Un fuerte cambio de rumbo lo dio este jueves el nuevo vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional Minera (Enami), Jaime Pérez de Arce, quien regresó a la compañía tras asumir por primera vez este cargo entre 2000 y 2006.
En su primer día en el estado, dio cuenta de sus primeras definiciones en su rol, pidiendo la salida de seis personas. Según fuentes, los gerentes de Fundición Hernán Videla Lira fueron despedidos; Fomento y Minería; Desarrollo Minero; Proyectos; Recursos Humanos y Comunicaciones, y Comercial.
Fuentes aseguran que se les pidió la renuncia por tratarse de cargos de confianza. Otros señalan que hubo discriminación política.
Jaime Pérez de Arce, nuevo Vicepresidente Ejecutivo de Enami.
En reuniones privadas desde la mañana de ese jueves, uno a uno de los profesionales habría recibido en su despacho la información de Pérez de Arce, quien habría argumentado -dicen las fuentes- que la decisión no era personal sino que se debía a un tema político. .
Trascendió que a los profesionales se les aplicó el artículo 161 del Código del Trabajo relativo al despido por necesidad de la empresa bajo el concepto de evicción, causal para el personal de confianza.
Pero ayer se sumó la salida del fiscal, luego de que el viernes llegara su reemplazo mientras el que ocupaba el cargo hasta el lunes se encontraba de baja administrativa.
Estos cambios también irían acompañados de un nuevo organigrama, con una dirección.
Conocedores comentan que este cambio fue violento por su magnitud y porque en la práctica primaron los perfiles técnicos en el plan ejecutivo. Por lo tanto, se debió haber hecho una evaluación antes de discriminar políticamente, creen. Dicen que el año pasado renunciaron voluntariamente tres gerentes (Financiero, Recursos Humanos y Comercial). Y que, frente al escenario, se contrató a un head hunter para buscar a los profesionales más calificados cuyo proceso duró poco más de un mes. De ese grupo, agregan, solo le sigue el gerente de Finanzas.
El resto de los ejecutivos que fueron despedidos habrían estado cerca de cuatro años en Enami pasando por dos sexenios.
Lo sucedido perturbó los ánimos en el estado. Algunos dicen que les pidieron la renuncia porque eran cargos de confianza del vicepresidente ejecutivo, por lo que a su juicio no es más grave.
Otros dicen que los afectados no descartarían emprender acciones legales. Asimismo, trascendió que se ha buscado desde las últimas administraciones manejar la empresa estatal con un gobierno corporativo, buscando la forma de alejar la política de los nombramientos. Con ello, dicen, se haría más urgente la necesidad de una ley de gobierno corporativo. De hecho, el actual gobierno ha manifestado su interés en avanzar en la discusión sobre el gobierno corporativo de Enami.
Además, dicen otros, la decisión es llamativa si se considera que la empresa mejoró sus resultados en US$133 millones con respecto a diciembre de 2020 y estas son las primeras cifras azules que obtiene en una década.
El jueves pasado estaba prevista la reunión de directorio, pero en medio de los cambios reportados se postergó para este miércoles.
Consultados en la empresa, declinaron comentar sobre el asunto.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.