Más de tres años después de que la Asociación Gremial de Marcas del Retail ingresara una consulta para revisar los contratos que mantienen estas firmas con los centros comerciales, acusando eventuales cláusulas abusivas, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) emitió una resolución donde instruyó una serie de medidas que deberán tomar los malls de ahora en adelante.
Entre otros reclamos, las marcas denunciaban falta de transparencia en los cobros que realizaban, contratos con exigencias abusivas a los arrendatarios -como entrega de información sensible, mayores tarifas en diciembre y la inclusión de las ventas online para determinar la renta- y faltas competitivas producto de la integración vertical, puesto que muchas veces las grandes tiendas ancla son de los mismos propietarios que el centro comercial y compiten con los demás locatarios.
La resolución
Durante sus años de tramitación, la consulta generó un activo debate entre los incumbentes. Centros comerciales como Cencosud Shopping, Parque Arauco, Mallplaza, Grupo Marina, Pasmar y Vivo aportaron antecedentes. Asimismo, en 2021, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) realizó un estudio de mercado en el que solicitó al TDLC dictar medidas para prevenir riesgos anticompetitivos, tal como terminó resolviendo el Tribunal.
La FNE principalmente alertó acerca de los potenciales peligros que podían venir del entrecruzamiento de propiedad y, si bien el TDLC concluyó que “éste no permanece” y que “no existen antecedentes de que operadores integrados entreguen condiciones relativamente desfavorables para los comercios no vinculados, el potencial riesgo futuro requiere tomar ciertos resguardos conductuales”, por lo que explícitamente ordenó prevenir el interlocking.
Así, la resolución instruye que los centros comerciales “tipo mall de amplio alcance”, es decir, aquellos de más de 20.000 m2, deberán adoptar programas de cumplimiento cuando tengan relaciones de propiedad con otros malls y tiendas ancla.
No obstante, respecto a cláusulas controvertidas como las estructuras de pago de arriendo, mayores cobros en diciembre, sanciones por reducciones significativas de ventas y diferencias de horario entre distintos tipos de comercio,el TDLC no consideró que atentaran contra la libre competencia siempre y cuando no se aplicaran en forma discriminatoria.
Medidas de prevención
Tras estos lineamientos, el Tribunal detalló once medidas que deberán tomar los centros comerciales.
Por ejemplo, tendrán que abstenerse de exigir más información que la estrictamente necesaria para estimar la renta mensual, que estará sujeta a estricta confidencialidad para no arriesgar el traspaso a competidores. Sí podrán solicitar registros contables con mayor especificidad solo cuando sea para evaluar políticas de promoción del mall, con acuerdos puntuales y limitados en el tiempo.
Toda esta información comercialmente sensible no podrá ser traspasada a tiendas relacionadas o terceros, y se deberán establecer mecanismos para que esta prohibición se vincule a los directivos, gerentes, ejecutivos y otros trabajadores del operador.
Por otra parte, en caso de incluir ventas online en las estimaciones de arrendamiento, solo se podrán considerar aquellas que tengan conexión con esa tienda física; además, los cobros a locatarios como gastos comunes, “fondos de promoción y publicidad, contribuciones de bienes raíces y servicios públicos” deberán “estar claramente definidos y distribuidos entre comercios según variables conocidas y sujetos a rendición periódica a los locatarios”.
Otro punto importante es que las tiendas que no son ancla tendrán la posibilidad de terminar anticipadamente sus contratos de arriendo con un mínimo de tres meses, con una indemnización asociada de, como máximo, dos meses de la renta de arrendamiento por cada año que reste de vigencia del contrato.
Los malls tampoco podrán condicionar el arriendo de un local comercial a la renovación o arriendo en otro inmueble y tampoco se permitirán “cláusulas que faculten al operador poner fin a dos o más contratos en caso de que el locatario incurra en una causal de término o incumplimiento contractual de alguno de ellos”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.