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Rosa Devés: “El sistema universitario está construido para que el más débil desaparezca, eso es la competencia”

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Sentada en la imponente oficina de la rectoría de la Universidad de Chile, Rosa Devés recuerda que estaba afinando su discurso para el aniversario N° 181 de esa casa de estudios cuando ocurrió la funa a Sergio Micco en la Facultad de Derecho.

La noticia la desoló. No sólo involucró y enfrentó a dos facultades -Derecho, donde ocurrió el incidente, y Gobierno, donde Micco es profesor-, sino que puso a prueba el tema que sería la columna vertebral de su alocución y que tomó -afirma- como causa personal al asumir como rectora: la convivencia.

Fue un evento que repudiamos, que no debe ocurrir en la universidad. Todo nuestro quehacer tiene que estar -y está, sobre todo en mi caso personal- en generar un ambiente donde la gente se sienta segura, escuchada, valorada y acompañada. Entonces, acciones como esas están totalmente en contra de nuestra misión”, dice.

El viernes 10 de noviembre, dos días después del incidente, la funa se trató en el Consejo Universitario, donde se reúnen decanos y directores de institutos. “Es una ruptura. Es algo que no queremos. Pero hay que decir que lo que ocurre en la U. de Chile se nota más que lo que ocurre en otras instituciones de educación superior. Somos 60.000 personas que interactuamos todos los días, entonces, también hay que poner las cosas en proporción. O sea, es grave que haya pasado, pero acá se convive respetuosamente”, asegura.

Devés revela el malestar que, por estos días, cruza a los rectores de las universidades estatales con el gobierno. Particularmente, porque el reajuste a los funcionarios públicos no incluyó a quienes trabajan en estas casas de estudio, a pesar -asevera- de haber logrado un acuerdo con Hacienda y el Ministerio de Educación. Pero el malestar también incluye promesas que no han sido cumplidas, lo que la hace concluir que entre la administración de Gabriel Boric y la anterior de Sebastián Piñera “no ha habido demasiado cambio, diría que hay una continuidad”.

El año pasado usted se lamentó de que no había visto un fortalecimiento de la educación superior pública por parte del gobierno, como comprometió el Presidente en su programa. ¿Sigue sosteniendo lo mismo?

Sí, no ha cambiado suficientemente. En estos días, estamos con este tema que se ha resuelto en la mesa del sector público de no innovar respecto del apoyo que se ha solicitado por mucho tiempo a que haya una contribución para el reajuste en las universidades estatales. Nuestros gremios pactaron un reajuste, fueron parte de la negociación desde mayo a octubre y de los acuerdos, con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. Vuelven con un acuerdo, pero sin recursos. Y eso, en realidad, es completamente inaceptable.

¿Cuánto dinero implicaba?

Dependía, eran tres escenarios. Y eran entre siete mil millones y 16 mil millones, con algo intermedio. Dependía de qué rango de remuneraciones eran las que se iban a acoger a este reajuste. Y bueno, trabajamos, concordamos, y simplemente no fue considerado. Entonces es muy compleja la señal.

¿La señal es que no hay un compromiso con la educación superior pública?

En parte, lo que lleva a esta actitud generalmente ha sido el que el Estado no controla la dotación de las universidades públicas. Pero siempre se puede encontrar un indicador aceptable para calcular esa transferencia de fondos para el reajuste. Yo creo que, en general, no hay conciencia de la importancia que tienen las universidades públicas para el país. La ley para las universidades estatales les entrega muchas responsabilidades, pero sigue habiendo un tema de autofinanciamiento. Y se da la siguiente paradoja: por un lado, tienen todas las regulaciones, todos los controles que tiene el aparato público para que, por otro lado, esencialmente se autofinancien y compitan. Ahí hay una contradicción fundamental. Es muy difícil de resolver y eso va a requerir una mirada al financiamiento de las universidades estatales.

El programa de gobierno de Boric incluía ello, ¿no ha cumplido con ese compromiso?

