En la previa del 1 de mayo el Presidente Gabriel Boric y los empresarios se verán las caras este jueves en el encuentro más relevante entre ambos sectores: el Enade 2024. Se espera una gran convocatoria de empresarios y ejecutivos que irán a escuchar a sus pares y a las autoridades de Gobierno, entre quienes está el Presidente de la República, su ministro de Hacienda, Mario Marcel y la ministra del Interior, Carolina Tohá. A ellos se sumarán dos invitados internacionales, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich y el exPresidente de Colombia, Iván Duque.
El encuentro empresarial ha generado gran interés en la opinión pública. Cerca de 120 representantes de los medios de comunicación se han acreditado para el evento, bautizado como “Contra inmobilis. Contra el inmovilismo”. El foco estará en debatir sobre crecimiento y seguridad, los dos temas que preocupan al sector privado y también a la autoridad.
La asistencia será acorde a la expectación que genera el encuentro entre los dos mundos: 1.100 personas entre empresarios, representantes de la sociedad civil, dirigentes gremiales, académicos y ejecutivos. El tono, aseguran conocedores, será de tender puentes entre las partes. Esto pues si bien algunos sectores empresariales, como la gran minería, tienen una mayor sintonía con el Gobierno, saben que existe molestia en ciertos segmentos y que el rol de Icare es representarlos a todos.
La presidenta del gremio, Karen Thal, basará su intervención en la persecución de ese diálogo, considerando que se ha conversado al interior de la organización -lo que han respaldado varios gremios- que no se puede estar congelando por dos años más reformas que apuntalen el crecimiento y la inversión. No se trata de un acuerdo de la presidenta de Icare con el actual mandatario, sino que de una postura de no seguir esperando para avanzar en asuntos clave para todo el país.
“Si el país sigue confrontado entre el tercio que apoya al Gobierno y los dos tercios que lo desaprueban, deberemos conformarnos con un crecimiento nulo o mediocre; con las listas de espera manteniéndose o aumentando; con la delincuencia creciendo; sin un aumento en las cotizaciones previsionales para mejorar las pensiones futuras ni los recursos para incrementar las actuales y, finalmente, con niños que no disponen de escuelas. Parecemos haber perdido la capacidad de asombro. ¿Es eso lo que queremos para Chile?”, dijo la presidenta de Icare en una columna de opinión a El Mercurio en la antesala del evento.
Cercanos a La Moneda reconocen que, si bien hay evidentes diferencias, el Presidente siempre ha tenido buena disposición de participar en todas las actividades empresariales con una lógica de colaboración y que por ello no se ha restado de ninguna instancia. Su discurso más bien, aseguran conocedores, irá por hacer un llamado de dejar de lado el discurso catastrofista, a reconocer los avances en materia de crecimiento y a trabajar en avanzar, algo en lo que mostraría coincidencia con la agenda de Enade.
El llamado de Boric tendría foco, no en enardecer los ánimos, sino en remecer a la voluntad de los empresarios, sobre todo de aquellos que tienen una visión más negativa de la economía país, aun cuando las noticias de crecimiento han mejorado objetivamente.
En el sector privado la reacción es mixta. Dicen que, si bien hay sectores del Gobierno con escucha, como grupos técnicos al interior de los ministerios de Hacienda o de Minería, conviven dos estilos en el Ejecutivo: el más radical, que quiere mantener las reformas más profundas a toda costa y aquel que tiene más conciencia de los proyectos que convocan voluntades, como el de permisología planteado por el titular de Economía, Nicolás Grau.
Una previa incómoda
Desde el comentado: “más Narbona y menos Craig”, en el marco de la inauguración de una planta desaladora de Antofagasta Minerals la última semana de marzo, que la relación entre los empresarios y el Gobierno ha evidenciado una tensión.
Boric acusó -en esa oportunidad- una “soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a Gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig” lo que generó reacciones en todos los sectores.
Poco después el grupo Matte evidenció, en la carta anual a sus accionistas, su preocupación por la situación del sector forestal. “Hace años que el estado chileno no le otorga el valor a la industria forestal la importancia que tiene en todo el mundo”, manifestó el presidente de Empresas CMPC, Luis Felipe Gazitúa en una entrevista con Señal DF.
Cuando las cosas parecían calmarse, la crítica provino del controlador del grupo Copec. “Qué lejos estamos de los tiempos cuando Chile crecía sostenidamente sobre el promedio del mundo (…). Hoy aspiramos a estar en el promedio, y ni siquiera eso conseguimos”, dijo el empresario Roberto Angelini en la misiva a sus accionistas.
La tensión escaló esta semana tras conocerse las declaraciones de uno de los dueños de Carozzi, Gonzalo Bofill. “Nada de esto es casual, fue advertido en todos los tonos y formas, se fue hasta majadero respecto de las nefastas consecuencias que traerían las reformas que se implementaron durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet”, señaló en la memoria anual del grupo.
El martes, Boric lanzó un duro mensaje a los empresarios: “En vez de estar permanentemente aportillando las propuestas para el pacto fiscal, pongámonos de acuerdo”.
Su reacción a Bofill, fue a través de un RT de un post de Gonzalo Martner, que indicaba que era falso lo que planteaba Bofill respecto a que somos más pobres que hace 10 años. Tras ello, la noche del miércoles, en la cena del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), respondió de manera generalizada y les dijo a los empresarios que creía que era el momento “de pasar de los discursos pesimistas y catastrofistas hacia generar en conjunto un clima de confianza”. Un discurso directo y que fue bien valorado por los presentes.
Con ese ánimo partirá la nueva versión de Enade, con pañuelos blancos al viento y con la intención de poner fin al inmovilismo.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.