Veinte años se van a cumplir en 2025 del debut bursátil de la empresa Ripley, que contó con la -hasta ahora recordada- participación de la modelo estadounidense Cindy Crawford. En estas casi dos décadas, la empresa llegó a valer en torno a los US$ 2.000 millones (en 2018) y, hoy, apenas se ubica por sobre los US$ 400 millones. Porque Ripley no ha estado ajena a la situación económica del país y, al igual que sus rivales como Falabella (y las más pequeñas Hites, La Polar y ABCDin) ha debido enfrentar un complejo panorama económico, que ha redundado en una caída en el consumo y, de pasada, en el precio de sus acciones.
La empresa controlada por la familia Calderón también fue puesta en observación por las clasificadoras, que el año pasado redujeron sus calificaciones. Humphreys y Feller Rate apuntaron directamente al negocio de las tiendas por departamento. Éste se ve mucho más golpeado ante una desaceleración del consumo, a diferencia de los supermercados: siempre se va a gastar en comida y en artículos de higiene.
Un periodo de “vacas flacas”, dice un conocedor de la interna de Ripley, quien destacó que, para enfrentar este escenario, la firma implementó un profundo plan de control de costos. Todo liderado por una dupla que se conoce hace años: Hernán Uribe, presidente de la compañía, y Lázaro Calderón, su gerente general corporativo y que es miembro de la familia controladora. El primero, con 14 años en la empresa, y el segundo, con más de cuatro décadas.
” Hemos desplegado diferentes cambios en la estrategia de retail, para aprovechar mejor las incipientes señales de recuperación del entorno”.
Hernán Uribe, presidente de Ripley Corp.
Uribe solo trabaja para Ripley. Tiene su oficina en la casa matriz ubicada en el Parque Arauco. Por concepto de dieta, el directivo recibió $ 59,6 millones el año pasado. A esto sumó $ 281 millones como pago por asesorías, según datos de la memoria 2023 de la empresa.
“Señales de recuperación”
En 2023, Ripley terminó con pérdidas por US$ 54 millones, situación que solo se había visto en 2020 por la pandemia. Pero, en el último trimestre, logró una utilidad de US$ 14 millones, revirtiendo parte de los magros resultados de los primeros nueves meses.
Para este 2024, proyecta un mejor desempeño. De hecho, al interior de la firma se considera este año como uno de “transición”. Incluso, se menciona una tendencia de recuperación de los niveles de Ebitda durante la primera parte del primer trimestre, que le permitirá recuperar su rentabilidad y mejorar los flujos.
“Hemos desplegado diferentes cambios en la estrategia de retail, para aprovechar mejor las incipientes señales de recuperación del entorno”, dijo el presidente de Ripley Corp, Hernán Uribe, en la carta anual a los accionistas.
Dentro de los cambios, se menciona una fuerte baja en los volúmenes de inventario, que disminuyeron el stock un 15,8% en comparación con diciembre 2022. Si bien esto significó una mayor presión sobre los márgenes del periodo, para la administración de la firma esto permitirá contar con una mejor base para este ejercicio.
Uribe también mencionó el impulso que le está dando la compañía a sus marcas propias como Index y Marquis y, para el banco, el foco está en atraer segmentos de menor riesgo, es decir, mejores pagadores.
Monitoreo de tiendas
La compañía opera 77 tiendas por departamento (45 en Chile y 32 en Perú), ocho centros comerciales repartidos en ambos países, además de su división bancaria, empleando a 18.991 personas al cierre del año pasado, casi mil trabajadores menos que en 2022.
Esto último se reflejó en los gastos de administración y ventas: subió 4% el año pasado, principalmente por un alza en las indemnizaciones, como parte del plan de contención de gastos implementado.
Estos planes de eficiencia realizados durante el año pasado significarán -según la compañía- un ahorro de más de $ 30 mil millones anuales.
Precisamente, la inflación y el alza de las tasas de interés en ambos países impactaron con fuerza en las condiciones financieras de las personas, disminuyendo el consumo y restringiendo el crédito. Este fenómeno se tradujo en presiones para los segmentos retail y financiero de Ripley, lo que fue parcialmente compensado por su negocio inmobiliario.
Los ingresos consolidados de Ripley Corp sumaron US$ 2.178 millones el año pasado, una caída de 7,1% en comparación con el ejercicio anterior, explicado por la baja de 12,5% en las ventas de su división retail. Su área inmobiliaria alcanzó ingresos por US$ 47 millones, un alza 21,4%. Al interior de la empresa se prevé que el aporte a la última línea de sus malls será cada vez más relevante.
Otro de los focos de la empresa está en seguir potenciando sus ventas a través de internet. El plan de inversiones 2024 contempla $ 32.500 millones, una baja de 62% con respecto al año anterior, en que se realizaron importantes desembolsos en centros comerciales de Mall Aventura. Un 60% de las inversiones del presente año, serán destinadas principalmente al fortalecimiento del ecosistema omnicanal mediante inversiones en tecnología y logística para continuar impulsando el crecimiento del canal e-commerce y robustecer las plataformas digitales del banco.
Por otro lado, se destinarán $ 13 mil millones en la mantención, remodelación y optimización de las tiendas, ampliaciones de centros comerciales y proyectos comerciales con el fin de mejorar la eficiencia y rentabilidad de la capacidad instalada de la firma.
En paralelo, la administración de la empresa está permanentemente monitoreando el desempeño de cada una de sus tiendas. ¿Se prevé el cierre de locales? Un conocedor de la situación explica: hay varios que no ganan plata, pero su cierre es muy costoso ya que se deben pagar los meses de arriendo comprometidos.
Además, se destaca que el desempeño de una tienda no se debe medir en un año, pues son inversiones a largo plazo.
De ahí el plan de ajuste de costos: si a una tienda le va mal, el trabajo está puesto en bajar los gastos y hacer más eficientes los procesos. Todo con el objetivo de fascinar al mercado, tal y como lo decía Cindy Crawford hace casi 20 años. .
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Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.