Es que no hay un compromiso. El compromiso es o sería que existan más fondos basales para las universidades del Estado, sacarlas de la lógica extrema de competencia de autofinanciamiento a una lógica más de responsabilidad del Estado con sus universidades. Y eso requiere cambios en el sistema de financiamiento. Porque hoy día se financian de la misma manera que el resto de las universidades, con algunos programas distintos, pero que no hacen la diferencia. Está todo el sistema construido de una manera que incentiva la competencia. Así fue concebido en el año 81. Y a pesar de las nuevas leyes, a pesar de la gratuidad, de alguna manera sigue siendo el sistema en general de educación superior impactado por esa lógica del 81, digamos, cuando se abre el sistema privado.

¿Y la competencia no es algo deseable para el sistema universitario?

Bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Con jóvenes endeudados, universidades que están sólo enfocadas a la demanda. El financiamiento que es a la demanda y no al fortalecimiento institucional. Ese es parte del problema que tenemos las universidades en general hoy día, ¿no? Sobre todo en un tiempo donde la colaboración se vuelve fundamental. Es clave para generar trabajos interdisciplinarios resolver los problemas más grandes. Es clave que las distintas instituciones colaboren, las privadas con las estatales, en fin.

El sistema está construido básicamente para que el más débil desaparezca, porque eso es lo que es la competencia. La competencia no es inocua o neutra, sino para dejar a alguien atrás. Y eso no va con el mundo que viene. No tiene que ver con defensas corporativas. Tiene que ver con… el futuro. Y tenemos que salir de esa lógica.

¿Se puede suprimir la competencia cuando es un rasgo que predomina en las universidades extranjeras?

Los sistemas más sólidos desde el punto de vista educacional son sistemas públicos muy fuertes. Y, por lo tanto, basados en unas lógicas distintas, lo que no significa que no son regulados. Pero donde no están en un sistema para destruírselos con otros.

¿Hay decepción con el gobierno por parte de las universidades estatales?

Hay pocas novedades, digámoslo así. Hay una tarea por hacer y nunca pierdo las esperanzas de que la vamos a hacer. Hay que tomar conciencia de la importancia de, por un lado, destrabar esta extrema burocracia. Esta administración que ahoga el cambio. Las universidades estatales, como las otras, tenemos que movernos rápido. Y estamos llenos de trabas, de controles. Tenemos otro tema pendiente, que son los estatutos de las universidades: hay 13 universidades de las 18 que tienen todavía el estatuto de la dictadura. Esos estatutos llevan dos años y medio siendo estudiados en el Ministerio de Educación. Esperamos que puedan ser promulgados este año.

Hay crisis en la U. Austral, en la U. de Aysén y la Bolivariana. ¿A qué responde esta crisis en el sistema universitario en general?

Bueno, esas son situaciones bien distintas. No quiero entrar en los problemas específicos, pero en un caso tenemos una universidad histórica, tradicional, importante, que es el caso de la Universidad Austral, que este país tiene que proteger. Y la Universidad de Aysén es una universidad nueva, joven, en un territorio aislado, con baja población, es importante que esté ahí. ¿Y cuál es el tema? Que tiene los mismos mecanismos de financiamiento, desde el punto de vista del Estado, que universidades centenarias: tiene que financiarse con el pregrado, sobre todo, porque no tiene los posgrados desarrollados que tenemos nosotros, ni los servicios, en fin. Esa universidad requiere, primero, comprender cuál es la misión en ese territorio y de tener un apoyo del Estado permanente para su desarrollo, porque es de importancia geopolítica.

¿Y no hay una responsabilidad de la gestión de las autoridades?

Siempre hay. En ningún caso las autoridades podemos decir que no somos responsables, pero eso tiene que decirse objetivamente sobre la base de información más amplia. Pero el caso de la Universidad de Aysén refleja las dificultades que tenemos hoy en la educación de la universidad estatal. Y esta predominancia en la competencia, este sistema de financiamiento que es como el mismo para todos, independiente de la historia, de la misión, de la ubicación geográfica que tiene una universidad.

