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Presidentes del Senado y la Cámara logran evitar fracaso de sesiones del Congreso por agenda de seguridad

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Las gestiones desplegadas por los presidentes de ambas ramas del Congreso con legisladores del oficialismo y la oposición dieron ayer en la tarde algunos frutos para que esta semana los proyectos sobre Reglas de Uso de la Fuerza, el nuevo Ministerio de Seguridad y la reforma a la Ley Antiterrorista puedan dar un paso importante en su tramitación legislativa.

Cerca del mediodía el jefe de los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, subió hasta las oficina de la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), ubicada en el tercer piso del antiguo Congreso Nacional en Santiago con el fin de encontrar un acercamiento que permitiera destrabar la agenda de seguridad.

A pesar del compromiso de todas las fuerzas políticas de suspender el receso legislativo de esta semana (“regional” en caso de los senadores y “distrital” para los diputados) con el fin de sacar adelante un conjunto de iniciativas contra la delincuencia, tras el asesinato de tres carabineros en Cañete, las conversaciones estaban en un punto muerto.

Hasta cerca del mediodía, el oficialismo y la oposición se encontraban enfrascados en un juego de bloqueos legislativos y maniobras dilatorias, que ponían en serio riesgo la idea de sesionar en la sala de la Cámara esta semana para evacuar algunos proyectos de la agenda de seguridad.

En el Senado, el panorama era igual de adverso. De hecho inicialmente solo dos horas iba a sesionar este martes en la mañana la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, entre 9.30 y 11.30, para discutir la reforma a la Ley Antiterrorista, lo que a todas luces era una tarea casi imposible en vista de la cantidad de indicaciones y artículos que se debían votar.

Sin embargo, para tratar de buscar una salida, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN) se apersonó en la comisión, que en esos instantes era presidida por el senador José Miguel Insulza (PS).

La presencia de García (RN), quien es uno de los autores y presentó un paquete de indicaciones para perfeccionar el texto original, tenía un objetivo claro: presionar para que al menos la reforma antiterrorista fuese discutida y votada por la comisión a modo de que la sala del Senado pudiese verla, el jueves.

En el caso de que esta reforma no hubiese estado completamente tramitada por Constitución, inevitablemente iba a fracasar la citación de sala.

“Este proyecto es muy trascendente. Hemos visto este fin de semana cómo la ministra Tohá y el subsecretario han tenido que dar explicaciones porque frente a un acto que reviste todas las características de terrorista no se puede aplicar la legislación (terrorista), porque eso haría mucho más difícil la persecución penal. Eso es un absurdo y tenemos la posibilidad de modernizar y adecuar nuestra legislación… Lo ideal sería que lo pudieran despachar hoy… lo tenemos en tabla”, dijo el titular de la Cámara Alta, tratando de persuadir a sus pares

El llamado de García, sin embargo, no surtió inicialmente efecto.

La primera en responder fue la senadora y jefa de bancada del PC, Claudia Pascual, quien coincidió con la necesidad de avanzar en una modernización de la Ley Antiterrorista, para dejar atrás el sesgo ideológico con el que fue creada en 1984 durante el régimen militar. “Quiero manifestar la voluntad de poder avanzar, pero también quiero decir que esté citada la sesión del día jueves, no puede ser una presión para legislar a matacaballo. Perdón que lo diga así. Se entiende la urgencia. Pero no quiero que quede una ley que tengamos que, al breve plazo, estarla modificando. Estamos con la mejor de las voluntades…, hay que avanzar lo más posible, pero no terminar a matacañón (sic)”.

“Comparto lo que dice la senadora Pascual. En esto no nos podemos equivocar”, comentó, a su turno, el senador Pedro Araya (PPD), quien coincidió en que no se podía legislar a “matacaballo”.

Por otra parte, la postura de García fue apoyada por los senadores Luz Ebensperger (jefa de bancada de la UDI) y Rodrigo Galilea (presidente de RN), quien emplazó al gobierno a aclarar si compartía las opiniones de los senadores oficialistas. “Tengo una duda en cuál es la intención del Ejecutivo”, expresó Galilea.

