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Rosa Devés: “El sistema universitario está construido para que el más débil desaparezca, eso es la competencia”

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Sentada en la imponente oficina de la rectoría de la Universidad de Chile, Rosa Devés recuerda que estaba afinando su discurso para el aniversario N° 181 de esa casa de estudios cuando ocurrió la funa a Sergio Micco en la Facultad de Derecho.

La noticia la desoló. No sólo involucró y enfrentó a dos facultades -Derecho, donde ocurrió el incidente, y Gobierno, donde Micco es profesor-, sino que puso a prueba el tema que sería la columna vertebral de su alocución y que tomó -afirma- como causa personal al asumir como rectora: la convivencia.

Fue un evento que repudiamos, que no debe ocurrir en la universidad. Todo nuestro quehacer tiene que estar -y está, sobre todo en mi caso personal- en generar un ambiente donde la gente se sienta segura, escuchada, valorada y acompañada. Entonces, acciones como esas están totalmente en contra de nuestra misión”, dice.

El viernes 10 de noviembre, dos días después del incidente, la funa se trató en el Consejo Universitario, donde se reúnen decanos y directores de institutos. “Es una ruptura. Es algo que no queremos. Pero hay que decir que lo que ocurre en la U. de Chile se nota más que lo que ocurre en otras instituciones de educación superior. Somos 60.000 personas que interactuamos todos los días, entonces, también hay que poner las cosas en proporción. O sea, es grave que haya pasado, pero acá se convive respetuosamente”, asegura.

Devés revela el malestar que, por estos días, cruza a los rectores de las universidades estatales con el gobierno. Particularmente, porque el reajuste a los funcionarios públicos no incluyó a quienes trabajan en estas casas de estudio, a pesar -asevera- de haber logrado un acuerdo con Hacienda y el Ministerio de Educación. Pero el malestar también incluye promesas que no han sido cumplidas, lo que la hace concluir que entre la administración de Gabriel Boric y la anterior de Sebastián Piñera “no ha habido demasiado cambio, diría que hay una continuidad”.

El año pasado usted se lamentó de que no había visto un fortalecimiento de la educación superior pública por parte del gobierno, como comprometió el Presidente en su programa. ¿Sigue sosteniendo lo mismo?

Sí, no ha cambiado suficientemente. En estos días, estamos con este tema que se ha resuelto en la mesa del sector público de no innovar respecto del apoyo que se ha solicitado por mucho tiempo a que haya una contribución para el reajuste en las universidades estatales. Nuestros gremios pactaron un reajuste, fueron parte de la negociación desde mayo a octubre y de los acuerdos, con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. Vuelven con un acuerdo, pero sin recursos. Y eso, en realidad, es completamente inaceptable.

¿Cuánto dinero implicaba?

Dependía, eran tres escenarios. Y eran entre siete mil millones y 16 mil millones, con algo intermedio. Dependía de qué rango de remuneraciones eran las que se iban a acoger a este reajuste. Y bueno, trabajamos, concordamos, y simplemente no fue considerado. Entonces es muy compleja la señal.

¿La señal es que no hay un compromiso con la educación superior pública?

En parte, lo que lleva a esta actitud generalmente ha sido el que el Estado no controla la dotación de las universidades públicas. Pero siempre se puede encontrar un indicador aceptable para calcular esa transferencia de fondos para el reajuste. Yo creo que, en general, no hay conciencia de la importancia que tienen las universidades públicas para el país. La ley para las universidades estatales les entrega muchas responsabilidades, pero sigue habiendo un tema de autofinanciamiento. Y se da la siguiente paradoja: por un lado, tienen todas las regulaciones, todos los controles que tiene el aparato público para que, por otro lado, esencialmente se autofinancien y compitan. Ahí hay una contradicción fundamental. Es muy difícil de resolver y eso va a requerir una mirada al financiamiento de las universidades estatales.

El programa de gobierno de Boric incluía ello, ¿no ha cumplido con ese compromiso?

Es que no hay un compromiso. El compromiso es o sería que existan más fondos basales para las universidades del Estado, sacarlas de la lógica extrema de competencia de autofinanciamiento a una lógica más de responsabilidad del Estado con sus universidades. Y eso requiere cambios en el sistema de financiamiento. Porque hoy día se financian de la misma manera que el resto de las universidades, con algunos programas distintos, pero que no hacen la diferencia. Está todo el sistema construido de una manera que incentiva la competencia. Así fue concebido en el año 81. Y a pesar de las nuevas leyes, a pesar de la gratuidad, de alguna manera sigue siendo el sistema en general de educación superior impactado por esa lógica del 81, digamos, cuando se abre el sistema privado.