¿Qué prioridad debería tener la educación superior cuando el gobierno tiene un incendio con la deserción escolar de niños tras la pandemia?

La educación superior es fundamental, porque tiene que ver con el desarrollo. Y debiera ser como contracíclica, que es lo mismo de la ciencia. Uno dice, pero ¿por qué vamos a ir a la ciencia ahora que tenemos tantos problemas? Bueno, porque tenemos que apoyarla, porque eso es lo que ayuda a los países a salir adelante. La educación superior es donde se forman los profesores, por ejemplo. Pero también es donde se piensa la educación, donde se estudian sus problemas. La educación superior no es un lujo de un país, es el motor del conocimiento.

O sea, se debieran atender los dos problemas. ¿Se puede si los recursos son limitados?

Es sistémico, es sistémico. Sin duda, están completamente relacionados esos dos sistemas. El problema y el riesgo lo tienen los dos. Es difícil la política, porque está la salud, están las pensiones, está la educación, por supuesto, y todos esos son recursos, ¿verdad? Pero el conocimiento no se debe abandonar.

Entre este gobierno y el anterior de Sebastián Piñera, ¿cuál ha sido más receptivo respecto de las demandas de los rectores de la universidad estatal?

No ha habido demasiado cambio, diría que hay una continuidad.

Rosa Devés. Foto: Juan Farías / La Tercera

A una semana del plebiscito, ¿qué balance hace de estos cuatro años de proceso constituyente?

Lo que ocurrió en este proceso, en el de la Convención y ahora del Consejo Constitucional, y que creo que es algo que hay que valorar, es que tuvo esta insistencia de alguna manera a llegar a un acuerdo. Y eso lo logramos con el trabajo de la Comisión Experta, donde hubo un acuerdo político transversal, bien mayoritario, y que luego se destruyó. Siempre los procesos hay que valorarlos en lo que son. Son recorridos, aportan conocimiento a las sociedades de sí mismas, independiente de que sean exitosos o no. Es mejor recorrer esos caminos que no recorrerlos.

¿Este proceso es exitoso o no después de cuatro años?

Eso lo vamos a ver el 17 de diciembre, pero yo sí creo que se han cometido errores en la última fase.

¿Cuáles?

Yo creo que son dos de origen distinto. De mi punto de vista personal, que no implica un vínculo con la responsabilidad que tengo en la universidad, creo que es un texto que no es lo que dice ser.

¿Cómo así?

Bueno, porque por un lado reconoce a Chile como un Estado social y democrático de derechos, y por otro, si uno mira educación, salud y pensiones, no representa a los derechos sociales de una manera solidaria, como uno esperaría en un Estado social y democrático de derechos. Se incentiva una visión individualista. Es un problema grave y grueso de inconsistencia, que en un texto constitucional es un problema mayor, una contradicción.

¿Y el segundo error?

Y el segundo tiene que ver más con el proceso, con haber dejado caer un acuerdo, que fue un gran logro de la Comisión Experta, inesperado también para muchos. Y el dejar caer es también más grave que no haberlo logrado. Habría que haberlo votado después en un plebiscito, pero es como un cristal que se tiró al suelo y se rompió.

Pero eso desconoce que hubo un órgano democrático electo para precisamente trabajar sobre la base del proyecto que enviaron los expertos.

Sí. Lo hubo. Pero yo creo que todos coincidimos en la preocupación por los derechos sociales.

¿El Consejo debió ser más cuidadoso de este acuerdo?

El Consejo, en general, sí. Pero vamos a ver cuál es la opinión de la ciudadanía.

Y después de estos cuatro años, ¿usted cree que la ciudadanía queda con un sabor dulce o amargo de todo este proceso constituyente, en general?

Vuelvo a decir que eso lo vamos a ver el 18 de diciembre. Pero a mí me da la impresión de que muy dulce no va a ser.

Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile. Foto: Juan Farías / La Tercera

El año pasado usted planteó, después de que ganó el Rechazo, que el texto de la Convención había sido maximalista. ¿Cómo calificaría la actual propuesta?

