Mientras el Pleno del Consejo Constitucional avanza en la etapa de votación de las enmiendas a la propuesta de la Comisión Experta, con marcadas diferencias internas; el Congreso comenzó a contagiarse de la preocupación que han expresado muchas figuras políticas que, incluso desde Chile Vamos, se han mostrado inquietas por el rumbo que está tomando el proceso y del que responsabilizan, en mayor o menor grado, al Partido Republicano, que con los votos de Chile Seguro ha logrado desdibujar en un grado importante la propuesta experta. En este sentido, ha comenzado a cobrar fuerza la posibilidad de que la falta de acuerdos llegue a tal punto que ni siquiera se apruebe un documento final que presentar para votar en el plebiscito de diciembre.
Este escenario, cada vez más incierto debido a la polarización, está conduciendo al debate de qué hacer en el caso de que, por algún motivo –ya sea que no hay propuesta para someter a plebiscito o que esta no se apruebe– , el proceso constitucional se mantenga abierto. Es en este contexto, que el Partido Comunista (PC), a través de su presidente, Lautaro Carmona, y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ya está promoviendo diversas fórmulas para que inmediatamente se inicie un nuevo proceso. Algo que, desde todos los sectores, pero especialmente desde la oposición, no ven con buenos ojos, porque eso significaría que el próximo mandato presidencial tendría que asumir esta carga, con todo lo que ello significa.
Es por ello que, la más probable candidata presidencial de la UDI, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, entró de lleno al debate, intentando marcar una bajada política para su sector. En diversos medios de comunicación, la exministra señaló que el proceso “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”, poniéndole también mayor presión al trabajo de la Comisión Experta en la etapa de revisión de la propuesta del consejo, a partir del 7 de octubre.
Si bien, la irrupción de Matthei, quien arriesga su capital político en un tema tan espinudo, presidencializa el debate, también impulsó a los representantes de la clase política en el Congreso a que adopten una postura frente al proceso constitucional, del que habían estado un poco alejados en los últimos meses.
Por el “desfiladero”
Uno de los que tomó la palabra fue el presidente de la Cámara, el DC Ricardo Cifuentes, quien manifestó su preocupación sobre lo que está ocurriendo con el proceso constitucional y asegurando que se está yendo por el “desfiladero”. Por ello hizo un llamado “al criterio, para que las mayorías se comporten como mayorías, pero con un texto que integre y represente a todas y todos los chilenos. No se trata de abusar de una mayoría circunstancial para hacer aprobar un texto que nos debiese representar a todas y todos los chilenos, durante, esperamos, varias décadas por delante”, señaló.
Según el presidente de la Cámara, “cada día se hace más difícil votar a favor”, aunque –aclaró– que no quiere decir aún que votará en contra, ya que faltan etapas del proceso, pero manifestó su esperanza de que “el criterio reine y volvamos a tener propuestas que son centradas y adecuadas para el Chile del futuro”.
Cifuentes, incluso, exteriorizó los temores que rondan en la clase política, en torno a que algunos ya especulan que se podría dar el caso de que ni siquiera haya plebiscito en diciembre, si la propuesta final del consejo no se terminara aprobando.
Si bien esta posibilidad es escasa, puesto que según el artículo 91 del Reglamento del Consejo Constitucional, para que el texto final sea aprobado se requiere el mismo quorum de 3/5 con el que se han venido aprobando las enmiendas en el Pleno. “Una vez terminada la votación de todas las normas que formarán parte de la propuesta de nueva Constitución, la Mesa Directiva del Consejo Constitucional citará a sesión, no antes de setenta y dos horas, para votar la totalidad del texto, en una única votación, para cuya aprobación se requerirá de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio”, establece el documento.
Por esta razón, para que no haya texto final, Chile Vamos y Partido Republicano tendrían que romper la alianza que ha sido tan fructífera para ambos sectores en lo que va del proceso, lo que no parece una posibilidad viable.
Facultad constitucional al Congreso
Sin embargo, aunque la probabilidad de que el texto final se rechace en muy baja, Cifuentes ya tiene una propuesta. Para el presidente de la Cámara Baja no se debería hacer de inmediato otro intento constitucional, como plantea el PC; sino que “correspondería que en las elecciones (parlamentarias) del año 2025 se le entregara una facultad muy explícita a los parlamentarios, diputados y senadores, para que puedan revisar un nuevo texto constitucional”, porque es la forma –aclaró– como los países han ido resolviendo sus acuerdos constitucionales.