Sorpresivamente, el senador Insulza, quien está reemplazando a su par Alfonso de Urresti, mostró un matiz. “Se espera que al menos algún proyecto avance sustantivamente, desgraciadamente algunos proyectos difícilmente salgan esta semana… Vamos a hacerlo (sacar el proyecto) con prudencia y con calma, pero vamos a hacerlo. Estoy dispuesto a sesionar mañana, pero tratemos de dar una señal”, dijo Insulza, quien antes de expresar su posición conversó con la ministra del Interior, Carolina Tohá, que a esa hora se encontraba en los funerales de los carabineros asesinados.

La apertura de Insulza fue decisiva, aunque también ayudó el gesto del senador García, quien decidió retirar gran parte de sus indicaciones para facilitar y no dilatar la discusión.

De hecho, al final de la sesión de esta mañana los miembros de la comisión acordaron volver a reunirse a las 17 horas para votar hasta total despacho el proyecto de la Ley Antiterrorista. Con ello, la iniciativa estaría en condiciones de votarse y aprobarse por la sala del Senado.

Desde el punto de vista del gobierno, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), y la coordinadora legislativa de Interior, la exministra Ana Lya Uriarte (PS), no dieron muchas luces en la comisión de si eran partidarios de frenar o apurar la iniciativa para no contradecir a los propios senadores oficialistas.

Sin embargo, en la reunión de comité político, este lunes en La Moneda, fue la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, la que sinceró que particularmente la Ley Antiterrorista era una de iniciativas que tenía luz verde para avanzar.

De hecho, el proyecto ya se había discutido en la Comisión de Seguridad del Senado, donde se logró un consenso técnico entre el gobierno y la oposición. Ese aspecto fue recordado por Elizalde esta semana.

Por lo tanto, que se logre despachar esta reforma no era un problema para el Ejecutivo.

Sin embargo, en la discusión que paralelamente se estaba dando en la Cámara para sacar adelante el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza, la posición del Ejecutivo no fue del todo clara.

El lunes y el martes, la diputada Maite Orsini (RD), con el apoyo de otros legisladores oficialistas, no dio la unanimidad para que esta iniciativa se discutiera hasta total despacho en las comisiones unidas de Seguridad y Constitución.

Hasta ayer en la mañana, aparentemente la postura de la legisladora frenteamplista parecía ser respaldada por La Moneda.

“Hay que sacarlos (los proyectos) con sentido de urgencia, pero eso no significa legislar en caliente y a matacaballos, porque el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad”, dijo, por ejemplo, en T13 Radio, la ministra vocera Camila Vallejo (PC).

Sin embargo, en las comisiones unidas, el ministro Elizalde dio una señal aparentemente en sentido contrario, al ser emplazado si compartía la medida dilatoria de Orsini. “Yo haría el esfuerzo por legislar, porque llevamos no sé cuánto tiempo perdido entre ayer y hoy haciendo puntos políticos que son inconducentes respecto del proyecto de ley”, dijo.

Uno de los factores que habría incidido en el vaivén del gobierno era la negativa del presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado Andrés Longton (RN), para citar a la instancia y votar la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad. Aparentemente, el Ejecutivo estaba presionando para que pudiese destrabarse esa otra iniciativa.

Ante el riesgo de que ese juego de bloqueos se transformara en un fracaso legislativo de la Cámara, Coloma le ofreció a Cariola interceder para que el Ministerio de Seguridad se pudiese despachar esta semana, a cambio de que la presidenta de la Cámara interviniera para destrabar el proyecto sobre reglas de uso de la fuerza.

En las conversaciones, se involucró también la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, quien valoró el papel que jugó Cariola. “Ayudó muchísimo”, dijo Ossandón.

Las conversaciones de la presidenta de la Cámara con todos los jefes de comités culminaron con un acuerdo de la corporación.