Vuelve a ser excesiva. Eso lo han dicho todos los expertos en el texto, que es muy largo, que insiste muchas veces en los mismos temas, como la libertad de enseñanza. Es como reiterativa. El texto propuesto por la Comisión Experta resolvía eso de alguna manera. Y esta vuelve a inclinarse en una dirección. El primer texto de la Convención no tenía la contradicción interna. Uno podía no estar de acuerdo y el 62% no lo estuvo. A mí lo que me preocupa de este, fundamentalmente, es esa inconsistencia que tiene. Pero de nuevo, tenemos que esperar el pronunciamiento de la ciudadanía. Eso es importante.

¿Va a votar “En contra”?

Sin duda, sí.

¿Cuáles son las luces rojas que advierte en el texto?

Creo que la objeción de conciencia institucional es un peligro que puede generar discriminaciones. No solo a nivel de las mujeres y sus derechos, cosa que se ha explicitado muy bien, sino también en los niños y sus colegios.

El tema también de poner en riesgo los derechos de las mujeres, como la interrupción del embarazo en las tres causales. Comparto la visión de quienes plantean que el haber sustituido el qué por el quien es una puerta abierta a retroceder en esos derechos. Y también el planteamiento de educación. Como ahí se plantea, con este énfasis excesivo en la defensa de la libertad de enseñanza, que por lo demás siempre ha estado ahí, no tiene una mirada para los tiempos que vienen.

La educación superior prácticamente no aparece. La educación a lo largo de toda la vida para qué decir, para nada. La responsabilidad principal del Estado con, por ejemplo, la educación superior, tampoco, es como una alternativa. Y uno dice, ¿el Estado, qué? Estamos hablando de las universidades estatales, ¿verdad? Realmente la educación pública como esencial para la cohesión social, para el bien común, como un espacio de encuentro de las personas diversas, nada de eso está. Lo que sí hay es fundamentalmente una defensa de la educación como yo la quiero y como casi que la voy a impartir en mi casa.

En ese sentido, ¿usted se siente más cercana al proyecto que emanó de la Convención que al actual?

En los temas educacionales, francamente, sí.

¿Y en un plano más general?

Sí, aunque reconozco que era, como dijimos, maximalista y que tal vez tampoco interpretaba el grueso de la sociedad. Y si bien uno puede estar de acuerdo como persona con esa visión, tiene que entender que esto debe ser más plural. Pero en educación creo que era muy, muy superior.

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Tianqi concreta su amenaza y recurre a tribunales para frenar la alianza entre SQM y Codelco

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El grupo chino Tianqi no detiene su ofensiva contra la alianza entre Codelco y SQM para explotar en conjunto el negocio del litio en el salar de Atacama. Tianqi tiene el 22% de la propiedad de SQM y pide que sea una junta de accionistas vote si la alianza con Codelco debe realizarse o no.

Los abogados de Tianqi, encabezados por Octavio Bofill y Rodrigo Saffirio, interpusieron este viernes en la Corte de Apelaciones un recurso de ilegalidad que impugna las resoluciones de la Comisión para el Mercado Financiero que determinaron que la asociación entre SQM y Codelco no requería ser votada por los accionistas de la minera privada, y que era facultad del directorio de la empresa la aprobación de la alianza. La CMF se pronunció en más de una ocasión en ese sentido, dando la razón a los argumentos de SQM.

SQM y Codelco suscribieron un acuerdo de asociación el 31 de mayo pasado, una integración que las partes esperan que comience a regir en la primera parte de 2025 y que tendrá vigencia hasta 2060.

En su extensa de presentación de 54 páginas, Tianqi, a través de su sociedad en Chile, Inversiones TLC SpA, pide que el tribunal decrete la suspensión de las resoluciones de la CMF que aprobaron la manera en que fue aprobada por SQM su alianza con Codelco “mientras se tramita el reclamo de ilegalidad deducido en lo principal de esta presentación y mientras no exista un pronunciamiento firme a su respecto”. De esta manera, Tianqi intenta congelar los efectos de la asociación público privada para explotar el negocio del litio.

