Una nueva disputa enfrenta a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Transbank en la Corte Suprema porque, a partir de este lunes, la empresa controlada por la banca comenzó a aplicar un alza en las tarifas al comercio.
Para evitar esta situación, durante la semana pasada el persecutor económico ingresó un recurso de no innovar ante la Corte Suprema con el objetivo de impedir la subida de cobros.
De acuerdo a los antecedentes del caso, mediante una carta, el 21 de marzo Transbank informó a la FNE que subiría sus tarifas, tras un análisis de costos económicos de su negocio.
El nuevo esquema de cobros establece una misma tarifa fija en UF para todos los comercios, sin embargo, esta es más alta que la anterior al 1 de abril.
Según los cálculos de la Fiscalía, las nuevas tarifas de Transbank implican un aumento de 6,9% de las que ya cobraba con anterioridad al 1 de abril.
Las estimaciones de la FNE determinaron que el alza tendrá un costo anual para los comercios de $ 11.800 millones, equivalente a cerca de US$ 12 millones. A nivel mensual, los perjuicios a los comercios podrían llegar a los $ 900 millones.
La solicitud de la FNE se presentó en el marco del recurso de queja que ejerció contra los ministros del TDLC por rechazar el cumplimiento forzado de Transbank a la decisión de la Suprema que declaró en 2022 que el primer sistema tarifario propuesto era contrario a la libre competencia.
La estrategia de la FNE
En su escrito ante la Suprema, la Fiscalía declaró que el incremento de tarifas que hizo Transbank “producirá un daño efectivo a la libre competencia”.
Para el organismo, el plan de Transbank “contradice las obligaciones, parámetros y criterios que dicha compañía debe aplicar en su determinación de tarifas, en desmedro de todos los comercios y, en definitiva, del consumidor final”.
La interpretación que tiene la FNE del fallo de la Suprema es que son los accionistas de la compañía -que son los principales bancos del país- a los que les corresponde “asumir el riesgo o costo que el cambio de modelo en que se organiza la industria implique”.
La FNE hizo ver que “las tarifas que pagan a Transbank ya se encuentran por sobre los niveles ordenados” por la Corte Suprema.
La respuesta de Transbank
Transbank presentó un escrito el lunes por la mañana en donde planteó que la forma y el fondo del asunto reclamado por la Fiscalía Nacional Económica no corresponden, ya que el recurso sería improcedente teniendo en consideración que se trata de una queja.
La empresa comentó que la táctica legal de la FNE “parece ser un intento por tomar atajos y sorprender a la judicatura” y que “trataría de burlar todas las etapas procesales que establece la ley ante el Tribunal de la Libre Competencia e imponer con ello su interpretación de la sentencia de 2022”.
Transbank aseguró que ha seguido las recomendaciones del panel de expertos para determinar su modelo de tarifas, “pero como ocurre en todos los mercados, atendido el transcurso del tiempo, los costos de Transbank han variado”.
#Transbank #sube #sus #tarifas #los #comercios
Si quieres leer el artículo original puedes acceder desde este link:
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.