“En Santiago hemos tenido un noviembre rojo: 35 homicidios y 43 homicidios frustrados en lo que va del mes: esto es brutal”.

La frase la lanzó el 28 de noviembre el gobernador Claudio Orrego, luego de concluir el cuarto Consejo Regional contra el Crimen Organizado, celebrado en La Moneda, al que acudieron también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

El tono era duro, pero iba de la mano con lo que empezó, junto a su equipo, a hacer desde inicios de noviembre. Según señalan fuentes en el Gobierno Metropolitano, una vez que se dieron cuenta de que en los primeros días del mes había casi un homicidio al día, comenzaron a listarlos usando información de Carabineros y la PDI.

Así, el 14 de noviembre, Orrego lanzó su primer balance de homicidios, tras querellarse contra quienes resulten responsables por la muerte de una mujer en Recoleta.

“En las últimas dos semanas en la ciudad de Santiago han sido asesinadas 16 personas y hemos tenido 26 homicidios frustrados, todos con armas de fuego. Lo hemos dicho ayer y lo repetimos hoy día, estamos ante una pandemia de homicidios y de uso ilegal de armas de fuego”, dijo en esa ocasión.

Una semana después de acuñar el “noviembre rojo”, Orrego volvió a la carga.

“El último mes es probablemente el mes más sangriento que hemos tenido en Santiago en muchísimos años: 37 homicidios y 38 homicidios frustrados -dijo en Radio Pauta el 5 de diciembre-. Por eso yo lo denominé el ‘noviembre rojo’. Y siento que, la verdad, es que no es un hecho aislado, sino que hemos tenido un aumento sistemático de la violencia, del uso ilegal de armas de fuego y también de homicidios”.

El miércoles 6 repitió la cifra de 37 homicidios y 38 frustrados. “Más de un homicidio por día”, dijo en radio Duna.

Eso sí, la interpretación que dio Orrego, asegurando que este noviembre ha sido el mes con más asesinatos en años en la capital, no es cierta de acuerdo a información del Ministerio Público y de la Subsecretaría del Interior.

Según el “Primer Informe de Homicidios Consumados 2018-2022″, elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 hubo 549 homicidios consumados en la Región Metropolitana. Esto es, en promedio, 45 homicidios por mes.

Es más: el desglose sobre muertes violentas en esta región arroja que en noviembre del año pasado hubo 46 homicidios consumados en la capital. Ni siquiera fue el mes más violento: en enero de 2022 hubo 58 asesinatos en Santiago.

Los datos de la Subsecretaría del Interior, entre el 1 y el 26 de noviembre de este año indican que van 46 homicidios: dos más que el 2022 a la misma fecha.

Esto dista de las apreciaciones que ha mostrado el gobernador. Consultado sobre los parámetros para calificar a noviembre como “rojo”, respondió a La Tercera:

-Consideramos que es un mes rojo, porque no sé con qué otro color se podría calificar un homicidio diario, y delitos cada vez más violentos, incluyendo granadas lanzadas a Carabineros y descuartizamientos detectados en plena vía pública. No recuerdo algo así en mi vida, ni cuando fui intendente o alcalde.

El exfiscal Luis Toledo, que estuvo a cargo de la Unidad Antidrogas de la Fiscalía Nacional, está seguro de que -más grave aún- la emergencia no partió en noviembre.

-A mí me parece que lo que es noticia es que esto obedece a un patrón común que se ha mantenido y que se va incrementando durante los últimos 10 años. Yo creo que lo relevante acá es que las propias cifras del Ministerio Público revelan que los homicidios en una década han subido casi un 70%. Y eso en todo el país, no solo en la Región Metropolitana.

Las cifras más críticas, dice, son otras. Por ejemplo, en 2022, a nivel nacional, un 42% de los homicidios tuvieron un victimario desconocido. En la Región Metropolitana fue aún peor. Ahí la cifra llegó a 51%.

-Y si eres imputado -dice el investigador del COES, Matías Garretón- tienes un tercio de posibilidades de liberarte. Con esos números, cómo no van a aumentar los homicidios.

Por lo mismo, Lucía Dammert, experta en seguridad y exjefa de asesores del Presidente Boric, no cree que la política está encontrando el tono para llevar estos temas.

-Lamentablemente, el volumen de las discusiones sobre temas de seguridad aumenta en forma directamente proporcional a la cercanía de procesos electorales. Lo más importante y lo que la ciudadanía merece es que el mundo de la política, más allá de enfatizar en la criticidad o no, con nombres más o menos altisonantes, resuelva el problema.

Hace un par de semanas, Orrego redobló la apuesta y propuso un estado de excepción en la Región Metropolitana, que el gobierno ha descartado en al menos dos oportunidades. Los alcaldes se sumaron a la presión política con otras medidas. Uno de ellos, José Manuel Palacios (UDI), alcalde de La Reina, cree que su idea soluciona el problema. En su comuna, cuenta, explotó con fuerza durante noviembre.

La noche del jueves 23 de ese mes, un menor de edad junto a otros cuatro sujetos se metieron a robar a una casa de una mujer de la tercera edad en la calle Julio Montebruno, en La Reina. Para defenderla, un vecino de 67 años tomó un revólver inscrito a nombre de su madre, apuntó a los delincuentes y disparó. La bala atravesó la espalda de uno de los agresores que era menor de edad, quien murió, producto de la herida, en el Hospital Luis Tisné. El vecino que disparó acabó con arresto domiciliario total por el asesinato.