“La implementación prematura del Acuerdo de Asociación, sin que exista un pronunciamiento judicial firme respecto de la materia sometida a la decisión de esta Iltma. Corte, hará imposible ejecutar una eventual sentencia favorable a esta parte, además de generarle un perjuicio irreparable”, sostienen los abogados de Tianqi en su argumentación para poner una pausa la mega alianza.

La empresa china sostiene que por medio del acuerdo de asociación, “SQM enajenará su participación controladora en su filial SQM Salar S.A. (“SQM Salar”), y, todavía más, todo el negocio de explotación del litio”, y dice que la ley exige que aquella enajenación sea ser sometida a los accionistas, con un quórum de dos tercios de las acciones.

La compañía sustenta su argumentación, además, en la opinión de tres informes en derecho que cita en su presentación. SQM había presentado ante la CMF otros cinco informes en derecho que sostenían lo contrario.

Entre las conclusiones, la presentación señala que ”se cumplen todas las condiciones para que acceda a la suspensión de efectos solicitada en esta presentación, en tanto (i) Tianqi ha demostrado tener un caso verosímil, respaldado por diversos antecedentes fácticos, conductuales y jurídicos; y, (ii) las consecuencias de continuarse con la ejecución del Acuerdo de Asociación mientras se tramita el presente reclamo de ilegalidad pueden ser graves e irreversibles para los derechos de Tianqi y el resto de los accionistas minoritarios”.

SQM y Codelco firmaron primero un memorándum de entendimiento el 27 de diciembre de 2023. Los primeros días de enero, reservadamente SQM consultó a la CMF si bastaba para ello la aprobación del directorio, como sostuvieron sus asesores legales: la CMF validó ese criterio a fines de febrero. La unanimidad de los ocho directores de SQM, entre ellos los tres electos por Tianqi, habían dado el visto bueno al negocio a fines de 2023.

Tras el primer pronunciamiento de la CMF, Tianqi forzó dos juntas extraordinarias de accionistas en las que se discutió el acuerdo, pero no se votó, como pedía el grupo chino. Tras ello, Tianqi volvió a recurrir a la CMF, que rechazó su petición de forzar una junta resolutiva y la reposición que sus abogados ingresaron entonces. Pasados quince días desde esto último, Tianqi recurrió por primera vez a los tribunales chilenos para paralizar la alianza firmada por las dos empresas el 31 de mayo pasado.

Tianqi tiene el 22% de las acciones y si suma a otros accionistas minoritarios a su posición, podría eventualmente conseguir un tercio de los votos para bloquear la integración de SQM Salar, la filial de SQM que tiene los derechos para explotar el salar de Atacama hasta 2030, y minera Tarar, la filial de Codelco que tendrá los derechos para hacerlo hasta 2060.

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Columna de Matías Acevedo: “Proteccionismo: la política que une a Kamala con Trump”

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Kamala es fanática de la comida india, y Trump, de las hamburguesas. Kamala es tres veces más productiva que Trump en la preparación de comida india y dos veces más productiva que él en la elaboración de hamburguesas. Sin embargo, Kamala insiste en especializarse en cocinar hamburguesas y Trump en preparar comida india.

David Ricardo, el destacado economista inglés, les daría el siguiente consejo: “Aunque Kamala sea mejor que Donald para cocinar ambas cosas (ventajas absolutas), si Kamala se dedica a la comida india (donde tiene más ventajas comparativas) y Donald a las hamburguesas (donde es menos ineficiente que Kamala), en conjunto producirán más”. Este simple, pero profundo consejo, permitió que el comercio internacional se multiplicara por 20 en los últimos 60 años. Desde 1990 hasta la fecha, la pobreza mundial se ha reducido a una cuarta parte, en parte porque los países de ingresos bajos y medios más que duplicaron su participación en el comercio mundial.

