Se acerca marzo y junto con ello, una serie de trámites que se deben hacer. Entre ellos, todos los propietarios de vehículos deben obtener su permiso de circulación 2024. Para renovar el documento, se debe contar con la revisión técnica al día, no adeudar multas y presentar el contrato del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) al momento de la petición de la patente.
En la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh), recordaron que el SOAP es una póliza que cubre a “personas lesionadas o que fallezcan producto de un accidente vehicular” y que un 99% de sus ventas se realizan de manera online.
¿Cuánto cuesta este seguro obligatorio? La póliza para automóviles se está ofreciendo, en promedio, un 10% más cara este año que durante 2023. La media alcanza los $ 7.141 frente a los $ 6.444 del año pasado, sobre la base de datos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para cada aseguradora. Para 2022, en tanto, era de $ 6.052.
Según datos publicados por el regulador, los seguros de motocicletas -que tuvo cerca de 250 mil contrataciones en el 2023- presentan la mayor alza de precios en comparación al período anterior. En 2023, el precio promedio anual por póliza fue de $ 39.302, mientras que en la oferta de este año, el precio es de $ 49.674.
Competencia en el mercado
Varias aseguradoras lanzan sus ofertas del SOAP para acaparar la atención de los automovilistas que deben obtener el permiso. De hecho, hay algunas alternativas donde incluso se puede canjear con puntos, como en el caso de Seguros Falabella o también hay descuentos al obtenerlo con tarjetas, como por ejemplo Cencosud con una póliza de Southbridge.
También hay otros incentivos que buscan las compañías para que las personas contraten el SOAP con ellos. Por ejemplo, en Banco Santander sortean cuatro premios de 50 mil millas Latam pass o en Bci se puede participar por tres viajes dobles a Orlando, EEUU.
También hay formas más particulares de atraer la atención. Por ejemplo Bomberos de Chile, donde además de comprar el SOAP con una póliza de una aseguradora, puedes hacer un aporte adicional que vaya en directo beneficio de la institución. Lo mismo con algunas fundaciones, donde a través de adquirir el seguro, se está colaborando con una causa.
Entre las aseguradoras hay diferentes precios que también varían por categoría de vehículos. Para autos, los precios oscilan entre los $5.790 y los $10.100. En tanto, para motocicletas el costo va desde $ 39.900 a $ 81.200, según el registro de la CMF actualizado al 26 de enero.
Aumento sostenido
Los precios del SOAP son afectados por factores como la tasa de siniestralidad, los valores en servicios de salud, o incluso el dinamismo de la actividad económica, al impulsar la cantidad de vehículos circulantes.
El gerente comercial de Renta Nacional, Felipe Breyer, declaró a DF que las cifras de siniestralidad “están estables, pero siempre estamos atentos a los costos medios, ya que por el volumen que se maneja, cualquier mínima variación afecta fuertemente los resultados”.
Además, sostuvo que el alza de los precios promedio de las pólizas para automóviles se debe a la inflación. “A diferencia de la mayoría de los seguros que se comercializan en UF, el seguro obligatorio se vende en pesos, eso hace que la inflación se refleje en el precio de venta”, dijo el gerente comercial.
Agregó que “los costos medios de siniestros y los costos de comercialización también han aumentado, lo que claramente presiona a un aumento de los precios”.
Para Jaime Espindola, subgerente de productos seguros de Consorcio, el alza de los SOAP para automóviles “obedece principalmente al aumento en el costo de las coberturas de los gastos médicos”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.