que hayan estado vencidos o exigibles por un plazo inferior a cinco años, sólo por un plazo limitado y sólo para evaluación de riesgo.
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Las palabras de un alto funcionario de la Reserva Federal se sumaron a débiles cifras de empleo en Estados Unidos para intensificar los miedos de recesión este viernes, desatando una explosión de ventas de acciones para tomar refugio en instrumentos de deuda.
El Nasdaq Composite perdía 2,52%, el S&P 500 bajaba 1,64% y el Dow Jones retrocedía 0,96% al inicio de la tarde en Wall Street, con lo que el S&P se dirige a cerrar su peor semana desde marzo de 2023.
Mientras tanto, el S&P IPSA chileno caía 1,53% a 6.264,49 puntos, con casi todas sus 29 acciones en rojo y bajo la especial presión de grandes como SQM-B (-4,11%), Latam (-2,67%) y Cencosud (-2,04%).
Las plazas europeas cerraron también en rojo, mientras a nivel de los commodities, el petróleo Brent amenazaba con perder los US$ 70 por barril.
La hora de actuar
Publicadas esta mañana, las nóminas no agrícolas de agosto fueron menores de lo esperado (142 mil versus 165 mil), con una revisión neta negativa de 86 mil nóminas en dos meses.
“Creo que nuestra paciencia durante los últimos 18 meses nos ha servido de mucho. Pero la actual serie de datos ya no exige paciencia, sino acción”, dijo el gobernador Christopher Waller de la Fed en declaraciones preparadas para un discurso en Indiana.
La autoridad estimó que “el balance de los riesgos se inclina hacia el lado del empleo en nuestro mandato dual (de controlar la inflación y velar por el empleo)”, por lo que “la política debe ajustarse en consecuencia”.
Los comentarios alimentaron la especulación frente a la posibilidad de que la Fed inicie su ciclo de relajación monetaria este mes con un gran recorte de 50 puntos base (pb), pero luego estas expectativas se moderaron, con lo que 25 pb se mantienene como el caso base del mercado.
Alineado con estas percepciones, el rendimiento del Tesoro a dos años se hundía a mínimos desde septiembre de 2022, a medida que los inversionistas buscan refugio en los instrumentos de deuda, apuestas que se beneficiarían de una más profunda relajación monetaria.
Este martes 10 de septiembre terminaría la fase de entrevistas de los postulantes al cargo de Consejero Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), cuyo proceso comenzó el 27 de junio mediante concurso público y cuyos seleccionados debieran conocerse el 17 de septiembre.
Fuentes del sector indicaron que el Comité de Nominación ya tiene una quina, la cual estaría compuesta por el exministro de energía Claudio Huepe, la actual abogada y miembro del Consejo que postula por un segundo periodo Blanca Palumbo,Luigi Sciaccaluga (Plataforma Energía), Carlos Finat (exdirector ejecutivo de Acera) y Ana Lía Rojas (actual directora ejecutiva de Acera).
Agregan que conocida la quina, diputados de la Comisión de Energía y Minería habrían manifestado sus reparos con el avance de Huepe en el proceso, y estarían evaluando acciones porque consideran la preselección como un favor político del Gobierno hacia el exministro.
Un nombre que se estaría dando por confirmado es el de Blanca Palumbo, quien ha dicho que estaría “lista para el cargo”.
El cargo de dedicación exclusiva, tiene una remuneración mensual de 320 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) equivalentes a $21 millones, por lo cual en el mercado se indica que es uno de los cargos más apetecidos del sector energético.
Entre los requisitos para postular están ser profesional de las áreas de la Ingeniería, Economía o Derecho, contar con una experiencia mínima de 10 años en el sector eléctrico, u otros afines como energía, sanitario, telecomunicaciones, minería y portuario. Además, el postulante debe tener experiencia en cargos de gerencia y/o gobiernos corporativos, especialmente en materias de gestión y planificación estratégica, así como experiencia en docencia de pregrado o postgrado.
La selección final está a cargo del Comité Especial de Nominaciones que lidera el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (Marco Antonio Mancilla) dependiente del Ministerio de Energía y está integrado además por un consejero del Consejo de Alta Dirección Pública; el Presidente del Panel de Expertos (Guillermo Pérez del Río), o uno de sus integrantes designado, y el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Nicolás Rojas Covarrubias) o uno de sus ministros.