Pero la geopolítica una vez más está transformando el comercio internacional. Y aunque la apertura comercial trajo muchos beneficios para Estados Unidos, en algunos sectores de la sociedad desaparecieron industrias enteras como resultado de la globalización. Las personas de esas localidades se sentían frustradas porque anticipaban que tendrían una calidad de vida inferior a la de sus padres. Aunque este efecto negativo fue anticipado por David Ricardo hace dos siglos, la rapidez con la que ocurrió esta redistribución tuvo consecuencias políticas, como se evidenció en el triunfo del Brexit en el Reino Unido y la primera presidencia de Trump con una campaña proteccionista para “Make America Great Again”.

Pero la administración de Biden continuó con la mayoría de las políticas proteccionistas de aranceles de Trump y profundizó las políticas industriales. Introdujo subsidios para relocalizar la producción de semiconductores (Ley Chips) y una ley miscelánea de reducción de la inflación que adoptó una serie de subsidios a los insumos en la cadena de producción de vehículos eléctricos para garantizar su producción interna.

Tax Foundation estima que las medidas proteccionistas desde 2018 han recaudado US$233 mil millones, donde más del 60% corresponde a la administración de Biden. La misma entidad estima que dichas políticas industriales le han costado al país un menor crecimiento del PIB de 0,2 puntos porcentuales y menores horas trabajadas equivalentes a 142 mil empleos.

La propuesta de campaña de Trump en esta materia es establecer un arancel del 10% para todas las importaciones, pero para China del 60%. Se estima que, aunque producirá una mayor recaudación tributaria en el corto plazo (US$ 520 mil millones), a largo plazo reduciría el crecimiento del PIB en 0,8 puntos porcentuales, con 684 mil puestos de trabajo menos, además de un alza en los precios de los productos y su efecto contagio en el crecimiento del resto del mundo.

La pregunta es: ¿Hasta cuándo durará el proteccionismo de Estados Unidos? Como ha ocurrido a lo largo de la historia económica, hasta que los ciudadanos, hijos de los actuales padres frustrados por la globalización a quienes se pretende ayudar con el proteccionismo, vean que ahora su futuro se proyecta aún peor que el de sus padres.

Para economías en desarrollo como Chile, sería desacertado seguir el ejemplo del creciente proteccionismo de Estados Unidos y China, una disputa de “perros grandes” que debemos observar, pero nunca imitar. Por el contrario, debemos profundizar y agilizar la diplomacia comercial fortaleciendo las exportaciones, con nuevos y mejores acuerdos comerciales (Larroulet, 2024). Por ejemplo, con India, que según Goldman Sachs será el quinto mercado de consumo más grande del mundo en dos años. Aún tenemos mucho que ganar del resto del mundo, pero también mucho que perder si abandonamos nuestra política comercial abierta.

Y tal como predijo hace más de 200 años el célebre economista David Ricardo, llegará el día en que Kamala, aprovechando sus ventajas comparativas, se especialice en preparar comida india, y Trump, en hacer hamburguesas, por el bien común de todos y no solo de un grupo de ciudadanos.

#Columna #Matías #Acevedo #Proteccionismo #política #une #Kamala #con #Trump
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El proyecto de cobalto en Chile apoyado en Estados Unidos

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C3, Chilean Cobalt Corp., consiguió en menos de dos meses dos acuerdos clave para echar a andar su proyecto de cobalto y cobre en las cercanías de Huasco y Freirina, en Atacama. En junio, el EXIM Bank de Estados Unidos, que apoya financieramente a empresas de ese país para enfrentar la competencia china en energías renovables, le preaprobó un financiamiento por US$ 317 millones; y en julio, la suiza Glencore acordó comprar toda la producción de ese yacimiento, conocido como La Cobaltera, por cinco años.

“Suponiendo que se obtengan las aprobaciones finales y recibamos el paquete de préstamos del EXIM Bank, esto reducirá en gran medida el riesgo de nuestro proyecto La Cobaltera y nos permitirá asumir más riesgos en otras áreas, como la exploración”, dice el CEO de la minera junior estadounidense, Duncan Blunt.

