Señor Director:

El debate sobre la suspensión indefinida de las operaciones de la Compañía Siderúrgica Huachipato se ha centrado en sus efectos en el empleo. Más allá de la recomendación de la Comisión Antidistorsiones, resulta oportuno reflexionar sobre su funcionamiento.

Las reformas impulsadas a partir de la segunda mitad de los 70 permitieron a Chile contar con políticas macroeconómicas y comerciales adecuadas. La apertura al exterior requería la creación de una institucionalidad que permitiese, en caso de ser necesario, la implementación de medidas de defensa comercial. Por ello, se creó la Comisión Antidistorsiones (Ley N° 18.525).

Si bien dicha ley ha sido objeto de diversas modificaciones, aún requiere perfeccionamientos. La integración de la Comisión -compuesta mayoritariamente por personas que detentan cargos de confianza en el Ejecutivo- no parece ser la adecuada, pues podría dificultar el examen técnico (las consideraciones de interés público debieran evitarse). Asimismo, la presencia de representantes del Banco Central no se justifica si tenemos presente su mandato.

Es conveniente evaluar una reforma que contribuya a garantizar que las recomendaciones de la comisión sean adoptadas con independencia y según criterios técnicos.

John Henríquez

Subdirector de Desarrollo – Faro UDD