Una fuerte crítica al funcionamiento de la Ley de Pago a 30 días ha sido lanzada por los gremios de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyme) en los últimos años. Un diagnóstico compartido por las autoridades de la Secretaría de Economía, quienes trabajan para hacer frente a las pérdidas de la iniciativa.

Ante la Comisión de Economía del Senado, la subsecretaria del ramo, Javiera Petersen, enfatizó que las posibles soluciones y líneas de trabajo se están discutiendo y discutiendo con los sindicatos MiPyme en el comité técnico conformado al alero del Consejo Consultivo de Empresas Menores del ministerio, y con expertos en la materia.

Un primer eje de trabajo será la fortalecimiento de la gestión de pagos y los mecanismos existentes, punto que Petersen ejemplificó con lo que sucede con el Registro de Acuerdos de Pago Excepcional (RAPE), la plataforma del ministerio donde el comprador registra los acuerdos. A su juicio, “el RAPE no se utiliza como incentivo para cumplir con los plazos de pago establecidos por la ley, sino que permite ampliar este plazo sin límite alguno con bastante facilidad”.

También advirtió que, aunque el registro es legalmente público, el portal no permite que ningún usuario pueda consultar los convenios excepcionales de pago suscritos, y advirtió que actualmente el comprador puede registrar un convenio sin el consentimiento del vendedor.

Petersen señaló que es “bastante plausible” fortalecer el RAPE para mejorar su efectividad, modificando la plataforma para que cualquier usuario pueda ver todos los acuerdos registrados. Otro posible cambio apunta a que ambas partes deberán firmar el acuerdo a través del portal, para evitar que sean unilaterales “y que puedan ocultar determinadas cláusulas abusivas”. Y, también sugirió que una posible medida es crear herramientas que permitan visualizar a los malos pagadores.

Otra preocupación son los procesos de aceptación o reclamación de la factura, que incorporan “varias malas prácticas de pago”, como el rechazo arbitrario de la factura sin dar explicaciones al proveedor. La autoridad advirtió que tampoco hay claridad sobre cómo proceder si dentro del mecanismo de pago centralizado de facturas a través de Tesorería se generan intereses y multas por mora, que las MiPymes no tienen claro cómo se calculan los intereses y comisiones, y que desconocen del ámbito fiscal de la ley.

Ante esto, el subsecretario indicó que se puede establecer un límite máximo en el plazo a convenir, así como limitar las malas prácticas de pago, como rechazar la factura por motivos arbitrarios. Mejorar la eficiencia estatal también es parte de las ideas que se evalúan, así como implementar acciones educativas relacionadas con el cobro de intereses y la comisión fija moratoria, para lo cual se crearían mecanismos que ayuden a comprender mejor la comisión fija de interés establecida. por ley. Esto, a través de una calculadora que pueda generar estos cálculos con mayor facilidad, de la mano de una guía con alcance tributario, y medidas para poder educar en estos temas.

Institucionalidad e incentivos

Una segunda línea de acción tiene que ver con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, ya que actualmente no hay nadie que supervise. La ley no crea un marco institucional para este fin y no hay otra entidad que pueda colaborar con la defensa de los derechos de las MIPYMES para hacer efectiva esta ley, criticó Petersen.

Por esto dijo que “Sería pertinente hablar de esta institucionalidad, una institucionalidad dedicada particularmente al cumplimiento de esta norma, y ​​también a la defensa de los derechos de las MiPymes, que pueden recibir denuncias de los usuarios”.

El tercer punto tiene que ver con mecanismos de incentivo y alivio para las MIPYMES, “tema que se ha discutido largamente al hablar de la Ley de Pago a 30 días”, dijo el economista. En su presentación, señaló que una de las opciones tiene que ver con cambiar la tarea de retener y pagar el IVA, posibilidad que -dijo- se está estudiando junto con el Servicio de Impuestos Internos (SII).