En concreto, se acordó avanzar el jueves hasta total despacho en el proyecto de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana.

Por su parte, la oposición se comprometió a avanzar en la tramitación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Para este fin, se citará a las comisiones de Seguridad y Hacienda, el viernes en la mañana.

Finalmente, el acuerdo contempla una sesión especial de sala el viernes, de 16.00 a 19.00 horas, para despachar las dos iniciativas.

El segundo vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), dijo tras el acuerdo: “Queremos agradecer la actitud positiva que han tenido los distintos comités para enfrentar estos proyectos de seguridad que le harán bien al país y que reforzarán la lucha en contra del crimen organizado y de toda la violencia que se ha extendido hoy día en el país”.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI), en tanto, señaló: “Para nosotros es fundamental despachar esta semana las Reglas de Uso de la Fuerza y el Ministerio de Seguridad para dar señales concretas en defensa y apoyo a nuestros carabineros. Valoramos que, pese a la oposición de algunos parlamentarios del Frente Amplio, hayamos logrado acordar que el proyecto sea despachado de comisión y votado en sala”.

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Colombia le empata a Perú y evita que Chile sea colista de las Eliminatorias

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A raíz de la mala campaña en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, Chile necesariamente debe estar pendiente de otros resultados, con la calculadora en la mano. En ese sentido, una particular atención debía tener con lo sucedido en Lima, en el duelo entre Perú y Colombia, que cerró la séptima fecha clasificatoria. La Bicolor es uno de los rivales directos de la Roja, en la disputa del sexto cupo y el repechaje, por lo tanto era necesaria (desde los intereses nacionales) una ayuda de los cafetaleros. En la capital peruana, fue un empate 1-1 que terminó siendo un alivio para el Equipo de Todos, por el devenir del cotejo.

Sin el castigado Jorge Fossati al borde de la cancha, Perú salió a la cancha buscando su primera victoria en estas Eliminatorias, para salir del fondo de la tabla. Además de esa presión, requería cambiar la imagen luego de una deslucida Copa América, en la cual quedó en el camino en la fase grupal. La novedad fue la vuelta de Renato Tapia, portando la jineta de capitán, quien se perdió el certamen en Estados Unidos con una polémica de por medio.

La Selección Colombia, subcampeona de América y uno de los elencos que mejor fútbol exhibe en este lado del mundo, goza de una generación que destaca en Europa y que cuenta con una holgura que le ayuda en el tránsito de las Clasificatorias. El DT Néstor Lorenzo se guardó a James Rodríguez para el segundo tiempo. El 10 colombiano, flamante refuerzo del Rayo Vallecano de España, venía con inactividad.

El primer tiempo fue tan dinámico como impreciso. Colombia tuvo un dominio relativo. Si bien registró el 68% de la posesión durante el lapso inicial, Perú tuvo un par de acercamientos hacia la meta de Camilo Vargas que despertaron a la efervescente hinchada local. En los 11′, un cabezazo de Alex Valera obligó a la gran intervención de Vargas, quien despejó. Luego, en los 24′, se anula un gol a Gianluca Lapadula, por fuera de juego.

En líneas generales, Colombia tuvo un mayor afán de protagonismo, que se acentuó en el complemento. Perú, en casa, apostaba a salir de contragolpe. La Blanquirroja dio un sorpresivo golpe en el partido abriendo la cuenta gracias a una acción de pelota detenida. En los 66′, el zaguero Alexander Callens pone el 1-0, desatando una algarabía contenida por mucho tiempo en el país vecino. Luego de un centro, el defensor va a la segunda jugada y conecta el balón.

Este resultado mandaba a Chile en el último lugar de la tabla, al tener peor diferencia de gol que los peruanos. El peor escenario imaginable para el fútbol criollo. Rozando el papelón.

Colombia mejoró, haciendo figura al portero Pedro Gallese. En el epílogo, llegó el empate, que se festejó tanto en Bogotá como en Santiago. Con un cabezazo, Luis Díaz puso el 1-1, entregándole algo de justicia al partido y devolviendo a Perú al fondo de la clasificación. Una sensación de alivio inconmensurable en Pinto Durán.