El ejecutivo avisa que C3 tiene planes de largo plazo: “El distrito en el que operamos, y Chile en general, probablemente alberguen varios otros yacimientos de cobalto y cobre con geología similar. Nuestro enfoque está en restablecer la producción en La Cobaltera, pero nuestro interés en el cobalto abarca todo Chile. Nos gustaría ser una empresa operadora de múltiples minas en los próximos cinco a diez años”, resume.

La Cobaltera no es un yacimiento nuevo. Fue explotado entre 1844 y 1941 por inversionistas alemanes y después cayó en el olvido. Pasó por varias manos, mientras sus instalaciones se arruinaban hasta que el mineral emergió como otro de los insumos críticos para la transición energética hacia la electromovilidad. Conocido como el “oro azul”, el cobalto es empleado en las baterías de ion litio en vehículos eléctricos, pues prolonga su duración y evita que se sobrecalienten.

En 2018, Chilean Cobalt Corp, firma que entonces pertenecía al fondo de inversiones estadounidense Genlith, pero que ahora cotiza en la bolsa de Ventures de Nueva York (OTCQB), adquirió la propiedad.

Según un prospecto enviado al regulador norteamericano (SEC), Chilean Cobalt Corp -que se define como una firma de minería junior– tiene concesiones para explotar 2.635 hectáreas en todo el llamado Distrito Minero de San Juan, una zona ubicada entre los límites sur de Atacama y norte de Coquimbo, donde además de La Cobaltera, se han explotado históricamente pequeñas minas de cobre. Y C3 también está interesado en ese mineral.

El 30 de junio, C3 recibió la preaprobación de US$317 millones para financiar la explotación de La Cobaltera por parte del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank), para un crédito de hasta 15 años.

“Hemos estado trabajando en esto durante varios años. Se espera que la cifra de US$317 millones represente sustancialmente todo el capital de deuda requerido para el desarrollo de la Fase 1, que se centrará en las zonas de óxido”, explica Blunt. La primera fase considera extraer las capas minerales en orden de la más fácil a más difícil de procesar, llegando hasta la lixiviación. La etapa número dos considera ya molienda y otros procesos. La firma espera tener restablecida la producción de La Cobaltera en los próximos cuatro a seis años.

Este financiamiento forma parte del programa CTEP del EXIM Bank, que ayuda a firmas estadounidenses a enfrentar la competencia de los productores chinos en energía renovable, almacenamiento y eficiencia.

Según la información de la compañía, se proyectan de 3.000 a 5.000 toneladas métricas anuales de cobalto y de 20.000 a 25.000 toneladas métricas anuales de cobre; es decir una mina mediana.

El proyecto de cobalto en Chile que se apoya en Estados Unidos.

“El EXIM Bank y otras agencias del gobierno de los EE.UU. están trabajando para brindar apoyo y soluciones de financiamiento a empresas como la nuestra, que están desarrollando de manera activa y responsable proyectos de minerales críticos en jurisdicciones amigas, con un procesamiento futuro que se llevará a cabo en los EE.UU. y los países del Tratado de Libre Comercio de los EE.UU.”, añade el ejecutivo.

La producción de la firma se exportará como concentrado. Y ahí es donde entra el segundo acuerdo de C3.

El 8 de julio, Chilean Cobalt Corp. acordó con la minera suiza Glencore la venta del 100% de su producción de cobalto y cobre en Chile, durante un periodo inicial de cinco años.

“Glencore brindará un apoyo fundamental a nuestro proyecto en el desarrollo de la mina, el procesamiento posterior y la comercialización del producto. Ya estamos trabajando activamente con ellos, a través de sus equipos en Suiza, EE.UU. y localmente en Chile, y avanzaremos hacia los documentos finales del acuerdo definitivo durante el resto de 2024″, anticipa el CEO de C3.

