LLa centralización es uno de los problemas endémicos de nuestro país. La excesiva concentración de poderes y recursos en la capital opera en detrimento del desarrollo armónico de Chile en todo su territorio. Sin embargo, un diagnóstico correcto y compartido no asegura que cualquier solución propuesta sea correcta.

En efecto, la experiencia comparada muestra que la definición constitucional de la forma de organización del Estado es menos determinante que la calidad de las políticas públicas en la materia. Por ejemplo, Argentina es un país federal que, sin embargo, adolece de un marcado centralismo político y económico. Dinamarca, por su parte, es un país unitario que gasta más del 60% de su presupuesto en sus regiones, superando a países federales como Alemania.

Existen serias dudas sobre la capacidad del Estado para articular entidades territoriales con competencias superpuestas y excluyentes.

Si bien nuestra Convención Constitucional declara que el territorio nacional es “único e indivisible”, se abre camino hacia un modelo federal. En efecto, el texto propone la creación de “regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales”; que gozaría de “autonomía política, administrativa y financiera”.

Esto no solo amenaza la unidad del territorio chileno. Además, genera serias dudas sobre la capacidad del Estado para articular coherentemente entidades territoriales que tienen competencias superpuestas y excluyentes. Un modelo como el propuesto puede generar un crecimiento desmesurado del tamaño del Estado, acompañado, paradójicamente, de un notable debilitamiento y pérdida de eficacia.

Un claro ejemplo de estas dificultades es la creación de autonomías regionales indígenas, en aplicación del carácter plurinacional de la República de Chile. El legislador estará obligado a definir sus atribuciones y ámbito territorial, en los supuestos en que coexistan en un mismo territorio poblaciones indígenas y no indígenas. En el caso de los mapuche, apenas el 18% vive en la Región de la Araucanía, mientras que el 35% vive en la Región Metropolitana.

Así, un modelo como el propuesto puede agravar el problema, generando odio étnico, y mermando la efectividad de las instancias regionales que se busca fortalecer.