Una nueva disputa enfrenta a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Transbank en la Corte Suprema porque, a partir de este lunes, la empresa controlada por la banca comenzó a aplicar un alza en las tarifas al comercio.
Para evitar esta situación, durante la semana pasada el persecutor económico ingresó un recurso de no innovar ante la Corte Suprema con el objetivo de impedir la subida de cobros.
De acuerdo a los antecedentes del caso, mediante una carta, el 21 de marzo Transbank informó a la FNE que subiría sus tarifas, tras un análisis de costos económicos de su negocio.
El nuevo esquema de cobros establece una misma tarifa fija en UF para todos los comercios, sin embargo, esta es más alta que la anterior al 1 de abril.
Según los cálculos de la Fiscalía, las nuevas tarifas de Transbank implican un aumento de 6,9% de las que ya cobraba con anterioridad al 1 de abril.
Las estimaciones de la FNE determinaron que el alza tendrá un costo anual para los comercios de $ 11.800 millones, equivalente a cerca de US$ 12 millones. A nivel mensual, los perjuicios a los comercios podrían llegar a los $ 900 millones.
La solicitud de la FNE se presentó en el marco del recurso de queja que ejerció contra los ministros del TDLC por rechazar el cumplimiento forzado de Transbank a la decisión de la Suprema que declaró en 2022 que el primer sistema tarifario propuesto era contrario a la libre competencia.
La estrategia de la FNE
En su escrito ante la Suprema, la Fiscalía declaró que el incremento de tarifas que hizo Transbank “producirá un daño efectivo a la libre competencia”.
Para el organismo, el plan de Transbank “contradice las obligaciones, parámetros y criterios que dicha compañía debe aplicar en su determinación de tarifas, en desmedro de todos los comercios y, en definitiva, del consumidor final”.
La interpretación que tiene la FNE del fallo de la Suprema es que son los accionistas de la compañía -que son los principales bancos del país- a los que les corresponde “asumir el riesgo o costo que el cambio de modelo en que se organiza la industria implique”.
La FNE hizo ver que “las tarifas que pagan a Transbank ya se encuentran por sobre los niveles ordenados” por la Corte Suprema.
La respuesta de Transbank
Transbank presentó un escrito el lunes por la mañana en donde planteó que la forma y el fondo del asunto reclamado por la Fiscalía Nacional Económica no corresponden, ya que el recurso sería improcedente teniendo en consideración que se trata de una queja.
La empresa comentó que la táctica legal de la FNE “parece ser un intento por tomar atajos y sorprender a la judicatura” y que “trataría de burlar todas las etapas procesales que establece la ley ante el Tribunal de la Libre Competencia e imponer con ello su interpretación de la sentencia de 2022”.
Transbank aseguró que ha seguido las recomendaciones del panel de expertos para determinar su modelo de tarifas, “pero como ocurre en todos los mercados, atendido el transcurso del tiempo, los costos de Transbank han variado”.
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En la tarde del jueves la ministra de Obras Públicas, Jessica López, anunció que la cartera tiene programado para octubre de este año el llamado a licitación de la concesión del proyecto de infraestructura penitenciaria “Recinto Modelo de Educación y Trabajo: El Arenal de Copiapó”.
“Nos han traspasado los terrenos para la construcción del nuevo recinto penitenciario en El Arenal de Copiapó. Es un recinto muy importante dentro del plan de infraestructura carcelaria que el Ministerio de Justicia ha definido, con más de 2.000 nuevas plazas en una región que, por cierto, tiene tres establecimientos penitenciarios y tiene excedida su ocupación, como pasa también a nivel nacional. Por eso es tan importante acelerar este proyecto”, recalcó la ministra López.
El delegado presidencial de Atacama, Rodrigo Ilanes, comentó que “hoy estamos dando un paso súper importante en la concreción de un proyecto tremendamente significativo para nuestra región, que nos va permitir contar con un recinto carcelario de alto estándar y que vendrá a cubrir una necesidad urgente en cuanto a infraestructura carcelaria en nuestro país”.