De esta manera, Perú se mantiene en el fondo con solo 3 puntos. Es el único elenco sin victorias en el proceso rumbo a 2026.

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Las distintas realidades financieras de las constructoras

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Una semana después de que acabara el primer semestre, el gerente de una constructora de edificios residenciales dijo que lo peor de la crisis que ha sufrido su sector ya pasó y que se estaba viendo la luz al final del túnel. Ahora, cuando las empresas del rubro que cotizan en bolsa ya dieron a conocer sus estados financieros, es posible indagar para saber cuánto de realidad tenía esa afirmación. Y lo cierto es que, a la luz de los balances, todavía parece ser pronto para dar por acabada esta negativa etapa, azuzada por la debilidad del consumo, el endurecimiento del crédito y las altas tasas de interés, que provocó el brote inflacionario.

El problema fundamental se centra en las compañías mayoritariamente volcadas al segmento inmobiliario. En cambio, algunas de las mayores constructoras del país trabajan también en grandes obras civiles, lo que les reporta diversificación y más solidez. El nuevo presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, resumió este momento apuntando a que se deberá poner “énfasis en los sectores que están más afectados, como la vivienda privada”.

Así, el estado financiero de cada firma depende de cuánto peso tienen sus áreas de negocio y cuán diversificada se encuentra. Esto, en un contexto macroeconómico que aún muestra un bajo dinamismo este año. “El crecimiento del PIB tiene un fuerte impacto en el sector construcción en Chile, y si bien se espera una expansión este año, se espera que haya una evolución de los resultados del sector, pero será de manera gradual”, comenta Paula Acuña, analista senior de la clasificadora de riesgo Humphreys. Por tanto, que estas empresas “mantengan una amplia diversificación de sus negocios morigera el riesgo de pérdidas en periodos desfavorables”, agrega.

Pero la preocupación en el mercado financiero se centra en el nivel de deuda que carga la construcción. Las firmas abiertas en bolsa suman una deuda financiera de casi US$2.400 millones, donde cuatro de ellas representan casi el 80%: Socovesa, con US$723 millones; SalfaCorp, con US$470 millones; Paz, con US$422 millones, y Besalco, con US$306 millones. Por eso, algunas empresas se han dedicado fuertemente a trabajar con el gran objetivo de reducir su deuda, como Moller & Pérez-Cotapos, que la disminuyó en un 30%.

En este contexto, se puede dividir el rubro en tres grupos, de acuerdo a cómo están enfrentando este periodo complejo.

Construcción, edificios, departamentos, propiedades.

Aún sin risas, pero al menos dejando el tono sombrío que las ha caracterizado en el último tiempo, de entre las siete compañías constructoras que cotizan en bolsa, hay dos que dan muestras de una mayor firmeza. Se trata de Besalco y Salfacorp, que poseen un área de obras civiles potente y que, según los especialistas, fundan su fortaleza en la diversificación de sus negocios, puesto que también participan en montaje industrial y en el rubro inmobiliario.

De hecho, los ingresos de ambas subieron 20,6% y 17,2%, cada una, en la primera mitad del año, lo que se correspondió con sus Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, una medida de su flujo de caja operacional), que aumentaron 2,4% y 13,2%, respectivamente. Pero donde se denota su mayor solidez es en sus indicadores de endeudamiento, que han mejorado.

La deuda financiera sobre patrimonio en Besalco, controlada por la familia Bezanilla, cayó a 0,9 veces desde 1, lo mismo que su pasivo financiero frente al patrimonio, a 1,2 desde 1,3 veces, y la proporción de su deuda financiera de corto plazo sobre el total, que se redujo 13,5 puntos, a un 38,9%.

“La diversificación de la compañía es uno de los pilares más relevantes que ha explicado el comportamiento menos cíclico de su desempeño respecto a la industria en la que opera, justificando el rating relativamente alto en comparación a otros incumbentes con exposición a rubros en los que Besalco tiene participación”, explicó en junio pasado la clasificadora de riesgo ICR al otorgarle perspectiva “estable” a la nota A- de su solvencia.

