Meta, la empresa propietaria de la red social Facebook, ha sido multada por la Unión Europea con 1.300 millones de dólares, acusada de transferir datos personales de usuarios europeos a Estados Unidos. Esto no solo refleja un problema geopolítico asociado a los datos personales, sino algo más profundo que afecta a todo ciudadano digital: que no somos dueños de nuestra identidad digital. La normativa de protección de datos es una buena intención del derecho de acceso, seguridad y control, que en la práctica como particulares es imposible ejercer.

Nuestros datos son la mercancía con la que pagamos y no sabemos qué pasa con ella. Este uso se hizo más evidente y estratégico en el entorno Web 2.0, y se hace más necesario en la transición a la Web 3.0. En semanas en las que se ha reactivado la discusión de la Ley de Protección de Datos Personales, es importante tener una mirada estratégica en esta materia, particularmente en lo que se refiere a los desafíos en el ámbito digital. Es decir, considerando el contexto analógico y digital actual, así como hacia dónde nos están llevando las nuevas tecnologías en el contexto de la Web 3.0, que promueve la trazabilidad del valor y la existencia de mundos virtuales como una extensión de nuestro mundo físico.

“En semanas en las que se ha reactivado la discusión de la Ley de Protección de Datos Personales, la multa europea contra Meta ratifica la importancia de tener una mirada prospectiva estratégica en esta materia”.

Sin duda, la transición de la Web debe considerar la necesidad de incrementar los estándares de protección de los datos de sus usuarios y la soberanía sobre su custodia. Esto es posible gracias a las tecnologías criptográficas distribuidas, que han mejorado las capacidades de las identidades digitales, permitiendo a las personas acceder al mundo digital, tener control sobre su información y gestionar sus consentimientos. Se abre la posibilidad de que cada individuo lleve un registro de sus datos personales y de los consentimientos entregados, y retome el control de la información entregada al permitir la eliminación de los datos de una página web o aplicación que los haya recolectado.

La autosoberanía de los datos pone en jaque a los modelos de negocio; también protege a las mismas empresas en el cumplimiento de la ley, facilita la relación con los usuarios y permite garantías en el uso de los datos transferidos para una finalidad, así como el acceso a mecanismos de autenticación más amigables. Por ejemplo, con la identidad digital soberana se elimina la necesidad de responder a un formulario de “conoce a tu cliente” (KYC) en cada institución financiera.

Estonia es un país pionero en la implantación de identidades digitales autosoberanas y la Unión Europea también avanza decididamente en este ámbito. Si bien estas han sido iniciativas del sector público, el estándar europeo proviene de casos de uso que comenzaron en el sector privado. Esta nueva generación de identidades digitales no es solo un reflejo de su versión analógica, sino que amplía su concepto de atributos.

Se hace más evidente la necesidad de abrir la conversación y colaboración público-privada en Chile en torno a este tema de cara al potencial de la implementación de la Ley Fintech, el Peso Digital y las ganas de lograr la ansiada inclusión financiera del futuro desde una mirada global.