Suspenden indefinidamente operaciones de Huachipato

La recomendación de establecer medidas contra las importaciones de productos de acero chino, entregada por la Comisión Antidistorsiones al Presidente Gabriel Boric, fue considerada como insuficiente por el directorio de Siderúrgica Huachipato. Tanto así, que la mesa de la filial del grupo CAP puso fin de manera indefinida a las operaciones de la histórica acerera de la Región del Biobío, que opera hace mas de 70 años en la comuna de Talcahuano.

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La decisión de la firma pone en jaque más de 22 mil puestos de trabajo que dependen directa e indirectamente de la empresa, de acuerdo con un estudio, el que cifró también en más de 1.000 las pymes, cuyas ventas anuales superarían los US$339 millones, que dependen de la existencia de Huachipato.

Según la última memoria de la compañía, correspondiente al ejercicio 2022, en las operaciones participaban directamente cerca de 1.375 trabajadores de CAP, cifra que en la actualidad se eleva a alrededor de 2.800, al considerar también los empleados contratistas que desempeñan funciones en la siderúrgica. Fuentes que conocen del proceso señalan que, del total, cerca de 100 puestos de trabajo se mantendrán en funciones relacionadas a tareas comerciales y de mantención de equipos. De hecho, el proceso contempla que la empresa continúe operando algunos negocios no siderúrgicos, como el desarrollo de actividades portuarias y logísticas.

La decisión fue adoptada de manera unánime en una sesión que empezó a las 9:00 y duró una hora y media. La mesa es presidida por Julio Bertrand, exgerente general del grupo CAP, y la integran además Catalina Mertz, Roberto de Andraca, Jorge Salvatierra, Alejandro Figueroa, Nicolás Burr y Marisol Montaña, en representación de los trabajadores.

Según especificó por medio de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el proceso de cierre concluiría dentro de tres meses, y se espera que tenga un impacto financiero de “hasta aproximadamente US$100 millones” en los próximos 12 meses, dijo en dicho documento el gerente general de CAP, Nicolás Burr.

Además, la firma detalló que el impacto contable será de entre US$270 millones y US$330 millones, debido a “un castigo por deterioro de los activos”.

Sin embargo, en el mismo escrito CAP sinceró que la determinación de cerrar Huachipato “permitirá una mejora en los resultados futuros consolidados del Grupo”, considerando las pérdidas históricas de la siderúrgica, que llegaron a US$122,4 millones y US$385,5 millones en los años 2022 y 2023, respectivamente.

La determinación de cerrar Huachipato en forma indefinida no cayó bien en el Ejecutivo, que había realizado múltiples gestiones desde antes de la presentación del caso por parte de las empresas ante la Comisión Antidistorsiones. El ministro de Economía, Nicolás Grau, había liderado varias reuniones con la empresa y sus sindicatos, e incluso actuó de canal informal con los sindicatos y parlamentarios de la zona, cuando la entidad se reunió el miércoles 28 de febrero para acordar su recomendación.

Además, fue su cartera la que decidió salir a informar de las medidas recomendadas, sin esperar a que éstas fueran publicadas en el Diario Oficial o en las actas de la comisión. En la mañana de este miércoles, había reafirmado el “total compromiso” del Ejecutivo con la industria acerera nacional, en un punto de prensa conjunto con parlamentarios de la zona.

Tras el anuncio de CAP, el Ministerio de Economía emitió una declaración lamentando la decisión y aseguró que la cartera “ha sostenido conversaciones con la empresa y han convenido estudiar alternativas que permitan darle continuidad a la operación”. Además, anunció una reunión entre las partes este mismo jueves.

El despliegue de Grau también incluyó una entrevista con CNN Chile, donde aseguró que tanto las empresas denunciantes como las afectadas por las sobretasas “pueden reclamar lo que haya definido la Comisión, y entregar nuevos antecedentes para que la Comisión cambie su definición en alguna dirección”.

También remarcó que la opinión general del Ejecutivo es que la industria del acero “es una industria estratégica, y hay que hacer todos los esfuerzos, buscar todas las alternativas, para que ella sea viable en términos económicos”. Con todo, subrayó que el trabajo de la comisión “tiene que continuar y tiene que haber una decisión final de aquí al 9 de septiembre”.

En un comunicado, Huachipato dijo que había adoptado la decisión “tras un exhaustivo análisis de lo resuelto por la Comisión Antidistorsiones”, y valoraron que se “haya identificado la existencia de importantes irregularidades en las importaciones de acero desde China, como también el esfuerzo de las autoridades”.

La noche del martes, el Ministerio de Economía reveló que la instancia de carácter asesora presidencial había recomendado aplicar sobretasas arancelarias a tres de las cinco empresas investigadas en el mercado de las bolas de acero para molienda, con cargos diferenciados de 9,2%, 14,2% y 22,5% cada una. En el mercado de las barras de acero para bolas de molienda, las sobretasas recomendadas fueron de 10,3%, 10,4%, 19,8% y 19,8%, respectivamente, para las cuatro empresas investigadas.

Sin embargo, la aplicación de las medidas provisionales aún no ha sido oficializada por parte del Ejecutivo. Ello ocurrirá cuando sean publicadas en el Diario Oficial, donde además se detallaría el nombre de las firmas afectadas.

Con todo, a juicio del directorio de Huachipato, el esquema de sobretasas no fue suficiente, ya que ”todas las empresas productoras son controladas por el Estado chino y, además, son de gran tamaño, por lo que en la práctica se podría derivar la totalidad del acero que se exportará a Chile desde la empresa a la que se le aplique la menor sobretasa, eliminando cualquier posibilidad de competir en igualdad de condiciones”.

Julio Bertrand, presidente de la siderúrgica, sostuvo que “hoy lamentamos la pérdida de una compañía siderúrgica emblemática para la región del Biobío y Chile. Huachipato es el principal productor de acero para la minería en Latinoamérica, particularmente en los dos principales mercados de producción de cobre, que son Chile y Perú”.

“Tomamos hoy una decisión muy dolorosa, pero que llevaremos a cabo con la convicción de que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para mantener una industria estratégica para la región y el país”, agregó.

Por su parte, César Garrido, gerente general de la empresa, remarcó que habían sido “claros en el nivel de distorsión provocado por el acero chino y en que las medidas solicitadas eran la única manera de nivelar la cancha y viabilizar la operación”, por lo que lamentó que “la comisión estableció sobretasas menores a las solicitadas”.

Por su parte, Gustavo Alcázar, gerente general de Molycop -la segunda empresa que acudió a la Comisión Antidistorsiones solicitando medidas contra el acero chino-, valoró la recomendación entregada por el ente asesor, destacando que “ha realizado con gran celeridad un trabajo técnico de gran nivel”.