¿Y la competencia no es algo deseable para el sistema universitario?

Bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Con jóvenes endeudados, universidades que están sólo enfocadas a la demanda. El financiamiento que es a la demanda y no al fortalecimiento institucional. Ese es parte del problema que tenemos las universidades en general hoy día, ¿no? Sobre todo en un tiempo donde la colaboración se vuelve fundamental. Es clave para generar trabajos interdisciplinarios resolver los problemas más grandes. Es clave que las distintas instituciones colaboren, las privadas con las estatales, en fin.

El sistema está construido básicamente para que el más débil desaparezca, porque eso es lo que es la competencia. La competencia no es inocua o neutra, sino para dejar a alguien atrás. Y eso no va con el mundo que viene. No tiene que ver con defensas corporativas. Tiene que ver con… el futuro. Y tenemos que salir de esa lógica.

¿Se puede suprimir la competencia cuando es un rasgo que predomina en las universidades extranjeras?

Los sistemas más sólidos desde el punto de vista educacional son sistemas públicos muy fuertes. Y, por lo tanto, basados en unas lógicas distintas, lo que no significa que no son regulados. Pero donde no están en un sistema para destruírselos con otros.

¿Hay decepción con el gobierno por parte de las universidades estatales?

Hay pocas novedades, digámoslo así. Hay una tarea por hacer y nunca pierdo las esperanzas de que la vamos a hacer. Hay que tomar conciencia de la importancia de, por un lado, destrabar esta extrema burocracia. Esta administración que ahoga el cambio. Las universidades estatales, como las otras, tenemos que movernos rápido. Y estamos llenos de trabas, de controles. Tenemos otro tema pendiente, que son los estatutos de las universidades: hay 13 universidades de las 18 que tienen todavía el estatuto de la dictadura. Esos estatutos llevan dos años y medio siendo estudiados en el Ministerio de Educación. Esperamos que puedan ser promulgados este año.

Hay crisis en la U. Austral, en la U. de Aysén y la Bolivariana. ¿A qué responde esta crisis en el sistema universitario en general?

Bueno, esas son situaciones bien distintas. No quiero entrar en los problemas específicos, pero en un caso tenemos una universidad histórica, tradicional, importante, que es el caso de la Universidad Austral, que este país tiene que proteger. Y la Universidad de Aysén es una universidad nueva, joven, en un territorio aislado, con baja población, es importante que esté ahí. ¿Y cuál es el tema? Que tiene los mismos mecanismos de financiamiento, desde el punto de vista del Estado, que universidades centenarias: tiene que financiarse con el pregrado, sobre todo, porque no tiene los posgrados desarrollados que tenemos nosotros, ni los servicios, en fin. Esa universidad requiere, primero, comprender cuál es la misión en ese territorio y de tener un apoyo del Estado permanente para su desarrollo, porque es de importancia geopolítica.

¿Y no hay una responsabilidad de la gestión de las autoridades?

Siempre hay. En ningún caso las autoridades podemos decir que no somos responsables, pero eso tiene que decirse objetivamente sobre la base de información más amplia. Pero el caso de la Universidad de Aysén refleja las dificultades que tenemos hoy en la educación de la universidad estatal. Y esta predominancia en la competencia, este sistema de financiamiento que es como el mismo para todos, independiente de la historia, de la misión, de la ubicación geográfica que tiene una universidad.

¿Qué prioridad debería tener la educación superior cuando el gobierno tiene un incendio con la deserción escolar de niños tras la pandemia?

La educación superior es fundamental, porque tiene que ver con el desarrollo. Y debiera ser como contracíclica, que es lo mismo de la ciencia. Uno dice, pero ¿por qué vamos a ir a la ciencia ahora que tenemos tantos problemas? Bueno, porque tenemos que apoyarla, porque eso es lo que ayuda a los países a salir adelante. La educación superior es donde se forman los profesores, por ejemplo. Pero también es donde se piensa la educación, donde se estudian sus problemas. La educación superior no es un lujo de un país, es el motor del conocimiento.

O sea, se debieran atender los dos problemas. ¿Se puede si los recursos son limitados?

Es sistémico, es sistémico. Sin duda, están completamente relacionados esos dos sistemas. El problema y el riesgo lo tienen los dos. Es difícil la política, porque está la salud, están las pensiones, está la educación, por supuesto, y todos esos son recursos, ¿verdad? Pero el conocimiento no se debe abandonar.

Entre este gobierno y el anterior de Sebastián Piñera, ¿cuál ha sido más receptivo respecto de las demandas de los rectores de la universidad estatal?

No ha habido demasiado cambio, diría que hay una continuidad.