En el caso de Salfacorp, ligada a Andrés Navarro, disminuyó la relación de pasivo financiero versus patrimonio a 1,0 veces desde 1,1 veces y su deuda financiera de corto plazo sobre el total en 7,7 puntos, a un 49,8%.

“La amplia gama de actividades de la entidad, con una diversificación y complementariedad entre áreas que le otorgan una mayor capacidad relativa para generar sinergias (…) sumado a su vasta experiencia en gestión de proyectos de construcción de obras de gran tamaño y alta complejidad, le han permitido compensar las caídas de actividad en algunos sectores durante los últimos periodos”, dijo la agencia Feller Rate en mayo, al subirle su calificación de solvencia a BBB+.

Edificios Construccion
Edificios departamentos en construcción.

Hay otras dos compañías que, aunque no denotan tensión urgente, venían de cifras más o menos positivas y tuvieron malas noticias a mitad de año.

Echeverría Izquierdo, por ejemplo, anotó una caída de 16,2% en sus ingresos, de 17,9% en su Ebitda y de 38,8% en su utilidad. Y la empresa ligada a los hermanos Fernando y Bernardo Echeverría y a Álvaro Izquierdo, cuenta con un antecedente que la apremia: la deuda financiera de corto plazo respecto a todos sus pasivos, que subió 7,2 puntos, a un 89,2%. Es decir, debe responder en poco tiempo a muchos compromisos. Pero su índice de deuda financiera sobre patrimonio aún no es preocupante: de 1,2 veces. Y los expertos lo avalan: “Se deben considerar las características propias del negocio inmobiliario, donde parte relevante de este vencimiento de deuda se enfrenta con la venta del inventario liquidable o susceptible de liquidar, como las viviendas terminadas y obras en etapa de ejecución”, señala Acuña, de Humphreys. Incluso, la analista recuerda que la compañía cuenta con terrenos para futuros proyectos que podría dar en garantía o vender, y que podría utilizar para reforzar su liquidez.

La otra empresa que no tuvo un buen pasar al exhibir sus resultados semestrales fue Ingevec que, junto con su negocio inmobiliario, cuenta con ingeniería y construcción (I&C), renta residencial y administración hotelera. La firma de Francisco Vial, José Antonio Bustamante y Enrique Besa, redujo sus ingresos en un 21,5%, pero elevó ligeramente su Ebitda y sus utilidades en un 3,9% y un 8,8%, respectivamente. De entre las constructoras, es la más conservadora en términos de endeudamiento, ya que su relación de deuda financiera neta sobre patrimonio es la menor, con 0,8 veces, pero tiene sus ojos puestos en los pasivos bancarios de corto plazo que casi se duplicaron respecto al año pasado. En todo caso, la mirada de los especialistas es “positiva”. “El cambio de perspectivas -de estables a positivas- refleja la amplia experiencia y especialización en el segmento de edificación con que cuenta Ingevec. Ello, en conjunto con una conservadora política financiera en su principal actividad, le ha permitido mantener indicadores crediticios en la unidad de I&C por debajo del promedio de la industria, pese al desafiante escenario del segmento”, comentó Feller Rate en junio al ratificar su clasificación de solvencia BBB.

Las tres compañías del rubro abiertas a la bolsa con un desempeño y un escenario deuda más complicados son Socovesa, Paz y Moller & Pérez-Cotapos. Ahora, de todos modos, es una situación que se ha morigerado respecto a lo que mostraron a fines del año pasado.

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Construcción de viviendas

Socovesa, focalizada en viviendas, mostró en el primer semestre una recuperación operacional que le dio cierto aire. Elevó sus ingresos un 69% debido a una fuerte venta con descuento de su cartera y triplicó su Ebitda, pero dado su interés por saldar deudas, elevó sus costos financieros, lo que la obligó a seguir mostrando pérdidas. La compañía controlada por la familia Gras continúa siendo la que tiene peores ratios de endeudamiento, con una deuda financiera neta de 1,9 veces su patrimonio, pasivos financieros totales de dos veces su patrimonio y una deuda de corto plazo que es el 99,5% de todos sus pasivos financieros.

