En una jornada que se extendió por tres horas, y que incluso debió ser suspendida en un momento para que los diputados pudiesen asistir a la Sala para votar, la tarde de este lunes la comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja aprobó en particular el proyecto de estabilización de tarifas eléctricas, iniciativa presentada por el Gobierno que busca poner freno a inminentes alzas en las cuentas de la luz e implementar un subsidio transitorio para los hogares más vulnerables.
De esta manera, ahora pasará a la comisión de Hacienda para luego ser debatido en la Sala de la Cámara de Diputados. Una vez aprobada en dicha instancia, la iniciativa deberá ser revisada en tercer trámite legislativo en el Senado.
En la discusión se analizaron las diversas indicaciones presentadas por los diputados posteriormente a la aprobación en general en la instancia. Entre los ajustes, destacó la aprobación de la propuesta consistente en que en los procesos de fijación de precios de nudo promedio en comunas ubicadas en los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW en que, a la fecha de publicación de la ley, se encuentren instaladas centrales térmicas a carbón, “se aplique un descuento del 40% a la componente de energía del precio de nudo establecido en el punto desconexión con las instalaciones de distribución que las concesionarias de distribución traspasan a los suministros sometidos a regulación de precios”.
Eso sí, en este último caso, el ministro de Energía, Diego Pardow, solicitó añadir un tercer requisito en cuanto a agregar una frase adicional a la hora de definir estas comunas para ser más sencilla su implementación.
“El impacto tarifario que tiene una medida de este tipo es grande en estas comunas. En Mejillones una cuenta tipo que paga $19.000 pasaría a pagar $12.500; en Tocopilla de $24.000 a $17.000; Huasco $25.500 a $17.300”, detalló Pardow respecto a la indicación que crea un mecanismo de reconocimiento de generación territorial orientado a reducir el costo de la energía para las familias que residen en comunas donde hay centrales de generación a carbón.
Además, destacó la aprobación de una indicación que viabiliza la creación de una mesa de trabajo que permita evaluar otras fuentes de financiamiento a efectos de aumentar el monto anual del subsidio a familias vulnerables y analizar otras políticas destinadas a disminuir el alza de la tarifa eléctrica para los clientes regulados.
Debate por impuesto verde quedó para mesa de trabajo
Una de las indicaciones que no pasó la valla fue la idea de subir el impuesto a las emisiones de CO2 de US$ 5 a US$ 8 por tonelada para que lo que se recaude se destine a aumentar los recursos para el subsidio a las tarifas y llegar a una mayor cantidad de hogares. En la cita, se declaró inadmisible, ya que una de sus limitaciones es que toda materia de tributos debe proponerse desde la Cámara de origen y no incorporarse a través de instancias revisoras. De todas formas, Pardow asumió el compromiso de incorporar este debate en la mesa de trabajo.
En un comunicado, el secretario de Estado destacó el avance que ha tenido la discusión de este proyecto: “Quiero valorar el debate que se dio entre los y las diputadas de la comisión de Minería y Energía. Hoy este proyecto avanza y es un paso muy importante para ayudar a los chilenos con un ítem tan importante como es la electricidad. Un servicio básico que es necesario en actividades cotidianas del diario vivir. Tal como nos comprometimos como Gobierno, este es otro ejemplo para mejorar la calidad de vida a las familias del país”, sostuvo.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.
La startup tecnológica de conducción autónoma WeRide presentó su solicitud para lo que podría ser la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de una empresa china en Estados Unidos desde la desastrosa cotización de la empresa de viajes compartidos Didi Global, en 2021.
WeRide dijo en una presentación este viernes que puede enfrentar “varios riesgos e incertidumbres legales y operativos asociados con tener nuestra sede o nuestras operaciones principalmente en China continental”. La compañía no revelará el número ni el rango de precios propuesto para sus Acciones Depositarias Estadounidenses (ADR, sigla en inglés) hasta que esté lista para comenzar a comercializarlas.
WeRide, constituida en las Islas Caimán, solicitó de forma confidencial una OPI con un plan para recaudar hasta US$ 500 millones, informó Bloomberg News el año pasado. Después de que la OPI de Didi por valor US$ 4.440 millones provocara una ofensiva por parte de Beijing contra las empresas con datos confidenciales que vendían acciones en el extranjero, los listamientos en Estados Unidos de empresas con sede en China se habían estancado.
En su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en de EEUU), WeRide dijo que tuvo una pérdida de US$ 268 millones de sobre ingresos de US$ 55 millones el año pasado.
Fundada en 2017, WeRide desarrolla tecnología de conducción autónoma y la está probando o implementando comercialmente en 30 ciudades en siete países, dijo en el documento. WeRide produce vehículos que incluyen robotaxis, minibuses, furgonetas y barredoras de calles, además de sus soluciones de software y hardware para conducción autónoma.
Según el documento, el actual inversor Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance acordó comprar acciones en la OPI en una colocación privada.
La oferta está dirigida por Morgan Stanley, JPMorgan Chase y China International Capital. La compañía planea que sus ADR coticen en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo WRD.