Rosa Devés. Foto: Juan Farías / La Tercera

A una semana del plebiscito, ¿qué balance hace de estos cuatro años de proceso constituyente?

Lo que ocurrió en este proceso, en el de la Convención y ahora del Consejo Constitucional, y que creo que es algo que hay que valorar, es que tuvo esta insistencia de alguna manera a llegar a un acuerdo. Y eso lo logramos con el trabajo de la Comisión Experta, donde hubo un acuerdo político transversal, bien mayoritario, y que luego se destruyó. Siempre los procesos hay que valorarlos en lo que son. Son recorridos, aportan conocimiento a las sociedades de sí mismas, independiente de que sean exitosos o no. Es mejor recorrer esos caminos que no recorrerlos.

¿Este proceso es exitoso o no después de cuatro años?

Eso lo vamos a ver el 17 de diciembre, pero yo sí creo que se han cometido errores en la última fase.

¿Cuáles?

Yo creo que son dos de origen distinto. De mi punto de vista personal, que no implica un vínculo con la responsabilidad que tengo en la universidad, creo que es un texto que no es lo que dice ser.

¿Cómo así?

Bueno, porque por un lado reconoce a Chile como un Estado social y democrático de derechos, y por otro, si uno mira educación, salud y pensiones, no representa a los derechos sociales de una manera solidaria, como uno esperaría en un Estado social y democrático de derechos. Se incentiva una visión individualista. Es un problema grave y grueso de inconsistencia, que en un texto constitucional es un problema mayor, una contradicción.

¿Y el segundo error?

Y el segundo tiene que ver más con el proceso, con haber dejado caer un acuerdo, que fue un gran logro de la Comisión Experta, inesperado también para muchos. Y el dejar caer es también más grave que no haberlo logrado. Habría que haberlo votado después en un plebiscito, pero es como un cristal que se tiró al suelo y se rompió.

Pero eso desconoce que hubo un órgano democrático electo para precisamente trabajar sobre la base del proyecto que enviaron los expertos.

Sí. Lo hubo. Pero yo creo que todos coincidimos en la preocupación por los derechos sociales.

¿El Consejo debió ser más cuidadoso de este acuerdo?

El Consejo, en general, sí. Pero vamos a ver cuál es la opinión de la ciudadanía.

Y después de estos cuatro años, ¿usted cree que la ciudadanía queda con un sabor dulce o amargo de todo este proceso constituyente, en general?

Vuelvo a decir que eso lo vamos a ver el 18 de diciembre. Pero a mí me da la impresión de que muy dulce no va a ser.

Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile. Foto: Juan Farías / La Tercera

El año pasado usted planteó, después de que ganó el Rechazo, que el texto de la Convención había sido maximalista. ¿Cómo calificaría la actual propuesta?

Vuelve a ser excesiva. Eso lo han dicho todos los expertos en el texto, que es muy largo, que insiste muchas veces en los mismos temas, como la libertad de enseñanza. Es como reiterativa. El texto propuesto por la Comisión Experta resolvía eso de alguna manera. Y esta vuelve a inclinarse en una dirección. El primer texto de la Convención no tenía la contradicción interna. Uno podía no estar de acuerdo y el 62% no lo estuvo. A mí lo que me preocupa de este, fundamentalmente, es esa inconsistencia que tiene. Pero de nuevo, tenemos que esperar el pronunciamiento de la ciudadanía. Eso es importante.

¿Va a votar “En contra”?

Sin duda, sí.

¿Cuáles son las luces rojas que advierte en el texto?

Creo que la objeción de conciencia institucional es un peligro que puede generar discriminaciones. No solo a nivel de las mujeres y sus derechos, cosa que se ha explicitado muy bien, sino también en los niños y sus colegios.

El tema también de poner en riesgo los derechos de las mujeres, como la interrupción del embarazo en las tres causales. Comparto la visión de quienes plantean que el haber sustituido el qué por el quien es una puerta abierta a retroceder en esos derechos. Y también el planteamiento de educación. Como ahí se plantea, con este énfasis excesivo en la defensa de la libertad de enseñanza, que por lo demás siempre ha estado ahí, no tiene una mirada para los tiempos que vienen.

La educación superior prácticamente no aparece. La educación a lo largo de toda la vida para qué decir, para nada. La responsabilidad principal del Estado con, por ejemplo, la educación superior, tampoco, es como una alternativa. Y uno dice, ¿el Estado, qué? Estamos hablando de las universidades estatales, ¿verdad? Realmente la educación pública como esencial para la cohesión social, para el bien común, como un espacio de encuentro de las personas diversas, nada de eso está. Lo que sí hay es fundamentalmente una defensa de la educación como yo la quiero y como casi que la voy a impartir en mi casa.