Palacios visitó el lugar el día después. Los vecinos estaban molestos por los robos y porque su vecino quedó preso.

-Se me acercaron, literalmente, 200 personas. Estaban angustiadas. Me decían que ya no sabían qué más hacer. Alcalde, por favor, ayúdenos. Haga algo.

Cinco días después, el miércoles 29 de noviembre, en la misma calle Julio Montebruno, cuatro sujetos abordaron a una mujer de 40 años con su hija: le hicieron una encerrona para robarle el automóvil.

Eso fue vital, dice el alcalde. Presionado, decidió juntarse con sus asesores para decidir cuál era el siguiente paso. Sabían que en ese cuadrante ya se habían cometido, en lo que va del año, el 46% de todos los delitos que se perpetran en su comuna.

-Identificamos que una de las herramientas que tenemos es el decreto de emergencia comunal. Lo utilizamos generalmente para emergencias climáticas, como cuando llueve mucho o se desborda la Quebrada de Ramón.

El edil explica que el decreto permite destinar de manera urgente a funcionarios municipales con objetivos puntuales. También desbloquea recursos. Ahí, dice, se le ocurrió otra idea. Vieron, junto a su equipo, el ejemplo de un programa de vigilantes ciudadanos en el distrito limeño de Miraflores, en Perú.

-Empezamos a desarrollar un programa con vecinos para coordinar vigilancia en el sector. Le pusimos observadores territoriales. Le habíamos puesto vigilantes, pero semánticamente eso implicaba que llevaban armas, que no es el caso. Son vecinos enrolados por la comuna, remunerados y con instrucción necesaria para que no corran peligro.

Luego de anunciar el plan, uno de los primeros llamados que recibió fue el de Rodolfo Carter (UDI), su par de La Florida.

-Me dijo, ¿de dónde lo sacaste? Qué buena idea. Lo vamos a usar.

La idea de Palacios fue tomada por Carter rápidamente. El abogado floridano había empezado hace meses una cruzada contra el narcotráfico en su comuna: demolía las ampliaciones que habían hecho en sus casas sin autorización del municipio.

Por eso, el 4 de diciembre, Carter declaró estado de emergencia comunal y la creación de un cuerpo de vigilantes similar al de Palacios: “Vamos a reclutar a 100 exfuncionarios de Carabineros, de las Fuerzas Armadas y de Gendarmería para que refuercen nuestro servicio de seguridad ciudadana”, anunció.

Orrego apoyó la iniciativa de los jefes comunales. “Esto no tiene que ver con el color político. Los alcaldes están haciendo lo que pueden con los recursos que tienen y nosotros los estamos apoyando”, dijo en Pauta.

La gota que rebasó el vaso fue la muerte -la noche del martes- de un niño de cinco años, llamado Anthony, en Padre Hurtado. Una bala le entró en el pecho luego de que un vehículo que pasó fuera de su casa abriera fuego hacia el lugar.

El alcalde de esa comuna, Felipe Muñoz (PS), escaló el tema hacia algunos de sus pares y luego a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipios Rurales. Ambas instituciones, en conjunto, solicitaron una reunión con el subsecretario Monsalve, la que se concretó el miércoles 6 a las 16.30 en La Moneda.

Sin embargo, entre las 10 comunas con más homicidios en Chile, según estadísticas del Ministerio Público de 2022, no están ni La Reina ni La Florida, ni Padre Hurtado. Sí están otras de la Región Metropolitana, como Santiago, Puente Alto, Recoleta, Colina, San Bernardo y Estación Central. En el reporte del gobernador Orrego tampoco aparecen. En noviembre de este año, las que tuvieron más asesinatos fueron, de nuevo, Santiago, El Bosque, Pudahuel, Puente Alto y Estación Central. Todas ellas, dice el investigador del COES, Matías Garretón, tienen algo en común.

-La vivienda que vemos en estos puntos es, en general, una vivienda social industrial masiva, que no es mala. El problema es que se formaron barrios dormitorios en los cuales no hay empleo, hay muy poco comercio, no hay amenidades. Y eso genera que sean zonas generalmente muy pobres, porque no tienen una dinámica económica local. O tienen, pero no es promovida.

Esas características urbanas tienen relación con este tipo de delitos, dice Garretón.

-Cuando tienes mucha densidad residencial y poca densidad comercial, lo que tienes es ausencia de guardianes. Porque el comerciante está todos los días con los ojos en la calle. Esa es la teoría del guardianship, de la teoría de oportunidad criminal. Si tienes a alguien que está todo el día ahí, vigilando, mirando la calle y alerta, te da seguridad. Si llegas caminando a tu casa por seis cuadras vacías, es más fácil delinquir, porque no hay nadie. Son contextos muy abandonados que ahora están recibiendo más armas que antes.

No es simplemente una sensación. El 64,7% de los homicidios consumados en la RM durante 2022 se ejecutaron con un arma de fuego: 14% más que en 2018. El gran problema es que nadie sabe decir de dónde están saliendo esas armas que disparan las balas 9mm y las calibre .40 que son las que suelen matar en Chile. Lo que abundan son teorías. Que se internan desde Perú y Argentina, que son robadas a miembros de las policías y el Ejército, que hay un mercado negro.

-Todas las hipótesis, que son casi teorías conspirativas, prefiero no considerarlas, porque terminamos hablando de cosas que no sabemos si son ciertas -dice Lucía Dammert-. Sólo ayudan a aumentar el desconcierto que hay respecto a lo que está pasando.