La cartera detalló que si todo avanza de acuerdo a lo planificado, la recepción de ofertas técnicas está programada para el segundo trimestre de 2025 y la apertura de las ofertas económicas durante el tercer trimestre del próximo año; mientras que el inicio de la operación del recinto será en 2030.
El proyecto
El nuevo establecimiento estará emplazado en terrenos de propiedad fiscal aledaños a Ruta 5 Norte, aproximadamente a 40 kilómetros al norponiente de la ciudad de Copiapó y a 14 kilómetros al sur del aeropuerto Desierto de Atacama, en la región del mismo nombre.
En detalle, la propuesta arquitectónica contempla un conjunto de 53 edificios con una superficie total aproximada de 76.600 m2, con una capacidad estimada de 2.160 personas privadas de libertad, en 15 módulos de reclusión.
En materia de empleo, durante la etapa de construcción del nuevo recinto penitenciario se generarán en promedio 500 empleos y en el peak cerca de 1.000. En tanto, durante su operación trabajarán cerca de 600 funcionarios y funcionarias.
Cabe precisar que el proyecto considera la construcción del nuevo establecimiento penitenciario, la mantención y conservación de la infraestructura, además, de la prestación de los servicios básicos, incluyendo servicios penitenciarios, de los servicios especiales obligatorios y de los servicios complementarios, si los hubiera.
Enami dijo el jueves que escogió a ocho empresas para probar sus tecnologías de extracción directa de litio para su proyecto Salares Altoandinos.
Las francesas Adionics y Eramet, la china CADL–Lanshen, las estadounidenses LILAC Solutions y SLB, la australiana Rio Tinto, la canadiense Summit Nanotech y la británica WaterCycle Technologies fueron las seleccionadas.
Agregó que la campaña de exploración en los Salares Altoandinos, que fue retomada este mes de septiembre, a la fecha lleva 1.350 metros perforados en Aguilar y La Isla.
Enami avanza en paralelo en la etapa de selección del socio para concretar el proyecto.
Este jueves, la Administradora General de Fondos (AGF) LarrainVial Activos salió al paso luego de que un grupo de 23 aportantes de su fondo “Capital Estructurado I” se querellaron en su contra por eventual administración desleal en el vehículo.
A través de una declaración por escrito, la gestora señaló que “rechazamos enfáticamente la participación en algún delito por parte de esta administradora”.
“Todos los inversionistas que suscribieron el fondo lo hicieron informados en detalle de cada una de las características, términos y condiciones de éste, de manera que pudieran evaluar adecuadamente el riesgo de su inversión”, apuntó.
Lo anterior, afirmó la AGF, “con la debida información complementaria, a las entidades públicas pertinentes”.
“Nos encontramos evaluando todas las acciones que correspondan para proteger el patrimonio del fondo y sus aportantes, como lo hemos hecho hasta ahora, y continuaremos colaborando con todos los antecedentes que se requieran para esclarecer el actuar conforme a derecho de esta administradora”, añadió.
En esa línea, la AGF adelantó que tomará “todas las acciones que permitan investigar y sancionar a los verdaderos responsables, que directa o indirectamente, hayan puesto en riesgo el patrimonio del Fondo y sus aportantes”.
La querella
En detalle, los 23 aportantes invirtieron un total de $ 1.808 millones a un valor unitario de $ 35.270,45 por cuota. Pero, 14 meses después, este descendió a $ 5.800.
La razón de la caída se habría visto con el pasar del tiempo y a través de la prensa, aseguró el texto, en donde se dio a conocer “la deplorable situación financiera de Antonio Jalaff, condición que no podía ser desconocida por LarrainVial, por su estrecha relación comercial y de antigua data con los hermanos Jalaff”.
“El objetivo que realmente se perseguía (el fondo) ha ido quedando en evidencia: proveer de fondos frescos al Sr. Antonio Jalaff”, aseguró la querella.