En ese sentido, ¿usted se siente más cercana al proyecto que emanó de la Convención que al actual?

En los temas educacionales, francamente, sí.

¿Y en un plano más general?

Sí, aunque reconozco que era, como dijimos, maximalista y que tal vez tampoco interpretaba el grueso de la sociedad. Y si bien uno puede estar de acuerdo como persona con esa visión, tiene que entender que esto debe ser más plural. Pero en educación creo que era muy, muy superior.

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Colombia le empata a Perú y evita que Chile sea colista de las Eliminatorias

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A raíz de la mala campaña en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, Chile necesariamente debe estar pendiente de otros resultados, con la calculadora en la mano. En ese sentido, una particular atención debía tener con lo sucedido en Lima, en el duelo entre Perú y Colombia, que cerró la séptima fecha clasificatoria. La Bicolor es uno de los rivales directos de la Roja, en la disputa del sexto cupo y el repechaje, por lo tanto era necesaria (desde los intereses nacionales) una ayuda de los cafetaleros. En la capital peruana, fue un empate 1-1 que terminó siendo un alivio para el Equipo de Todos, por el devenir del cotejo.

Sin el castigado Jorge Fossati al borde de la cancha, Perú salió a la cancha buscando su primera victoria en estas Eliminatorias, para salir del fondo de la tabla. Además de esa presión, requería cambiar la imagen luego de una deslucida Copa América, en la cual quedó en el camino en la fase grupal. La novedad fue la vuelta de Renato Tapia, portando la jineta de capitán, quien se perdió el certamen en Estados Unidos con una polémica de por medio.

La Selección Colombia, subcampeona de América y uno de los elencos que mejor fútbol exhibe en este lado del mundo, goza de una generación que destaca en Europa y que cuenta con una holgura que le ayuda en el tránsito de las Clasificatorias. El DT Néstor Lorenzo se guardó a James Rodríguez para el segundo tiempo. El 10 colombiano, flamante refuerzo del Rayo Vallecano de España, venía con inactividad.

El primer tiempo fue tan dinámico como impreciso. Colombia tuvo un dominio relativo. Si bien registró el 68% de la posesión durante el lapso inicial, Perú tuvo un par de acercamientos hacia la meta de Camilo Vargas que despertaron a la efervescente hinchada local. En los 11′, un cabezazo de Alex Valera obligó a la gran intervención de Vargas, quien despejó. Luego, en los 24′, se anula un gol a Gianluca Lapadula, por fuera de juego.

En líneas generales, Colombia tuvo un mayor afán de protagonismo, que se acentuó en el complemento. Perú, en casa, apostaba a salir de contragolpe. La Blanquirroja dio un sorpresivo golpe en el partido abriendo la cuenta gracias a una acción de pelota detenida. En los 66′, el zaguero Alexander Callens pone el 1-0, desatando una algarabía contenida por mucho tiempo en el país vecino. Luego de un centro, el defensor va a la segunda jugada y conecta el balón.

Este resultado mandaba a Chile en el último lugar de la tabla, al tener peor diferencia de gol que los peruanos. El peor escenario imaginable para el fútbol criollo. Rozando el papelón.

Colombia mejoró, haciendo figura al portero Pedro Gallese. En el epílogo, llegó el empate, que se festejó tanto en Bogotá como en Santiago. Con un cabezazo, Luis Díaz puso el 1-1, entregándole algo de justicia al partido y devolviendo a Perú al fondo de la clasificación. Una sensación de alivio inconmensurable en Pinto Durán.

De esta manera, Perú se mantiene en el fondo con solo 3 puntos. Es el único elenco sin victorias en el proceso rumbo a 2026.

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Las distintas realidades financieras de las constructoras

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Una semana después de que acabara el primer semestre, el gerente de una constructora de edificios residenciales dijo que lo peor de la crisis que ha sufrido su sector ya pasó y que se estaba viendo la luz al final del túnel. Ahora, cuando las empresas del rubro que cotizan en bolsa ya dieron a conocer sus estados financieros, es posible indagar para saber cuánto de realidad tenía esa afirmación. Y lo cierto es que, a la luz de los balances, todavía parece ser pronto para dar por acabada esta negativa etapa, azuzada por la debilidad del consumo, el endurecimiento del crédito y las altas tasas de interés, que provocó el brote inflacionario.

El problema fundamental se centra en las compañías mayoritariamente volcadas al segmento inmobiliario. En cambio, algunas de las mayores constructoras del país trabajan también en grandes obras civiles, lo que les reporta diversificación y más solidez. El nuevo presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, resumió este momento apuntando a que se deberá poner “énfasis en los sectores que están más afectados, como la vivienda privada”.