Y, respecto de lo que le toca a la Cámara en el marco de las propuestas del consejo, manifestó su preocupación por la fórmula con que se llegó a la rebaja del número de diputados (138 sin escaños reservados para pueblo indígenas), señalando que espera que se haya llegado a esa cifra a través de un mecanismo racional, con criterio de país. Y concluyó que de seguir como hasta ahora, el proceso se decantaría al rechazo.
Aprendizaje del proceso anterior
Quien también se pronunció fue el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper, quien interpreta las palabras de Matthei, señalando que lo que busca la alcaldesa es que “los protagonistas de las discusión política se incorporen al tema constitucional”; a lo mismo apunta –se explaya– el vicepresidente del Consejo Constitucional, representante del oficialismo Aldo Valle, cuando dice que “los partidos comparezcan”, ya que lo que interpreta Schalper con esta frase es que “las personas que tienen liderazgo político en Chile, obviamente, tienen algo que decir y tienen algo que hacer al respecto”.
El diputado insta “a un sector de la izquierda” a entender que conceptos como la propiedad de los fondos de pensiones, la libre elección en salud y la Defensoría de las Víctimas, por mencionar algunos, “son parte del inventario básico de una Constitución”, por lo que “cuando ellos arman un tremendo escándalo porque se aprueban esos temas, estamos en un problema”.
Pero, a su juicio, “lo mismo sucede respecto de un sector de la derecha que no ha entendido que si no alcanzamos algo que tenga reconocimiento transversal no hemos aprendido nada del proceso anterior”, por lo que –a su juicio– “en buena hora” la alcaldesa pone su capital político al servicio de intentar corregir el curso del proceso. Incluso manifestó su esperanza de que “todos aquellos” que tengan alguna proyección presidencial “pongan su capital político en corregir la situación”, porque que este tema siga abierto es negativo para cualquiera que llegue a La Moneda.
Sintonía con la opinión pública
El presidente de la UDI, senador Javier Macaya, también entró a este debate. El parlamentario opositor llamó a “sintonizar” con lo que piensan los chilenos en materia constitucional, destacando el alto porcentaje –que según la Cadem– aún cree que Chile debe contar con una nueva Constitución, y destacó la importancia de “cerrar este tema” con una nueva Constitución y subrayó, citando a la misma encuesta, que casi 70% de los chilenos apoyaría una nueva Constitución si le da estabilidad a Chile y recalcó que “ahí está nuestro desafío”.
Y, a diferencia de su eventual abanderada presidencial y de gran parte del mundo político, señaló que “no hay que escudarse o buscar excusas para estar en la posición en contra” y recalcó que desde la UDI harán todos los esfuerzos que sean necesarios para cerrar este proceso. Evitando criticar el proceso y al Partido Republicano directamente, admitió que, “quizás, hay temas que ha estado demás que se hayan incorporado en la cuestión constitucional… hay aspectos que pueden, perfectamente, ser dejados al ámbito legislativo”.
El dirigente recordó que aún faltan etapas, como el trabajo de los expertos en la revisión del informe del consejo, en que se le podría “encontrar un equilibrio a ciertas normas que, a lo mejor, para algunos no tienen ese equilibrio”. Y llamó a todos quienes quieran estar en sintonía con la mayoría de los chilenos que quieren una nueva Constitución, como la timonel del PS, senadora Paulina Vodanovic; Demócratas y Amarillos, a mirar con detención las normas que se han aprobado, porque “nos parece que hay cosas muy positivas de destacar”, como la rebaja de parlamentarios, que no es –dijo– un tema ideológico, va a encontrar sintonía con la ciudadanía.
Y valoró que Matthei esté arriesgando su capital político en este tema y eso sirve al proceso, recalcó.
Leyes del medioevo
Desde la vereda oficialista, el jefe de la bancada de diputados socialistas Daniel Manouchehri, criticó duramente al Partido Republicano advirtiendo que están generando “un desastre” en el consejo y que “están retrotrayendo y trayendo leyes que parecen del medioevo”.
Según Manouchehri, con sus votaciones, la oposición está intentando constitucionalizar las isapre, las AFP, restringir los derechos de los trabajadores; “obligar a las mujeres a tener hijos de sus violadores”.
Y apuntando a la mayoría republicana en el consejo, sentenció que lo que busca es “hacerle daño a Chile. Hoy día el Partido Republicano se está comportando como la Lista del Pueblo. Son la lista del pueblo con corbata” y que, desde el punto de vista del PS, esta situación es “extremadamente preocupante”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.