En mayo pasado, la agencia ICR puso “en observación” la nota BB+ de solvencia de Socovesa, que “captura la incertidumbre respecto al proceso de recuperación financiera de la compañía, teniendo en cuenta las dificultades que seguiría presentando el sector en el corto y mediano plazo”. El futuro de la firma, dice ICR, depende de que se dé “un alza sostenida en la demanda de viviendas nuevas, siempre y cuando la empresa mantenga el adecuado acceso al financiamiento bancario”. La agencia espera una normalización de sus resultados hacia 2026, “dado que los controles de oferta implementados para responder al nivel actual de demanda implicarían contar con un menor stock disponible para escriturar en 2025″.

Paz, por su parte, ligada a la familia homónima, mostró mejoras en sus ingresos del 10,9% y en su Ebitda, del 20,7%, pero sus utilidades cayeron a la mitad, ante un aumento al doble de sus costos financieros. Sus ratios de apalancamiento también son altos, con una deuda financiera neta de dos veces su patrimonio y un pasivo financiero total de 1,7 veces. Pero redujo en 1,7 puntos su deuda de corto plazo, a un 74,8% de su pasivo total.

El futuro de esta compañía, centrada en la vivienda en edificios, tal como en el caso de Socovesa, depende de las condiciones macroeconómicas futuras. Las perspectivas de la agencia Feller Rate son “estables” para una nota de solvencia de BBB+, un escenario que depende de que la firma continúe “con una estrategia conservadora tanto en términos de ejecución de proyectos como de lanzamientos, y en los requerimientos para la generación de promesas, que se traduzcan en adecuados niveles de escrituración para alcanzar un equilibrio inmobiliario similar a lo histórico en el mediano plazo”, sostuvo, lo que permitiría una reducción en sus niveles de deuda.

En el caso de Moller & Pérez-Cotapos, la preocupación por la deuda es evidente. Así, el gran esfuerzo del primer semestre de la compañía, que tiene una base en el negocio de la vivienda, pero que ha crecido en obras civiles en las últimas décadas, fue achicar sus ratios de apalancamiento financiero. Y consiguieron reducirla un 30%. “Cabe destacar la relevante reducción de la deuda financiera que ha venido realizando la compañía en estos últimos años”, resaltó la propia empresa en su balance al primer semestre. Moller cuenta con una cartera acotada de proyectos y no está en busca de terrenos para desarrollar más, lo que le ha permitido disminuir sus gastos de administración. Con todo, logró que sus ingresos crecieran un 7,1%, aunque su Ebitda y su resultado final cayeron 75,4% y 54,2%, cada uno, afectados por menores márgenes en el sector inmobiliario y una menor actividad en construcción de obras mayores. En sus resultados, Moller resumió lo que concuerdan las constructoras respecto al futuro, especialmente en lo referido al sector hipotecario, central para las perspectivas del negocio inmobiliario: “En el sector hipotecario, las tasas de interés se han mantenido estables en un rango elevado, aún lejos de los niveles anteriores a la pandemia, sin embargo, la situación para el segundo semestre parece más prometedora gracias al control de la inflación. Esto permite anticipar una posible reducción en las tasas de interés tanto hipotecarias como de financiamiento. Se estima que la industria podría experimentar una mejora hacia finales del segundo semestre de 2024 y principios de 2025″, auguró.

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PIB per cápita crecerá en torno a 1,3% en la próxima década

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Para este año, el panorama que entregó el Banco Central en su Informe de Política Monetaria (Ipom) no fue auspicioso: un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,25% a 2,75%, una inversión cayendo 0,8% y un crecimiento del consumo privado bajo 2%. Además, proyectó una mayor inflación para 2024 pasando de 4,2% a 4,5%.