Así, el estado financiero de cada firma depende de cuánto peso tienen sus áreas de negocio y cuán diversificada se encuentra. Esto, en un contexto macroeconómico que aún muestra un bajo dinamismo este año. “El crecimiento del PIB tiene un fuerte impacto en el sector construcción en Chile, y si bien se espera una expansión este año, se espera que haya una evolución de los resultados del sector, pero será de manera gradual”, comenta Paula Acuña, analista senior de la clasificadora de riesgo Humphreys. Por tanto, que estas empresas “mantengan una amplia diversificación de sus negocios morigera el riesgo de pérdidas en periodos desfavorables”, agrega.

Pero la preocupación en el mercado financiero se centra en el nivel de deuda que carga la construcción. Las firmas abiertas en bolsa suman una deuda financiera de casi US$2.400 millones, donde cuatro de ellas representan casi el 80%: Socovesa, con US$723 millones; SalfaCorp, con US$470 millones; Paz, con US$422 millones, y Besalco, con US$306 millones. Por eso, algunas empresas se han dedicado fuertemente a trabajar con el gran objetivo de reducir su deuda, como Moller & Pérez-Cotapos, que la disminuyó en un 30%.

En este contexto, se puede dividir el rubro en tres grupos, de acuerdo a cómo están enfrentando este periodo complejo.

Construcción, edificios, departamentos, propiedades.

Aún sin risas, pero al menos dejando el tono sombrío que las ha caracterizado en el último tiempo, de entre las siete compañías constructoras que cotizan en bolsa, hay dos que dan muestras de una mayor firmeza. Se trata de Besalco y Salfacorp, que poseen un área de obras civiles potente y que, según los especialistas, fundan su fortaleza en la diversificación de sus negocios, puesto que también participan en montaje industrial y en el rubro inmobiliario.

De hecho, los ingresos de ambas subieron 20,6% y 17,2%, cada una, en la primera mitad del año, lo que se correspondió con sus Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, una medida de su flujo de caja operacional), que aumentaron 2,4% y 13,2%, respectivamente. Pero donde se denota su mayor solidez es en sus indicadores de endeudamiento, que han mejorado.

La deuda financiera sobre patrimonio en Besalco, controlada por la familia Bezanilla, cayó a 0,9 veces desde 1, lo mismo que su pasivo financiero frente al patrimonio, a 1,2 desde 1,3 veces, y la proporción de su deuda financiera de corto plazo sobre el total, que se redujo 13,5 puntos, a un 38,9%.

“La diversificación de la compañía es uno de los pilares más relevantes que ha explicado el comportamiento menos cíclico de su desempeño respecto a la industria en la que opera, justificando el rating relativamente alto en comparación a otros incumbentes con exposición a rubros en los que Besalco tiene participación”, explicó en junio pasado la clasificadora de riesgo ICR al otorgarle perspectiva “estable” a la nota A- de su solvencia.

En el caso de Salfacorp, ligada a Andrés Navarro, disminuyó la relación de pasivo financiero versus patrimonio a 1,0 veces desde 1,1 veces y su deuda financiera de corto plazo sobre el total en 7,7 puntos, a un 49,8%.

“La amplia gama de actividades de la entidad, con una diversificación y complementariedad entre áreas que le otorgan una mayor capacidad relativa para generar sinergias (…) sumado a su vasta experiencia en gestión de proyectos de construcción de obras de gran tamaño y alta complejidad, le han permitido compensar las caídas de actividad en algunos sectores durante los últimos periodos”, dijo la agencia Feller Rate en mayo, al subirle su calificación de solvencia a BBB+.

Edificios Construccion
Edificios departamentos en construcción.

Hay otras dos compañías que, aunque no denotan tensión urgente, venían de cifras más o menos positivas y tuvieron malas noticias a mitad de año.

Echeverría Izquierdo, por ejemplo, anotó una caída de 16,2% en sus ingresos, de 17,9% en su Ebitda y de 38,8% en su utilidad. Y la empresa ligada a los hermanos Fernando y Bernardo Echeverría y a Álvaro Izquierdo, cuenta con un antecedente que la apremia: la deuda financiera de corto plazo respecto a todos sus pasivos, que subió 7,2 puntos, a un 89,2%. Es decir, debe responder en poco tiempo a muchos compromisos. Pero su índice de deuda financiera sobre patrimonio aún no es preocupante: de 1,2 veces. Y los expertos lo avalan: “Se deben considerar las características propias del negocio inmobiliario, donde parte relevante de este vencimiento de deuda se enfrenta con la venta del inventario liquidable o susceptible de liquidar, como las viviendas terminadas y obras en etapa de ejecución”, señala Acuña, de Humphreys. Incluso, la analista recuerda que la compañía cuenta con terrenos para futuros proyectos que podría dar en garantía o vender, y que podría utilizar para reforzar su liquidez.

