DIRECTOR:

El caso de Gisèle Pelicot, una mujer que fue violada por más de 50 hombres durante más de 10 años, mientras era su marido quien la drogaba y facilitaba estos encuentros, causó conmoción mundial. Esta semana, su excónyuge declaró en el juicio y reconoció la totalidad de los hechos: “Soy un violador, como todos, que lo sabía todo”.

Al inicio de su declaración, el imputado reconoció que cuando tenía 9 años había sufrido abuso sexual; que a los 14 años había presenciado una violación, y que intentaron hacerlo partícipe del abuso que su padre le propinó a su madre.

Si lo que dice es cierto, es evidente que un historial de abuso infantil no lo eximirá de responsabilidad penal ni social. Pese a ello, este caso demuestra que los daños causados ​​en la infancia, sin una intervención adecuada, pueden ser un factor de riesgo para desarrollar conductas violentas más adelante. Aunque la victimización infantil no conduce inevitablemente a la delincuencia, estos hechos deberían alentarnos a centrar nuestros esfuerzos en garantizar una infancia libre de violencia. La debida protección y reparación, proveniente del Estado de Chile y también de la sociedad, puede permitirnos interrumpir este ciclo que, de no detenerse oportunamente, sólo engendrará más violencia.

Elvira Vergara S.

Abogado y criminólogo

DIRECTOR:

Recientemente, la publicación de la Encuesta Complementaria de Ingresos del INE nos recordó problemas persistentes en el mercado laboral que obstaculizan el desarrollo: los salarios reales apenas crecen y las disparidades de género persisten.

Debido al tímido avance de los ingresos que vimos en 2023, la brecha de género en la masa salarial cayó marginalmente hasta el 23,3%. Es decir, las mujeres siguen ganando una quinta parte menos que los hombres.

Estos datos son consistentes con una creciente informalidad femenina y un empleo cada vez más precario. Además, persisten diferencias salariales según nivel de educación, siendo más pronunciadas en personas con educación técnica. A nivel regional, la desigualdad disminuyó sólo en siete regiones, y la brecha salarial es mayor en Antofagasta, que tiene el ingreso medio más alto del país.

El país parece estancado, el progreso varía según el territorio y los incentivos para lograr condiciones laborales equitativas están mal diseñados. Aunque hay iniciativas, los datos muestran que la ley de igualdad salarial, promulgada hace 15 años, no tuvo un impacto significativo.

Es crucial avanzar hacia medidas que alineen los incentivos, de modo que contratar a una mujer no implique mayores costes para los empleadores. Ejemplos de estos “impuestos” al trabajo femenino son la actual legislación sobre guarderías y la diferencia en los cuidados postnatales para hombres y mujeres, entre otros factores que, corregidos, permitirían reducir estas disparidades.

El escenario actual también introduce nuevos obstáculos. La inseguridad acentúa las desigualdades, ya que los riesgos para las mujeres son mayores. A esto se suma el estancamiento que frena el desarrollo y la reducción de la pobreza. La clase política debería priorizar iniciativas que igualen las condiciones en el mercado laboral, o al menos descartar aquellas que siguen aumentando los costos de contratación de mujeres en comparación con los hombres.

Más claro… vierte agua sobre él.

Carolina Abuauad

Investigador asociado de Fundación P!ensa

DIRECTOR:

Uno de los problemas más graves de nuestro sistema político es que el Presidente es prácticamente invulnerable a la voluntad de los ciudadanos. Las malas decisiones afectan su popularidad, pero la popularidad por sí sola es una mala herramienta para incentivar a los políticos a corregir sus errores.

Un sistema presidencial sólido requiere un Parlamento capaz de supervisar y contener al Ejecutivo. Al mismo tiempo, es vital que el electorado tenga herramientas para evaluar –y eventualmente castigar– a los diputados y senadores. De lo contrario, las presiones del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo responderían meramente a las conveniencias individuales y partidistas de los parlamentarios.

El sistema proporcional que rige hoy las elecciones al Congreso no nos permite evaluar realmente a nuestros representantes. Los parlamentarios tienen incentivos para centrarse sólo en sus nichos y pueden darse el lujo de ignorar al votante centrista. El sistema de mayoría uninominal está diseñado precisamente para resolver este problema. ¿Existe alguna posibilidad de que podamos avanzar en esa dirección?

Mientras no tengamos un sistema presidencial robusto, mejorar la gobernabilidad es un arma de doble filo: un Presidente bien intencionado tendría la capacidad de resolver los problemas del país de manera más efectiva, pero un Presidente inepto o radical podría causar un gran daño a todos. Chilenos.

Diego Cathalifaud