Pero el escenario sombrío que delineó el ente rector no solo fue para el corto plazo, sino que también para el mediano: un crecimiento tendencial de 1,8% en promedio hasta el 2034, por debajo del 1,9% que previó en diciembre pasado.

En su mensaje al Senado, la propia presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, levantó la alerta: “Crecer a las tasas de mediano plazo que proyectamos no permite satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones, entonces es algo de lo que debemos hacernos cargo. Enfrentar este desafío y superarlo requiere de políticas públicas bien diseñadas, requiere de la creatividad y esfuerzo tanto del sector privado como del público. Requiere de instituciones sólidas”.

En ese sentido, Costa dijo que existen oportunidades, pero ello “exige prepararse en forma oportuna”, pues “enfrentamos desafíos ante avances tecnológicos que requieren capacidad de adaptación. Es necesario mejorar la calidad de nuestra educación, destinar recursos a proyectos que permitan aumentar la productividad, avanzar en iniciativas que favorezcan la inversión, fomenten la competencia, la profundidad de los mercados financieros, y por cierto aprovechar las ventajas que se nos presentan”.

Si entre 1995-2004 la economía creció 5%, entre 2005 y 2014, bajó a 4,3% y entre 2015 a 2024 siguió descendiendo hasta 2%. Y ahora entre 2025 y 2034 la proyección apunta a una expansión de 1,8%.

El PIB tendencial es la capacidad de crecimiento de mediano plazo que tiene la economía sin generar efectos adversos como la inflación. En el largo plazo, las tasas de crecimiento potencial y tendencial convergen al mismo número.

Esta fuerte desaceleración de la actividad económica ha impactado un indicador que sirve para cuantificar qué tan cerca o lejos está el país de alcanzar ingresos de naciones desarrolladas, como es el PIB per cápita (el PIB dividido por la población).

Un efecto directo sobre las personas es precisamente ese: si se considera la proyección oficial del INE de un crecimiento de la población del 0,5% por año, el PIB per cápita del país se expandiría a una tasa levemente por encima del 1% (1,3%), lo que para los economistas es insuficiente para mejorar la calidad de vida de las personas.

Los analistas coinciden que una de las principales implicancias de crecer bajo 2% en la próxima década es no poder satisfacer las demandas sociales como salud, educación, seguridad pública y pensiones. A ello se suma la desigualdad y la pobreza.

Alejandro Fernández, economista de Gemines consultores, lo explica así: “El problema del bajo crecimiento es mucho más complejo que, simplemente, tratar de invertir un poco más o aumentar algo la productividad, ya que está involucrado el sistema político, la educación, la regulación laboral, etc. Desde esta perspectiva los que dicen que el país se jodió con la reforma tributaria de Alberto Arenas, están siendo reduccionistas. Ven solo una parte del problema y este viene de mucho antes y se agrava después”.

Hermann González, coordinador Macroecómico de Clapes UC y socio de Valtin Consulting, se suma al análisis y menciona que “en el marco de la regla fiscal vigente en Chile, un bajo crecimiento tendencial limita las posibilidades de expansión del gasto público de forma responsable. Esto implica que necesidades no cubiertas de la población en materia de educación y salud pública, vivienda o seguridad, tendrán que esperar más tiempo para ser satisfechas, con el potencial riesgo de aumentar el malestar social”. Otra implicancia entrega el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann: “El sueño de alcanzar estándares de país desarrollado, como planteábamos hace pocos años atrás, es hoy, bajo las actuales condiciones estructurales del país, inalcanzable”.

Y Tomás Flores, economista de LyD, apunta que “un crecimiento de 1,8%, que supera levemente el aumento de la población, genera una condición en donde tras una década prácticamente no se observará ningún progreso en bienestar, ya que el crecimiento per cápita tan reducido solo mantiene los niveles de ingresos actuales”.