La otra empresa que no tuvo un buen pasar al exhibir sus resultados semestrales fue Ingevec que, junto con su negocio inmobiliario, cuenta con ingeniería y construcción (I&C), renta residencial y administración hotelera. La firma de Francisco Vial, José Antonio Bustamante y Enrique Besa, redujo sus ingresos en un 21,5%, pero elevó ligeramente su Ebitda y sus utilidades en un 3,9% y un 8,8%, respectivamente. De entre las constructoras, es la más conservadora en términos de endeudamiento, ya que su relación de deuda financiera neta sobre patrimonio es la menor, con 0,8 veces, pero tiene sus ojos puestos en los pasivos bancarios de corto plazo que casi se duplicaron respecto al año pasado. En todo caso, la mirada de los especialistas es “positiva”. “El cambio de perspectivas -de estables a positivas- refleja la amplia experiencia y especialización en el segmento de edificación con que cuenta Ingevec. Ello, en conjunto con una conservadora política financiera en su principal actividad, le ha permitido mantener indicadores crediticios en la unidad de I&C por debajo del promedio de la industria, pese al desafiante escenario del segmento”, comentó Feller Rate en junio al ratificar su clasificación de solvencia BBB.

Las tres compañías del rubro abiertas a la bolsa con un desempeño y un escenario deuda más complicados son Socovesa, Paz y Moller & Pérez-Cotapos. Ahora, de todos modos, es una situación que se ha morigerado respecto a lo que mostraron a fines del año pasado.

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Construcción de viviendas

Socovesa, focalizada en viviendas, mostró en el primer semestre una recuperación operacional que le dio cierto aire. Elevó sus ingresos un 69% debido a una fuerte venta con descuento de su cartera y triplicó su Ebitda, pero dado su interés por saldar deudas, elevó sus costos financieros, lo que la obligó a seguir mostrando pérdidas. La compañía controlada por la familia Gras continúa siendo la que tiene peores ratios de endeudamiento, con una deuda financiera neta de 1,9 veces su patrimonio, pasivos financieros totales de dos veces su patrimonio y una deuda de corto plazo que es el 99,5% de todos sus pasivos financieros.

En mayo pasado, la agencia ICR puso “en observación” la nota BB+ de solvencia de Socovesa, que “captura la incertidumbre respecto al proceso de recuperación financiera de la compañía, teniendo en cuenta las dificultades que seguiría presentando el sector en el corto y mediano plazo”. El futuro de la firma, dice ICR, depende de que se dé “un alza sostenida en la demanda de viviendas nuevas, siempre y cuando la empresa mantenga el adecuado acceso al financiamiento bancario”. La agencia espera una normalización de sus resultados hacia 2026, “dado que los controles de oferta implementados para responder al nivel actual de demanda implicarían contar con un menor stock disponible para escriturar en 2025″.

Paz, por su parte, ligada a la familia homónima, mostró mejoras en sus ingresos del 10,9% y en su Ebitda, del 20,7%, pero sus utilidades cayeron a la mitad, ante un aumento al doble de sus costos financieros. Sus ratios de apalancamiento también son altos, con una deuda financiera neta de dos veces su patrimonio y un pasivo financiero total de 1,7 veces. Pero redujo en 1,7 puntos su deuda de corto plazo, a un 74,8% de su pasivo total.

El futuro de esta compañía, centrada en la vivienda en edificios, tal como en el caso de Socovesa, depende de las condiciones macroeconómicas futuras. Las perspectivas de la agencia Feller Rate son “estables” para una nota de solvencia de BBB+, un escenario que depende de que la firma continúe “con una estrategia conservadora tanto en términos de ejecución de proyectos como de lanzamientos, y en los requerimientos para la generación de promesas, que se traduzcan en adecuados niveles de escrituración para alcanzar un equilibrio inmobiliario similar a lo histórico en el mediano plazo”, sostuvo, lo que permitiría una reducción en sus niveles de deuda.