Este acuerdo era clave para la viabilidad del préstamo del EXIM Bank, que exigió asegurar un socio de compra creíble antes de preaprobarlo. “Esto nos permitirá producir y exportar un producto concentrado a una instalación nueva planificada en EE.UU. Esto significa que podemos restablecer la producción de La Cobaltera en un cronograma potencialmente acelerado y también nos permite una mayor flexibilidad para considerar la futura integración vertical en el país”, avisa el ejecutivo.

Según el acuerdo, C3 y Glencore incluirán disposiciones sobre sostenibilidad y relaciones con la comunidad en el documento final.

El relanzamiento del proyecto coincide con mínimos de precios del metal en siete años. Pero Blunt sostiene que a pesar del exceso de oferta se espera que el mercado entre en déficit hacia finales de la década, ya que el menor valor actual ha dejado fuera de producción a algunos yacimientos, cuya salida podría ayudar a ajustar el mercado. “Nuestro proyecto es polimetálico, y los precios y los fundamentos del cobre han sido relativamente sólidos, por lo que eso respalda nuestro propio proyecto ahora y en el futuro. Como dice el dicho en el ámbito de las materias primas, ‘los precios altos son la cura para los precios altos, y los precios bajos son la cura para los precios bajos’”, aclara.

Según un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), el mercado del cobalto seguirá dominado por la República Democrática del Congo y China, al menos hasta 2030. Blunt explica que el cobalto es un mercado relativamente pequeño, de unas 230.000 toneladas producidas por año (el cobre supera los 22 millones de toneladas por año), y como el cobalto es casi siempre un subproducto, esta dinámica a menudo puede dar lugar a niveles más altos de volatilidad de precios. “Los nuevos proyectos en la República Democrática del Congo e Indonesia aportaron más cobalto a un mercado que simplemente no necesitaba más oferta. El resultado final, como era de esperar, fue un retroceso de los precios”, dice.

C3, que se denomina así por las iniciales de Chilean Cobalt Corp., ha estado realizando sondajes y otros trabajos en su yacimiento del norte chico. La firma destaca las condiciones de la zona y su infraestructura, que Blunt califica de “excelentes” y “ventajosas”, por la baja altitud (a menos de 1.100 metros), clima seco, uso potencial de agua de mar (a 10 kilómetros de la costa), la cercanía del puerto de Huasco para exportar, buenas carreteras, potencial para trabajar con energía solar y mano obra local sin necesidad de levantar un gran campamento. Ahora solo falta que empiecen a llegar los recursos del EXIM Bank para que la Cobaltera vuelva a operar.

China tiene una posición dominante en el mercado del cobalto. Casi el 70% de la oferta global proviene de la República Democrática del Congo, y las empresas chinas controlan aproximadamente la mitad de la producción en ese país. Indonesia es el segundo mayor productor del mundo, con aproximadamente el 10% de la oferta mundial, y las empresas chinas controlan casi el 80% de esta producción.

En cuanto al procesamiento posterior, aproximadamente el 65% se hace en China. “Estas cifras representan un control de facto del mercado de cobalto extraído y refinado, y esta dinámica permite un cierto nivel de influencia sobre los precios que podría utilizarse como arma para asegurar la continuidad de esta posición dominante en el mercado”, reclama Blunt.

En 2019, Estados Unidos creó el programa CTEP de su fomento al comercio exterior, Exim Bank, con el objetivo de enfrentar la competencia de China en la carrera de las nuevas tecnologías y su dominio en el mercado de los metales críticos: además de financiamiento ofreció localizar en suelo estadounidense o de algunos socios comerciales la fabricación de baterías y demás componenentes. De hecho la producción de La Cobaltera se beneficiará de esas rebajas y exenciones.

Blunt menciona además, los problemas de derechos humanos y ambientales en algunas minas operadas por grupos chinos y las compara con el proyecto en Chile. En su última presentación a los mercados hace algunas semanas, C3 destaca que para La Cobaltera no será necesario relocalizar poblaciones.

La firma adhirió a los Principios de la IRMA (Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable, por sus siglas en inglés) que obliga a las minas a operar aplicando prácticas innovadoras para evitar los impactos negativos ambientales y sociales.

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