Uno de los factores que explica el estancamiento de la expansión del PIB per cápita es el deterioro de los factores que están detrás del crecimiento potencial del país. Uno de ellos es que la tasa real anual de la inversión pasó de crecer 10% (2004-2013) a una expansión de 0,8% entre 2014 y 2023. Asimismo, la productividad está estancada desde hace más de una década.

Los expertos también mencionan que este escenario de menor crecimiento se explica por un deterioro del sistema político, el que califican como “polarizado, fragmentado” y ya no es capaz de lograr acuerdos en las reformas sociales y económicas necesarias para mejorar el bienestar de la población.

El bajo crecimiento económico genera mayor pobreza y desigualdades.

La pobreza en el país ha venido bajando de manera sostenida desde 1990 a la fecha. En la última medición, Casen 2022, la pobreza por ingreso se redujo a 6,5%. Esto, según los expertos, se debe principalmente al mayor crecimiento y las políticas sociales impulsadas por los distintos gobiernos, quienes lo han podido financiar gracias al mayor crecimiento de la economía.

“Uno de los riesgos de este bajo crecimiento es que se revierta parte de los avances alcanzados hasta ahora. La pobreza se ve impactada por el menor crecimiento del empleo y de los salarios reales, que implica un escenario como este, pero también por una menor capacidad del Estado de invertir en áreas que permitan apoyar a los hogares más vulnerables para salir de esta situación”, argumenta González.

Esa misma visión es complementada por Lehmann: “Con el crecimiento tendencial que hoy registramos, no lograremos avances relevantes en mejoras en la distribución del ingreso y reducción de la pobreza. Para ello, es necesario acelerar el crecimiento y abordar cuestiones de carácter estructural que hoy frenan el crecimiento y desarrollo de la economía”.

Fernández menciona que “se hace muy difícil reducirlas, porque la única forma es quitándole a los que están mejor en vez de aprovechar los beneficios del crecimiento, si este fuera más rápido. De hecho, se imposibilita reducirlas y, peor aún, es probable que ocurra lo contrario”.

Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda y actual académico de la Universidad de Chile, argumentó que “lo principal es el impacto que tiene en el poder adquisitivo de las personas” Y lo ejemplifica así: un crecimiento hoy día de 1,8% de largo plazo dada nuestra tasa de crecimiento de la población es de 1,2% de crecimiento del PIB perca. Y si esto lo llevamos a los años 90, el crecimiento per cápita hubiera sido 0% por el mayor aumento de la población”.

ALEJANDRO MICCO.
Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda.

Otro ejemplo: “Si hoy gano 100 pesos, de aquí a 10 años estaré ganando 120 pesos. Es un aumento, pero pobre. O una persona que gana $600 mil y en 10 años subirá a $$720 mil. Es poco el aumento en el bienestar que tendrán las personas y eso afecta a todas las personas. Esta debe ser una señal de alerta para la política, ya que puede generar frustración y tensión social”. Para Micco, parte del estallido social de octubre de 2019 se debió a que el “país no creció nada durante la última década, pese a que el Fisco gastó más en protección social, el país no creció”.

González acota que “en un país que crece menos existe menos movilidad social y el Estado tiene menos herramientas para reducir las brechas que hay entre sus habitantes, todo lo cual amplia las desigualdades existentes”.

Tomás Flores sostiene que “los motores del crecimiento son la inversión, el empleo y la productividad”. Sin embargo, dice que “no se observa una agenda consistente que busquen acelerar esos tres motores y de hecho en algunos casos la discusión pública lleva a ponerlos en reversa”.

Flores
Tomás Flores, economista y exsubsecretario de Economía.

Para Fernández, “hay que hacer muchas cosas más o menos al mismo tiempo, pero reformar el sistema político es imprescindible”.

Y González apunta a que “se requiere un Estado más ágil y eficiente, un sistema político menos fragmentado y más competencia en los mercados. Además, posiblemente, tendremos que generar incentivos tributarios y garantizar estabilidad de las reglas del juego para reencantar a los inversionistas nacionales y extranjeros con nuestro país”.

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