En el caso de Moller & Pérez-Cotapos, la preocupación por la deuda es evidente. Así, el gran esfuerzo del primer semestre de la compañía, que tiene una base en el negocio de la vivienda, pero que ha crecido en obras civiles en las últimas décadas, fue achicar sus ratios de apalancamiento financiero. Y consiguieron reducirla un 30%. “Cabe destacar la relevante reducción de la deuda financiera que ha venido realizando la compañía en estos últimos años”, resaltó la propia empresa en su balance al primer semestre. Moller cuenta con una cartera acotada de proyectos y no está en busca de terrenos para desarrollar más, lo que le ha permitido disminuir sus gastos de administración. Con todo, logró que sus ingresos crecieran un 7,1%, aunque su Ebitda y su resultado final cayeron 75,4% y 54,2%, cada uno, afectados por menores márgenes en el sector inmobiliario y una menor actividad en construcción de obras mayores. En sus resultados, Moller resumió lo que concuerdan las constructoras respecto al futuro, especialmente en lo referido al sector hipotecario, central para las perspectivas del negocio inmobiliario: “En el sector hipotecario, las tasas de interés se han mantenido estables en un rango elevado, aún lejos de los niveles anteriores a la pandemia, sin embargo, la situación para el segundo semestre parece más prometedora gracias al control de la inflación. Esto permite anticipar una posible reducción en las tasas de interés tanto hipotecarias como de financiamiento. Se estima que la industria podría experimentar una mejora hacia finales del segundo semestre de 2024 y principios de 2025″, auguró.

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PIB per cápita crecerá en torno a 1,3% en la próxima década

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Para este año, el panorama que entregó el Banco Central en su Informe de Política Monetaria (Ipom) no fue auspicioso: un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,25% a 2,75%, una inversión cayendo 0,8% y un crecimiento del consumo privado bajo 2%. Además, proyectó una mayor inflación para 2024 pasando de 4,2% a 4,5%.

Pero el escenario sombrío que delineó el ente rector no solo fue para el corto plazo, sino que también para el mediano: un crecimiento tendencial de 1,8% en promedio hasta el 2034, por debajo del 1,9% que previó en diciembre pasado.

En su mensaje al Senado, la propia presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, levantó la alerta: “Crecer a las tasas de mediano plazo que proyectamos no permite satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones, entonces es algo de lo que debemos hacernos cargo. Enfrentar este desafío y superarlo requiere de políticas públicas bien diseñadas, requiere de la creatividad y esfuerzo tanto del sector privado como del público. Requiere de instituciones sólidas”.

En ese sentido, Costa dijo que existen oportunidades, pero ello “exige prepararse en forma oportuna”, pues “enfrentamos desafíos ante avances tecnológicos que requieren capacidad de adaptación. Es necesario mejorar la calidad de nuestra educación, destinar recursos a proyectos que permitan aumentar la productividad, avanzar en iniciativas que favorezcan la inversión, fomenten la competencia, la profundidad de los mercados financieros, y por cierto aprovechar las ventajas que se nos presentan”.

Si entre 1995-2004 la economía creció 5%, entre 2005 y 2014, bajó a 4,3% y entre 2015 a 2024 siguió descendiendo hasta 2%. Y ahora entre 2025 y 2034 la proyección apunta a una expansión de 1,8%.

El PIB tendencial es la capacidad de crecimiento de mediano plazo que tiene la economía sin generar efectos adversos como la inflación. En el largo plazo, las tasas de crecimiento potencial y tendencial convergen al mismo número.

Esta fuerte desaceleración de la actividad económica ha impactado un indicador que sirve para cuantificar qué tan cerca o lejos está el país de alcanzar ingresos de naciones desarrolladas, como es el PIB per cápita (el PIB dividido por la población).

Un efecto directo sobre las personas es precisamente ese: si se considera la proyección oficial del INE de un crecimiento de la población del 0,5% por año, el PIB per cápita del país se expandiría a una tasa levemente por encima del 1% (1,3%), lo que para los economistas es insuficiente para mejorar la calidad de vida de las personas.

Los analistas coinciden que una de las principales implicancias de crecer bajo 2% en la próxima década es no poder satisfacer las demandas sociales como salud, educación, seguridad pública y pensiones. A ello se suma la desigualdad y la pobreza.

Alejandro Fernández, economista de Gemines consultores, lo explica así: “El problema del bajo crecimiento es mucho más complejo que, simplemente, tratar de invertir un poco más o aumentar algo la productividad, ya que está involucrado el sistema político, la educación, la regulación laboral, etc. Desde esta perspectiva los que dicen que el país se jodió con la reforma tributaria de Alberto Arenas, están siendo reduccionistas. Ven solo una parte del problema y este viene de mucho antes y se agrava después”.

Hermann González, coordinador Macroecómico de Clapes UC y socio de Valtin Consulting, se suma al análisis y menciona que “en el marco de la regla fiscal vigente en Chile, un bajo crecimiento tendencial limita las posibilidades de expansión del gasto público de forma responsable. Esto implica que necesidades no cubiertas de la población en materia de educación y salud pública, vivienda o seguridad, tendrán que esperar más tiempo para ser satisfechas, con el potencial riesgo de aumentar el malestar social”. Otra implicancia entrega el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann: “El sueño de alcanzar estándares de país desarrollado, como planteábamos hace pocos años atrás, es hoy, bajo las actuales condiciones estructurales del país, inalcanzable”.

Y Tomás Flores, economista de LyD, apunta que “un crecimiento de 1,8%, que supera levemente el aumento de la población, genera una condición en donde tras una década prácticamente no se observará ningún progreso en bienestar, ya que el crecimiento per cápita tan reducido solo mantiene los niveles de ingresos actuales”.

Uno de los factores que explica el estancamiento de la expansión del PIB per cápita es el deterioro de los factores que están detrás del crecimiento potencial del país. Uno de ellos es que la tasa real anual de la inversión pasó de crecer 10% (2004-2013) a una expansión de 0,8% entre 2014 y 2023. Asimismo, la productividad está estancada desde hace más de una década.

Los expertos también mencionan que este escenario de menor crecimiento se explica por un deterioro del sistema político, el que califican como “polarizado, fragmentado” y ya no es capaz de lograr acuerdos en las reformas sociales y económicas necesarias para mejorar el bienestar de la población.

El bajo crecimiento económico genera mayor pobreza y desigualdades.

La pobreza en el país ha venido bajando de manera sostenida desde 1990 a la fecha. En la última medición, Casen 2022, la pobreza por ingreso se redujo a 6,5%. Esto, según los expertos, se debe principalmente al mayor crecimiento y las políticas sociales impulsadas por los distintos gobiernos, quienes lo han podido financiar gracias al mayor crecimiento de la economía.

“Uno de los riesgos de este bajo crecimiento es que se revierta parte de los avances alcanzados hasta ahora. La pobreza se ve impactada por el menor crecimiento del empleo y de los salarios reales, que implica un escenario como este, pero también por una menor capacidad del Estado de invertir en áreas que permitan apoyar a los hogares más vulnerables para salir de esta situación”, argumenta González.

Esa misma visión es complementada por Lehmann: “Con el crecimiento tendencial que hoy registramos, no lograremos avances relevantes en mejoras en la distribución del ingreso y reducción de la pobreza. Para ello, es necesario acelerar el crecimiento y abordar cuestiones de carácter estructural que hoy frenan el crecimiento y desarrollo de la economía”.

Fernández menciona que “se hace muy difícil reducirlas, porque la única forma es quitándole a los que están mejor en vez de aprovechar los beneficios del crecimiento, si este fuera más rápido. De hecho, se imposibilita reducirlas y, peor aún, es probable que ocurra lo contrario”.

Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda y actual académico de la Universidad de Chile, argumentó que “lo principal es el impacto que tiene en el poder adquisitivo de las personas” Y lo ejemplifica así: un crecimiento hoy día de 1,8% de largo plazo dada nuestra tasa de crecimiento de la población es de 1,2% de crecimiento del PIB perca. Y si esto lo llevamos a los años 90, el crecimiento per cápita hubiera sido 0% por el mayor aumento de la población”.

ALEJANDRO MICCO.
Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda.

Otro ejemplo: “Si hoy gano 100 pesos, de aquí a 10 años estaré ganando 120 pesos. Es un aumento, pero pobre. O una persona que gana $600 mil y en 10 años subirá a $$720 mil. Es poco el aumento en el bienestar que tendrán las personas y eso afecta a todas las personas. Esta debe ser una señal de alerta para la política, ya que puede generar frustración y tensión social”. Para Micco, parte del estallido social de octubre de 2019 se debió a que el “país no creció nada durante la última década, pese a que el Fisco gastó más en protección social, el país no creció”.

González acota que “en un país que crece menos existe menos movilidad social y el Estado tiene menos herramientas para reducir las brechas que hay entre sus habitantes, todo lo cual amplia las desigualdades existentes”.

Tomás Flores sostiene que “los motores del crecimiento son la inversión, el empleo y la productividad”. Sin embargo, dice que “no se observa una agenda consistente que busquen acelerar esos tres motores y de hecho en algunos casos la discusión pública lleva a ponerlos en reversa”.

Flores
Tomás Flores, economista y exsubsecretario de Economía.

Para Fernández, “hay que hacer muchas cosas más o menos al mismo tiempo, pero reformar el sistema político es imprescindible”.

Y González apunta a que “se requiere un Estado más ágil y eficiente, un sistema político menos fragmentado y más competencia en los mercados. Además, posiblemente, tendremos que generar incentivos tributarios y garantizar estabilidad de las reglas del juego para reencantar a los inversionistas nacionales y extranjeros con nuestro país”.

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